miércoles, 14 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA CORRIGE A LA JUEZ SOBRE SU DENUNCIA A DORRIBO

Denuncia al empresario por extorsión
Según el Juzgado nº3 las diligencias siguen sobreseídas al no haber denuncia
El presidente de la Audiencia de Lugo ya la presentó ante la Fiscalía
Dorribo aseguró que mantuvo una negociación con el juez para salir de prisión

Silvia Pena | Lugo

El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, asegura que este martes formalizó la denuncia por extorsión contra el empresario Jorge Dorribo ante la Fiscalía. El titular de la Audiencia rectifica la información facilitada este miércoles por el Juzgado Nº3 de Lugo a través de un comunicado, en el que se asegura que fue voluntad de Varela "no presentar finalmente esa denuncia ni relatar lo supuestamente ocurrido, a pesar de la insistencia por parte de la juez titular Estela San José, la juez de guardia Sonia Fernández, y el secretario del juzgado".

El comunicado enviado por el juzgado lucense añade que "a la vista de su negativa" se levantó diligencia de constancia y se dictó auto de sobreseimiento provisional. "A día de hoy esas diligencias continúan sobreseídas al no constar ninguna denuncia interpuesta hasta el momento en los Juzgados", describe el escrito.

Varela Agrelo interpuso la denuncia ante la Fiscalía este mismo miércoles, aunque considera que sus explicaciones ante el Juzgado de Guardia habrían sido "suficientes" para que la juez decidiese actuar de oficio en el caso de haber detectado indicios de delito en los hechos que él mismo le relató. Precisa además que también puso los hechos en conocimiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En declaraciones a ELMUNDO.es, Varela afirma que la información suministrada este miércoles por el Juzgado Nº3 de Lugo sobre su negativa a contar los hechos que motivaron su denuncia contra Dorribo no se corresponde con la realidad de lo ocurrido. Explica que acudió al Juzgado de guardia el pasado viernes con la intención de interponer una denuncia contra el principal imputado de la 'operación Campeón' por intentar un chantaje, aunque al ser las diez de la noche acuerdan esperar al sábado para formalizar el procedimiento.

El magistrado reconoce que horas después decide optar por "una vía intermedia", tras escuchar los consejos del presidente del TSXG y ante el temor de la "repercusión mediática" que podría ocasionar la denuncia contra el propietario de Laboratorios Nupel. El sábado vuelve al Juzgado con la intención de trasladar un escrito de constancia de hechos, en el que posteriormente se ratificaría.

El presidente de la Audiencia Provincial sostiene que en ese momento mantuvo una conversación de media hora de duración con la instructora del 'caso Campeón', Estela San José, en la que desgranó al detalle el motivo de su presencia en el Juzgado. "Le conté todo e incluso cómo había sido mi relación con este hombre", defiende Varela sobre su conversación con la juez en relación con Jorge Dorribo.

Varela Agrelo habría puesto los hechos en conocimiento de la presidencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado lunes, tal y como el máximo órgano judicial de la comunidad admite a través de un comunicado. El TSXG informa además de la ratificación del escrito por el presidente de la Audiencia de Lugo el martes, un documento que este miércoles fue remitido al Consejo General del Poder Judicial "a los efectos oportunos".

El presidente de la Audiencia lucense mostró su sorpresa por el comunicado remitido desde el Juzgado de Lugo en el que se dice que no accedió a contar la supuesta extorsión a la que lo habría sometido Dorribo. La única explicación es que "busquen justificarse, cubrirse", subraya. El magistrado considera que, tras sus revelaciones, el Juzgado tendría que haber actuado de oficio si así lo hubiese considerado.

Amenazas de Dorribo
En relación con el empresario lucense, Varela Agrelo explica que el pasado jueves recibió una llamada de una persona que actuó como intermediario entre Dorribo y él. En esa comunicación, el intermediario, al que Agrelo exculpa, le solicitó la entrega de dinero al farmacéutico a cambio de no declarar en su contra. "Me dijo que Dorribo iba a mentir sobre mí, pero no sé en relación con qué", aclara el presidente de la Audiencia.

