miércoles, 22 de septiembre de 2010

"CASO PEAJE"; AGUIAR ADMITE QUE LA UTE LLEVÓ 60 CAMIONES DE TIERRA A SU FINCA

El ex director de Carreteras ha reconocido que tenía desde hacía tiempo un acuerdo verbal con la constructora Melchor Mascaró

EFE. PALMA El ex director insular de Carreteras del Consell de Mallorca Gonzalo Aguiar (UM) ha reconocido hoy a la jueza del "caso Peaje" que la constructora Melchor Mascaró, miembro de la UTE concesionaria del desdoblamiento de la carretra de Manacor, llevó a su finca unos 60 camiones con tierra de esta obra como favor mutuo.

Aguiar ha declarado durante unas dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Palma, que investiga esta causa de supuesta corrupción durante la legislatura pasada sobre supuestos desvíos de dinero público hacia obras privadas facturadas como si fueran parte de los trabajos de desdoblamiento de esta vía.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el ex director de Carreteras ha reconocido que tenía desde hacía tiempo un acuerdo verbal con la constructora Melchor Mascaró para que le llevara a una finca rústica de su propiedad ubicada en Petra tierra obtenida en las obras, de manera que él la trataba para usarla posteriormente y la constructora tenía un lugar donde depositarla.

Aguiar, que ostentó el cargo de director de Carreteras durante la pasada y actual legislatura, fue detenido en marzo de 2009 junto a otras 17 personas por esta causa de supuesta corrupción en el anterior mandato.

diariodemallorca.es

EL JUEZ SE RESISTE A QUE MILLET Y MONTULL DECLAREN SOBRE LAS COMISIONES A CDC

'CASO MILLET' | Juicio por el saqueo de la institución cultural

* El criticado juez Juli Solaz acepta, así, la petición de la defensa
* Un informe de Hacienda señala pagos de fondos del Palau a Convergència
* El magistrado quiere esperar a que los auditores ratifiquen sus informes

Efe | Barcelona

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música se resiste a citar a declarar por ahora a Fèlix Millet y Jordi Montull para interrogarles sobre el supuesto pago de comisiones a CDC, a la espera de que los peritos ratifiquen sus informes sobre el desvío de fondos de la entidad.

Según han informado fuentes judiciales, en un auto, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha aplazado hoy más de tres semanas la ratificación de las periciales de la auditora Deloitte y de la Agencia Tributaria, que ha señalado para los próximos días 18 y 25 de octubre, respectivamente.

Además, respecto a la petición de las acusaciones de que Millet y Montull declaren de nuevo para responder de los hechos que se han conocido en el último año, como el informe de Hacienda que apunta al presunto pago de comisiones a CDC, Solaz se ha limitado a señalar que lo resolverá una vez estén ratificadas la periciales.

Al posponer la citación de los peritos, inicialmente señaladas para los días 27 de septiembre y 1 de octubre, Solaz -criticado por algunos de sus colegas por su lentitud en esta causa- ha accedido a la pretensión de las defensas de Millet y Montull, que le pidieron aplazar un mes las periciales alegando que no disponían de tiempo suficiente para analizar los informes.

La Fiscalía, por su parte, se mostró partidaria de que la pericial se prorrogara diez o quince días, mientras que la acusación particular ejercida por el Consorcio del Palau de la Música -integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura- se opuso a posponerla.

El aplazamiento de la pericial de la Agencia Tributaria, que reveló que Millet habría pagado a CDC comisiones procedentes de empresas adjudicatarias de obra pública, podría provocar que la nueva declaración de los saqueadores confesos del Palau se demorara más allá de las elecciones catalanas del próximo 28 de noviembre, aunque tampoco es descartable que coincidan en plena campaña.

La Fiscalía, en una petición a la que se han sumado las otras acusaciones, considera necesario que Millet y Montull declaren por segunda vez en esta causa -que discurre paralela a la del caso del Hotel del Palau- para responder ante las nuevas revelaciones del saqueo, conocidas desde su declaración como imputados en octubre pasado.

De hecho, en la primera declaración de los principales imputados por el expolio, tras la que el juez los dejó en libertad provisional, ni siquiera se conocía el resultado de las auditorías provisionales, que elevaron a un mínimo de 20 millones un desvío de fondos que Millet y Montull limitaban a 3,3 millones en su confesión entregada al juzgado -y que las definitivas ya elevan a más de 30.

Los imputados, además, deberán dar explicaciones de las anotaciones incluidas en la documentación incautada en el Palau de la Música después de que los peritos de la Agencia Tributaria señalaran en su informe -entregado el pasado mes de agosto- que Millet actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña y la federación liderada por Artur Mas.

De acuerdo con esa pericial de técnicos de Hacienda, la constructora Ferrovial pagó supuestamente 5,9 millones de euros a cambio de la adjudicación de obras públicas por los gobiernos de Jordi Pujol, unas comisiones que habitualmente correspondían al 4% del presupuesto de los trabajos.

