miércoles, 20 de junio de 2012

LA GUARDIA CIVIL CREE QUE FERNÁNDEZ INTENTÓ OCULTAR SU INCLUSIÓN EN UN ERE

Antonio Fernández, en los Juzgados
Andalucía
Fernández, «contravino un criterio objetivo» en su propia inclusión como beneficiario, pues tenía 52 años en 2008 y la condición era haber cumplido 55
 
JESÚS SPÍNOLA


Un informe de la Guardia Civil afirma que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde abril, fue incluido como beneficiario en el ERE de la bodega jerezana González Byass aunque no tenía derecho e intentó demostrar que había renunciado a la ayuda después de iniciada la actual causa judicial.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, dice que Fernández fue adjudicatario de una ayuda de 386.181 euros, cantidad que si bien no cobró, "al menos tuvo la intención de hacerlo".

Este informe entregado a la juez Mercedes Alaya es ampliación del presentado semanas atrás y se centra en los 94 trabajadores de la bodega, en la que según la UCO Fernández no había pedido prórroga de su primera excedencia, por lo que había perdido "el derecho al beneficio de reincorporación automática".

Pese a ello, figuraba en todos los listados de trabajadores acogidos al ERE, en los que "llama poderosamente la atención que se le asigna una fecha de antigüedad igual a la de su nacimiento", lo que, según algunos testigos, era un "error de mecanización".

Fernández, según la UCO, "contravino un criterio objetivo" en su propia inclusión como beneficiario, pues tenía 52 años en 2008 y la condición era haber cumplido 55, y además era indispensable tener dificultades de inserción en el mercado laboral, pero en su caso había sido concejal y alto cargo de la Junta.

Recoge la Guardia Civil que el 30 de junio de 2011, Fernández pidió a la empresa mediadora en los ERE que certificase que no era beneficiario de la póliza, pero lo hizo "tiempo después de que se hiciese público y notorio casos como el ERE de Mercasevilla" y tras la apertura de la presente causa judicial por los ERE fraudulentos.

Por ello, los investigadores concluyen que su petición de ser declarado no beneficiario "es un intento de diluir su responsabilidad en el expediente de González Byass".

También califican de "significativa y reveladora la no abstención de Antonio Fernández" en la reunión que mantuvo el 15 de marzo de 2010, cinco días antes de cesar como consejero, con representantes de la bodega en el bufete Garrigues para tratar el expediente de la empresa.

Además, al ser un "interesado en la causa", estaba obligado por ley a comunicar a sus superiores que la consejería de la que era titular iba a otorgar una ayuda a un conjunto de extrabajadores de González Byass, entre los que él mismo se encontraba, por lo que se trataba de un "claro caso de abstención".

También debería haber ordenado a su subordinado, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que se abstuviese en la aprobación de un ERE "en el que conocía que era beneficiario e interesado".

El 22 de abril pasado, cuando declaró ante la juez Alaya, que lo envió a prisión, Fernández declaró que no firmó la póliza de adhesión cuando lo hicieron los otros 93 trabajadores y que ese era un "requisito constitutivo" que le hizo perder el derecho a cobrar.

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EL EXADMINISTRADOR GENERAL DEL PP DECLARA EN EL TSJ DE VALENCIA POR EL "CASO GÜRTEL"


TRIBUNALES | Cristóbal Páez
Está imputado en la causa por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano
Ha prestado declaración durante dos horas y ha respondido a todas las partes

Efe | Valencia

El ex administrador general del Partido Popular Cristóbal Páez ha contestado hoy a las preguntas de todas las partes en su comparecencia como imputado en la causa abierta por la supuesta financiación irregular del PP valenciano. Páez ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a las 09.30 horas para comenzar su comparecencia que, según fuentes próximas al caso, ha durado casi dos horas.

El administrador general del PP durante las elecciones generales de 2008 ha respondido a todas las partes, a diferencia de los ex dirigentes regionales del PP, que se negaron a responder a la acusación popular, y del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que no respondió a las preguntas de ninguna de las defensas.

Durante su comparecencia Páez solo ha respondido preguntas relacionadas con el delito de supuesta falsedad en documento mercantil en las elecciones de 2008 que investiga el magistrado José Ceres, que también instruye un delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y prevaricación y cohecho en los contratos entre la Generalitat y la empresa "Orange Market".

Páez se ha negado a realizar declaraciones a los medios de comunicación a la entrada y a la salida del Palacio de Justicia de Valencia, al que ha llegado en un taxi acompañado por su abogado.

Su declaración estaba prevista para el pasado 30 de mayo, cuando compareció la ex consellera de Turismo Angélica Such, pero se pospuso para este miércoles.

La causa por la supuesta financiación irregular del PP regional y su conexión con la trama Gürtel suma ya veintiséis imputados y hasta ahora han declarado, entre otros, los supuestos responsables de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

También han prestado declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el exvicepresidente del Gobierno Valenciano Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de la Comunidad Ricardo Costa y la ex presidenta de las Cortes Valencianas y ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, entre otros.