Varela explica que no le pidieron una cantidad concreta y desconoce lo que Jorge Dorribo puede decir de él. Un día después, el empresario lucense cumplía sus amenazas en su declaración ante la juez Pilar de Lara, instructora de la 'operación Carioca' que investiga una presunta trama relacionada con la prostitución.

Las declaraciones de Jorge Dorribo sobre el presidente de la Audiencia habrían provocado la imputación inmediata del industrial en la causa acusado de un presunto delito de cohecho, aunque anteriormente ya había comparecido en calidad de testigo.

Tal y como recoge 'El Progreso', el industrial lucense habría acusado al presidente de la Audiencia de estar detrás de su salida de la cárcel. También se habría referido a las negociaciones entre ambos sobre el supuesto interés de Varela en participar en la empresa eólica que Dorribo planificaba abrir en Camerún. Unas acusaciones que el magistrado niega rotundamente.

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IMPONEN UNA FIANZA DE 800.000 EUROS AL EXSENADOR MIGUEL PRIM IMPUTADO EN EL "CASO FABRA"

Miguel Prim, en el centro de la imagen. | ELMUNDO.es
TRIBUNALES | Por presunto delito de tráfico de influencias

Castellón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules (Castellón) ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 800.000 euros al ex senador del PP Miguel Vicente Prim Tomás, por un presunto delito de tráfico de influencias en la misma causa abierta contra el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Audiencia Provincial de Castellón ordenó al juez de Nules imputar al que fuera entonces senador por el Partido Popular, Miguel Prim, con posterioridad, en el mismo caso Fabra que investigaba cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal al presidente del PP, su ex mujer María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives.

Ante el auto de apertura de juicio oral del caso Fabra que decretó el juez de Nules el pasado 20 de enero, el titular impone una fianza por posibles responsabilidades civiles de 800.000 euros a Prim.

Caber recordar que al ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de Castellón le impuso ya una fianza de 4.270.859,60 euros al imputarle varios delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho. Su ex mujer, María Amparo Fernández, responde con 1.718.192,80 euros y el empresario Vilar y su ex mujer, con 800.000 euros cada uno.

Prim, en su condición de senador por Castellón, habría presionado a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas del ex socio de Carlos Fabra, Vicente Vilar y Montserrat Vives.

Carlos Fabra presentó una lista de bienes para su embargo a fin de cubrir la fianza y se mostró convencido ante los periodistas de que sería absuelto.

Antecedentes del caso Fabra
En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su ex esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su ex mujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.

El noveno titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules desde que se abrió esta causa, Jacobo Pin, ha decretado la apertura de juicio oral tras concluir el pasado 23 de diciembre la instrucción de la investigación abierta en 2003 contra Fabra, tras dos querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar.

El juez considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

Vilar era administrador de la empresa Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su esposa entonces, Monserrat Vives, quien habría pedido a su amiga Amparo Fernández que Carlos Fabra mediara para conseguir la aprobación de los productos, según el relato del magistrado.

A raíz de estas actuaciones Fabra se habría reunido con varios altos cargos, entre ellos el entonces senador Miguel Prim para tratar sobre los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios y poco después se aprobó la autorización para uno de estos productos.

Además la causa recoge que entre 1999 y 2004 Fabra y su mujer defraudaron a Hacienda más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 euros por parte de su esposa.

"CASO EMARSA"; CRESPO ENTREGA SU PASAPORTE AL JUEZ: "NO ME PIENSO FUGAR"

Enrique Crespo, a su salida del juzgado. | Foto: José Cuéllar - BenitoPajares
CORRUPCIÓN


La acusación popular (PSPV) cree que existe riesgo de fuga del imputado
Según la Fiscalía, carece de arraigo laboral porque renunció a sus cargos
Mantienen 'sospechas fundadas' de que guarda dinero oculto de la Lotería

Amparo García | Agencias | Valencia


El ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, imputado en el llamado caso Emarsa, ha acudido la mañana de este martes al juzgado de instrucción número 15 para hacer entrega de su pasaporte.

