miércoles, 2 de marzo de 2011

"OPERACIÓN PICNIC"; CERDÓ PAGA LOS 300.000 € DE FIANZA PARA ELUDIR LA CÁRCEL

La expresidenta de Emaya ha hecho efectiva la caución a través de su abogado, que se ha personado ante el Juzgado de Instrucción número 12 para presentar los avales bancarios

E.P. PALMA
La ex concejala de Medio Ambiente y ex número 2 de Unió Mallorquina (UM) en Palma, Cristina Cerdó, ha depositado la fianza de 300.000 euros que el juez le impuso el pasado lunes en el marco de la Operación Picnic a petición de la Fiscalía Anticorrupción y cuyo pago le permite eludir su ingreso en prisión preventiva, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La imputada, detenida en la madrugada del lunes, ha hecho efectiva de este modo la caución a través de su abogado, Ángel Aragón, quien se ha personado ante el Juzgado de Instrucción número 12 para presentar los avales bancarios que le permiten cubrir la cantidad decretada, pese a que disponía hasta las 11.00 horas de este jueves para abonar la fianza.

Su letrado ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto mediante el cual el magistrado solicitaba la fianza, una de las más altas impuestas a un político en Baleares, y pedirá que se rebaje la cantidad de la caución.

Junto a Cerdó, el magistrado de guardia Francisco José Pérez decretó asimismo prisión bajo fianza de 100.000 euros para la ex coordinadora del área de Medio Ambiente, Paula Cortés, después de que ambas prestarsen declaración el pasado lunes a lo largo de una maratoniana jornada de comparecencias en los Juzgados de Vía Alemania. Las dos fianzas coinciden con las solicitadas por los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Sobre las dos imputadas pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración.

diariodemallorca.es

EL EX TESORERO DEL PP LUIS BÁRCENAS DECLARARÁ EL 29 DE MARZO POR LA "GÜRTEL"

El juez Pedreira, del TSJM, cita también al ex diputado Jesús Merino, imputado por presunto cohecho
e. m. / madrid

El magistrado instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado al ex senador del PP por Cantabria y ex tesorero nacional del partido Luis Bárcenas Gutiérrez a declarar el próximo día 29 de marzo mientras que el próximo viernes 11 de marzo lo hará Jesús Merino Delgado, ambos en condición de imputados. Ambos están citados a las 10.00 horas, según ha informado el tribunal.

Los dos ex parlamentarios del PP habían solicitado a Pedreira que les citara a declarar una vez que ya se levantó el secreto del sumario que investiga la supuesta trama de corrupción.

El pasado 28 de mayo y tras tomarles declaración por su entonces calidad de aforados, el Tribunal Supremo (TS) devolvió al TSJM la causa contra el ex senador Luis Bárcenas, al que se le imputa un delito fiscal y otro de cohecho, y el ex parlamentario por Segovia Jesús Merino, acusado de cohecho. Uno y otro habían renunciado en abril a sus respectivos escaños.

Las peticiones de nuevas declaraciones se realizaron después de que la Fiscalía Anticorrupción se hubiera negado en sendos escritos a las solicitudes de sobreseimiento formuladas por sus abogados defensores, al entender que concurren numerosos indicios de la recepción de dádivas y de haber cometido un presunto delito de cohecho.

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Proceso de ida y vuelta

"CASO PALAU"; EL FISCAL PIDE AHORA QUE MILLET Y MONTULL DEVUELVAN 23 MILLONES DEL SAQUEO DEL PALAU

Fèlix Millet y Jordi Montull, a su salida de prisión en junio de 2010. | Santi Cogolludo
Cambio de criterio dos años después

* Hasta el momento a los dos acusados sólo se les habían pedido tres millones
* El fiscal pide que las esposas de Millet y Montull devuelvan parte del desvío

Efe | Barcelona

La Fiscalía ha pedido al juez del "caso Millet" que amplíe a 23 millones de euros la responsabilidad civil exigida a los tres principales imputados por el saqueo del Palau de la Música, fijada en 3,3 millones, y que para ello se les embarguen los bienes necesarios hasta alcanzar esa cantidad.

