viernes, 29 de mayo de 2009

LA NUEVA PARLAMENTARIA DEL PSOE POR MÁLAGA,IMPUTADA POR DELITOS URBANÍSTICOS

María Estrella Tomé

María Estrella Tomé, al tomar posesión de su cargo el miércoles frente a la presidenta del Parlamento. | elmundo.es

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La nueva parlamentaria andaluza del PSOE por Málaga, María Estrella Tomé, tomó posesión de su cargo el pasado miércoles en sustitución de Juan Paniagua, nombrado nuevo director general de la Agencia Andaluza del Agua.

Sin embargo, la nueva diputada figura como imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en al menos dos causas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, según informaron a EL MUNDO de Málaga fuentes judiciales.

Tomé ha formado parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrox durante varias legislaturas, y está imputada junto al ex alcalde, Francisco Muñoz, y al resto de los ediles que formaban parte de la corporación, por la aprobación de licencias urbanísticas al margen del planeamiento vigente.

Durante la etapa en la que su partido ha formado parte del gobierno municipal torroxeño ha sido responsable de Ordenación del Territorio, Bienestar Social o Salud y Consumo, entre otras responsabilidades, además de ser teniente de alcalde.

Según la querella que dio origen a uno de los procedimientos judiciales abiertos, Tomé y el resto de los concejales del entonces equipo de gobierno del PSOE aprobaron en julio de 2005 varios expedientes previos a la concesión de licencias de obras para la construcción de viviendas unifamiliares destinadas a fines agrícolas.

El acuerdo se adoptó gracias a los votos favorables de los nueve concejales del PSOE, pero tanto en el contenido de los expedientes como en el propio debate plenario quedó patente la existencia de informes desfavorables de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

En todas las promociones para las que se emitió voto favorable por parte de los nueve ediles del PSOE los terrenos estaban calificados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrox como suelos no urbanizables diseminados.

La legislación en este sentido ha cambiado, ya que anteriormente permitía la construcción de viviendas unifamiliares aisladas siempre que no dieran lugar a núcleos de población, pero la nueva normativa andaluza ha venido a prohibir, con carácter general, dichas construcciones, según apunta la querella mencionada.

Entre los proyectos aprobados figura uno promovido en el Pago Periana, en el que además de los incumplimientos mencionados no se alcanza la parcela mínima de 5.000 metros cuadrados exigidos en el PGOU.

La aprobación «no fue pacífica, sino que se produjo tras un intenso y acalorado debate», según relata la querella, apoyándose en el acta de la sesión plenaria.

Por ello «los concejales que votaron afirmativamente lo hicieron con pleno conocimiento del contenido ilegal del acuerdo, de que lo hacían en contra de informes jurídicos municipales y de la Delegación de Obras Públicas, y de las consecuencias jurídicas que su voto afirmativo podían acarrear», según agrega la querella.

Además, según los denunciantes, los concejales «pudieron solventar» la ilegalidad urbanística anulando los acuerdos adoptados, tal y como solicitó por escrito la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el 25 de agosto de 2005.

Además, posteriormente, varios ediles independientes plantearon alegaciones a estos acuerdos, sin que fuesen atendidas desde el equipo de gobierno. «Resulta obvio a estas alturas que ambos escritos fueron intencionada y conscientemente ignorados por el alcalde y demás querellados», afirman.

ELMUNDO.ES

UNA EMPRESA DE CORREA OPERÓ COMO AGENCIA DE VIAJES OFICIAO DE LA FEMP

Pasadena Viajes facturó a la Federación de Municipios 283.000 euros en la etapa de Rita Barberá

Rita Barberá, junto a Sáenz de Santamaría en un acto de la FEMP en 2007. - DANI POZO
MANUEL RICO / ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID

Pasadena Viajes SL, una de las empresas adscritas a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa, operó como agencia oficial de viajes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de la alcaldesa de Valencia y dirigente del PP Rita Barberá. Según los documentos a que ha tenido acceso Público, Pasadena facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003, un mes después de que Barberá cesara como presidenta de la federación.