Alrededor de las 11 de las mañana ha abandonado el tribunal. Había sido citado para debatir la posible adopción de medidas cautelares. Crespo ha asegurado a su salida que había hecho entrega voluntariamente de su pasaporte, ha asegurado que "estaba caducado" y ha insistido en que no tiene ninguna intención de abandonar el país. "No me voy a fugar", ha dicho el ex alcalde de Manises, que ha recordado su "arraigo" en la Comunidad Valenciana.

El ex alcalde de Manises está imputado en el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, por presuntos delitos societarios, de malversación y estafa. Además un juzgado de Andorra le investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales, una acusación que ha negado Enrique Crespo.

La vista se ha celebrado a petición de la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE, quien considera que existe riesgo de fuga del imputado porque ha abandonado sus cargos públicos y porque admitió que le había tocado el segundo premio del sorteo de Navidad de 2011.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por Emshi -actual gestora de la depuradora- se han adherido a esta petición al creer que existen motivos suficientes para que Crespo intente eludir a la justicia, tal y como consta en una transcripción de la comparecencia a la que ha tenido acceso Efe.

Según ha razonado la Fiscalía, el imputado carece cualquier tipo de arraigo laboral, porque ha renunciado a sus cargos públicos y carece de otro medio de vida.

Además, existen "sospechas fundadas" de que guarda dinero oculto procedente de la Lotería, puesto que ante los medios de comunicación declaró que tenía varios décimos premiados y, posteriormente, aseguró al juez que sólo tenía uno.

El Ministerio Público recuerda también que un juzgado de Andorra le está investigando por una supuesta evasión de capitales, otorgándole la titularidad de diferentes cuentas bancarias y una conexión con varias empresas extranjeras.

Finalmente, remarca que la "gravedad" de los delitos que se le imputan: malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude fiscal, los cuales podrían suponer hasta 20 años de cárcel.

A estos argumentos, las acusaciones añaden que Crespo está divorciado, y que la potestad sobre sus tres hijos la ejerce su ex mujer.

En respuesta a estas alegaciones, la defensa ha asegurado que Crespo no posee ninguna cuenta en el extranjero, y además asegura que pronto empezará a trabajar en una empresa que quiere contratarlo y con la que ya a ultimado un acuerdo.

"Las sospechas de la acusación popular son infundadas, porque he entregado el pasaporte, que lo tengo caducado, y nunca he hecho gestión alguna para renovarlo", ha manifestado Crespo, que está citado para prestar declaración como imputado el próximo día 28.

"No voy a escapar de la Justicia ni a eludir ninguna responsabilidad", ha añadido el que fuera presidente de Emarsa hasta 2010.

Crespo cree que está siendo víctima de una persecución política por parte de los socialistas valencianos, que "no han parado" hasta que ha dimitido de sus cargos, los cuales, según dice, dejó voluntariamente para evitar dañar a su familia, a su partido y a las instituciones.

"Juegan al circo que nos tienen acostumbrados. Primero piden mi dimisión, y cuando me marcho dicen que tengo riesgo de fuga", ha lamentado.

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"CASO PALAU"; EL PALAU DE LA MÚSICA EVITA ACUSAR A LA EXCÚPULA DE URBANISMO DE BARCELONA

CORRUPCIÓN | Acusación particular
Reclama a ambos 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil
No pide penas para la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona

Germán González | Barcelona

La actual dirección del Palau de la Música, como acusación particular, pide seis años de cárcel para Millet y Montull por apropiación indebida en el caso del hotel del Palau, que nunca se llegó a construir. Además, reclama a los imputados que paguen a la entidad 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

En cambio, la acusación particular no pide ninguna pena para otros dos de los imputados: el ex concejal de Urbanismo, Ramón García Bragado, y el ex gerente de Urbanismo, Ramon Massagué. El pasado 13 de enero, una vez finalizada la investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, decidió mantener la imputación a la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

En dicho auto se destacaba que existen varios indicios de que los ex responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, presionaron a varios miembros del Ayuntamiento de Barcelona para levantar el hotel.

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"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA CITA A DECLARAR AL EXCONSEJERO ANTONIO FERNÁNDEZ COMO IMPUTADO

Su declaración se producirá el 19 de abril
Es el primero de los 7 altos cargos imputados al que cita la juez
Alaya también da fecha para tomar declaración a Antonio Rivas: 26 de julio
Firmó el convenio que permitía dar subvenciones al margen de la normativa

Antonio Salvador | Sebastián Torres | Sevilla

La titular del juzgado de instrucción 6 Mercedes Alaya, que investiga la trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar como imputado al ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, al que le tomará declaración el próximo 19 de abril, a partir de las 10.30 horas.

