jueves, 27 de octubre de 2011

EL FISCAL DE BRUGAL PIDE UNA PRUEBA CALIGRÁFICA DEL HERMANO DE CASTEDO

El abogado declara que no hizo trabajos para Ortiz en el PGOU de Alicante

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su socio el exedil socialista Javier Gutiérrez, declararon ayer ante el juez que no hicieron ningún trabajo para el promotor Enrique Ortiz vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al término del interrogatorio, el fiscal Anticorrupción pidió al juez una prueba caligráfica de los urbanistas para cotejar anotaciones manuscritas supuestamente realizadas por éstos en documentos incluidos en el sumario.

El hermano de la alcaldesa de Alicante tilda de "infantil" el informe de la policía

Gutiérrez dice que su trabajo era "motivar" las alegaciones

José Luis Castedo compareció, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que instruye la rama del caso Brugal sobre un presunto amaño del planeamiento urbano en favor de los intereses del promotor Ortiz. Junto a José Luis Castedo, el magistrado también tomó declaración como imputado a su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. El fiscal acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Castedo y Gutiérrez solo respondieron a las preguntas de sus abogados y rechazaron contestar al resto de las partes personadas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSPV y EU.

El fiscal Anticorrupción y la policía mantienen que Salvetti Abogados fue el puente del que se valió el promotor Ortiz para modificar el planeamiento en función de sus interes urbanísticos en la ciudad. La investigación también señala que desde el despacho canalizaron decenas de alegaciones que fueron estimadas y que les generó un beneficio de un millón de euros.

Al igual que su hermana, José Luis Castedo esgrimió la tesis del, en su opinión, "deficiente, erróneo e interpretativo" informe policial que implica a los dos abogados urbanistas en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final de la redacción del Plan General, entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Castedo, según fuentes del caso, calificó así la investigación policial: "Es una infantilización que hace la policía de un proceso muy complejo".

El exedil socialista Javier Gutiérrez también negó que hubiera realizado ningún trabajo para Ortiz vinculado al PGOU de Alicante. En un momento de su declaración, según fuentes del caso, Gutiérrez llegó a asegurar que "jamás" ha trabajado "para un monopolista del suelo". Enrique Ortiz posee el 70% del suelo urbanizable en el término municipal de Alicante. Gutiérrez aseguró que el objeto social del despacho Salvetti Abogados era la gestión del suelo, "aunque de manera lícita".

Castedo y Gutiérrez sólo reconocieron una gestión para Enrique Ortiz, pero relacionada con un programa urbanístico en la población de Santa Pola. Por ese trabajo aseguraron que facturaron al empresario 60.000 euros.

Respecto a las alegaciones al Plan General que, según el informe policial, elaboró el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez señaló que no tenían la autonomía que la investigación les atribuye para plantear su estimación, sino que era un trabajo de mera asesoría, "su motivación jurídica". Según los abogados, la competencia para estimar las alegaciones era una cuestión exclusiva de los técnicos municipales y del equipo redactor del PGOU.

Por otro lado, Antonio Ángel Fenoll, hijo del industrial Ángel Fenoll, imitó ayer a su padre y se negó a declarar ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que instruye otra rama del caso Brugal sobre un supuesto soborno al presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja.
 
"Son las que son: 19 alegaciones y 11 clientes"
En su declaración ante el juez, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez se mostraron parcos. El grueso de su explicación para contrarrestar la acusación de la policía y el fiscal Anticorrupción en la trama del PGOU ya lo adelantaron, por escrito, la víspera de su comparencia ante el juez.

A largo de un extenso escrito (167 páginas) los abogados responden a las acusaciones y tesis del informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaria de Alicante tras el registro de su despacho (Salvetti Abogados). En el escrito hacen hincapié en que solo tramitaron 19 alegaciones para 11 clientes de las 3.834 presentadas al documento. "Son las que son y no hay más. Y resulta que realizar el 0,45% de las mismas supone una trama organizada para el investigador", señalan.