Los tres principales imputados son los ex responsables del Palau Félix Millet y Jordi Montull y la ex directora financiera Gemma Montull.

El ministerio público ha presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona un escrito, en el que solicita la ampliación de la responsabilidad civil de acuerdo con las auditorías que calcularon el desfalco y propone que se obligue también a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercedes Mir -imputadas en la causa-, a devolver el dinero desviado.

De esa forma, el fiscal propone al juez que revoque el auto en el que su predecesor en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, fijó en 3,3 millones de euros la responsabilidad civil de Fèlix Millet y Jordi Montull por el saqueo del Palau, una cantidad que en diciembre pasado se negó a actualizar alegando que la evaluación pericial que debía calcular el expolio no estaba terminada.

El escrito de la Fiscalía considera que la cifra inicial "no refleja adecuadamente el monumental perjuicio económico" provocado por los saqueadores confesos, por lo que exige que se amplíe la cantidad y se incluya en la responsabilidad civil subsidiaria a la ex directora financiera del Palau Gemma Montull, dada su "decisiva participación" en el expolio.

Hasta ahora, los imputados han entregado más de 4 millones de euros a la Fundació Palau de la Música, el Orfeó Català y el Consorci del Palau de la Música como entidades perjudicadas por el desfalco, lo que les beneficiaría en una eventual rebaja de la condena por reparación del daño.

Para asegurar que respondan a esa cantidad, el fiscal solicita que se proceda al embargo de las cuentas suizas de los imputados y de las pertenencias que los saqueadores incluyeron en sus listados de bienes, por lo que solicita a la Agencia Tributaria la enumeración de inmuebles de los imputados y sus activos financieros, y a la Marina Mercante las embarcaciones de su propiedad.

Respecto a Gemma Montull, la Fiscalía considera que "no resulta descabellado" que se le imponga una cuota de responsabilidad civil mínimamente inferior a la de los dos saqueadores confesos, teniendo en cuenta que sustrajo varios cheques de las cuentas del Orfeó y que cargó al Palau de la Música obras en sus viviendas por 110.523 euros.

La propuesta del fiscal exige también una garantía de responsabilidad civil a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercedes Mir, por el millón de euros que fueron desviados del Palau a través de las sociedades instrumentales de las que ellas eran titulares.

Además, propone que también se las declare responsables civiles a título lucrativo, cantidad que, para el fiscal, debería abarcar como mínimo las obras en sus domicilios y los "suntuosos" viajes que ambos matrimonios realizaron a costa del Palau de la Música, lo que sumaría más de 3,4 millones de euros.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO IMPONE UNA FIANZA CIVIL DE 1,6 MILLONES DE EUROS A JAUME MATAS

Tal y como pedía la Fiscalía

* Por los perjuicios derivados de la contratación irregular de Calatrava


Europa Press | Palma

El titular del juzgado de instrucción número 3 José Castro, encargado del caso Palma Arena, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, tal y como solicitó hace unas semanas la Fiscalía anticorrupción por posibles perjuicios económicos derivados de la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por parte del Govern en la pasada legislatura.

En un extenso auto, el magistrado pide que se certifique que el ex conseller de Educación del PP, Francesc Fiol, es diputado en el Parlament, para que una vez confirmado su aforamiento, el juez pueda elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a fin de que éste pueda asumir la pieza del caso relativa a la contratación de Calatrava.

Asimismo, Castro ha decretado en su resolución el sobreseimiento de la pieza respecto al jefe de servicios de arquitectura del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Aleix Reinés, asistido por Gabriel Lladó, y la arquitecta de esta empresa Pilar Mesquida, defendida por Carlos Barceló. Ambos se encontraban imputados en este fleco, uno de los 25 en que se divide esta compleja causa.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en calidad de acusación particular, pidieron la fianza civil resultante de sumar los 1,2 millones de euros por los que fue contratado Calatrava más un tercio que marca la Ley, mediante un escrito en el que las acusaciones apuntan a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Frente a ello, en un escrito de alegaciones, la defensa de Matas, ejercida por los letrados Rafael y Salvador Perera, negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Mientras tanto, el propio ex jefe del Ejecutivo autonómico, durante la declaración que prestó ante el juez el pasado día 22 en calidad de imputado, Jaume Matas, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que realizase el anteproyecto y defendió la legalidad de su contratación, que se efectuó de forma directa y sin concurso pese a lo elevado de la cantidad que se le abonó.