En esos dos años y medio, la empresa, cuyo administrador único era el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, endosó a la FEMP 216 facturas, muchas de ellas emitidas por conceptos múltiples es decir, distintos viajes o alojamientos en hotel, lo que ilustra la fortaleza de su relación comercial con la entidad municipalista, que entonces tenía como secretario general y mano derecha de Barberá a Álvaro de la Cruz. Según el diario El País, en la contabilidad B de Correa figura anotada una entrega de 30.000 euros a De la Cruz, que desembarcó en la FEMP en noviembre de 1995 tras haber sido jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en su etapa como número dos del PP.

Al final de la etapa de Barberá, Pasadena copó el 30% del presupuesto de viajes

Las fuentes consultadas por Público subrayan que Pasadena fue ganando peso en la FEMP desde finales de los noventa bajo los auspicios de Barberá y De la Cruz. La Federación, que históricamente había encargado los desplazamientos y estancias de sus representantes a Viajes El Corte Inglés, abrió su mercado a Pasadena, como también lo hizo con Special Events, otra sociedad del grupo de Correa que recibió a dedo el encargo de organizar las asambleas generales de la FEMP celebradas en 1999 y 2003.

El crecimiento de la cuota asignada por el equipo de Barberá a Pasadena fue tal que, al final de su etapa, la compañía llegó a copar el 30% de la tarta presupuestaria destinada a viajes. A través de la alcaldesa de Valencia, el PP controló la FEMP entre 1995 y 2003.

86.600 euros en once días


El secretario general en esas fechas cobró presuntamente de Francisco Correa

Meses antes de las elecciones municipales de ese último año, celebradas el 25 de mayo, los encargos de la FEMP a Pasadena se disparan de modo extraordinario. Un ejemplo: en los once días transcurridos entre el 20 de diciembre y el 31 de diciembre de 2002, la empresa emitió 45 facturas por importe global de 86.637 euros, lo que representa un tercio del monto total facturado a la FEMP en dos años y medio.

Aunque Pasadena también recibió encargos del PP madrileño, su principal cliente dentro del partido fue la organización valenciana que ahora dirige el imputado Francisco Camps. En Madrid, recibió contratos del ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde fue el primer detenido en la operación Gürtel. Ayer, el Tribunal Superior confirmó que el PP podrá seguir ejerciendo la acusación en el caso. Tres de los imputados continúan en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

PÚBLICO.ES

PRISIÓN PARA EL EX VICEPRESIDENTE DEL CABILDO DETENIDO EN LANZAROTE

Durante la segunda fase de la 'operación unión' fueron detendidos cinco empresarios y un constructor


Un miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porta documentación durante el registro efectuado hoy en el Ayuntamiento de Yaiza en el marco de la "operación Unión" contra una trama de corrupción municipal y urbanística, destapada esta semana en la isla, que cobraba comisiones ilegales. - EFE

EFE - Las Palmas de Gran Canaria

El juzgado de instrucción número 5 de Arrecife ha decretado esta madrugada prisión incondicional por un delito de cohecho para el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), dentro de la Operación Unión, que investiga una presunta corrupción urbanística en la isla.

El juzgado confirmó la detención del secretario del ayuntamiento de Yaiza, Jesús Bartolomé Fuentes, a quien se le imputa un delito de cohecho.

Tras tomar declaración a los primeros imputados, el empresario Jorge Ramón Alvarez Pérez y Dayrán Jesús Muñoz Armas han quedado en libertad sin fianza pero con el cargo de cohecho.

Además, el juez ha prorrogado el periodo de detención al empleado del Cabildo insular Alfredo Santiago Rodríguez. Esta noche el juez ha tomado declaración al asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo a la espera de determinar los delitos que se le imputan y en la mañana de hoy seguirá interrogando al resto de implicados.

Operación abierta

La Guardia Civil detuvo ayer a seis personas acusadas de varios presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en las provincias de Las Palmas y Tarragona supuestamente relacionadas con la segunda fase de la Operación Unión.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta

La operación sigue llevándose a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

PÚBLICO.ES

EL SUPREMO VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN EN LA GESTIÓN DE UN SENADOR DEL PP ALMERIENSE


Como alcalde, adjudicó un contrato millonario sin procedimientos y en contra de los informes


La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha interesado la admisión a tramite de la querella interpuesta contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP Eugenio Gonzálvez al ver indicios de prevaricación en la adjudicación de un contrato de obras que ascendió a 144.837 euros pero que se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresa su "reparo".

