jueves, 5 de mayo de 2011

EL FISCAL INVESTIGA PROYECTOS QUE CAMPS PAGÓ A CALATRAVA Y NO SE HAN HECHO

Un contrato revela que el arquitecto excede los encargos y gana con los sobrecostes

ADOLF BELTRAN - Valencia

La fiscalía investiga si se ha cometido algún delito en los contratos de la Generalitat valenciana, que preside Francisco Camps (PP), con el arquitecto Santiago Calatrava. Una denuncia presentada por Esquerra Unida del País Valencià -que comparó el asunto con el caso Palma Arena, por el que están imputados el expresidente balear Jaume Matas, también del PP, y el propio arquitecto-, reveló que Calatrava había cobrado 2,7 millones por el proyecto de un Centro de Convenciones en Castellón pese a que está paralizado y "excedía" todas las previsiones en coste y superficie; que cobró 2,5 millones por el proyecto de tres torres junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, también paralizado, y que recibió unos 600.000 euros por la reforma de la dársena de Torrevieja, que se ejecutó siguiendo otro proyecto.

El arquitecto cobró 5,8 millones por tres proyectos que están paralizados

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) derivó cada uno de los casos a la respectiva fiscalía provincial. Si las diligencias implican a cargos aforados, el caso volverá a la Fiscalía del TSJCV. La primera en abrir una investigación ha sido la Fiscalía de Valencia, que ha designado fiscal instructor sobre unos "hechos que pudieran ser constitutivos de delito".

Así lo indica la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en un escrito que recuerda que la denuncia se refiere a "los posibles delitos de prevaricación, malversación y defraudación tributaria contra intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia".

Se trata del proyecto de construcción de tres torres diseñadas por Calatrava que no se han edificado pero por las cuales la Generalitat valenciana pagó al arquitecto 2,5 millones de euros. La Fiscalía de Castellón también ha abierto una investigación por posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso del Centro de Convenciones, el más documentado de los tres.

En ese último caso, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol consiguió acceder al expediente y fotografiar el que hasta ahora es el primer contrato de Calatrava con la Generalitat que se ha hecho público, dado que el Gobierno de Camps siempre alega la existencia de cláusulas de confidencialidad para evitarlo.

El contrato prevé que Calatrava cobre un 12,5% del coste total de la obra y que los honorarios aumenten en la medida en que se producen sobrecostes en la obra. Los sobrecostes han sido uno de los aspectos reiteradamente denunciados por la oposición en las Cortes valencianas. Solo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el proyecto emblemático de Calatrava en Valencia, superan los 600 millones de euros, según datos de la Sindicatura de Comptes.

"Las cantidades de las que estamos hablando", señaló la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, "son astronómicas, y lo más grave es que las obras finalmente no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse. Queremos la máxima transparencia sobre cada uno de los proyectos encargados por Camps a Calatrava".

La Generalitat valenciana explicó que no tiene notificación alguna de la fiscalía y defendió la legalidad de los contratos de Calatrava con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, a la que corresponden los tres denunciados, y con la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Según el Gobierno de Camps, la paralización del proyecto de Castellón está causada por problemas urbanísticos y la de las torres en Valencia por la crisis inmobiliaria. La Generalitat quiere sacar a subasta la parcela y el proyecto de las denominadas Torres de Calatrava.

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"CASO CAN DOMENGE"; LA FISCALÍA INVESTIGA UN SOBORNO DE CUATRO MILLONES A LA CÚPULA DE UNIÓN MALLORQUINA

ANDREU MANRESA - Palma

El presunto soborno llegó a Mallorca por mar, y se lo entregó un capitán de yate a un político. La Fiscalía Anticorrupción cree que la antigua cúpula de Unió Mallorquina (UM) percibió así, de forma clandestina, una dádiva de cuatro millones de euros por adjudicar en 2006 el solar público de Can Domenge de Palma a mitad del precio, por 30 millones cuando existía una oferta de 61 millones. El negocio inmobiliario -frustrado- consistía en la construcción de 600 viviendas.

Ayer fue interrogado sobre este supuesto cohecho el empresario Román Sanahuja. Su firma, Sacresa, se hizo con la parcela pese a que José Luis Núñez ofertó el doble. El expresidente del Barça se querelló después contra los políticos de UM, cuya dirección está implicada en otros cinco escándalos de corrupción.

Hace unos meses, Sanahuja llegó a un pacto con los fiscales y reveló a otro juez -dentro del sumario matriz del caso can Domenge- parte de la trama corrupta, aportando detalles del supuesto tráfico de influencias y acceso a documentación privilegiada sobre la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca -en la legislatura de 2003 a 2007, bajo el mando del Partido Popular y UM-.

El juez investiga los supuestos delitos de fraude a la Administración, revelación de secretos y prevaricación. Están imputados los exdirigentes de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Miquel A. Flaquer y Tomeu Vicens. La fiscalía pide para ellos seis años de cárcel, pero si se documentara el soborno se agravaría la acusación.