En una providencia dictada el pasado lunes, 11 de marzo, la juez cita también al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que declarará el 26 de julio próximo.

La juez comunicó la imputación del ex consejero Antonio Fernández a finales de marzo de 2011, hace prácticamente un año. Fernández está imputado como firmante, en su condición de presidente del IFA -que luego se transformaría en Agencia IDEA- del convenio fechado el 17 de julio de 2001, siendo José Antonio Viera consejero de Empleo, que permitía conceder subvenciones al margen de la normativa.

Antonio Fernández también aparece incluido en uno de los ERE investigados por la juez Alaya, como trabajador en excedencia de la empresa González Byass, aunque el ex consejero renunció al cobro de la póliza días después de que lo imputara la juez Alaya.

Antonio Fernández es el primero de los siete altos cargos imputados en esta investigación al que la juez Alaya cita a declarar. Además del ex consejero, están también imputados quien fuera viceconsejero durante su mandato, Agustín Barberá, tres directores generales de Trabajo de la Junta -Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera- y los ex delegados provinciales de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y Juan Rodríguez Cordobés.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; UN GERENTE DE DORRIBO NIEGA QUE EL DINERO DE ANDORRA FUERA PARA PAGAR A BLANCO

Xoan Manuel Bazarra dice que los 200.000 euros se destinaron a una farmacia
Contradice así a su jefe, que afirmó que dio esa cantidad al primo de Blanco

Europa Press | Madrid

Xoan Manuel Bazarra, gerente de Salut D'Innovació, la empresa en Andorra del empresario farmacéutico imputado en la 'Operación Campeón' Jorge Dorribo, ha negado este miércoles en el Tribunal Supremo que el dinero que salió de esta sociedad días antes del episodio de la gasolinera de Guitiriz (Lugo) fuera para realizar pagos al ex ministro de Fomento José Blanco.

De este modo, y según fuentes presentes en la declaración que ha prestado Bazarra ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, el trabajador de Dorribo contradice a su propio jefe y da validez al informe pericial de Hacienda según el cual el empresario que ha implicado al ex ministro socialista no pudo sacar de donde dice que lo hizo los 200.000 euros que supuestamente le entregó en la citada gasolinera el 5 de febrero del año pasado.

Posibles contradicciones
Otras fuentes presentes en la declaración, sin embargo, han señalado que Bazarra pudo incurrir en alguna contradicción para explicar la operación por la que, según su declaración, Salut D'Innovació dispuso de diversas cantidades que sumaron 600.000 euros para salvar de la quiebra a una farmacia del Principado.

Además, Bazarra se habría identificado durante este interrogatorio, al que acudió en calidad de imputado, como el autor del documento manuscrito que aportó el propio Dorribo en el alto tribunal durante su declaración del pasado 21 de febrero para demostrar la operación de obtención del dinero para blanco.

Bazarra, que también ocupó el cargo de jefe de gabinete del ex conselleiro de Innovación e Industria gallego, Fernando Blanco, habría colaborado en una operación bancaria realizada por el empresario farmacéutico Jorge Dorribo que, según los investigadores, estuvo dirigida a esconder el modo de obtención del dinero para Blanco.

Informe pericial
El informe pericial realizado por Hacienda y aportado a la causa señala que, junto con otras entregas de dinero, Dorribo realizó una transferencia por valor de 15.000 euros desde sus cuentas en Andorra a la cuenta de la sociedad Andorrana Salut D'Innovació, "para poder levantar la quiebra que pesaba sobre la farmacéutica Elisa Muxel Mollins, en cumplimiento del contrato firmado por ella". También realizó diferentes pagos en efectivo a su colaborador Xoan Bazarra para que los ingresara en dicha sociedad.