En su comparecencia, el principal encausado del caso defendió así que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", que después fue elevada al Consell de Govern, y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente". En este sentido, incidió en varias ocasiones en que la presensión del Govern era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero.

En relación con el ingeniero, las acusaciones han considerado probado que el trabajo que le fue encargado fue realizado, lo que Calatrava justificó durante su comparecencia como encausado con numerosa documentación como bocetos y planos que debían servir para el anteproyecto. Consideran así que las irregularidades se habrían cometido en la tramitación del expediente a través del Ibisec, por lo que no solicitaron medida cautelar alguna contra él como tampoco ninguna fianza.

El anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
Se suma a los tres millones de fianza penal

Cabe recordar que contra Matas ya pesa una fianza penal de tres millones de euros para evitar su ingreso en prisión, en el marco del caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de este velódromo durante la pasada legislatura. También se indaga su supuesta conexión con el tren de vida llevado por Matas mientras era presidente y una financiación presuntamente irregular del PP.

Antes de que le fuera impuesta esta caución, Matas declaró a lo largo de tres días el año pasado dentro de esta causa, en el marco de la cual pesan sobre él los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

EL TSJA ANULA LA ACUSACIÓN POR DELITO URBANÍSTICO CONTRA EL EXALCALDE DE TORROX

También contra ocho concejales

Europa Press | Málaga

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que anula los escritos de acusación presentados contra el exalcalde de Torrox (Málaga) Francisco Muñoz (PSOE) y otros ocho concejales de la anterior corporación municipal por un presunto delito urbanístico, e insta a los denunciantes a ratificar su querella con el fin de continuar investigando los hechos.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula un auto dictado en julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que ordenó abrir un procedimiento abreviado contra Muñoz y los otros ediles; y también deja sin efecto los posteriores escritos de acusación presentados por los querellantes y el Ministerio Fiscal, que solicitaba penas de prisión e inhabilitación para los concejales.

La investigación de estos hechos se inició en 2006 a raíz de una denuncia presentada, entre otros, por tres concejales de IU -entre ellos, la actual alcaldesa de Torrox, Antonia Claros- y dos del PIU -finalmente retiraron su denuncia- por un presunto delito contra la ordenación del territorio o prevaricación administrativa, por la aprobación en pleno de cinco proyectos de actuación para viviendas en el campo, pese a los informes desfavorables del secretario municipal y la Junta de Andalucía.

En un principio, se hizo cargo del caso el Juzgado número 1 de Torrox, que dictó la mencionada resolución de apertura de procedimiento abreviado contra los acusados, aunque, a petición de este mismo órgano, finalmente ha sido el TSJA quien ha asumido la investigación y, tras analizar el expediente, ha dictado la anulación del auto inicial y el inicio de nuevas diligencias.

La anulación de la resolución se fundamenta, según el TSJA, en el hecho de que una de las personas denunciadas, la parlamentaria autonómica andaluza Estrella Tomé, tiene la condición de aforada, de forma que el Juzgado de Torrox "carecía de competencia objetiva" para dictar ese auto, "por lo que ha de quedar sin efecto, tanto respecto de Estrella Tomé como del resto de imputados" por tratarse de unos mismos hechos.

A raíz de esta decisión, la defensa de los imputados ha explicado a Europa Press que, en razón de lo expresado en el auto, "en este momento ninguno de los querellados está acusado de ningún delito, ni de prevaricación ni de ordenación del territorio", sin perjuicio de lo que se pueda determinar a posteriori tras investigar nuevamente el caso.

