sábado, 8 de agosto de 2009

EL CONCEJAL DE HACIENDA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA DIMITE TRAS SABERSE QUE AUDITABA A EMPRESAS PRIVADAS

El alcalde popular asegura que "no puede estar pendiente de todo"

El concejal popular de Economía y Hacienda de El Puerto de Santa María, David Páez, presentó ayer la dimisión de su cargo municipal alegando motivos familiares. La dimisión, fue confirmada oficialmente por el ya ex edil en rueda de prensa junto al alcalde Enrique Moresco. En realidad estos motivos “familiares” esconden la verdadera causa de la marcha del equipo de Gobierno, que no ha sido otra que el descubrimiento de que el responsable del área de Economía y Hacienda compaginaba su trabajo de auditor de cuentas en distintas empresas privadas, con algunas de ellas proveedoras del Ayuntamiento. Para el portavoz socialista consultado por El Plural, Ignacio García de Quirós -foto junto a Bibiana Aido- “nadie en el Puerto se cree lo de los motivos personales” y ha adelantado que pedirá una comisión de investigación y que el grupo socialista podría emprender acciones judiciales ante Fiscalía Anticorrupción.

Páez ha dimitido realmente una vez que ha compaginado que desde 2007 compatilizaba su cargo público con la labor de auditor suplente, de empresas privadas, proveedoras y adjudicatarias de obras del Ayuntamiento del que era quinto Teniente de Alcalde. El sueldo que percibía como Delegado de Hacienda más la tenencia de alcaldía era de 33.000 euros.

Numerosos clientes
Páez figura como auditor en una compañía de infraestructuras para eventos festivos, según publicó en su edición de ayer El Puerto Información. Además, según informa también El País hoy, ha compatibilizado la función pública con la labor privada en servicios a las empresas BSK y Suralmag, que han obtenido contratos para la urbanización de terrenos municipales. La última ha sido contratada para el desarrollo de obras con fondos del plan Proteja. Asimismo, Páez aparece como auditor en Congelados Hermanos Moy, una empresa que ocupa suelos en el Polígono industrial de las Salinas, de titularidad municipal, y la firma de venta de mariscos Romerijo, colaboradora en actividades del Ayuntamiento.

El alcalde huye de la quema
El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), reconoció saber la situación desde hace tiempo y le advirtió a Páez de este tema preguntándole “David no habrá problemas con las empresas que auditas, ¿no?, y él me dijo que no”. Moresco -foto- echó balones fuera afirmando que él “no puede estar pendiente de todo". Algo inaudito en quien ejerce de alcalde y tiene como una de sus labores el coordinar las distintas concejalías que los son por delegación del regidor local.

Portavoz socialista a El Plural
El grupo municipal socialista ha abierto ya la vía jurídica para estudiar una posible denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, según ha indicado su portavoz, Ignacio García de Quirós en declaraciones a El Plural. El edil socialista ha declarado que “una ley orgánica establece como deben de proceder en estas situaciones los profesionales liberales, y en todo caso creemos que un político con las responsabilidades de gestión que ha tenido Páez, debe actuar como la mujer del César que además de ser honrado debe también que parecerlo”. Ni entendemos como una persona que tiene relaciones con proveedores puede tenerlas también en el ámbito privado, ni como el alcalde sabedor de asunto, lo ha permitido”

Como "la mujer del César"
El portavoz socialista comenta que hace responsable de esta situación al propio alcalde Moresco, ya que “como él mismo reconoce era conocedor de esta situación desde hace tiempo y, lejos de intervenir directamente la ha mantenido”. “Nadie en El Puerto se cree que Páez dimita por motivos familiares", concluye el portavoz socialista. Por último ha revelado que el grupo socialista va a solicitar la creación de una Comisión de investigación para aclarar a situación y que se “tire de alfombra” en caso de ser necesario.