LA JUEZA DE LOS ERE IMPUTA AL EXDIPUTADO SOCIALISTA RAMÓN DÍAZ


La instructora también inculpa a María Ángeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo

Estrella Digital/EP, @Estrella_digit.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un auto en el que imputa al exdiputado del PSOE-A en el Parlamento andaluz por Sevilla Ramón Díaz, al que atribuye una "activa participación" en la inclusión de intrusos en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo.

En el mismo auto, dictado el día 12 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa a otras cuatro personas en la causa, entre ellas el que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois Ruiz, y la que fuera asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa.

La instructora de los ERE también imputa a María Ángeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo y estuvo en este departamento desde el 1 de enero de 2000 hasta el 24 de abril de 2009, siendo tramitadora de los expedientes de ayuda en la época de Francisco Javier Guerrero junto a Rocío Sayago Gómez, a la que, igualmente, imputa en la causa y le atribuye haber "influido" en que la empresa de su marido y cuñado recibiera una ayuda directa de 60.000 euros por parte de Guerrero.

En este sentido, la magistrada ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que, además de citar a declarar el día 6 de julio a la propia Rofa, cita como imputados el 3 de julio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez; el 11 de julio a su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, y, por último, el día 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Volviendo al auto, Mercedes Alaya considera que Ramón Díaz, asesor de la Consejería cuando se dieron las ayudas investigadas, tuvo una "activa participación" en la inclusión de dos intrusos en el expediente de Calderinox -Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández--, de otros dos en Saldauto --Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez-, y de otro intruso en A-Novo, asegurando en este último caso que "podría haber tenido interés en su inclusión" por pertenecer el intruso a la Agrupación Socialista de Nervión.

De igual modo, le imputa su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".

"Comienzan a consolidarse las bases de la causa"

En el auto, la juez argumenta que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera".

Así, y respecto a Márquez, hace una "extensión" de su imputación y le atribuye haber "admitido, ordenado y consentido" la continuación del uso del convenio-marco que reguló la concesión de las ayudas, "cuando él, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento", de forma que "dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer la inclusión de intrusos".

"Pese a todo ello, mantuvo de un lado una conducta omisiva, pues ni ordenó el reintegro de las cantidades percibidas ilícitamente ni evitó el cobro de tales sumas en las pólizas de rentas colectivas", mientras que, "por otro lado, tendría una activa participación en la inclusión de nuevos intrusos como los de Calderinox y dando cobertura de legalidad a las ayudas dadas por Guerrero con total ausencia de procedimiento, como ocurrió en Río Grande y Surcolor".

Márquez, "pleno conocedor" de los "incumplimientos"

Por todo ello, concluye que "era finalmente y de manera indiciaria pleno conocedor de que en materia de ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria".

Respecto a Rivera, la magistrada dice que, "pese al conocimiento que tendría" por las explicaciones que le proporcionó Rofa acerca "de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño jurídico".

Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio", con la que "se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de subvenciones", y añade que, además, esta orden "no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno".

Rivera "comprometió el uso de fondos públicos para pagar ayudas ilegítimas"

"Además de lo anterior y con carácter no menos relevante", Rivera "acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros, conociendo indiciariamente la existencia de intrusos de determinadas pólizas de Fortia y tras la quiebra de dicha aseguradora, pagar la deuda de varias pólizas investigadas" por la Dirección General de Trabajo, "comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas".

A ello se une que, "como ocurriera con Márquez, dio continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero", añade la juez Alaya, que concluye diciendo que "todo lo anterior se expone sin perjuicio de que puedan estimarse de modo indiciario responsabilidades de otros cargos de la Consejería de Empleo, de la Consejería de Innovación o de IDEA conforme se vaya examinando mayor documentación".

En el auto la magistrada también hace alusión al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en esta causa y al que atribuye ahora una "activa participación" en la inclusión en Intersur de tres intrusos, como son Ricardo Medina Barrios, "vecino de Camas, localidad en la que Rivas fue alcalde durante años", José Antonio García Prieto, "concejal del PSOE en el Ayuntamiento", y José Acevedo López, "familiar de Rivas".

Rofa, "mano derecha" de Márquez

Respecto a María José Rofa, "mano derecha" de Márquez, le imputa que, "a pesar de sus intentos ante" el propio Márquez "para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad" del mismo, "terminó trabajando con las mismas herramientas, aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la pregunta ilegalidad que todo ello suponía".

En el mismo auto, la juez requiere a la Junta para que identifique al autor del informe del gabinete del consejero de Empleo "realizado a su vez sobre el informe jurídico elaborado por Garrigues" en torno a la "viabilidad" de las ayudas concedidas siendo Antonio Fernández responsable del departamento, mientras que también requiere a la Junta para que, "de manera urgente", aporte un listado de los expedientes de reintegro de las ayudas sociolaborales o directas concedidas, indicando la fecha de inicio de los mismos.

En este punto, reprocha a la Junta que, a pesar de la reciente documentación aportada en relación al expediente de 'Hijos de Andrés Molina', éste está "todavía incompleto", por lo que le reclama que, "sin más dilación o expedientes parciales, aporte el contenido íntegro" del mismo.