Pese a la anulación del auto inicial, el Alto Tribunal Andaluz sí asumirá como válidos en la investigación el resto de procesos desarrollados por el Juzgado de Torrox, aunque ha dejado claro que los querellantes deberán ejercer como acusación popular y no como particular, "puesto que el hecho de tener la condición de concejales no les confiere la condición de ofendidos que les permitiese constituirse en acusación particular".

La decisión de continuar investigando el asunto se basa, según el TSJA, en que "no puede descartarse" que la autorización concedida por el pleno "viniera determinada por intereses particulares, y que éstos prevalecieran conscientemente sobre el interés público".

Por esta razón, y conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, el auto indica que "procede que la Sala asuma su competencia e incoe las correspondientes diligencias previas para que se continúe la investigación en la medida necesaria para determinar la realidad de los hechos narrados en las querellas".

Para ello, el juez ha dado un plazo de diez días tanto a querellantes como a querellados para que comparezcan ante el TSJA para ejercer sus derechos y, de este modo, dar pie al inicio de estas nuevas diligencias de investigación.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LAS ACUSACIONES PIDEN UN AÑO DE CÁRCEL Y MULTA DE 3,6 MILLONES PARA EL EXDELEGADO DE EMPLEO

Daniel Ponce, Antonio Rivas y Fernando Mellet.
Por la petición de comisiones ilegales

* El PP es la que pide las penas más altas para el exdelegado de Empleo
* La fundación del mercado central imputa a Antonio Rivas también por cohecho
* El PA solicita para Rivas un año de cárcel y nueve de inhabilitación

Efe | Sevilla

El PP, el PA y la Fundación Mercasevilla han pedido condenas de un año de cárcel, trece de inhabilitación y multas que totalizan hasta 3,6 millones de euros para cada uno de los cuatro acusados de pedir comisiones en Mercasevilla, entre ellos el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas.

Las tres acusaciones particulares incluyen entre los imputados a Rivas, a diferencia del PSOE, que solo acusa a Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla, y a su adjunto Daniel Ponce, para quienes pide dos años de cárcel y multa de 18.000 euros.

Las cuatro acusaciones explican en su relato de los hechos que en noviembre de 2008 el Servicio Andaluz de Empleo concedió una subvención excepcional de 900.000 euros para abrir una Escuela de Hostelería en Mercasevilla, para lo cual los acusados se reunieron en distintas ocasiones con empresarios del Grupo La Raza de hostelería.
 
'Contribución a la Junta'
En dichos encuentros les pidieron, como condición para ser adjudicatarios, entregar 300.000 euros "como comisión para abonar a la Junta de Andalucía" y otros 150.000 euros para la acometida eléctrica, pese a que la subvención oficial era para el total de las obras de acondicionamiento.

Recogen las acusaciones que los procesados comentaron a sus interlocutores que "en la Junta de Andalucía era normal reclamar este tipo de contribución", que la Junta "colabora con quienes a su vez colaboran con ella" y que el dinero debían entregarlo en un maletín "que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese".

Excepto el PSOE, las demás acusaciones incluyen entre los imputados a la funcionaria Regla Pereira, directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, y a Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla que el domingo anunció su baja del PSOE y cuya agrupación local de Camas (Sevilla) se ha visto salpicada por tres casos de prejubilaciones irregulares.
 
Partido Popular
El PP es la acusación que pide las penas más elevadas para Rivas, que sitúa en multa de 1.350.000 euros -el triple de la comisión solicitada- y tres años de inhabilitación para empleo público por un delito de cohecho; un año de cárcel, seis de inhabilitación y multa de 900.000 euros por un delito de tráfico de influencias y otros cuatro años de inhabilitación y multa de 1.350.000 euros por un delito de uso de información privilegiada.

Para Mellet, pide un año de cárcel y trece de inhabilitación y para Ponce y Pereira tres de inhabilitación.
 
Partido Andalucista
En el caso del PA, solicita para Rivas un año de cárcel y nueve de inhabilitación, para los restantes tres acusados tres años de inhabilitación y multa para cada uno de ellos de 1.350.000 euros.
 
Fundación Mercasevilla
La Fundación Mercasevilla, por su parte, reclama una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión para los cuatro imputados.