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andalucia@elplural.com

EL EX DIRECTOR DE DEPORTES DE MALLORCA ADMITE SU IMPLICACIÓN EN EL CASO PALMA ARENA

Continúan hoy los interrogatorios a otros altos cargos del ex presidente popular Jaume Matas

El ex director general de Deportes del Consell de Mallorca Antoni Palerm, implicado en el caso de corrupción durante el Gobierno popular de Jaume Matas, ha reconocido en que se aprovechó de su cargo para vender materiales de su propia empresa para la construcción del velódromo Palma Arena, cuyo sobrecoste investiga la Fiscalía.

Antoni Palerm, que fue detenido el jueves y quedó en libertad con cargos ayer viernes, admitió que utilizó su puesto de funcionario para acometer negociaciones prohibidas, así como la venta de material de su propia empresa para el velódromo Palma Arena. A Palerm no le ha quedado otra alternativa que reconocer su delito, ya que hay facturas a su nombre y de su empresa, que es una de las de más actividad en el sector de la construcción en Mallorca.

Continúan los interrogatorios
Hoy continúan las declaraciones del resto de implicados en el caso de corrupción durante la Administración popular de Jaume Matas, que afecta hasta el momento, a otras diez personas, entre ellos dos altos cargos del PP: el portavoz del Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, y el ex director general balear de Deportes y campeón olímpico de Vela, Pepote Ballester, actualmente detenidos.

72 horas detenidos
A primera hora de la mañana, y visiblemente demacrados, según describe El Mundo, han llegado a los juzgados de Vía Alemania el ex director general de Deportes del Govern, José Luis "Pepote" Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran; el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero; y el ex jefe de la UTE que ejecutó las obras, Miquel Àngel Rodríguez, quienes han permanecido 72 horas en dependencias policiales.

¿
Financiación del PP?
La Fiscalía Anticorrupción y el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro que está al frente de la investigación deberán probar, como sospechan, que parte de los más de 50 millones de euros de sobrecoste del Palma Arena fueron destinados a la financiación del Partido Popular, según apunta la Cadena Ser.

La auditoría del descorche
El caso de corrupción en Mallorca se destapó a raíz de una auditoría de la Consejería balear de Economía, que reveló que el Palma Arena había costado más del doble de lo presupuestado inicial. En los 24 meses de obras, se pasó de los 47 millones licitados a más de 90, sin que existieran expedientes ni contrataciones que justificasen el exceso.

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ELPLURAL.COM

EL TS PIDE LOS SUPLICATORIOS PARA INVESTIGAR A BÁRCENAS Y MERINO POR EL "CASO GÜRTEL"

El fiscal propone diligencias para cotejar las declaraciones de los aforados y los documentos aportados por el senador

El diputado sigue al tesorero al dejar su cargo en el Grupo Popular

NIEVES COLLI | MADRID

Al filo de las tres de la tarde de ayer, veinticuatro horas después de que Luis Bárcenas dimitiera de su cargo como tesorero del Partido Popular, el Tribunal Supremo hacía pública su decisión de solicitar a las Cámaras la autorización para investigar por el «caso Gürtel» tanto al senador como al diputado Jesús Merino. Durante la mañana, el magistrado instructor, Francisco Monterde, puso en conocimiento de la Sala la necesidad de practicar las diligencias que ha solicitado la Fiscalía, para lo que es imprescindible contar con la autorización del Senado y del Congreso; a última hora, la Sala daba curso a la solicitud de ambos suplicatorios.

Tras las comparecencias voluntarias de los dos aforados, el Ministerio Público remitió un informe a Monterde en el que insistía en la necesidad de pedir los suplicatorios con el fin de «practicar diligencias de investigación para dilucidar lo acaecido».

Nuevas diligencias
Entre esas diligencias de prueba, sin las cuales el fiscal considera imposible realizar una «calificación jurídica de los hechos», está la declaración de otros coimputados; pedir las declaraciones del IRPF de ambos aforados entre 2002 y 2007; solicitar documentos originales de las fotocopias sin autenticar aportadas por Bárcenas; o requerir a diversas entidades bancarias la información relativa a movimientos de cuentas corrientes y depósitos bancarios de los que eran titulares los aforados.