Castedo y Gutiérrez aseguran que el beneficio que obtuvieron por los trabajos relacionados con las alegaciones fue de 20.000 euros, el 2% de la facturación del despacho en 2009. La policía eleva esa cifra hasta el millón de euros. Según los abogados, la estimación de la policía es "errónea" porque atribuye todos los pagos de esos 11 clientes al concepto de elaboración de alegaciones. Según ellos, el grueso de las cantidades es por otros servicios ajenos a las alegaciones.

Igualmente niegan, como mantiene la policía a través de datos recabados en la Agencia Tributaria, que hubieran recibido dos pagos de Enrique Ortiz (uno de 90.000 euros y otro 69.600). Los abogados aseveran que la primera factura fue anulada y la segunda era "una mera proforma que jamás ha sido emitida".

Castedo y Gutiérrez rechazan imputación de la policía de que las personas al frente de la sociedad que realizan las alegaciones (la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Gutiérrez) y las personas que las estiman "son las mismas". Gutiérrez asegura que nunca firmó un contrato con la empresa adjudicataria del PGOU, la mercantil Laboratorio de Proyectos, SL. "No existe [el contrato] pues nunca se ha firmado", recoge el escrito. "El documento al que se refiere el investigador es un mero borrador de contrato que nunca fue suscrito por las partes", añade.

Y, por último, recalcan que sólo "informaban jurídicamente" las alegaciones pero no se pronunciaban sobre su estimación, competencia de los técnicos municipales y el equipo redactor del PGOU. "Gutiérrez no formaba parte de ese equipo sino que era un colaborador externo del mismo".


elpaís.com

LA JUEZA ABRE JUICIO ORAL POR EL COHECHO EN MERCASEVILLA

J. M.-A. - Sevilla

"Las maneras en que se reclamaron los pagos son tan expresivas, tan directas, tan burdas, que a juicio de esta instructora representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción". Con esa frase resume la juez Mercedes Alaya el intento de comisiones ilegales por parte de la anterior cúpula de Mercasevilla en un auto por el que ha decretado la apertura del juicio oral.

El exdirector de la empresa municipal, Fernando Mellet, el exsubdirector Daniel Ponce, la exdirectora de estructuras Regla Pereira y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas afrontarán un juicio con jurado popular por un delito de cohecho tras la supuesta petición de 450.000 euros como comisión ilegal a dos empresarios hoteleros a cambio de concederles una escuela de hostelería. La juez sostiene que Rivas instó a Mellet y Ponce a pedir el pago en dinero b a los dos empresarios, y fue este último quien en dos reuniones y en presencia de Pereira reclamó que el dinero se dejara en un maletín en un despacho.

"La intervención del señor Mellet como ideador del proyecto (...) la actuación del señor Ponce respaldando y colaborando con el anterior en las diversas reuniones; la de la señora Pereira (...) asistiendo igualmente a las reuniones (...) y finalmente el señor Rivas, impulsor del proyecto en el ámbito institucional por razón de su cargo, quien encauza la solicitud de la subvención", detalla el auto sobre los cuatro acusados. La magistrada subraya que los imputados "deslizaron sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE" y admite que la acusación contra Rivas solo se basa en declaraciones de Mellet y Ponce. Pero sostiene que "resulta poco probable" que la comisión ilegal fuera decidida por los dos directivos.

elpaís.com

EL EXGERENTE DE EMARSA ADMITE QUE HIZO VIAJES CON SU FAMILIA CON CARGO A LA EMPRESA PÚBLICA

Cuesta asegura que el alcalde de Manises, entonces presidente de la entidad, autorizó los pagos

EL PAÍS / EP - Valencia 

El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ha declarado de nuevo hoy en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, y ha admitido ante el juez que hizo diferentes viajes con su familia con cargo a los fondos de la empresa pública. Según Cuesta, el expresidente de la entidad metropolitana de saneamiento (responsable también de la depuradora), Enrique Crespo, autorizó ese gastó. El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia también ha sido imputado por el agujero de más de 17 millones de euros en Emarsa, que fue disuelta el año pasado. Aunque aún no ha prestado declaración, ha rechazado en varios comunicados la responsabilidad en la gestión que le achaca el exgerente.