Este sumario, que será enjuiciado por un jurado popular, es el primero de los cinco abiertos por la juez de instrucción 6 de Sevilla que llega a juicio pero la magistrada investiga otros cinco por delitos societarios, por la "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla y por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias empresas andaluzas.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA ASEGURA QUE NO TRATÓ DE OCULTAR SU PATRIMONIO NI SUS SOCIEDADES

Presunto cerebro de la trama de corrupción

Europa Press | Málaga

El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que "en ningún momento he tratado de ocultar que mi patrimonio o el patrimonio de mis sociedades era mío, disfrutaba perfectamente a ojos de todos".

"Si yo tratara de ocultar que era el verdadero propietario, no hago que en 2005 se escrituren las sociedades a nombre de mis hijos", ha apuntado.

Roca ha seguido contestando este miércoles a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio del caso 'Malaya', repasando las 71 empresas que supuestamente se vinculan al exasesor de Urbanismo marbellí, las distintas operaciones, sobre todo inmobiliarias, que realizaron y las personas encargadas de la administración.

Ha explicado que cuando el responsable del gabinete jurídico que administraba sus empresas, Manuel Sánchez Zubizarreta, también acusado, le dijo que quería retirarse, "yo iba a coger directamente parte de lo que se llevaba desde ese despacho". Así, sus dos hijos pasan a ser titulares de cuatro sociedades, con el objetivo de "trasladar todas las acciones de las sociedades a éstas".

En este punto, ha indicado que esta nueva estructura se estuvo preparando durante seis meses una vez terminó su periodo de inhabilitación y ha señalado que con los fondos transmitidos por él anualmente -unos 3.000 euros- a cuentas de sus hijos desde que eran pequeños "se pensaba pagar al gabinete el desembolso de las acciones, pero no se pudo llevar a cabo", por el caso 'Malaya'.

"No existe ninguna posibilidad de que mis hijos al hacer esa compra entren en ningún tipo de delito", ha indicado el presunto cerebro de la trama, quien ha apuntado que éstos aportaron "bienes suyos, es decir, dinero que previamente les había dado su padre durante 18 años para comprar unas acciones de sociedades de su padre, que como estamos viendo están fuera de toda sospecha".

"OPERACIÓN TEQUILA"; CINCO DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN EL PUERTO

Un agente custodia uno de los despachos investigados por orden jucicial. | José F. Ferrer
CÁDIZ | El juzgado decreta el secreto de sumario
 
* Las detenciones están relacionadas con la 'operación Tequila'
* El ex alcalde Hernán Díaz está imputado por conceder licencias ilegales
* El juzgado ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones
* La Policía registra varios despachos desde primeras horas de la mañana
* Las actuaciones se refieren a gobiernos anteriores al actual

Andros Lozano | Cádiz

Cinco personas han sido detenidas a primera hora de la mañana de este miércoles en una operación contra la corrupción urbanística llevada a cabo por la Policía Nacional en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, según han confrmado a ELMUNDO.es fuentes policiales.

Entre los detenidos se encuentra el jefe del servicio de licencias de urbanísticas del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell. Junto a él ha sido detenido también el ex concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (del grupo Independientes Portuenses) y otras tres personas, relacionadas con un caso que se investiga desde hace años.

La Policía Nacional ha registrado, por orden judicial, desde las 9 horas dos despachos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en busca de informes y documentación relativos al caso, han confirmado desde el propio Ayuntamiento.

Esta fuentes aseguran que los registros se realizan por orden del juzgado número 3 de El Puerto de Santa María, que investiga el asunto y que ha decretado el secreto del sumario.

Según se ha podido conocer, los hechos supuestamente delictivos se refieren a gobiernos municipales anteriores de El Puerto de Santa María, de la época en que gobernó Independientes Portuenses (IP).

Asimismo, fuentes policiales consultadas por ELMUNDO.es han señalado que los hechos se encuentran relacionados con la operación 'Tequila', por la que se imputaron el pasado año a once personas, entre ellas al ex alcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz (IP), por su presunta implicación en una trama dedicada a la especulación urbanística.

