jueves, 3 de mayo de 2012

NUEVA CONDENA A UN EXCARGO CORRUPTO DE UNIÓ MALLORQUINA YA EN PRISIÓN


Tomeu Vicens condenado a tres años por prevaricación y malversación de caudales públicos

Andreu Manresa Palma de Mallorca

La Audiencia de Palma condenó ayer a tres años de cárcel por corrupción a Tomeu Vicens, ex secretario general de la extinta Unió Mallorquina (UM). Fue parlamentario en la pasada legislatura, cuando UM fue aliada del PSOE, y con anterioridad tuvo poder insular con el PP. Vicens está preso en el centro penitenciario de Palma, donde cumple una condena firme de tres años de reclusión y se encuentra pendiente de juicio por otras causas.

Mientras era consejero del Territorio del Consell de Mallorca, con el PP, Tomeu Vicens cometió delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. “Regaló a sus amigos” 11.930 euros de fondos del Consell de manera “arbitraria” y mediante “un expediente irregular, y por trabajos innecesarios”, según la sentencia. El beneficiario fue Alfredo Conde, exdirector de la radio del Consell, Ona Mallorca, cerrada por el PP al llegar al poder en 2011. Conde ha sido condenado a un año y seis meses de prisión.

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"CASO EMARSA"; EL JUEZ INDAGA QUÉ SE HIZO CON LOS LODOS DE LA DEPURADORA

El PP limita toda la "responsabilidad política" del escándalo a los imputados

Adolf Beltran / Federico Simón Valencia

Vicente Ríos, el juez que instruye el caso Emarsa, en el que investiga el saqueo de al menos 25 millones de euros de la empresa pública que trata las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, quiere saber qué se hizo realmente con los lodos resultantes de la depuración, cuya gestión a costes elevados constituyó una de las vías para desviar el dinero.

Para lograrlo, el magistrado ha solicitado a la firma Adobs Orgànics, SL, la empresa que realmente trataba los lodos a pesar de que a Emarsa le facturaban otras firmas pertenecientes al imputado José Ignacio Roca, una batería de documentos sobre la actividad de la firma. Ríos se ha interesado por los agricultores que querían recibir el lodo para abonar sus tierras, los datos catastrales de las fincas, los documentos sobre la recogida de muestras de las tierras para ver si los lodos eran aptos, los análisis de las muestras, los cálculos de las cantidades a aplicar… Incluso pide a Adobs que se faciliten los permisos escritos dados por los agricultores.

Ríos, que ya solicitó en enero una fianza de 2,7 millones de euros para el imputado Vicente Ros, ha ordenado el embargo de sus bienes ya que el afectado no ha señalado en estos meses los bienes suficientes para cubrir la cantidad fijada. Ros es uno de los responsables de Notec, una firma que facturó 5,5 millones a Emarsa y que, según las investigaciones, infló el precio del tratamiento de lodos hasta 42 euros, cuando la empresa que realmente los trataba, Adobs, cobraba solo 18.

Entre los bienes embargados a Ros el juez ha señalado tres fincas urbanas, otras dos fincas rústicas, un garaje y un trastero. Ríos también ha ordenado el embargo del saldo de sus cuentas corrientes, de tres planes de pensiones, las participaciones sociales en dos empresas, los alquileres cobrados a varias empresas, su salario y hasta la devolución de Hacienda correspondiente al ejercicio de 2010.

Por otra parte, los grupos parlamentarios han redactado sus borradores de conclusiones para la comisión de investigación del escándalo de Emarsa. Los socialistas apuntan directamente a responsables políticos del saqueo de la empresa pública y piden que se cree una comisión “seria y de verdad” sobre la Entidad Pública de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat y cuyo exgerente y exdirector de explotación, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, han sido imputados.

Sin embargo, el PP, en un escueto borrador, limita la “responsabilidad política” de lo ocurrido a los tres principales imputados, el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente, Esteban Cuesta, y el director financiero, Enrique Arnal. El PP no solo rechaza ir más allá en la exigencia de responsabilidades, sino que llega a atribuir a Ramón Marí y Joan Antoni Pérez, miembros del consejo de Emarsa en representación del PSPV-PSOE y de Esquerra Unida, de no haber actuado “dentro del plazo y la forma convenientes” ante la existencia de sospechas.

El diputado socialista Rafael Rubio criticó con dureza la propuesta del PP y el hecho de que aún no se haya encargado el informe jurídico sobre la inasistencia de José Juan Morenilla a la comisión, que lo citó a comparecer. Juan Cotino, presidente de las Cortes, “trata de proteger a Morenilla”, dijo Rubio, que recordó que Morenilla era gerente de Epsar con Cotino como consejero y presidente de la entidad.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ ELEVA LAS IMPUTACIONES POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Álvaro Pérez, El Bigotes, en el juicio de los trajes. / EFE
El magistrado implica a la exempleada de las empresas de Gürtel Mónica Magariños.
Firmó contratos con la exconsejera de Camps, Milagrosa Martínez, a quien llamaban La Perla.

Ignacio Zafra Valencia


El juez José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP valenciano, ha aumentado el número de imputados con la implicación de Mónica Magariños, empleada de las empresas de la trama Gürtel, en la pieza separada que investiga el amaño en las adjudicaciones del pabellón valenciano en la feria Fitur, un negocio con el que la red corrupta obtuvo cerca de cinco millones de euros.

El magistrado toma la decisión a la vista de las conclusiones del último informe aportado al Tribunal Superior de Justicia valenciano por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. En él se indicaba que Magariño era conocedora de todos los detalles que envolvieron la primera adjudicación de Fitur que logró la trama, para la feria de 2005. Entre ellos, la recepción de información confidencial, el fraccionamiento del contrato que la trama acordó con las consejerías de Territorio y Vivienda y de Infraestructuras y Transporte para eludir los principios de publicidad y libre concurrencia, la emisión de facturas por falsos servicios, la duplicidad de facturación por un mismo producto, y la utilización de empresas pantallas para ocultar el supuesto amaño. Magariño también habría recibido gratificaciones por su trabajo de la caja B de la trama.

El instructor también ha tenido en cuenta la declaración prestada en sede judicial por la también imputada y exdirectiva de la red Isabel Jordán, que afirmó que Magariños participaba en la contabilidad de Orange Market, la sociedad con sede en Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

La policía destacó en su informe que Magariños firmó los contratos para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur en las ediciones de 2005 y 2006 con Milagrosa Martínez, que entonces era consejera de Turismo y a quien el expresidente Francisco Camps nombró posteriormente presidenta de las Cortes valencianas. A Martínez, que está imputada en la causa por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, los miembros de la trama solían referirse como La Perla en las conversaciones intervenidas por la policía.

El magistrado Ceres ha decidido de este modo cambiar su condición de testigo por la de imputada, y retrasar su comparecencia para declarar, prevista inicialmente el día 9 de mayo, hasta el 12 de junio.

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