No obstante, y según los peritos de Hacienda, la operación fue "ajena e independiente del supuesto pago efectuado en España, según su declaración (del empresario ante la juez de Lugo que investiga la trama), que de ser cierta supondría que Jorge Dorribo Guide, además de los fondos entregados a Xoan Bazarra (...) y que ascendían en esas fechas a 226.000 euros, contaba con otros fondos en efectivo adicionales para poder realizar el supuesto pago a Blanco en la gasolinera de Guitiriz (Lugo)".

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"CASO NÓOS"; EL ABOGADO DE URDANGARÍN DESCONOCE EL CONTENIDO DEL AUTO Y ESPERA LA NOTIFICACIÓN

Equipara sus funciones a las de Torres
Pascual Vives asegura que sólo se fía 'de lo que sale del procedimiento'
Confía en tener la notificación 'esta tarde'

Efe | Barcelona

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado hoy que desconoce el contenido del auto del juez Castro en el que equipara las funciones del duque de Palma con las de su socio Diego Torres en el entramado del instituto Nóos.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, mantiene después del interrogatorio que practicó a Iñaki Urdangarin que el duque de Palma "siempre estuvo detrás del entramado societario" investigado por presunta malversación de fondos públicos.

"Declaraciones de imputados en sede judicial, cuya parcialidad en esta cuestión no se advierte, le sitúan (al duque de Palma) como rector" del grupo de empresas ligadas al Instituto Nóos "al mismo nivel" que su socio, Diego Torres, indica Castro en un auto sobre el que informa hoy EL MUNDO.

En su comparecencia judicial, el marido de la Infanta Cristina atribuyó a Torres las responsabilidades de gestión de las empresas investigadas y aseguró, recuerda el magistrado, que "se desvinculó totalmente" del Instituto Nóos desde el 20 de marzo de 2006, "siguiendo las recomendaciones que se le hicieron desde" la Casa Real.

Así las cosas, Pascual Vives, portavoz del duque de Palma, ha declarado hoy brevemente a los medios que sólo se fía "de lo que sale del procedimiento", al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre este auto hasta que no reciba la correspondiente notificación, que confía tener "esta tarde".

Rechazo de las tesis exculpatorias
Como publica hoy EL MUNDO, el juez Castro rechaza en un auto dictado ayer la tesis exculpatoria que esgrimió Urdangarin en su declaración del pasado 25 de febrero y afirma que estaba en la gestión presuntamente delictiva de Nóos "al mismo nivel que Diego Torres". El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma añade, sobre la base del testimonio de "innumerables testigos", que el duque de Palma "siempre estuvo detrás de todo el entramado societario".

Y puntualiza que su rol de "rector de Nóos" se produjo "antes y después" de que cesara oficialmente como presidente del Instituto.

El magistrado hace estas consideraciones en el escrito hecho público ayer en el que, además, no considera pertinente tomar declaración, ni siquiera como testigo, al abogado de la Casa del Rey José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que fue el encargado de instar al duque de Palma a dejar sus irregulares negocios en Nóos.

Tampoco llamará al secretario privado de las infantas, Carlos García Revenga, que compatibilizó esta responsabilidad con la de tesorero del Instituto. En este último caso, el juez que investiga la denominada 'operación Babel' da por reproducidos los argumentos que utilizó para no acordar la citación como imputada de la Infanta Cristina y que, cabe recordar, se centraban en evitar su 'estigmatización'.

El magistrado se pronuncia de esta manera por primera vez sobre las tesis empleadas por el duque de Palma en su defensa. Considera que "no acaba de convencer el argumento de que las funciones" de Urdangarin "sólo lo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia".

Se refiere en este caso, en concreto, a la gestión de la fundación para niños discapacitados y enfermos de cáncer que montaron Urdangarin y Torres tras la prohibición de la Casa Real de seguir haciendo negocios, pero lo hace extensivo al papel del ex jugador de balonmano en toda la trama de Nóos.

"Innumerables testigos", precisa el juez Castro, "han declarado en sede policial que el señor Urdangarin siempre estuvo detrás de todo el entramado societario antes y después del 20 de marzo de 2006". Una fecha en la que, recuerda su auto, Urdangarin se "desvinculó" oficialmente "de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada".