Esta operación policial se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Cádiz adscritos al Equipo de Delincuencia Urbanística recibieron una denuncia de un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre unas supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio.

La investigación, según informó en su día el Instituto Armado, determinó que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, entre los años 2004 a 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aun teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".

elmundo.es

"OPERACIÓN PICNIC"; EL JUEZ FIJA UNA FIANZA DE 300.000 EUROS PARA CRISTINA CERDÓ

El juez ha dictado prisión provisional bajo fianza de 300.000€ para Cerdó y de 100.000€ para Cortés

DIARIODEMALLORCA.ES/EFE. PALMA
El juez Francisco Pérez ha dictado esta madrugada prisión provisional eludible con una fianza de 300.000 euros para la exconcejal de Unió Mallorquina (UM) del Ayuntamiento de Palma Cristina Cerdó y de 100.000 euros para su "número 2" en la Concejalía de Medio Ambiente, Paula Cortés.

En ambos casos, el magistrado al frente del juzgado de instrucción número 12 de Palma, en funciones de guardia, ha fijado las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción tras una larga jornada de declaraciones.

Además, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán han pedido una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a UM en el marco de la "operación Picnic", sobre la que el juez no se ha pronunciado y que no se decidirá hoy, según han informado fuentes judiciales.

En esta causa se investiga una trama que contrataba a informadores medioambientales a través de entidades del Ayuntamiento de Palma y que presuntamente trabajaban en realidad para UM en la captación de votos y afiliados.

El presidente de UM, Josep Melià, y el secretario general de la formación, Joan Monjo, han acudido a los Juzgados a las 23.00 horas tras haber sido citados por el juez para notificarles la petición de fianza por las posibles responsabilidades patrimoniales que deriven de esta causa.

Melià y Monjo acababan de ofrecer una rueda de prensa en la que habían anunciado la disolución de UM y su constitución como un nuevo partido denominado "Convergència per les Illes Balears".

El juez Pérez ha tomado declaración esta mañana durante dos horas a la exconcejala y expresidenta de Emaya, Cristina Cerdó.

Poco después, el juez ha citado también a declarar al exconseller de Deportes y Juventud de UM y coordinador de campaña de la formación en Palma en las elecciones de 2007, Mateu Cañellas, que ha sido detenido en su domicilio y esta noche ha sido puesto en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares.

También ha prestado declaración la coordinadora de área en la Concejalía de Medio Ambiente de Palma y segunda de Cerdó, Paula Cortés, quien ha defendido en su comparecencia la legalidad de las contrataciones llevadas a cabo, según han informado fuentes jurídicas.

Cerdó, Cañellas y Cortés ocupaban, en ese orden, los puestos segundo, tercero y cuarto de la lista con la que UM concurrió a las últimas elecciones municipales en Palma, una candidatura que encabezó Miquel Nadal, exconcejal y exconseller de Turismo imputado en los casos Voltor y Maquillaje.

El juez ha llamado también a declarar esta tarde en condición de imputados a dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma y a un empresario, que no han llegado a ser detenidos y cuya imputación ha sido sobreseida tras su comparecencia. Los tres continúan en la causa como testigos.

También ha declarado otra funcionaria en calidad de testigo. Los cuatro han sido citados para preguntarles por cuestiones relativas a las declaraciones de Cerdó y Cortés y han empezado a declarar pasadas las 20.30 horas.

Con las nuevas imputaciones, son catorce las personas presuntamente implicadas en el caso de supuesta malversación de fondos municipales en beneficio de UM que está investigando la Justicia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y cuya fase operativa empezó el viernes con un registro en la sede de UM.

Unió Mallorquina formó parte de los gobiernos de Palma, Consell de Mallorca y Govern balear desde junio de 2007 hasta hace un año, cuando PSOE y Bloc decidieron romper los pactos por la sucesión de casos de presunta corrupción que afectaban a ese partido.