En un auto remitido ayer a las Cámaras, el Supremo acuerda «dar curso a la petición de suplicatorio» con el fin de disponer de la autorización parlamentaria que permita «dirigir el presente procedimiento contra los mencionados señores Bárcenas y Merino por los presuntos delitos de cohecho y contra la hacienda pública». El soporte legal de la decisión está tanto en la Constitución como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley de 9 de febrero de 1912.

Trámite en las Cámaras
La parte del «caso Gürtel» que se instruye en el Supremo «quedará en suspenso» hasta que Congreso y Senado decidan si conceden o no los suplicatorios. Lo que supone que no se reactivará hasta después del comienzo del nuevo curso judicial, en septiembre.

De hecho, la tramitación de los suplicatorios no empezará en ninguna de las dos Cámaras hasta pasadas las vacaciones de verano. En cualquier caso, si el Congreso y el Senado no se pronuncian en un plazo máximo de 60 días naturales (contados a partir del día siguiente de la recepción y computados sólo dentro del periodo ordinario de sesiones), se entenderá que rechazan los suplicatorios.

El trámite es muy similar, y en cada caso la decisión final corresponde al Pleno tras votación secreta y a puerta cerrada, que puede venir precedida de un debate. A partir de ese momento, los presidentes de cada cámara tienen ocho días para trasladar el acuerdo al Supremo.

Pero antes de la votación en Pleno, los afectados deben ser escuchados en la comisión del Estatuto del Diputado, en el caso del Congreso, y en la Comisión de Suplicatorios, en el del Senado. Pueden hacerlo verbalmente o por escrito. Ambas comisiones disponen después de un mes para emitir un dictamen, que es el que se someterá a votación en el primer pleno ordinario que se celebre.

ABC.ES

ARGANDA CONTRATÓ 50 MILLONES CON OCHO EMPRESAS VINCULADAS A CORREA

El grupo socialista calcula que hay desviaciones de presupuesto de 10 millones

JERÓNIMO ANDREU - Arganda del Rey

Las raíces del caso Gürtel en Madrid son cada vez más profundas. Hasta ahora se consideraba probada la existencia de negocios a partir de 2003 entre implicados en la presunta trama de corrupción y varios ayuntamientos madrileños (Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla y Arganda). Ayer los socialistas de Arganda del Rey revelaron que el Consistorio ha firmado desde 1996 contratos por valor de 50 millones de euros con empresas involucradas en el sumario judicial. Además, calculan, 10 millones responden a desviaciones del presupuesto inicial.

El alcalde Pablo Rodríguez recalca que sus actuaciones están en orden

El primer rastro de la relación entre el Ayuntamiento de Arganda y Francisco Correa, principal imputado en la supuesta trama de corrupción que salpica al PP, se encuentra en 1996. Ese año, Formación Comunicación y Servicios (FCS), una de las 23 empresas del conglomerado dirigido por Correa, se ocupó de la ofrenda floral de las fiestas patronales de Arganda a cambio de 11.800 euros. Desde entonces, la compañía ha realizado servicios para el Ayuntamiento que suman 187.000 euros, y que aparecen despiezados en pequeñas contratas, todas por debajo de los 12.000 euros, la cantidad a partir de la cual las concesiones públicas tenían que estar sometidas a concurso, según la anterior ley de adjudicaciones.

Ése es el patrón que se observa en el informe presentado por el partido socialista y que recoge los nexos entre las empresas del caso Gürtel y el Ayuntamiento en manos del PP: los primeros contratos no eran muy cuantiosos (siempre por debajo de 50.000 euros); es a partir de la segunda legislatura popular (2003-2007; el PSOE gobernó en 1999) cuando las empresas relacionadas de alguna forma con Correa obtienen contratos millonarios.