De ese 4%, señala la Agencia Tributaria, el Palau de la Música se quedaba con entre un 0,5 y un 1,5%, mientras que el resto iría a parar a las arcas de CDC, tanto en efectivo como a través de las donaciones a la Fundación Trias Fargas -vinculada a CDC- y mediante empresas que trabajaban para campañas de la formación convergente.

El juez Juli Solaz ha pospuesto su decisión de citar a declarar de nuevo a Millet y Montull, justo cuando se está pendiente de que la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, que investiga las irregularidades en la operación urbanística del hotel del Palau, resuelva si los interroga por tercera vez en apenas cuatro meses.

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; MUNAR Y NADAL PAGABAN A UN SOCIO DE VIDEO-U POR ASESORAR A SU TELEVISIÓN

El Consell de Mallorca

* Abonaron 25.500 euros públicos a Gené por ayudar a montar la televisión
* En ese momento el abogado ya compartía la productora Video-U


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Maria Antònia Munar y Miquel Nadal contraron como asesor para la puesta en marcha de la Televisión Mallorca al letrado Francisco Gené al mismo tiempo que compartían con él el accionariado de la productora Video-U. Una empresa que precisamente adquirieron para lucrarse con el negocio de la producción de la que popularmente se conocía como TeleMunar y con la que financiaron ilegalmente la campaña electoral de su partido durante los comicios autonómicos y municipales de 2007.

La sociedad Radio i Televisió de Mallorca, S.A., estando controlada por los históricos líderes de Unió Mallorquina (UM), abonó 25.250 euros públicos al letrado Francisco Gené bajo el concepto de «creación y puesta en marcha de Radio i Televisió de Mallorca, S.A., preparación y revisión de estatutos; alegaciones al anteproyecto del decreto de la comunidad autónoma por el cual se aprueba el régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de televisión local; asesoramiento Ley 10/2005 y Real Decreto 944/2005, de 29 de julio; y gestiones varias». Gené libró una factura en estos términos el 7 de junio de 2006 que le fue pagada por la empresa pública dependiente del Consell de Mallorca el 23 del mismo mes.

En el momento en el que los líderes de UM recurrieron a Gené, compartían ya con él el accionariado de la productora audiovisual que constituye el eje sobre el que gravita la denominada Operación Maquillaje.

La entrada en Video-U

No en vano, en noviembre de 2004 entraron al mismo tiempo en el accionariado de Video-U los testaferros de Munar y de Nadal –la Fiscalía Anticorrupción así lo sostiene ya tras admitirlo los administradores de la empresa y el propio Nadal– así como todos los miembros del bufete liderado por el decano de los abogados de Baleares, Joan Font, del que es socio Francisco Gené y su hermano Emilio.

Este paquete de participaciones fue adquirido, según reveló el fundador de la empresa, Miguel Oliver, ante el juez Juan Ignacio Lope Sola, tras una comida con Nadal en la que se acordó la entrada del lobby uemita en la sociedad que se acabaría llevando luego contratos por importe de más de cinco millones de euros públicos de la institución insular presidida por la formación nacionalista.

Explicó Oliver ante el juez que al ganar el PP de Jaume Matas las elecciones de 2003 y debido a su histórica vinculación con el PSOE, los populares decidieron «dar orden de que no se contratara a Video-U». «En este periodo», explicó el productor, «me reúno con Emilio Gené y le planteo las dificultades por las que pasa la empresa debido al veto impuesto por el PP». Y «poco después», abundó, «Gené organiza una comida en La Cuchara con Miguel Nadal yJoan Font en al que se habla de la posible compra de acciones».

En este sentido precisó Oliver que Nadal planteó «que podía estar interesado en la compra del 50% de las acciones... a fin de tener un medio de comunicación para promocionar su campaña electoral y la de UM». Así, «el Bufete Font, Emilio Gené y Francisco Gené solicitan quedarse con un 10% de las acciones de las empresas Bahía Difusión, S.L., y las de Video-U, S.A.». El día de la adquisición de participaciones ante notario, el 22 de noviembre, acudieron a la notaría el pariente de Munar Víctor García; el pariente de Nadal Miguel Sard; y los miembros del bufete del decano, que rubricaron unas escrituras de compraventa que habían sido preparadas previamente por Emilio Gené.

En aquel acto los 60.000 euros del Bufete Font no fueron abonados, tal y como detalló el propio Oliver, al considerar que así «condonaban honorarios de trabajos efectuados». Los abogados mantuvieron su participación en las empresas de la trama de UM, que fueron utilizadas para financiar ilegalmente la campaña electoral de 2007, hasta que el 20 de junio de 2008 la empresa Gestió i Accions de Comunicació, S.L., de Oliver compró las acciones a Font y a los hermanos Gené. Al término de su declaración, Oliver fue preguntado expresamente si con la entrada, en 2004, de los nuevos socios, es decir, de los familiares de Nadal y de Munar y de los abogados, «la mayoría accionarial se encontraba en manos de UM», teniendo en cuenta que la entonces presidenta del Consell de Mallorca y su vicepresidente adquirieron un 50% de las participaciones que no le bastaba para tener el control absoluto sobre la sociedad. «Sí, de personas vinculadas a UM», contestó Oliver.