Cuesta ha acudido a prestar declaración en esta causa -abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios- varias veces, pero todavía no se ha dado por concluida su comparecencia. El exgerente ha señalado a Crespo como responsable del descontrol en Emarsa. El origen del procedimiento fue una denuncia del PSPV en octubre de 2010. Los socialistas denunciaron que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones.

En su comparecencia de hoy, Cuesta ha señalado, respecto a un viaje a París en agosto de 2007 con su mujer y sus hijos, que como nunca tenía un mes entero de vacaciones, le pidió permiso a Crespo para cargar los gastos a Emarsa, y este se lo concedió.

Preguntado por si Crespo le concedía el permiso para hacerlo con cargo a sus fondos particulares o a Emarsa, ha manifestado textualmente: "El presidente sabe que lo hacía con cargo a los fondos de Emarsa y era una especie de pago en especie". No obstante, ha indicado que no tiene ningún justificante de esta autorización, y tampoco de otros viajes, muchos de ellos a Andorra con cargo también a su entidad. Sobre ellos ha dado la misma explicación que la ofrecida por el viaje a París. También se fue a Málaga en agosto de 2008 de la misma manera, o a Madrid con su hermano y con su hijo. Sin embargo, hay de otros viajes de los que Cuesta no se acuerda o desconoce, como uno a Estocolmo de febrero de 2009, que no recuerda. Preguntado por otro viaje a Bilbao, ha manifestado que no lo hizo y que solo ha estado allí en una ocasión con el jefe de planta para ver una feria relacionada con tecnología. Junto a estos, hay otros viajes que ha justificado por razones de trabajo.

El juez también ha pedido aclaraciones sobre facturas emitidas a cargo de Emarsa por Viajes Benimamet, pero que que nada tienen que ver con viajes o alojamientos, sino que se corresponden con la compra de entradas para la fórmula uno o el Open 500 de Tenis. Cuesta ha afirmado que no tenía ni idea de estas facturas.

Por otro lado, ha insistido en que él desconocía que se estuvieran falsificando facturas por parte de algunas empresas como Ageiron o Arrima.
   

"CASO PRETORIA"; EL JUEZ REBAJA A LA MITAD LA FIANZA AL PRESUNTO "CEREBRO"

Ruz accede a devolver la fianza de 25.000 euros depositada por el también imputado Pasqual Vela

EFE - Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rebajado de 500.000 a 250.000 euros la fianza impuesta al presunto cerebro del caso Pretoria, el exdiputado del PSC Luis García Saez, Luigi, que se encuentra en libertad desde el 12 de abril de 2010. Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que el magistrado adoptó esta decisión, con la que pretende "adecuar" la cuantía de la fianza a las impuestas al resto de los imputados, en un auto dictado el pasado 20 de octubre y tras recibir un informe favorable de la Fiscalía. Además, Ruz ha accedido a devolver la fianza de 25.000 euros depositada por el también imputado Pasqual Vela, exgerente de los servicios municipales de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que solicitó recuperar el dinero al haberse quedado en paro.

El juez que inició la investigación, Baltasar Garzón, imputó a Luis García los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental al considerarlo el "nexo de unión" de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma y, "especialmente", con su exalcalde, Bartomeu Muñoz. A este último se le impuso inicialmente una fianza de 500.000 euros, rebajada posteriormente a 150.000 euros.

La causa cuenta con una veintena de imputados, entre ellos los exaltos cargos de la Generalitat en la anterior etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre de 2009, aunque la Audiencia Nacional rebajó esa cantidad a 200.000 euros dos meses después. La presunta trama de corrupción investigada defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.
   