Los más jugosos, para constructoras que supuestamente contaron con Correa como intermediario: obtienen obras y trabajos de mantenimiento por más de 32,8 millones de euros. Es el caso de Teconsa e Hispánica. Los socialistas calculan que "se han desviado 10 millones de euros de los presupuestos iniciales", establece el informe. En total, colaboran con el Ayuntamiento ocho firmas con las que se relaciona con alguno de los implicados en el sumario judicial. Entre ellas, figuran algunas que son propiedad de imputados, como Special Events y Easy Concept (de Correa), o Begar (de José Luis Ulibarri y que recibe un millón de euros por la limpieza de edificios municipales, que aún efectúa).

El documento se basa en licitaciones públicas, expedientes, decretos y resoluciones conservados en el archivo y la secretaría municipales. La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, asegura que su grupo se personará como acusación particular en el caso.

El informe señala al actual alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero (PP), como firmante de algunos de los contratos (tanto en su época de concejal como de regidor, cargo que desempeña desde marzo). Sardinero admite, por ejemplo, haber autorizado la ampliación en 600.000 euros del presupuesto para el recubrimiento de una piscina a cargo de la constructora Teconsa, sospechosa de pagar comisiones a Correa para lograr contratos en administraciones dirigidas por el PP. Teconsa tiene más contratos con el Ayuntamiento, como la construcción de un tramo de la vía de circunvalación AR-30, que pasó de un coste previsto de 2.800.000 euros a 8.115.000.

El alcalde recalcó ayer que sus actuaciones están en orden y han sido supervisadas por los técnicos municipales. Sobre el resto de acusaciones se considera incapaz de emitir un juicio hasta que no regrese de sus vacaciones. También recordó que el PSOE gobernó en la localidad en fechas en las que estaban vigentes algunos de los contratos sospechosos. Su antecesor en el cargo, el popular Ginés López, dimitió en marzo cuando fue imputado por su relación con la trama.

ELPAÍS.COM

LA FISCALÍA NO ENCUENTRA DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL SOBRECOSTE DEL PALMA ARENA

Los escándalos que afectan al PP

Un ex alto cargo de Matas admite que usó su puesto para favorecer a su empresa

MANU MENÉNDEZ - Palma

La Fiscalía Anticorrupción continuó ayer los interrogatorios a los detenidos en la llamada Operación Espada, entre ellos cuatro ex altos cargos del PP en Baleares, por su relación con una supuesta trama de corrupción en el seno del Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena, un complejo deportivo que fue la obra estrella del último gobierno de Jaume Matas. Los fiscales no han hallado ningún expediente ni consta ninguna contratación posterior que explique el sobrecoste de casi 50 millones del proyecto, presupuestado en 47 millones de euros y con un coste final de casi 100.

* "Es un infierno pasar tantas noches en el calabozo"

Los fiscales investigan un contrato 'a dedo' de ocho millones

La cubierta del velódromo no figura en el plan original

La investigación se centra ahora en aclarar la contratación a dedo de los arquitectos García-Ruiz, también imputados en la causa, para finalizar la obra. Por este trabajo percibieron unos honorarios de 8,9 millones de euros y, según se desprende de las declaraciones de los imputados, también obtuvieron carta blanca para gastar en el pozo sin fondo en que se convirtió el velódromo balear.

En el consorcio estaban representadas las tres instituciones que financiaron el proyecto: el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca. Tres ex cargos del PP en estos organismos han pasado en los últimos días por la comisaría: el ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester; el ex concejal de Deportes del consistorio, Rafael Duran, y el ex responsable de Deportes en el Consell, Antoni Palerm.

Palerm fue puesto ayer en libertad con cargos tras prestar declaración, imputado en un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, y después de admitir que se aprovechó de su cargo para vender materiales de su propia empresa para la construcción del velódromo. También quedaron en libertad, tras efectuar sus declaraciones, el arquitecto Ignacio Antonio Sáez y el ingeniero Miquel Àngel Verger.

