miércoles, 17 de octubre de 2012

"CASO GÜRTEL"; EL EXCONSEJERO DE AGUIRRE SE NIEGA A DECLARAR Y EL JUEZ RUZ LE CAMBIA SUS CINCO IMPUTACIONES

Sobre él pesan los posibles delitos de cohecho, malversación, fraude en la administración, prevaricación y delito contra la Hacienda Pública
El exconsejero de Deportes Alberto López Viejo. EFE/Archivo

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto Lopez Viejo, se ha negado a declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación con los cinco delitos que se le imputan por su presunta participación en la denominada 'trama Gürtel'. La misma actitud tuvo en mayo de 2009, cuando le citó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.

En dicha ocasión López Viejo justificó su silencio en el hecho de que la investigación se encontraba secreta, y el magistrado del TSJM le impuso una fianza de 750.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Cinco imputaciones
Pedreira citó al ex consejero por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, informó hoy el Alto Tribunal madrileño. Ruz ha modificado esta calificación y, en este momento, le atribuye cohecho, malversación, fraude en la administración, prevaricación y delito contra la Hacienda Pública.

Desde el principio
López Viejo se encuentra imputado desde el principio de las investigaciones realizadas a la trama liderada por Francisco Correa, en la que hay más de 70 imputados. Además, el exconsejero de Esperanza Aguirre se encuentra imputado en una pieza separada del caso Guateque, que abrió el magistrado Santiago Torres cuando era el titular del Juzgado de Instrucción numero 32 de Madrid. En ella se le relaciona con una  trama de agilización de licencias municipales en el Consistorio madrileño, por un delito de tráfico de influencias.

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DOS EX ALCALDES DE MORÓN DEL PSOE Y DEL PP ACEPTAN SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN

Manuel Morilla intenta agredir con su muleta a los fotógrafos en los juzgados. | Carlos Márquez
TRIBUNALES | También cada uno pagará una multa de 1.095 euros
Los dos ex regidores se declaran autores de un delito contra el territorio
Admiten haber autorizado la construcción de varias naves en suelo rústico
Ambos autorizaron la construcción pese al informe contrario del arquitecto

Europa Press | Sevilla

Los ex alcaldes del municipio sevillano de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) y José Párraga (PSOE) han aceptado este jueves, ante el Juzgado de lo Penal número 5, una condena de siete años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, además de una multa de 1.095 euros, como autores declarados de un delito continuado contra la ordenación del territorio con prevaricación urbanística. El asunto se ha resuelto por conformidad.

El procedimiento judicial responde a las acciones emprendidas por la asociación vecinal de Morón 'La Alameda', al haber permitido el Ayuntamiento la construcción de varias naves en un entorno clasificado como suelo rústico por el planeamiento urbano de este municipio de la Sierra Sur de Sevilla.

Según denunciaba la organización vecinal, representada por el abogado Francisco Vega, la Alcaldía de Morón de la Frontera, primero con Párraga y luego con Morilla, habría autorizado desde 2001 la instalación de varios negocios, incluyendo un estacionamiento de vehículos pesados, en estos terrenos "no urbanizables". Tales autorizaciones, además, habrían sido libradas en contra de los informes emitidos al respecto por la Secretaría General del propio Ayuntamiento y el arquitecto municipal.
El ex alcalde José Párraga. | C.M.


Ruidos y molestias

La instalación de estos negocios, según la denuncia, había motivado toda una serie de ruidos y molestias al colectivo de vecinos reunido en la organización 'La Alameda', que a cuenta de este conflicto resolvió elevar el asunto a los tribunales.

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, a cuenta de estos hechos, solicitaba para cada uno de los ex alcaldes un año y seis meses de prisión, así como su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años. La acusación particular, en este caso el colectivo vecinal, solicitaba para Manuel Morilla cuatro años de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante 21 años, reclamando para José Párraga dos años de cárcel y un periodo de inhabilitación de 14 años.

Finalmente, las partes han alcanzado un acuerdo, gracias al cual cada uno de los alcaldes ha aceptado una condena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, así como una multa de 1.095 euros, como autores reconocidos de un delito continuado contra la ordenación del territorio con el concurso de un delito de prevaricación urbanística, siendo aplicada en ambos casos la atenuante de dilaciones indebidas. De tal forma, ambos han aceptado la condena descrita, siendo resuelto el caso por conformidad y siendo declarada firme la sentencia dictada a continuación.

"TRAMA DE LOS ERE"; EL JUEZ SUSTITUTO DE ALAYA REBAJA DE 150.000 A 50.000 EUROS LA FIANZA A JAVIER GUERRERO

Guerrero, junto a su abogado, acude a la comisión de los ERE el 22 de agosto. | J. Morón

Recurrirá para lograr salir sin fianza
El ex director de Trabajo era el único imputado que seguía en prisión
El letrado de Guerrero cree ahora que los 50.000 euros 'son asumibles'
Nunca pudo reunir la fianza: primero, 250.000 euros; más tarde, 150.000
Guerrero llegó a pedir ayuda a amigos y conocidos a través de SMS

ELMUNDO.es | Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE fraudulentos, ha rebajado la fianza de 150.000 a 50.000 euros al ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que ingresó en prisión en la madrugada del pasado 10 de marzo.

El auto dictado por el juez Iván Escalera, que sustituye temporalmente a la magistrada Mercedes Alaya tras darse de baja por enfermedad, tiene en cuenta parcialmente el recurso que reclamaba la puesta en libertad sin fianza de Guerrero presentado por su abogado, Fernando de Pablo, que ha asegurado que Guerrero no dispone de los 50.000 euros, pero "son asumibles".

No obstante, De Pablo ha avanzado que "lo más probable" es que recurra la negativa a la libertad sin fianza para Guerrero ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que precisamente el pasado lunes decretó la libertad sin fianza para el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.

En esta línea, Javier Guerrero, responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre septiembre de 1999 y abril de 2008, es el único de los tres imputados que han ingresado en prisión preventiva que se encontraba privado de libertad.

El ex consejero de Trabajo Antonio Fernández abandonó la cárcel el pasado 10 de agosto tras depositar una fianza de 450.000 euros y el antiguo chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo Blanco, ha salido esta misma semana después de que la Audiencia de Sevilla le levantara la fianza de 75.000 euros que le impuso el pasado 27 de julio (la mitad de la inicial).

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social puede eludir la cárcel desde el pasado 12 de julio bajo fianza, si bien hasta ahora no había podido reunir el dinero en efectivo -primero 250.000 euros y luego 150.000- que se le había fijado. Así lo ordenó la juez Alaya después de que la Audiencia de Sevilla la corrigiera al permitir que Antonio Fernández pudiera abandonar el centro penitenciario si depositaba una fianza de 450.000 euros.

Como desveló ELMUNDO.ES el pasado 18 de julio, el ex alto cargo de la Junta pidió ayuda por SMS a sus amigos y conocidos en un intento de reunir la fianza impuesta que la juez Mercedes Alaya. "Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda", rezaba la leyenda del texto antes de detallar la cuenta de La Caixa en la que se podía realizar el ingreso. Y añadía: "Guarda el resguardo del ingreso para devolverte el dinero. Pásalo".

El SMS se enviaba desde el teléfono móvil de Javier Guerrero, en poder de su esposa desde que ingresó en la cárcel, y la cuenta en la que se podía ingresar el dinero se ha abierto en la oficina que la entidad financiera catalana tiene en la localidad sevillana de La Rinconada.

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