Un hallazgo sorprendente ha coincidido con esta nueva investigación. El presunto cobrador Tomeu Vicens, exsecretario de UM y exresponsable de Urbanismo de Mallorca, al que se le habían embargado todos sus bienes y cuentas bancarias, tenía 11.000 euros en billetes de 500 ocultos en unas zapatillas deportivas. Ese botín secreto fue descubierto cuando su mujer trató de llevarle el calzado a la cárcel donde cumple condena desde hace diez meses la pena a tres años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación. Su esposa adujo que el fajo de billetes procedía de una herencia.


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"CASO GÜRTEL"; NASEIRO ASEGURA AL JUEZ PEDREIRA QUE PIDIÓ A BÁRCENAS 350.000 EUROS PARA COMPRAR CUADROS

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

El extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro aseguró ayer ante el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que pidió prestados 350.000 euros en 2002 a su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, para comprar obras de arte. Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP del que salió indemne porque el Tribunal Supremo anuló las grabaciones que le delataban, ratificó así ayer la versión dada por Bárcenas al juez el pasado 29 de marzo. Bárcenas se halla imputado en Gürtel por delito fiscal y cohecho. Según Bárcenas, Naseiro, especialista en arte y comprador habitual de cuadros, es su amigo y le pidió en aquella fecha esa cantidad para comprar cuadros, si bien Naseiro consiguió más tarde y por otra vía el dinero y le dijo que devolviese el préstamo. Así lo contó Bárcenas al juez y, según fuentes de las partes personadas en Gürtel, Naseiro le avaló ayer ante Pedreira.

El extesorero del PP admite que no tiene facturas de las obras adquiridas

La policía sostiene, en cambio, que Bárcenas, forzado a dimitir en abril de 2009 como tesorero nacional del PP, utilizó esa operación para blanquear dinero de la trama Gürtel. A la policía siempre le ha extrañado esta operación: no es normal pedir 350.000 euros a un banco y devolvérselos un mes después. La policía y la fiscalía enlazan este dinero con supuestos pagos de la trama Gürtel a un tal "L. B., o Luis, El Cabrón" -que los investigadores relacionan "sin ninguna duda" con Luis Bárcenas- en fechas inmediatamente anteriores a esa operación.

Bárcenas mantiene que él no es el "L. B." que figura en la caja B de la trama que dirigía Francisco Correa como receptor de esas cantidades.

Naseiro confirmó ayer la versión de Bárcenas y explicó que en su día le pidió que le prestara 350.000 euros para unas obras de arte. Pero que, finalmente, no necesitó el dinero y entregó 5.000 euros a Bárcenas para sufragar los gastos del préstamo bancario. Naseiro agregó que finalmente compró cuadros en el extranjero, pero con su dinero, no con el del préstamo.

El juez Pedreira preguntó a Naseiro si disponía de las facturas de la compra de esos cuadros. Naseiro dijo que no disponía del justificante, y se basó en el tiempo transcurrido desde entonces y en las numerosas compraventas de obras que ha desarrollado en la última década. No obstante, dijo que sí dispone de la documentación relativa a las obras.

Bárcenas también figura imputado en Gürtel por haber recibido supuestos sobornos de la trama por mediar junto con otros altos cargos del PP ante la Junta de Castilla y León para conseguir contratas destinadas a empresas afines a la red de Correa, entre ellas, la variante de la localidad de Olleros de Alba (León). De esta parte del sumario, que en total ocupa ya 265.000 folios, el juez Pedreira se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, pero la decisión no es firme porque quedan pendientes recursos.


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"CASO PALMA ARENA"; LOS HERMANOS GARCÍA-RUÍZ NIEGAN EL DELITO FISCAL QUE SE LES IMPUTA

Declaraciones ante el juez

Efe | Palma

Los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, arquitectos del pabellón Palma Arena, han negado ante el juez instructor el delito fiscal que se les imputa en la última pieza abierta en este extenso caso de corrupción.

Los hermanos García-Ruiz, defendidos por José Zaforteza, han comparecido este jueves ante el juez en el marco de la pieza número 26 y han negado las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, según han informado fuentes jurídicas.

En esta pieza, la número 26, se investiga un delito fiscal respecto a las facturaciones de la empresa de los hermanos arquitectos, GR1, derivadas de las obras del velódromo palmesano.

En el año 2009 y tras tomarles declaración, el juez Castro fijó para los García-Ruiz una fianza civil de 1,2 millones para responder a supuestas responsabilidades civiles derivadas de este caso.

Sin embargo, esta fianza ha sido anulada este año por la Audiencia de Palma al entender que la pista de la instalación no se cobró dos veces, como sostenían el juez y las acusaciones.

Los arquitectos García-Ruiz asumieron el proyecto del Palma Arena tras la destitución del primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann.

Entre otras cosas, el juez Castro investiga en este extenso caso de corrupción el sobrecoste en la construcción del velódromo, presupuestado en 48 millones de euros y que al final costó al Govern balear alrededor 110 millones de euros.