Por su parte, Ballester y Duran -que se han negado a declarar ante los fiscales- pasarán hoy a disposición judicial, tras agotarse el plazo de 72 horas tras su detención. También continúan en los calabozos de la comisaría el antiguo gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el presidente de la Unión Temporal de Empresas que construyó el recinto, el publicista Miguel Romero.

En sus declaraciones, el personal técnico que trabajó en la construcción del velódromo achaca el astronómico sobreprecio de las obras a "una falta de planificación política" y, por otro lado, a que "el proyecto original presentaba deficiencias desde el inicio".

La investigación está revelando que, por ejemplo, partidas como la correspondiente a la cubierta del recinto no figuraban en los planos originales del proyecto. No hubo apenas colaboración entre el ingeniero alemán Ralph Schürmann, que fue apartado de las obras, y los hermanos arquitectos García-Ruiz, que tomaron el control por designio de Jaume Matas. Se omitieron los trámites obligatorios en todo proceso público ante cada nueva rectificación o ampliación del proyecto, debido a las presiones para culminar en un año una obra que estaba prevista para tres.

Mientras se desarrolla la operación y de forma oficial, el PP se ciñe a su tesis habitual en este tipo de casos, la que esgrimió el portavoz autonómico Carlos Simarro: "Las acusaciones de la fiscalía son únicamente acusaciones de parte. No la condena de las personas presuntamente implicadas".

Pero ayer, el vicepresidente del PP balear y alcalde de Inca, Pere Rotger, endureció el tono: "El PSOE utiliza todos los instrumentos del Estado para ir a por nosotros. Esto es una persecución política".

Por su parte, las Nuevas Generaciones del PP denunciaron "saña" en la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que calificaron de "espectáculo lamentable y partidario".
"Es un infierno pasar tantas noches en el calabozo"

La cúpula del consorcio encargado de la construcción del velódromo de Palma Arena entre 2005 y 2007 se ha dado cita esta semana en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Palma.

Allí, los ex altos cargos del PP de Jaume Matas han coincidido, entre otros, con el director de la agencia de publicidad Nimbus, Miguel Romero, al que se investiga por sacar tajada, presuntamente, de unos servicios de promoción cuyo precio se infló y que, en algunos casos, ni siquiera se llegaron a realizar. Su declaración será clave para aclarar si participó de algún modo en una supuesta financiación irregular de la campaña electoral del Partido Popular en las autonómicas de 2007. El interrogatorio se alargó durante toda la mañana de ayer y dejó exhaustos tanto al imputado como a su abogado, Antoni Coll. El letrado se quejó de la "actuación excesiva" de la fiscalía, que ha supuesto que su cliente pase tres días en comisaría: "Es un infierno pasar tantas noches en los calabozos".

Rafael Duran, número uno del PP de Palma, detenido desde el miércoles, quiso irse a casa de madrugada. Su representante legal, José Ramón Orta, militante del PP, tramitó una petición de habeas corpus, una acción para obtener el amparo de un detenido, con el fin de que éste sea puesto de inmediato a disposición del juez de guardia o, directamente, en libertad. La juez de guardia, Piedad Marín, con el informe a favor del fiscal, rechazó la petición. Duran fue arrestado en el Ayuntamiento de Palma y es el primer cargo público palmesano detenido en el edificio municipal en democracia. Una actuación de la policía que, según su abogado, "estuvo absolutamente injustificada".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, se refirió ayer a esta nueva presunta trama de corrupción en Baleares: "Los dirigentes del PP deberían serenarse. Si hay indicios de un delito se investiga, se produzca donde se produzca y afecte al partido que afecte. En el caso de Palma, la investigación afecta al PP, por lo que es ese partido el que debe dar las oportunas explicaciones y respetar a los tribunales".

Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, Joana Barceló, dijo lamentar "profundamente" este nuevo caso de corrupción y exigió: "Quien sea culpable, que lo pague". "Nos duele muchísimo que estas islas sean noticia por la corrupción", añadió, porque la administración pública "pierde credibilidad".

ELPAÍS.COM

LA JUNTA SE DESLIGA DEL "CASO MERCASEVILLA" Y DICE QUE AFECTA AL "ÁMBITO MUNICIPAL"

MERCASEVILLA | El PP pedirá una comisión de investigación

Europa Press | Sevilla

El consejero de Empleo, el socialista Antonio Fernández, ha desligado a la Junta de Andalucía del caso de las supuestas comisiones ilegales en Mercasevilla y apuntó al Ayuntamiento de la capital. Después de anunciar el PP que volverá a pedir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, Fernández se mostró sorprendido al no saber «por qué cambiar a la Junta de Andalucía unos presuntos hechos que, a medida que avanza la investigación, están sólo referidos a la gestión en el ámbito municipal».

Asimismo, el consejero señaló que «con el dinero de Empleo nunca hubo comisión [ilegal] porque nunca se abonó nada» y, según apuntó, a raíz de los hechos que están trascendiendo a la opinión pública, la investigación «debería acotarse al ámbito en el que se ha producido», según informa Europa Press.

La reacción del consejero de Empleo se produjo después de que el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, anunciara el viernes que su formación demandará de nuevo, en el primer pleno del Parlamento de Andalucía que se celebrará en septiembre, la creación de una comisión de investigación sobre el 'caso Mercasevilla'.

Sanz justificó que el PP vaya a solicitar otra vez la creación de dicha comisión en que los «nuevos datos y evidencias aparecidas en los últimos días en relación con el papel de la Junta y el escándalo de Mercasevilla hacen obligada la aprobación en el Parlamento de una comisión de investigación inmediata». Ya el 28 de mayo, el Parlamento rechazó, con los votos del PSOE, crear la comisión de investigación que pedían conjuntamente el PP e Izquierda Unida.

Sanz agregó que el Partido Socialista no puede utilizar el Parlamento de Andalucía «como muro infranqueable para ocultar y tapar los presuntos casos de corrupción y escándalos que afectan al PSOE sevillano y a miembros de la Junta de Andalucía».

Además
* Una constructora denuncia maquinación en la venta de suelos

ELMUNDO.ES

LOS DETENIDOS ADMITEN QUE HAY FACTURAS "INFLADAS" PERO ACLARAN: "COMISIONES, NI UNA"

PALMA ARENA | Declaración ante la Policía

* Romero admite que aplicó un sobreprecio de 'hasta un 100%' a sus encargos
* Moisés y Ballester culpan del desfase a la necesidad de acabarlo a tiempo

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Los principales detenidos en el marco de la denominada Operación Espada admitieron ayer en su primera declaración ante la policía y la Fiscalía Anticorrupción que el proceso administrativo alberga un sinfín de irregularidades y que se abonaron sobreprecios en facturas abonadas por los más diversos aspectos. Eso sí, imputaron el desfase millonario del velódromo, que pasó de 48 a 110 millones de euros públicos en apenas dos años, de una parte, a las deficiencias heredadas del proyecto del primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann, así como a la necesidad por tener listo el recinto deportivo antes del Mundial de Ciclismo de 2007 al precio que fuera.

Eso sí, negaron que el desfase entrañe, tal y como intentan determinar los investigadores, el cobro de cuantiosas comisiones. El primero en declarar fue el publicista que se encargó de la promoción del Palma Arena, que reconoció abiertamente que buena parte de las facturas que pasó a la instalación deportiva por importe de medio millón de euros estaban «hinchadas». No en vano precisó que llegó a aplicar a sus trabajos un sobreprecio de «hasta el 100%» de su coste real.

Miguel Romero, propietario de la agencia Nimbus y uno de los siete detenidos en la nueva operación de Anticorrupción contra el Govern del PP negó que los sobreprecios que estableció estuvieran ligados con los trabajos que realizó para el PP durante la campaña electoral de 2007.

