domingo, 19 de septiembre de 2010

"CASO PALMA ARENA"; UN EX DIRECTIVO DE IB3 DECLARA ANTE EL JUEZ COMO IMPUTADO

El ex director de antena

Europa Press | Palma

El ex director de antena de IB3 Televisió, Arturo Orrico, está citado a declarar este lunes en calidad de imputado en el marco de la pieza número 1 del caso Palma Arena, en la que se investiga el presunto fraude cometido en la adjudicación de programas y en el encargo de decorados a empresas vinculadas con el productor José Luis Moreno por parte del ente autonómico durante la pasada legislatura.

En concreto, la comparecencia está prevista a partir de las 9.30 horas y en ella el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de las investigaciones de las 25 piezas en las que se divide el caso Palma Arena, interrogará a Orrico acerca de estas supuestas irregularidades en los concursos y licitaciones así como sobre el posible cobro de sobornos a cambio de estas adjudicaciones.

Precisamente, el ex directivo de IB3 Luis Velasco ya acusó a Moreno de haber entregado al ex presidente del Govern, Jaume Matas, un sobre con 250.000 euros en efectivo durante la gala inaugural de IB3 Televisió celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca, que habría servido como contraprestación por los favores realizados con la concesión de programas a sus empresas.

Se trata de unos hechos que se convirtieron en una de las principales líneas de investigación dentro de las diligencias informativas que incoó la Fiscalía y que vinculan al ex presidente con el cobro de sobornos por parte del ente autonómico durante la pasada legislatura. Abierta a finales de 2008, las pesquisas de la que se denominó Operación Cámara constituyen en la actualidad una pieza separada del caso Palma Arena después de que el Ministerio Público las remitiese al Juzgado para que prosiguiese con ellas.

El juez Castro advirtió, en el auto en el que el pasado 30 de marzo decretó prisión bajo fianza de tres millones de euros contra Matas, que la investigación en torno a los 250.000 euros "no ha hecho más que empezar", al igual que las otras supuestas irregularidades denunciadas en el marco de esta pieza y que, además, fueron corroboradas por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas.

Sin embargo, ésta constituye únicamente una del total de 25 piezas en las que el magistrado acordó dividir el caso para agilizar la instrucción de una compleja causa que en líneas generales investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo Palma Arena, su posible conexión con el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas durante su etapa como presidente del Govern, y la presunta financiación irregular del PP en las elecciones autonómicas de 2007.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; EL FISCAL RESCATA A MUNAR Y DICE QUE EL INFORME SOBRE SU SECRETARIA ES UN "ERROR POLICIAL"

Reacción de la fiscalía

* Asegura que los 3 millones que atribuyen a comisiones están justificados
* Dice que los ha ganado con una herencia y en la Bolsa

E. Colom | E. Urreiztieta | A. Pery | Palma

Un día después de haber manifestado que la Fiscalía no puede emitir ninguna valoración acerca de procesos judiciales en marcha, el propio fiscal jefe Bartomeu Barceló intervino personalmente para manifestar al director de EL MUNDO/El Día de Baleares que el Ministerio Público del que él es el máximo representante en las Islas no va actuar en el caso del hermano de la secretaria de Munar, Manuel Martín Piris. Un Martín Piris a quien un oficio de la Policía aportado al Juzgado acusa de haberse enriquecido «repentina e inexplicablemente» con más de 3 millones de euros pese a «no tener ingresos» y que, según sostiene explícitamente la Policía, podrían ocultar «comisiones ilícitas» derivadas del «amaño de Can Domenge».

De entrada, Barceló acusó a EL MUNDO de «publicar mentiras» por hacerse eco del citado documento policial aportado al Juzgado de Instrucción número 12 que investiga el escándalo de la venta por parte del Consell que presidía Munar del solar de Can Domenge por la mitad de su valor de mercado –se indaga una malversación de 30 millones de euros públicos–. Una venta que se produjo tras amañar el concurso y facilitar mucho antes de su publicación las bases a la promotora que se acabó llevando el solar para 500 viviendas.

El fiscal jefe tildó inicialmente de «notita errónea sin firmar» y de «informe interno» el oficio remitido por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que hoy EL MUNDO publica íntegro en su página web, donde se puede comprobar que el oficio está firmado por un inspector y sellado por el Juzgado. Además, también ofrece información recabada por la Agencia Tributaria. Sin que todavía la juez haya tomado declaración a quienes la Policía apunta como posibles «testaferros» de Munar, Barceló adelantó ayer que la Fiscalía que él dirige no va a actuar ni va a solicitar que se esclarezcan los hechos que la propia Policía califica de «altamente sospechosos». Esto es, y según se desprende de lo comunicado por la Policía a la magistrada del caso, cómo «un sujeto sin ingresos ni rendimientos de trabajo» llamado Manuel Martín Piris, hermano de la secretaria de Munar, Rosario Martín Piris –socia en negocios inmobiliarios con los dos ex máximos colaboradores políticos de Munar– ha podido pasar de tener «23.019 euros en su cuenta bancaria a tener 3.420.670 euros en dos años, 2008 y 2009».

En este sentido, la Policía literalmente aprecia en el citado oficio emitido el 14 de septiembre la posibilidad de estar ante un «proceso de blanqueo del dinero ilícitamente obtenido por los imputados en esta causa –Can Domenge–, que comenzaría a aflorar dos o tres años después del pago de las comisiones». Según explica igualmente el análisis policial y de lo que hace partícipe a la Agencia Tributaria, «se ha tratado de buscar algún tipo de explicación a la existencia de esta cantidad de dinero, no alcanzando a encontrar ninguna más que una herencia que rondaba los 500.000 euros a repartir entre todos los herederos que en ningún caso justificaría las cantidades investigadas».

