domingo, 15 de enero de 2012

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO PIDE A TELEFÓNICA QUE EXPLIQUE PAGOS POR 406.000 EUROS A NÓOS

El magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, que instruye el caso Palma Arena, ha solicitado a Telefónica que informe de tres pagos por un total de 406.000 euros

EFE
Foto: EFE

El magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, que instruye el caso Palma Arena, ha solicitado a Telefónica que informe de tres pagos por un total de 406.000 euros realizados por la empresa al Instituto Nóos entre 2006 y 2008.

Castro solicita "contratos, facturas y cualquier documentación que acredite el motivo de la prestación o servicio por el que se efectuaron dichos pagos", según una nueva providencia del juez a la que ha tenido acceso Efe y que forma parte de la instrucción de la pieza separada del sumario Palma Arena en la que se investigan supuestas irregularidades en las actividades del Instituto Nóos.

En concreto, los pagos por los que se interesa el juez son 106.720 euros que Telefónica abonó en 2006 al instituto que presidía Iñaki Urdangarin; 206.480 euros pagados en el ejercicio 2007 y 92.800 euros en 2008.

El juez quiere conocer si esos pagos se debieron a un estudio o proyecto y reclama documentos que los acrediten.

Un informe de Hacienda incluido en el sumario de esta pieza separada del caso Palma Arena revela que el Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin, ingresó entre 2004 y 2008 un total de 4.183.919,24 euros procedentes de empresas de titularidad privada.

Entre ellas figuran, además de Telefónica, clubes de fútbol, aerolíneas o la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

"CASO MOZAMPRO"; LA JUEZ PIDE UN INFORME AL FISCAL QUE IMPUTA AL EX ALCALDE DE MORÓN MORILLA

URBANISMO | Se denunció incumplimiento del pliego de condiciones

El Ministerio Público quiere que Manuel Morilla declare por la escritura de venta
El suelo era para viviendas protegidas que no se construyeron

Europa Press | Sevilla

El Juzgado sevillano de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera ha solicitado a la Fiscalía que, tras la práctica de las diligencias reclamadas, emita su correspondiente "informe" sobre el 'caso Mozampro'.

La Fiscalía había solicitado ya que el ya excalcalde de Morón Manuel Morilla (PP) prestase declaración, en calidad de imputado, por un posible delito de prevaricación asociado a la escritura pública de venta formalizada por la sociedad 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento, en favor de la promotora 'Mozampro XXI' para el destino de unos suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas.

Mediante una providencia fechada el pasado 28 de noviembre, la juez Josefina Oña señala que "habiéndose practicado cuantas diligencias se han solicitado por el Ministerio Fiscal, remítanse las actuaciones para informe". La Asamblea Moronera Alternativa, que había elevado los hechos a la Fiscalía, había advertido de que gracias a esta operación, el promotor José María Montoya habría cosechado supuestamente un beneficio de más de un millón de euros al revender en 2007 la sociedad 'Mozampro XXI' sin haber edificado las viviendas protegidas en cuestión.

La denuncia
La sociedad de desarrollo local 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento de Morón de la Frontera, promovió a finales de 2005 y bajo el mandato de Manuel Morilla un concurso público destinado a la enajenación de una finca de 46.278 metros cuadrados, antaño propiedad de Portland Valderribas, con destino a la construcción de un máximo de 233 viviendas protegidas. En diciembre de aquel año, Mozampro XXI, cuyo administrador único era José María Montoya, se hizo con los suelos por 430.000 euros.

Según la denuncia, se incumplieron los términos del pliego de condiciones y "el valor real de los terrenos se incrementa más de un millón de euros en un solo día", advertían los independientes de Morón, quienes señalaban también que, en mayo de 2007, José María Montoya "revendió" la sociedad limitada Mozampro XXI por encima de esta tasación de 1,5 millones de euros y sin haber edificado las viviendas.

Después de haber elevado los hechos a la Fiscalía, el Ministerio Público recoge, en un escrito fechado el 29 de abril de 2011 y recogido por Europa Press, que Manuel Morilla, por entonces alcalde y presidente del consejo de administración de Altos del Sur de Sevilla, otorgó el 9 de febrero de 2006 una escritura pública de venta sobre los suelos en cuestión a 'Mozampro XXI' como vencedora del mencionado concurso público.

Escrito de la Fiscalía
Tal extremo, según la Fiscalía, constituye un "incumplimiento íntegro" de una cláusula del pliego de condiciones administrativas particulares que, en concreto, supeditaba la escritura pública de venta al inicio de las obras de urbanización, la concesión de la preceptiva licencia de obra y la inscripción del proyecto de reparcelación.

La Fiscalía, igualmente, advierte de que el promotor José María Montoya, titular del 50% del capital social de Mozampro XXI y administrador de la empresa, vendió el 5 de julio de 2007 "su participación" en esta compañía "a fin de eludir" el punto 13.4 del pliego de condiciones administrativas particulares, que prohibía la transmisión de las parcelas "hasta que no haya finalizado la edificación". Y es que, según el Ministerio Público, los suelos en cuestión siguen aún "intactos.

Por todo ello, la Fiscalía reclamaba que declaren como imputados tanto el ex alcalde como presidente del consejo de administración de Altos del Sur, como los miembros de este órgano que votaron a favor de la entrega de la escritura pública de venta a Mozampro XXI.

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ INVESTIGA SI LA GENERALITAT PAGÓ A URDANGARÍN A TRAVÉS DE SOCIEDADES PANTALLA


EP - Palma de Mallorca

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Palma Arena, está investigando dentro de la pieza centrada en el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos, si la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, que presidió Esteban González Pons durante su etapa como consejero del gobierno de Francisco Camps, operó con entidades que pudieran ser consideradas pantalla o sociedades interpuestas.

El magistrado ha reclamado a la Agencia Tributaria que aporte cuantos datos consten sobre las operaciones económicas efectuadas con terceros por parte de la Sociedad Gestora, que en diciembre de 2005 firmó un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegarían a celebrarse.

En el acuerdo aparecen las firmas de González Pons, del exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del exsocio de Nóos Diego Torres, en la actualidad uno de los principales imputados en el marco de estas investigaciones junto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

De acuerdo con el convenio, la intención de la empresa dependiente de la Generalitat pasaba por contar con la colaboración de Nóos en el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.

Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo a pesar de que el Instituto Nóos cobró 382.203 euros. La asesoría jurídica de la Generalitat indicó que en tanto que el convenio establecía una previsión de financiación para los años 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto.