viernes, 13 de febrero de 2009

EL ALCALDE DE BOADILLA CEDIÓ LOCALES A LA TRAMA POR UN PRECIO RIDÍCULO

La red de corrupción vinculada al PP

Un 'pinchazo' a Correa confirma que el ex regidor estaba en la red


D. BORASTEROS / J. S. GONZÁLEZ - Boadilla del Monte

El 12 de diciembre de 2007, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, se lo confirmaba a su interlocutor en el hotel Fénix, de Madrid. Arturo González Panero, entonces alcalde de Boadilla, había adjudicado 32 locales comerciales "en unas condiciones muy ventajosas", a la empresa de José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.

Un implicado en la trama se hizo con una parcela para 139 viviendas

No fue la mejor oferta, pero tenía que acabar las casas en 16 meses. No están listas

Así quedó grabado en las conversaciones incluidas en el sumario de Garzón. González Panero otorgó a Rústicas MBS 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros. A cambio Rústicas gestionarían el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. Entre sus clientes, además, está el propio Ayuntamiento, que les arrienda uno de los locales por 104.000 euros anuales para instalar allí su comisaría de policía, según ha denunciado la oposición socialista.

En esa adjudicación también figura, como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Alfonso Bosch. Este hombre, mencionado en varias ocasiones en el sumario, es diputado regional por el PP. Bosch también figura en el capítulo para el intento de construir una residencia para ancianos previa tala de 250 árboles en un monte. "Yo ganaba un pastón", asegura la cadena SER que fue el comentario de Bosch en una conversación grabada. No fue así porque se abandonó el proyecto cuando estaba a punto de votarse."José Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas", es la descripción del negocio que hizo Francisco Correa, según las grabaciones aportadas al sumario de Garzón. Unas "pesetillas" obtenidas a través de unas parcelas para construir los locales comerciales que están en una zona muy conveniente para instalar un negocio. "Es un sitio cojonudo", aclara un concejal del Consistorio. Un lugar muy bueno con un precio excelente. Además, la concesión incluye un aparcamiento de 180 plazas.

Rústicas lo construye y lo alquila. A cambio, paga 320.000 euros anuales al Ayuntamiento. El propio Consistorio ha decidido alquilar uno de los locales, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, para instalar allí su comisaría de Policía Local. Ha presupuestado 104.000 euros anuales para ello, según la oposición, y ya ha comenzado las obras de acondicionamiento del lugar. Ese alquiler supone un tercio de lo que le paga Rústicas, a la que aún le resta por sumar el alquiler de los otros 31 locales y la explotación del aparcamiento. Los locales tienen una media de 120 metros cuadrados. El precio estimado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler.

Durante una reunión de la EMSV, Bosch, en su calidad de gerente, explica que la idea es "conseguir que vengan negocios atractivos a la zona". Es su réplica a Enrique Hernández Fernández, del PSOE, que considera que "ninguno de los tres proyectos presentados cumple con lo programado inicialmente". Por ello, prosigue, "que se puede declarar desierto el concurso porque está desvirtuado". No fue así. En marzo de 2007 se traspasan los derechos a Artas Consultoría, cuyo único administrador es el propio Blanco.

Otro apartado en las irregulares concesiones de González Panero, es la adjudicación a UFC, empresa de otro imputado, José Luis Ulibarri, de una parcela para construir 139 viviendas, de precio libre, en noviembre de 2005. La oferta de UFC no era la mejor, 35 millones, pero el Ayuntamiento valoró el compromiso de levantar los pisos en menos de 16 meses. Aún no están terminados. La oposición, tanto PSOE como Alternativa por Boadilla, ha denunciado el asunto en muchas ocasiones. De hecho, una demanda de Ángel Galindo, de Alternativa, fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

Las concesiones y contratos de Arturo González Panero, obligado a dimitir por el PP el pasado martes, fueron uno de los motivos por los que el grupo popular se partió en el Ayuntamiento. El alcalde pretendía construir una residencia de mayores, previa tala de 250 árboles, algunos de ellos centenarios. La número 2 del Ayuntamiento, María Jesús Díaz, que ha abandonado el Consistorio, se opuso. González Panero expulsó a Díaz del equipo de gobierno en diciembre cuando ésta se presentó como candidata a la presidencia del PP local, disputándole el cargo. Díaz obtuvo 134 votos y González Panero, 186.

Otra de las irregularidades afecta a Tomás Martín Morales. "Quería que Tomás fuera concejal y por eso se inventó un puesto para él", explica una fuente cercana al grupo popular. El puesto "inventado" es el de director general de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un cargo que, según ha denunciado la oposición, no puede existir en municipios menores de 250.000 habitantes. Boadilla tiene cerca de 50.000.

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elpaís.com

CAMPS ESTUVO EN LA BODA DE EL BIGOTES, UNO DE LOS IMPUTADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN


También asistieron otros altos cargos del PP y el director de Canal 9

V.V.

La trama de corrupción destapada la pasada semana en la localidad madrileña de Boadilla del Monte se ha extendido no sólo al PP de Madrid, sino también al de Valencia, donde la admistración regional, en manos de los populares ha mantenido una relación muy cercana con una de las empresas investigadas, Orange Market. La relación era tan cercana como para que el máximo responsable de la misma e imputado en la causa, Álvaro Pérez, invitara al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a su boda en marzo de 2008. Al convite acudieron también otros cargos del Ejecutivo regional pero parece que al desatarse la trama, ahora nadie quiere vincularse con él: en el bautizo de su primera hija, celebrado el pasado sábado, sólo el director general del Canal 9 se atrevió a repetir su asistencia a la ceremonia.

La trama de corrupción vinculada al PP ha puesto a los políticos de la Comunidad Valenciana en el epicentro de la investigación, algo que no era de extrañar, dadas las buenas relaciones de la Generalitat con Orange Market, una de las empresas involucradas en el escándalo. Álvaro Pérez, El Bigotes, su máximo responsable, salió ayer en libertad después de pasar las últimas noches en prisión y ha comprobado cómo las amistades entre políticos y empresarios se disuelven cuando llegan dificultades.

Camps, en la boda de El Bigotes
El Bigotes contaba, antes de su imputación en la trama, con muy buena relación con importantes dirigentes del PP valenciano, como pudo comprobarse en su boda en marzo de 2008. Al banquete, celebrado en las instalaciones de la Copa del América, acudió un selecto grupo de personas, entre las que estaba el propio presidente regional, Francisco Camp, quien ayer fue preguntado en el pleno de la Cámara regional y se limitó a desvincularse de la trama. Eso sí, al igual que Esperanza Aguirre y otros dirigentes populares, aplicó la táctica del ventilador y en lugar de aclarar, apuntó hacia el presidente dle Gobierno. A´sí, mostó una foto de Zaptero saludando al también imputado José Luis Ulibarri, imputado en la trama, y otro de los grandes beneficiados por la Comunidad Valenciana, aunque Camps, de esto último, no dijera nada.

La foto de familia de Rajoy
Entre los invitados a la boda estuvieron también el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa. El primero habría sido, según ha informado la prensa local, el ideólogo de la foto de familia de Rajoy el pasado miércoles, cuando el partido pidió la recusación de Garzón y anunció que rompía con el ministro de Justicia tras coincidir ambos en una cacería.

La familia Costa
Por su parte, Ricardo Costa es hermano del también popular Juan Costa, que tiene una sginificativa relación tanto con Valencia como con Boadilla: su mujer, Elena Sánchez Álvarez, es socia de la empresa Free Handicap, que ha organizado durante una década actos para el PP, entre ellos el congreso nacional del partido el pasado mes de junio y que se ha visto favorecida por numerosas adjudicaciones para organizar eventos en el Ayuntamiento de Boadilla, bajo el mandato de Arturo González Panero, también imputado en la trama y que se ha visto obligado a dimitir por ello.

Abandono en el bautizo
Ninguno de ellos ha arropado ahora a El Bigotes que, según informó la edición valenciana de El País, celebró el pasado sábado el bautizo de su primera hija en Barcelona. Un día antes habían comenzado los registros de las oficinas de Orange Market en Valencia, y el único alto cargo que fue a la boda y repitió en el bautizo fue Pedro García, director general de la Radio Televisión Valenciana. La amistad entre ambos es patente, y la esposa de Pérez, Noemí Ramal, ha realizado varios trabajos para Canal 9, entre ellos el show de fin de año. Con estos datos, no es de extrañar que la televisión pública regional no esté informando en sus telediarios sobre la trama de corrupción.

ELPLURAL.COM

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UN EX ALCALDE DEL PSOE PARA EL QUE PIDEN 18 MESES DE CÁRCEL TOMA POSESIÓN DE SU ACTA DE DIPUTADO


José Antonio Gil Sánchez

@Vidal Coy

El PSOE de Murcia ha permitido que José Antonio Gil Sánchez, ex alcalde de Santomera y acusado de delito ambiental, tome posesión como nuevo diputado regional en sustitución del recientemente fallecido secretario de organización regional José Ramón Jara.

Gil Sánchez está pendiente de juicio oral y con una petición de pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por permitir, mientras era alcalde, el funcionamiento de una cantera ilegal en Santomera, que es propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, para quien el fiscal José Luis Díaz Manzanera pide tres años de cárcel (
ver El Confidencial del sábado día 7 de febrero).

El secretario regional de Comunicación de los socialistas murcianos, Pedro José Navarro, justificó la asunción de Gil Sánchez explicando que no está acusado de quedarse dinero público ni de cobrar comisiones en su propio beneficio, y estableciendo una diferencia entre el delito del que está acusado Gil Sánchez con los delitos en los que están imputados el ex alcalde y alcalde Totana del PP, Juan Morales y José Martínez Andreo a raíz de la Operación Tótem de la Guardia Civil en diciembre de 2007.

Morales se mantiene como diputado regional, aunque al margen del grupo popular, en el grupo Mixto. Los socialistas vienen criticando este pormenor y sugiriendo que está usando el acta de diputado para protegerse frente a la Justicia, puesto que es aforado. Ahora Gil Sánchez adquiere esa misma condición. Fuentes jurídicas estiman que el hecho de que se haya convertido en aforado retrasará indudablemente el juicio oral.

Los artículos del Código Penal en los que se basa el fiscal para su petición de pena son el 325, en el caso de García Balibrea, y el 329, en el caso de Gil Sánchez. Gil Sánchez es, desde que perdió las elecciones municipales de 2007, portavoz de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Santomera, localidad a unos 15 kilómetros al noreste de la capital regional. La cantera ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril de 2008, en otro procedimiento por la vía civil. Esa sentencia está todavía en vías de ejecución por el actual gobierno municipal de Santomera, encabezado por José María Sánchez Artés, del Partido Popular.

ELCONFIDENCIAL

EL PP DE ESTEPONA CONTRATÓ CON CORREA, SUPUESTO CABECILLA DE LA TRAMA

Su esposa, también detenida por Garzón, fue jefa de prensa del ayuntamiento

Hoy se ha conocido que el PP de Estepona contrató servicios entre 2001 y 2003, periodo en el que ostentó la Alcaldía, con una sociedad vinculada con el empresario Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en Madrid y Valencia y para el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó prisión incondicional sin fianza. La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, jefa de Gabinete del alcalde de Majadahonda y directora financiera de la empresa Special Events, a la que está ligado su marido, fue durante dos meses y medio, jefa de Prensa del ayuntamiento de Estepona gobernando el PP en el consistorio.

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Ricardo Galeote, gerente de la empresa municipal de Estepona “Turismo y Actividades Recreativas” entre 2001 y 2003 y actual edil del PP, contrató con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, del empresario Francisco Correa, en prisión incondicional, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren asi como alojamientos en hoteles para Fitur: También se incluye otros servicios como montaje de carpas. Hasta que accedió el PP al equipo de gobierno municipal, este servicio lo venía prestando otra agencia distinta.

123.000 euros
Además, y según ha informado la Cadena SER, la relación con la citada sociedad finalizó en el momento en el que el Partido Popular dejó la Alcaldía. La totalidad de la facturación realizada en el periodo de mandato del Partido Popular en el ayuntamiento esteponero, alcanzó la cantidad de 123.000 euros. Galeote que en la actualidad repite como concejal del PP en el consistorio costasoleño y forma parte de la oposición, ha justificado los contratos efectuados con las empresas investigadas por el juez Garzón, en aras del “interés general", ya que "se contrataban los horarios más baratos, a diferencia de lo que se viene haciendo ahora".

Gerente entre 2001 y 2003
El edil del PP, además, añadió que las cuentas de la empresa “Turismo y Actividades Recreativas”, de la que él fue gerente entre 2001 y 2003, "fueron auditadas y aprobadas por unanimidad, incluso con el voto del PSOE", a lo que añadió que era "la única que mantenía al día los pagos con la Seguridad Social, algo que tampoco viene pasando ahora".

Esposa de Correa, Jefa de Prensa
Por otro lado, la que fuera alcaldesa por el PP entre 2001 y 2003, Rosa Díaz, contrató durante más de dos meses a la mujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano -foto-, como jefa de prensa del Ayuntamiento de Estepona. Ésta última es además, hija del fundador de Construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez Bugallo, que fue detenido por su presunta implicación en el caso “Malaya” y que falleció en Junio de 2008. Rosa Díaz ha declarado que el contrato se realizó por "referencias del partido"

Lo dejó por un "trabajo mejor"
La propia Rodríguez fue una de las cinco detenidas por Garzón por su supuesta pertenencia a la trama de Madrid y Valencia. Posteriormente, fue puesta en libertad aunque con la obligación de comparecer de forma mensual en los juzgados. Galeote aseguró que se contrató tan sólo por un período de dos meses y medio como cargo de confianza de Rosa Díaz". Según Galeote, Rodríguez Quijano dejó el puesto "porque creo que le ofrecieron un trabajo mejor".

Reacción del PSOE
El líder del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, tras conocer esta noticia, exigió al PP que dé la cara ante la opinión pública por la relación de su partido con la presunta trama de corrupción del PP de Madrid y Valencia. Afirmó que "el doble discurso del PP es escasamente pulcro desde el punto de vista democrático, se atreve acusar al PSOE en Estepona pero no asume sus responsabilidades higiénicas, como en Alhaurín el Grande, o ahora en Estepona". "Es momento de que el PP actúe con transparencia y tome cartas en el asunto. Cree que “lo que define a un partido no es que tenga un caso de corrupción sino su reacción ante él”.

andalucia@elplural.com