viernes, 23 de diciembre de 2011

"CASO FABRA"; EL JUEZ IMPUTA CINCO DELITOS FISCALES A CARLOS FABRA QUE SUPONEN HASTA 9 AÑOS DE CÁRCEL

Fabra, saliendo del Juzgado de Nules, tras una declaración el año pasado. | E. T.
TRIBUNALES | También a su ex mujer

Cree que Fabra y su ex mujer ingresaron más de un millón de euros sin declarar
Las partes tienen un plazo de diez días para pronunciarse
Pueden solicitar apertura de juicio oral, sobreseimiento o más diligencias

ELMUNDO.es | Castellón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha presentado este viernes el auto de conclusiones del caso Fabra por lo que cierra las diligencias previas en lo que se refiere a las acusaciones de presuntos delitos fiscales contra el ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de esta provincia, Carlos Fabra y su ex esposa, María Amparo Fernández.

Según el auto aportado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez de Nules observa indicios de cinco delitos fiscales en las declaraciones de la Renta de Fabra y su ex esposa durante los años 1999 y 2003 y traslada sus conclusiones a las partes para que, en un plazo de diez días, soliciten apertura de juicio oral, sobreseimiento de la causa o que se practiquen nuevas diligencias.

Entiende el titular del Juzgado de Nules que los delitos fiscales que se le imputan al entonces matrimonio, por no declarar ingresos de más de un millón de euros entre ambos en las Rentas de 1999 a 2003, puede suponer una pena de cárcel no superior a nueve años.
 
Antecedentes de los hechos que argumenta el juez
Según el escrito del magistrado, las diligencias previas se remontan al año 1999. En el año 1999 el empresario Vicente Vilar, con antecedentes penales, era administrador único de la empresa Naranjax SL, con sede en Artana (Castellón), cuyo objeto social era la fabricación y formulación de productos fitosanitarios que, a su vez, eran sintentizados por otra empresa, Arcavi SL, cuya administradora única era su mujer Montserrat Vives.

Según el auto, la mercantil Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo, por lo que Vicente Vilar se puso en contacto con Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castellón, a través de su mujer, la cual tenía amistad con María Amparo Fernández, esposa de Carlos Fabra.

Mediación con autoridades, funcionarios y políticos
A tenor de las conclusiones del juez, Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del grupo de empresas controladas por Vicente Vilar y Montserrat Vives, y a mediar ante autoridades y funcionarios públicos de las Cortes Generales y de los Ministerios "para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios, haciendo valer su condición de presidente de la Diputación provincial de Castellón", especifica el escrito.

Y, a raíz de estas actuaciones por parte de Carlos Fabra se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el día 12 de julio de 1999 entre Jesús Posadas, por aquel entonces ministro de Agricultura, Juan Costa, entonces secretario de Hacienda y diputado nacional por Castellón, Juan José Ortiz, entonces diputado por Castellón en las Cortes Generales, Miguel Vicente Prim, entonces senador por Castellón, y Carlos Fabra, uno de cuyos puntos del día era precisamente los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.

Supuestas comisiones por el trabajo
Cuando en octubre de ese año, tres meses después de la primera reunión con autoridades, se aprueba el producto que comercializa la empresa de Vilar, según el juez, Fabra le requiere 130.000 euros (25 millones de las antiguas pesetas) en metálico, "en reconocimiento a su labor de mediación", advierte el magistrado.

A principios del año 2000, Naranjax vendió un producto de los aprobados (el Piclor) por un valor de 1.092.000 euros y Fabra propuso a Vilar constituir una empresa que fuese titular de los registros de Naranjax de la que serían socias por igual las mujeres de ambos.

También habían adquirido una firma, Atermis 2000 SL, en diciembre 1999, que sería la titular de los productos que iba adquiriendo Naranjax y carecía de actividad y de trabajadores.

Fabra, según el escrito del juez, continuó su labor de mediación ante autoridades y funcionarios públicos, así como ante la Administración del Estado, "con el objetivo de agilizar la concesión de licencias, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, entonces Subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a reunirse en Madrid con el director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y con la entonces ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos".

Empresas sin actividad ni trabajadores
En abril de 2000 el presidente del PP de Castellón constituyó otra empresa, Carmacas SL, "de la cual era el administrador único y titular del 90% de las participaciones sociales, siendo los otros dos socios a partes iguales sus hijos" (los varones). Mediante esta firma, "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados", facturó 34.800 euros en dos ocasiones, 72.121,44 euros más IVA, 20.690 euros y 54.000 euros a las diferentes empresas creadas.

El juez consdiera que en parte por las ganancias de este tipo y en parte por otras fuentes, Carlos Fabra y su ex esposa "obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados" entre 1999 y 2003.

A Fabra le imputa no declarados entre 1999 y 2003 un total de 693.074,33 euros y a su mujer, en el mismo periodo, un total de 428.644,58 euros. Pudiendo ser los hechos constitutivos de varios delitos castigados con penas no superiores a 9 años de cárcel, según el juzgado.

Así las cosas, con el auto de este viernes también se traslada a las partes (Ministerio Fiscal, acusación popular y defensas) para que soliciten en un plazo máximo de diez días la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso o que pidan prácticar diligencias complementarias.

Frente a esta resolución cabe recurso de Reforma ante el mismo Juzgado en un plazo de tres días.

EL JUZGADO CIERRA EL "CASO FABRA" PARA QUE LA AUDIENCIA LE PONGA FECHA

MARÍA FABRA - Castellón

El Juzgado número 1 de Nules ha dado por concluida la instrucción en la investigación sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP en esta provincia, Carlos Fabra, abierta en diciembre de 2003. El conocido como "caso Fabra" estalló cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

La investigación desembocó en la imputación al dirigente del PP por varios delitos contra la administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial no justificado.

Hace apenas 20 días, el Supremo ordenó que Fabra sea juzgado por cinco delitos fiscales y no por uno, tal como había dictado la Audiencia provincial de Castellón.

En un auto hecho público ayer, el titular del juzgado ha dado traslado a las partes para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias.

Después, el caso se remitirá a la Audiencia provincial para que ponga fecha para el juicio del "caso Fabra".


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"CASO GÜRTEL"; EL INFORMÁTICO DE FOREVER DECLARA QUE ENCUBRIÓ A CAMPS

Hinojosa, el dueño de la tienda, admite que trató el caso con Trillo

IGNACIO ZAFRA / MARÍA FABRA - Valencia

El informático Francisco Ferre, que daba servicio a Forever Young, la tienda de la que salieron supuestamente muchas de las prendas de vestir con las que la trama Gürtel obsequió al expresidente y a Ricardo Costa, declaró ayer ante el jurado que recibió instrucciones de sus jefes para sustituir el número de cliente del expresidente por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, en los registros del comercio. Ferre recibió la orden, aseguró, el 19 de marzo de marzo de 2009. Un mes después de que estallara el caso Gürtel y a los pocos días de que el diputado del PP Federico Trillo se reuniera con el dueño del establecimiento, Eduardo Hinojosa.

"Me dijeron que había un error en la atribución de prendas a clientes y si lo podía arreglar. Pasé dos tardes viendo qué podía hacer y el lunes 21 de marzo hice las modificaciones", declaró Ferre. El testigo aportó los correos eléctronicos en los que Raquel Vázquez, la responsable de la contabilidad de Forever Young y mujer de confianza de Hinojosa, le indicaba qué registros debía alterar y a quién se lo debía atribuir. En el primero de los mensajes que se le mostraron al jurado, remitido desde el correo de Vázquez, figuraban dos números de referencia y un nombre: "14.335, 12.958, Alv Pérez".

Ferre relató que al buscar dichos números de referencia descubrió que al cliente al que había que descargarle las prendas era Francisco Camps. Y que en la búsqueda le aparecieron un total de cinco ventas atribuidas al expresidente. Ferre informó de ello, pero solo le pidieron que alterara uno más, el 12.109. La fiscal dejó caer en el interrogatorio que los otros dos registros correspondían a tiques de venta que la tienda ya había aportado al juez. Es decir, que era demasiado tarde para hacer cambios.

El informático explicó que la manipulación fue doble. Consistió en cambiar el número de cliente de Camps, 394, por el de El Bigotes, 571. Y borrar, "porque cambiarlo era imposible", las imágenes de los tiques de venta que habían quedado automáticamente recogidas en la base de datos al salir por la caja de la tienda, y en las que figuraba el nombre de Camps. Ferre indicó que solo eliminó las imágenes registradas de los dos primeros números de registros que le indicaron. "El 12.109 no lo borré; me lo pidieron más tarde y estaba enfadado". Ferre apoyó sus palabras en pantallazos de la base de datos antes y después de ser manipulada.

La declaración de Hinojosa se convirtió en una guerra de trincheras con las acusaciones. La táctica evasiva del dueño de Forever Young recordó a la que emplearon dos de sus todavía empleados que testificaron días atrás: Raquel Vázquez y Javier García. A Hinojosa tuvieron que preguntarle siete veces, por ejemplo, si la tienda adjudicaba números de clientes. Finalmente, respondió que sí. El dueño de Forever está enfrentado judicialmente en dos procedimientos con el sastre José Tomás, testigo de cargo contra Camps y Costa. Hinojosa reconoció que proporcionó documentos de dichas causas al letrado del expresidente, Javier Boix, y que también le entregó documentos a Trillo, con quien se reunió dos veces.
   
Más información:
Personaje: Francisco Camps Ortiz
Tema: Caso Gürtel
ANÁLISIS: Intercambio de apellidos


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