No obstante, la policía judicial ha hallado entre la documentación que le fue incautada una serie de apuntes contables «en negro» que intenta determinar a qué responden exactamente. Romero arguye que se trata de cuantías menores, que rondan los 8.000 euros, y que responden a otros trabajos de la agencia por temas que no están relacionados directamente con el velódromo palmesano. «Podré ser un desastre contable, pero eso no es un delito», razonó.

Con respecto a este apartado la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional estiman que los referidos sobreprecios abonados a Nimbus oscilan entre los 100.000 y los 150.000 euros. Una cantidad que contrasta con el presupuesto de 110 millones de euros a que ascendió el recinto deportivo pero que consideran que podría responder a un claro pago camuflado de actos electorales de los populares.

ELMUNDO.ES

LOS DETENIDOS POR CORRUPCIÓN EN EL CASO "PALMA ARENA", ANTE EL JUEZ

PALMA ARENA | Pasan a disposición judicialLos detenidos a su salida de la comisaria | Jordi Avellà, Alberto Vera.

* Los primeros en declarar serán Romero, Ballester, Duran, Moisés, y Rodríguez
* Los cinco llevaban 72 horas detenidos en comisaría
* La Policía ha llevado a los juzgados numeros material documental

Visiblemente demacrados han llegado al filo de las nueve de la mañana a los juzgados de Vía Alemania el ex director general de Deportes del Govern, José Luis 'Pepote' Ballester, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran, el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero, y el ex jefe de la UTE que ejecutó las obras, Miquel Àngel Rodríguez. Los cinco han permanecido 72 horas en dependencias policiales y en todo momento han defendido su inocencia.

Junto a los arrestados la Policía ha trasladado a los juzgados de Vía Alemania numerosos archivadores etiquetados con nombres tan llamativos como 'PP' y 'Palma Arena'.

El juez de Instrucción número 3, José Castro -encargado de la causa- sea el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero, a las 9.30 horas, comparecencia a la que continuarán las de los otros cuatro imputados repartidas a lo largo de la mañana y a partir de las 16.00 horas. En los interrogatorias participará también la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, el abogado de Ballester, Angel Aragón, confirmó anoche a su salida de la Policía que el que fuese también campeón olímpico de Atlanta en 1996 permanecerá esta noche en los calabozos, imputado por un delito de malversación de caudales públicos. El detenido estuvo declarando desde las 19.00 horas hasta la 01.00, hora a la que regresó a los calabozos hasta que sea puesto a disposición judicial.

Moisés, Ballester y Romero habrían seguido la misma estrategia de defensa, manifestando que las obras se hicieron "muy rápido y no se previó desde un principio el cálculo real" de la infraestructura, lo que justificaría así el sobrecoste de la construcción. Así, en el caso concreto de Moisés, apuntó al arquitecto alemán Ralf Schürmann, que diseñó el proyecto original del Palma Arena, sobre quien declaró que no planificó de forma correcta los costes que iba a suponer el proyecto, de modo que tuvieron que adoptarse posteriormente medidas para enmendar esta "falta de previsión", lo que conllevó el desfase económico.

Un presupuesto de 100 millones de euros
Por su parte, han quedado en libertad con cargos en los últimos dos días el ingeniero industrial Miquel Àngel Verger, el arquitecto Ignacio Antonio Sáez, y el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, tras prestar declaración ante la Policía.

El juez de Instrucción número 3, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, impulsado durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan, entre otros delitos, los de malversación, prevaricación y falsedad documental.

El Ministerio público trata de averiguar así el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros. A partir de ese momento, la abogacía de la comunidad y los servicios jurídicos del Govern colaboraron con la Fiscalía en la transmisión de documentación.

Además
* Libertad con cargos para el ex director de Deportes del Consell
* Palma Arena, 110 millones sin un solo contrato

ELMUNDO.ES