Noticias relacionadas
o Senador y alcalde almeriense declara mañana por presuntos pagos ilegales

Como ya informó El Plural la semana pasada, el senador Eugenio Gonzálvez estaba citado a declarar por un Juzgado de Almería, en un procedimiento judicial iniciado por los concejales socialistas a raíz del pago de unas facturas de obras, que fueron aprobadas por Gonzálvez sin atenerse a la normativa legal, y pese al informe en contra del Secretario-Interventor.

En contra de la Ley de Contratos
Hoy se ha conocido que el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press y remitido al ponente de la causa especial, el magistrado cordobés Juan Ramón Berdugo para que se pronuncie, cree que la actuación de Gonzálvez contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado, al tiempo que considera que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.

Omitió los requisitos legales
Atribuye, en esta línea, al senador popular y primer edil gadorense "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, según subraya, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

Alcalde “tramposo”
El portavoz socialista, Juan Antonio Almansa, explicó anteriormente que “esta denuncia está motivada porque, una vez más, Eugenio Gonzálvez ha actuado en el Ayuntamiento de Gádor sin atender a la Ley y acusó a Gonzálvez de “tramposo por camuflar las irregularidades presentando varios presupuestos para la contratación, unos presupuestos que no existían cuando se debían haber presentado".

andalucia@elplural.com

CORREA COBRÓ CASI UN MILLÓN DE EUROS DE LA FEMP BARBERÁ




Pasadena Viajes se enraizó en la Federación entre 2000 y 2003


Pasadena Viajes, una de las empresas de la presunta red corrupta dirigida por Francisco Correa, se enraizó en la Federación Española de Municipios (FEMP) gracias a la administración de Rita Barberá y su número dos en la entidad, Álvaro de la Cruz, quien figura en la contabilidad B de la trama como beneficiario de 30.000 euros. Según informa hoy Público, entre junio de 2000 y diciembre de 2003 la entidad vinculada a Gürtel endosó a la FEMP 216 facturas por un valor total de 283.000 euros. La cantidad es, sin embargo, irrisoria comparada con los 800.000 que Special Events, otra organización corrupta de Correa, se embolsó por organizar las Asambleas de 1999 y 2003. En total, la red casi hizo una caja de casi un millón de euros en la FEMP de Barberá.

Noticias relacionadas
o La era Bárbera en la FEMP reportó a Correa 800.000 euros por dos contratos a dedo
o Un ex asesor de Cascos, también en la nómina de Correa
o Rajoy nombró al imputado De la Cruz interlocutor del PP ante la FEMP
o ¿Necesita más pruebas, señor Rajoy, para destituir al presidente valenciano?

Los ocho años de administración Barberá de la FEMP-entre 1995 y 2003- fueron fructíferos para Correa y sus empresas, dicen las fuentes del rotativo citado. Así, si en el terreno de la organización de actos Special Events desplazó al personal interno que antes se ocupaba de ellos, en el de viajes fue Pasadena quien dejó fuera de juego a Viajes el Corte Inglés.

30% de la tarta
La influencia de la organización de Correa en la FEMP queda patente no sólo en las 216 facturas por conceptos múltiples –distintos viajes o alojamientos-, sino también en su cuantía: al final de la etapa Barberá, Pasadena se llevaba el 30% de la tarta presupuestaria que la Federación destinaba a viajes.

La era Barberá, fructífera
Curiosamente, meses antes de que la también alcaldesa de Valencia abandonara la Federación, la empresa intensificó su actividad de un modo extraordinario. Por ejemplo, entre el 20 y 31 de diciembre de 2002, se emitieron 45 facturas por 86.637 euros, un tercio del total facturado a la FEMP en dos años y medio. A pesar de estos datos, Barberá se ha desmarcado de la red corrupta, lamentando que haya quien quiera vincularla a su persona. “Cuantas ganas tenían de sacar mi nombre vinculado”, replicó hace una semana.

De la Cruz
Fue De la Cruz, ex secretario de la FEMP y ex jefe de Gabinete de Francisco Álvarez Cascos, quien supuestamente introdujo a la red en la Federación -el mismo Cascos habría hecho lo propio en el PP-. Y aunque Mariano Rajoy y su equipo trataron de desmarcarse de él cuando estalló el escándalo, la confianza que le tenía Génova quedó demostrada en su nombramiento como interlocutor del PP ante la FEMP, según consta en una carta de 2007.