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SÓRDIDA Y RAMPANTE CORRUPCIÓN


Los medios están llenos de denominaciones de casos con un contenido común: la corrupción de políticos y cargos públicos. La campaña electoral de las andaluzas, que comienza este fin de semana, va a ser el escenario de un bronco debate en el que el PP va a hostigar al PSOE con la rampante (por ambiciosa) y sórdida (por miserable) corrupción de los ERE en los que la Junta incluyó a intrusos y a propósito de cuya financiación se lucraron cargos públicos que emplearon recursos del fisco para adquirir cocaína, darse a la comida y a la bebida y a los viajes de placer. El llamado caso Campeón, que implica al ex ministro José Blanco en un supuesto tráfico de influencias, completaría el elenco de imprecaciones populares a los socialistas, a los que se atribuirían estas conductas rapiñadoras por el efecto de una perdurabilidad regimental en el gobierno de la comunidad.

Sin embargo, la abundancia en el PP de casos, igualmente de corrupción rampante y sórdida (Brugal, Gürtel, Emarsa, Palma Arena), en varias comunidades, resta autoridad moral para arrojar sobre el PSOE la exclusividad de la emergencia de conductas repugnantes de políticos y responsables públicos de las que creímos nuestra clase dirigente quedó vacunada en aquellos años de plomo de la década de los noventa. Pensamos que episodios como el de Mariano Rubio, Roldán o Filesa habían creado anticuerpos en el sistema. No sólo no ha sido así, sino que, en un periodo histórico de recesión y penalidades, el descubrimiento de enriquecimientos ilícitos y aprovechamientos inmorales de los cargos públicos ofende más a la sociedad e incrementa el descrédito de la política y de quienes se dedican a ella. La abundancia de grabaciones telefónicas y su reproducción pública, o el conocimiento de transcripciones, ha desvelado también la mentecatez ética de algunos dirigentes, la mentira de sus proclamas morales y la doble vida en la que se han instalado con una naturalidad que causa perplejidad.

Puede ser que la corrupción resulte posible por fallos estructurales en los mecanismos de control del sistema en los distintos niveles de las administraciones públicas; también por cierta benignidad en las penas y demasiados paliativos en los enjuiciamientos penales de conductas reprobables. Pero no nos engañemos: el quid de la cuestión reside en acentuar la intolerancia social hacia los corruptos. Resulta un auténtico esoterismo democrático que los electores, a sabiendas de tropelías sin cuento, sigan votando a presuntos delincuentes que se encaraman en listas de partidos a los que no parece importar acogerlos. Es en estos dos aspectos –sociedad permisiva y partidos conniventes– en los que reside el verdadero problema de la corrupción. Y son esos dos aspectos los que configuran un sistema político menos maduro y más tosco democráticamente en relación con los de nuestro entorno. Acabamos de ver como en Alemania dimite el jefe del Estado por una cuestión que en España sería menor y como en Islandia se juzga por imprudencia temeraria a su ex primer ministro, que no actuó ante la explosiva situación de riesgo de los bancos del país. Nos queda mucho por aprender en términos de autenticidad democrática.

Política informativa
Al Gobierno le están lloviendo consejos y urgencias para que resuelva el problema que se ha creado en RTVE, descabezada y con sus profesionales instalados en la incertidumbre. El Ejecutivo está construyendo su política informativa, que, en algunos casos, consiste en no tenerla, sabiendo que se carece de ella a ciencia y conciencia. El nombramiento de José Antonio Vera en la agencia Efe parece que constituiría la antesala de una inmediata negociación con el PSOE para acordar el nombre del responsable de la radio y la televisión públicas. Consenso en el que es muy conveniente que esté CiU. RTVE es cuestión de Estado.

Política autonómica
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido el instrumento de homogeneización de la política autonómica. Con la obligatoriedad de cumplir un déficit del 1,5% en el 2012, las autonomías van a tener que desplegar políticas de ajuste muy uniformes. El autogobierno se queda sin margen de albedrío político. Por la crisis, a la homogeneización. La oposición andaluza es testimonial y la abstención catalana mira a los presupuestos, en los que la Generalitat quiere ver como se cumplen compromisos con Catalunya. Es el Estado postautonómico.

Artículo publicado en lavanguardia.com el 8 de marzo de 2012