EL "CASO SCALA" LLEGA A LA AUDIENCIA

Desvío de fondos públicos

* La Fiscalía pide 115 años y medio de prisión para sus 18 encausados

Europa Press | Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma será la encargada de enjuiciar a los 18 acusados del caso Scala, una compleja trama de presunta corrupción centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal inculpado es el ex conseller de Industria, Comercio y Energía, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) después de que el proceso haya entrado este jueves en la Audiencia y, por turno de reparto, haya sido asumido por la Sección Primera, que precisamente será también la encargada de juzgar en enero al expresidente del Govern, Jaume Matas, así como la pieza número 1 del caso Voltor, cuyo principal acusado el exconseller de Turismo del Govern y expresidente de UM, Miquel Nadal. Por el momento no se ha fijado fecha para la vista oral del caso Scala.

Una causa en el marco de la cual la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).

Además de los dos exaltos cargos, las acusaciones reclaman 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

La Fiscalía apunta al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
 
Los delitos
Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.

Cabe recordar que en su auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, acordaba una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, los tres principales imputados de la causa, y de la que también debían responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debía prestar otros 23.473 euros.

Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.

Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular

elmundo.es

DOS IMPUTADO MÁS EN LA SEGUNDA FASE DE LA "OPERACIÓN OSSIFAR"

Emaya

* Los investigadores han tomado ya declaración a una docena de testigos

Efe | Palma

Otras dos personas han sido imputadas en la segunda fase de la operación Ossifar, que se inició ayer con la detención de una empleada de Emaya, informan fuentes de la Guardia Civil.

Con estas dos nuevas imputaciones, ya son tres las personas acusadas en la nueva fase de investigación de esta supuesta trama de corrupción vinculada a la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma.

L.J.Z., empleada de esta empresa, fue ayer detenida y tras declarar en la comandancia de la Guardia Civil de Palma quedó en libertad con cargos.

Desde ayer viernes, los investigadores del instituto armado han tomado ya declaración a una docena de testigos y continuarán hoy a lo largo de la tarde.

La operación Ossifar fue iniciada el pasado agosto en torno a supuestas irregularidades detectadas en la citada empresa municipal durante el pasado mandato, cuando estaba controlada por Unió Mallorquina (UM) y era presidida por Cristina Cerdó.

El supuesto "departamento fantasma" que se investiga en esta segunda parte de Ossifar es la Oficina de Atención a la Ciudadanía, del que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que se creó para contratar a personas afiliadas o simpatizantes de UM, pero pagadas con dinero de Emaya.

LA FISCALÍA PIDE EMBARGOS O FIANZAS PARA TODOS LOS INTRUSOS DE LOS ERE FRAUDULENTOS

Habla de 'trama organizada'

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y personas que permitieron que percibieran un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos.

En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio manifiesto y grave" a los fondos públicos.

Por ello, el fiscal pide que la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imponga a la veintena de imputados hasta ahora y los que lo sean en el futuro una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes para "garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos que se le imputen".

Asimismo, para poder determinar "con precisión" el quebranto producido a las arcas públicas, Anticorrupción insta a que la Consejería de Empleo informe "a la mayor brevedad" sobre los procedimientos de reintegro que ha puesto en marcha y en qué estado se encuentran, las reclamaciones de beneficiarios que ha recibido por impago de las ayudas y las órdenes que ha emitido hasta ahora la Dirección General de Trabajo a las compañías de seguros y empresas intermediarias paralizando el pago de renta o capitales a los imputados.

En el escrito, el Ministerio Público ve necesario investigar "caso por caso" las subvenciones otorgadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, mancomunidades y otras entidades con cargo al 'fondo de reptiles -sin reunir los "requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino" de las ayudas, observa el fiscal- a fin de determinar las "razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado".

elmundo.es