Clientes Gürtel
La Federación no fue, sin embargo, el principal cliente de la trama Gürtel –aún teniendo en cuenta que, entre asambleas y viajes, le proporcionó casi un millón de euros-: la red también cobró del PP madrileño y del grupo y Gobierno valencianos. Estos dos últimos sus principales benefactores. Por algo el imputado presidente Francisco Camps y el cerebro regional de la red, Álvaro Pérez, El Bigotes, son amiguitos del alma.

ELPLURAL.COM

GUERRA ABIERTA EN EL PSOE DE MURCIA POR LA EXPULSIÓN DEL EX ALCALDE DE LORCA



PSOE, Murcia, Vicente Navarro, Lorca



@Vidal Coy.


El ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro (Efe).

Apenas cuatro horas después de que el PSOE de Lorca intentara dejar en suspenso la expulsión del ex alcalde local Miguel Navarro mediante un comunicado (ver noticia), la dirección regional emitio en Murcia otro texto en el que reafirma que el alto cargo imputado por malversación sigue sometido al “expediente disciplinario (…) que podria acabar en su expulsión del partido, con pleno respeto al derecho de defensa y a su presunción de inocencia”.

Con este nuevo texto, la dirección regional del PSOE sale al paso a un comunicado emitido la mañana del jueves por la dirección local socialista de Lorca que anunciaba la paralización del expediente de expulsión “hasta que se levante el secreto del sumario”.

Ese expediente fue dado a conocer a la opinión pública por la dirección regional del PSRM el martes por la tarde, pocas horas después de la detención de Miguel Navarro, mientras éste se encontraba en la comisaría de Lorca y antes de que el juez decretara, el martes por la noche, su puesta en libertad sin fianza pero imputado de presunto delito de malversación de caudales públicos.

La sucesión de comunicados, aunque guardan las formas y no se desmienten directamente uno a otro, revela la existencia de una guerra abierta dentro del PSRM entre la dirección local de Lorca, alineada con Miguel Navarro, que fue alcalde hasta 1996, y la dirección regional murciana encabezada por Pedro Saura que forzó la salida del ahora imputado de la alcaldía lorquina en 1996.

ELCONFIDENCIAL.COM

LA CORRUPCIÓN AZOTA AL PSOE EN PLENA CAMPAÑA

Las inmensas grúas cubren desde hace tiempo el cielo de Seseña

Las tramas urbanísticas salpican a más de una decena de municipios en los que gobiernan los socialistas

La campaña electoral del PSOE para las europeas no podía haber empezado peor. La formación política se ha empeñado tanto en sacar a la luz los trapos sucios de la oposición que se olvidó de tapar los propios. Así, en los últimos días han sido varios los escándalos de corrupción que han salpicado a los socialistas. El pasado lunes, la Guardia Civil destapó una trama urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, en la que, presuntamente, estarían implicados dos miembros del PSOE: el jefe de la oficina técnica municipal, José Rafael Arrocha, y Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo Insular. Ambos fueron detenidos, junto a otras siete personas, y acusados de falsificación y concesión irregular de licencias de obra.

No ha sido el único escollo de los socialistas. Apenas un día después, era detenido el ex alcalde socialista del municipio murciano de Lorca, Miguel Navarro. El arresto está relacionado con la «operación Reciclaje» contra una trama de corrupción en el seno de la Empresa Municipal de Limpieza de la localidad, Limusa, de la que presuntamente se podrían haber desviado fondos públicos para financiar a empresas privadas. Tras declarar ante el juez, Navarro quedó libre con cargos.