"CASO MERCASEVILLA"; EL PSOE RETIRA LA ACUSACIÓN CONTRA ANTONIO RIVAS Y LO CALIFICA COMO ESTAFA FRUSTRADA

El ex delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, en los juzgados de Sevilla. | C. Márquez
Dimitió el lunes de todos sus cargos en el partido

* El PSOE cree que no hay que procesar a Rivas porque los indicios son 'débiles'
* Sólo acusa a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce
* Los socialistas califican los hechos como estafa frustrada y no como cohecho
* Argumentan esta calificación porque los acusados no son funcionarios públicos

Efe | Sevilla

El PSOE, personado como acción popular en la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, no ha presentado acusación contra el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, y ha calificado los hechos como estafa en grado de tentativa y no como cohecho.

El abogado del PSOE, Angel Prados, ha dicho que en su escrito de calificación presentado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla solo acusa a Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla, y a Daniel Ponce, ex director adjunto, para quienes pide dos años de cárcel por una estafa en grado de tentativa.

El PSOE califica los hechos como estafa frustrada porque no considera que los acusados fueran funcionarios públicos, pese a pertenecer a una empresa propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa, y por ello se opone a la calificación como cohecho, lo que ha llevado a que el caso sea enjuiciado por un jurado popular.

El PSOE cree que no se debe procesar a Rivas porque la propia juez, en su auto de procesamiento, reconoció que los indicios contra él son "débiles", y ello teniendo en cuenta que se trata de un sumario que ha sido objeto de una "profusa investigación", ha dicho Prados. "Es más prudente no acusar que hacerlo sin pruebas", ha dicho el letrado del PSOE.

Precisamente, el ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía presentó el pasado 27 de febrero su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla). Entonces, solicitó también la suspensión temporal de militancia hasta la celebración del juicio.

Esta parte tampoco acusa a la funcionaria Regla Pereira, incluida por la Fiscalía en la causa por la presunta petición de 450.000 euros en comisiones ilegales al Grupo La Raza de Hostelería como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería del mercado central sevillano.

Prados ha indicado que, frente a la multa de 900.000 euros pedida por la Fiscalía para cada acusado, su escrito sólo solicita 10.000 euros al tratarse de un delito en grado de tentativa en el que no se llegó a cobrar nada.

La Fiscalía de Sevilla pidió la semana pasada una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados por esta presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, para lo que se ampararon en la subvención de 900.000 euros que ya había conseguido de la Junta.

Además
* Los 18 imputados 

"CASO MALAYA"; ROCA: "CON 12.000 EUROS AL MES YO VIVÍA MUY BIEN"

Bloque dedicado a la presunta red de blanqueo

* Reconoce haber amasado 210 millones en patrimonio desde 1992 a 2003

José Carlos Villanueva | Málaga

El considerado cerebro de la trama de presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha reconocido este martes, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, haber amasado un patrimonio de 210 millones de euros desde su llegada al Consistorio, en 1992, hasta el año 2003. Se trata del periodo reflejado en los archivos contables que aporta en su escrito de acusación el Ministerio Público.

"Con unos ingresos de 12.000 euros al mes (netos) en el Ayuntamiento de Marbella yo vivía muy bien", ha expuesto en su declaración, que ha abierto este segundo bloque, en el juicio del caso 'Malaya'. Se juzga, además de a Roca, a otras 15 personas consideradas testaferros del principal acusado en la llamada "organización criminal" dedicada al blanqueo de capitales, tal y como sostiene el fiscal.

En el Consistorio marbellí Roca percibía desde 1992 un sueldo anual de más 200.000 euros, incluida "una gratificación", proveniente de su actividad como "director" de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., encargada de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En 2003 dichos emolumentos anuales se redujeron a la mitad, cuando la citada mercantil fue absorbida por Gerencia de Obras, también de carácter público.

"¿Como rentas a partir del 92, al margen de su actividad en Planeamiento, tenía rentas declaradas?". Ante esta pregunta del fiscal, Roca ha respondido que "no". López Caballero cifra en 240 millones de euros el dinero lavado por la trama, proveniente de actividades delictivas, principalmente el cohecho, a modo de comisiones ilegales percibidas por el ex asesor urbanístico desde su llegada a la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L.