No osbtante precisó que del 10% que recayó en manos de los abogados, «un 5% podía estar de mi lado y otro no» en referencia al 5% adquirido por el Bufete Font y el otro paquete idéntido adquirido por los hermanos «Emilio y Paco Gené». El testimonio de Oliver fue ratificado por el resto de administradores de Video-U, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, y fue desmentido posteriormente por el decano de los abogados, que si bien admitió la existencia de la comida con Nadal, negó que en ella se abordara la entrada en la sociedad y la compra de sus participaciones.

Sea como fuere, las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han acreditado ya que la empresa fue empleada para poner a sueldo sin trabajar a activistas de la campaña de UM y a líderes inmigrantes a los que se compró su voto con sueldos en Video-U. Pero también que esta sociedad pagó el montaje de los mítines del partido.

elmundo.es

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESBARATA LA ESTRATEGIA DE DEL NIDO CON LAS MINUTAS

La sala cree que hubo "daño real" en los pagos de Marbella al presidente sevillista

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El Tribunal de Cuentas ha lanzado un torpedo a la estrategia de defensa del abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, que está siendo juzgado en la Audiencia de Málaga por el llamado caso Minutas, el cobro de al menos 1,3 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales entre 1999 y 2003 por servicios que supuestamente no realizó. El máximo órgano fiscalizador del Estado ha cambiado de criterio y en al menos tres sentencias recientes considera que algunas de las facturas profesionales giradas por Del Nido de forma supuestamente irregular supusieron un "daño económico real y efectivo" en las arcas municipales.

El máximo órgano fiscalizador cambia de criterio y censura los pagos

Del Nido fue contratado, de forma verbal y sin mediar expediente alguno, por el fallecido alcalde Jesús Gil para asesorar jurídicamente al consistorio y a sus empresas participadas con motivo de la fiscalización de las cuentas municipales entre 1990 y 1999 que llevó a cabo el propio Tribunal de Cuentas. En las semanas previas al inicio del juicio del caso Minutas, el pasado mes de abril, y en su interrogatorio durante la vista oral, Del Nido se jactaba de que, en numerosas sentencias, el Tribunal de Cuentas no había apreciado perjuicio contable por las minutas giradas al Ayuntamiento.

Del Nido se refería a una parte muy concreta de su actuación: los llamados formularios SMM-1. Estos formularios eran enviados por el Tribunal de Cuentas a cada una de las 21 sociedades municipales marbellíes y estas debían cumplimentarlos con una serie de datos básicos de fácil acceso, como el nombre del gerente y los administradores o el domicilio social.

Por rellenar estos sencillos formularios, Del Nido, giró al consistorio en el año 2002, un total de 21 minutas por valor de 79.929 euros. Los documentos, además, no iban firmados por Del Nido, sino que los rubricó el entonces administrador de las empresas, Modesto Perodia. Del Nido adujo que su labor, que requirió ocho viajes entre Sevilla y Marbella, consistió en recabar la información para rellenar los cuestionarios.

En las primeras sentencias sobre las sociedades municipales, el Tribunal de Cuentas entendía que no había pruebas de que el Del Nido no realizara los servicios por los que cobró sumas millonarias. Estas tesis han servido al mandatario sevillista como base para articular su defensa en el juicio que se sigue contra él desde abril en la Audiencia de Málaga. El fiscal pide para el letrado 16 años de prisión.

Ahora, la doctrina ha cambiado. En sus tres últimas sentencias, la sala "no considera suficientemente acreditada la realización de los servicios profesionales por los que minutó y cobró el señor Del Nido". El órgano fiscalizador sostiene que en sus fallos anteriores, los pagos a Del Nido por los SMM-1 se contemplaron de forma aislada y "sin tener una visión de conjunto". Este nuevo enfoque permite al Tribunal de Cuentas sostener que "fue una práctica generalizada la de pagar importantes cantidades de dinero por servicios irregularmente contratados (...) y cuya utilidad, valor real y necesidad siempre parecen dudosas".

Las sentencias, que pueden recurrirse ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Contencioso-Administrativo), no se detienen solo en los famosos formularios. Una de ellas también considera que se creó un daño contable cuando Del Nido cobró 278.869 a la entidad Control de Servicios Locales SL por intervenir en 2001 en dos diligencias preliminares del Tribunal de Cuentas. Del Nido, contratado supuestamente para defender los intereses municipales, representaba en realidad en eses actos a los supuestos autores de los perjuicios contables que había sufrido esa sociedad municipal.

elpaís.com