Y, por si esto fuera poco, otro ex alcalde socialista, Francisco Javier Raventós, ex regidor de Collbató, en Barcelona, iba a ser juzgado el martes, pero pactó en el último momento con la Fiscalía una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2001 y 2003. Raventós reconoció que había abusado de su cargo para obtener dinero del erario público que debía servir para pagar a proveedores municipales. Estos son los más recientes, pero no los únicos, ya que la corrupción en el PSOE ha sido una constante. Estos son algunos de los casos más destacados en la geografía española:

Andalucía
- «Operación Malaya»: Es, sin duda, la más conocida por su envergadura. Se destapó en marzo de 2006 y se saldó con la detención de buena parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella. La alcaldesa entonces, Marisol Yagüe, estuvo en prisión año y medio, así como su primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos y otros ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), PSOE y Partido Andalucista. Por la misma causa, fueron encarcelados el anterior regidor del municipio, Julián Muñoz, y el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la operación.
- Garrucha (Almería): Al alcalde socialista, Andrés Segura, le acusaron de firmar un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se comprometía a pagar al Consistorio 2,6 millones para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio.

Comunidad Valenciana
La comunidad donde más han puesto sus miras los socialistas para atacar al PP, es una de las que más casos de corrupción de su partido ha registrado:
- Elche: Hace un mes el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, declaraba como imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según afirmó, todo se debía a un «error administrativo». El PP presentó varias denuncias por el presunto pago de inserciones publicitarias de actos electorales del PSPV-PSOE con dinero del ayuntamiento.
- Bigastro: Su alcalde, el socialista José Joaquín Moya, fue encarcelado por delitos contra la ordenación de territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos. La investigación destapó operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio para levantar naves industriales.
- Zarra: Su alcalde, Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV, y su hijo, pagaron 18.000 euros para salir de prisión. Dio licencias de obra a su hijo para edificar en zona no urbanizable.
- Carral: Se produjo hace dos años. El entonces alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado por un delito de ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. La denuncia la interpuso una asociación de consumidores que le acusaba de dar licencias para que se construyeran hasta 1.200 viviendas en el Parque Natural de El Hondo de Elche. La Generalitat retiró al Ayuntamiento las competencias urbanísticas.
- Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albufera.

Castilla-La Mancha
- «Las Higuericas» (Hellín): En 2006 se iniciaron las obras de la urbanización «Las Higuericas», con el visto bueno del alcalde, el socialista Diego García. Incluían 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, los cuales, según las denuncias tanto de ecologistas como del PP, están en un espacio declarado «Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de Aves», perteneciente a la futura Red Natura 2000. Los populares denunciaron, además, sobornos para «comprar al pueblo».
- Seseña (Toledo): La urbanización de «El Pocero» ha sido uno de los casos más sonados. Francisco Hernando se propuso construir una «ciudad» de 13.500 viviendas sobre 1,8 millones de metros cuadrados de terreno rústico recalificado. Pese a que acumula casi tantas denuncias como las que presenta, anunció su intención de levantar un millón de viviendas en Madrid y se compró el yate más grande de España. Fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar seis millones de euros por varios delitos fiscales, y se investiga la recalificación de los terrenos y varios delitos de cohecho, fraude y prevaricación. Las pesquisas llegaron hasta varios miembros del PSOE y funcionarios municipales, que podrían haber recibido más de 800 millones de euros.

Aragón
- La Muela (Zaragoza): La alcaldesa socialista de esta localidad, María Victoria Pinilla, se encuentra encarcelada desde el pasado 23 de marzo y se le imputan los delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales, y blanqueo de capitales.La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas.

Galicia
- Puerto del Son: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acusó al edil socialista Manuel Vázquez de comprar al menos cuatro fincas entre los años 2000 y 2006, que fueron declaradas no urbanizables, con la principal pretensión de recalificarlas con el objetivo de incrementar su valor.

Baleares
- Caso de «Eivissa Centre»: Además del presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés, que está imputado, el juez encargado del caso investiga si algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues. A cambio, habrían obtenido la adjudicación de la ejecución del proyecto urbanístico «Eivissa Centre», para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.

Canarias
- San Bartolomé de Tirajana: En junio de 2007 el Ayuntamiento, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE se registraba por orden judicial en el marco de una operación contra la corrupción política. Seis personas resultaban detenidas, entre ellas un concejal y el secretario del Consistorio. La Policía Judicial rastreó todos los rincones de varios departamentos del Ayuntamiento, como el de Contratación, Actas, Intervención de Fondos, Urbanismo y Vivienda. Uno de los arrestados fue el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él. La detención de «Pacuco», como se la conocía era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria.

LARAZÓN.ES