Roca sostiene que se dedicaba a la "actividad inmobiliaria" desde los 25 años en Murcia, antes de llegar a Marbella, así como que disponía de 500 millones de las antiguas pesetas, en activos, a nombre de la sociedad Marbella Inversiones.

No ha tenido reparos en reconocer que no declaraba al fisco los beneficios de las más de 70 sociedades que él mismo controlaba. De hecho, ha hablado de "fondos opacos" a Hacienda en el caso concreto de la sociedad Marbella Inversiones.

"El alcalde, don Jesús Gil, me nombró a dedo", ha aclarado para referirse a cómo fue su designación al frente de dicha entidad municipal. También ha expuesto que compaginó su actividad pública con la privada cuando el fiscal se ha interesado en conocer si era así.

"¿Su jornada laboral le permitía atender sus negocios de forma habitual?", ha inquirido la acusación pública. El principal acusado ha respondido que "en un primer momento no. No tenía a nadie. Primero se incorporó uno de los imputados, Oscar Benavente, y luego yo me dedicaba por las tardes". Roca ha llegado a concretar que desde la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz, en agosto de 2003, hasta su detención en 2006, "yo iba al Ayuntamiento lunes y martes y el resto de los días los dedicaba a mis empresas". Todo ello -ha acotado- "por autorización expresa de la alcaldesa", en alusión a Marisol Yagüe.
 
Patrimonio
De los 210 millones en que ha cifrado su patrimonio el ex brazo derecho de Jesús Gil "90 millones de euros corresponden al activo" de todas sus sociedades, una vez descontado el pasivo. A este respecto se ha ceñido- de acuerdo con ellas- a las cifras aportadas por el administrador judicial de sus empresas, nombrado por el ex instructor del caso, Miguel Ángel Torres.

Se ha reconocido "propietario" de distintas embarcaciones de lujo, así como "propietario parcial" de aeronaves. Su sociedad Heliponto Marbella S.L. participaba con un 25% en la sociedad Marbella Airways a la hora de adquirir un avión tipo Cesna y un helicóptero.

El fiscal tabién le ha preguntado por "bienes suntuarios" como un vehículo Mercedes, modelo "alas de gaviota", valorado en 200.000 euros. Roca le ha respondido que "toda la colección de coches se vendió en 4000.000 euros", por lo que no está de acuerdo con dicha valoración.

Entre dichos bienes López Caballero ha incluido también cuadros y una colección de carruajes valorada en 3 millones de euros: "¿Todo esto lo compraba usted con fondos no declarados a Hacienda?". Roca le ha respondido que "con fondos no declarados y en parte con fondos de sociedades. No me atribuya la compra a mí porque no es cierto".

Así pues, el principal encausado ha jugado en todo momento, en el marco de su defensa, con la distinción entre él como persona física y las personas jurídicas que representaban las sociedades en las que participaba, con distintos porcentajes de acciones.

Además, ha presumido de que "de mis 20 sociedades sólo dos han tenido que ir a concurso de acreedores, porque las demás se mantienen". La mayor parte del asunto que se dirime desde este martes gira en torno al gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Zurita, seis de cuyos letrados se sientan en el banquillo. De todos ellos informó EL MUNDO en abril de 2003 cuando desveló su participación en el entramado societario de Juan Antonio Roca, a la hora de ocultar la titularidad del patrimonio.

Este periódico también puso al descubierto en 2003 el nombre de Salvador Gardoqui como contable de Roca en la sociedad Maras Asesores. Se trata de la empresa que gestionaba la contabilidad interna de numerosas empresas del ex asesor urbanístico, así como la llamada ‘caja b’ con pagos a terceros.

Sobre dichos archivos, Roca no ha querido reconocer si la autoría de los mismos correponde a Gardoqui "hasta que él no declare", por lo que ha pedido al fiscal que no le pregunte más al respecto.

También está entre los 16 acusados la abogada madrileña Montserrat Corulla, testaferro de Roca en distintas sociedades que operaban en Madrid, dedicadas a la compra venta y recalificación de inmuebles, principalmente para uso hotelero.

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