Barceló, que aseguró ayer que «lo ha podido comprobar» por su cuenta, incidió ayer sin embargo en la idea de que se trata de un error en el análisis policial de los datos económicos de Manuel Martín Piris. «Ese dinero proviene de una herencia y luego esta persona ha realizado inversiones bursátiles; además, los datos son erróneos porque el mismo dinero que entra luego sale por la misma cuantía». «¿Y cómo lo sabe usted si no lo sabe la Policía ni Hacienda?», inquirió en este punto el director de esta publicación. «¡Coño, pues porque soy el fiscal jefe!», espetó como toda réplica el alto funcionario público. «Ya hemos comprobado los datos y este señor no es sospechoso de nada», agregó.

Cuando el director de EL MUNDO le hizo notar a Barceló (que no se pronunció durante todo el viernes pese a que atendió diligentemente a este periódico por la mañana para decir que no hacía valoraciones a periodistas) que su discurso era parecido al de un abogado defensor y que en otros casos no reaccionaba igual, el máximo representante de la Fiscalía replicó: «En casos complicados hay que tener cuidado en lo que se dice, sobre todo si no se sabe de leyes; si EL MUNDO no está contento puede actuar como acusación particular», agregó entre risas.

Además
* Foro: ¿Deben detener a la secretaria de Munar? | Vote
* Lea completo el informe de la policía
* El guardaespaldas de sa princesa

elmundo.es

DIMITE EL TENIENTE DE ALCALDE DE OURENSE TRAS SER IMPUTADO

García Mata: "No quiero entorpecer la vida del Gobierno y el trabajo del BNG"

CRISTINA HUETE - Ourense

Tres dimisiones en cadena, otras tantas imputaciones por prevaricación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias y un posible juicio con jurado popular coincidiendo con la campaña electoral. El grupo municipal del BNG -y con él el Gobierno progresista de Ourense- se enfrenta a una grave crisis por un intento de adjudicación de unos paneles publicitarios que no llegó a realizarse. El teniente de alcalde, el nacionalista Andrés García Mata, siguió ayer los pasos de su predecesor, Alexandre Sánchez Vidal y del director general de Turismo, David Cortón, y presentó su renuncia al acta de concejal tras conocer el auto judicial que lo imputa, "sin fundamento alguno" en su opinión, como a los otros dos compañeros y al jefe de servicio Elías Domínguez. Los cuatro presentarán recurso.

El alcalde garantiza la gobernabilidad hasta el final de su mandato

García Mata señaló ayer directamente al PP -que presentó la denuncia en la fiscalía- junto con "algún medio de comunicación", como artífice de esta "maniobra política" enmarcada en "una campaña de acoso y derribo" contra el Gobierno progresista. Tras reiterar su inocencia, explicó que con su dimisión pretende evitar que "este asunto entorpezca la vida del Gobierno local y el trabajo del BNG".

El alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, instó por su parte al PP -que pidió las dimisiones y la ruptura del bipartito y se ofreció a pactar puntualmente con el PSOE los asuntos de interés para la ciudad- a que "sea tan implacable" con las personas de su organización "que están procesadas", pero sobre los que "nunca se escucha una palabra pidiendo su dimisión".

Rodríguez no aceptará el ofrecimiento de los populares. Lejos de ello, tras tildar de "demostración de ética personal y política" la dimisión de Mata, anunció que mantendrá el pacto y garantizó la gobernabilidad "hasta el final del mandato". "Ya le gustaría al PP que se rompiese", destacó el alcalde para asegurar a continuación que "lo que es inquebrantable es la voluntad de los ciudadanos de Ourense que hace cuatro años dijeron que teníamos que gobernar PSOE y BNG".

Los nacionalistas se muestran convencidos de que con su "maniobra, con el acoso y derribo en la parte más débil", el PP intenta no sólo "golpear al Gobierno local" en vísperas de las municipales, sino sentar a los tres políticos -los dos ex tenientes de alcalde y el director de Turismo- en el banquillo "para ser juzgados por un jurado" teniendo en cuenta la imputación de los delitos de cohecho y prevaricación. "Los plazos están tasados, ni con el recurso podremos evitar que el juicio se celebre coincidiendo con la campaña", sostienen fuentes del BNG.

Frente a la actitud más pesimista de los nacionalistas, el alcalde mostró su convicción de que este hecho no afectará en las municipales. Y advirtió de que la dimisión de Mata demuestra "la coherencia y la ética". Algo que, en su opinión, beneficia "porque no es habitual ver esto en los políticos, sobre todo en los de algún partido".

La dimisión de García Mata (Máis Galiza) situará a su rival dentro del BNG, Isabel Pérez (UPG), en la tenencia de alcaldía, el tercer recambio nacionalista en el mandato. El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, valoró la dimisión de García Mata como un "gesto muy positivo por asumir responsabilidades políticas" frente a las "prácticas del PP que mantiene en cargos públicos a miembros imputados en casos de corrupción".

elpaís.com

UN AUDITOR CONSIDERA QUE EL AYUNTAMIENTO FUE "EXTREMADAMENTE GENEROSO" CON MILLET EN LA TRAMITACIÓN DEL HOTEL PALAU

El cambio de la propiedad de las fincas de la Fundación a Olivia Hoteles no tiene "trascendencia jurídica", según los peritos

BLANCA CÍA - Barcelona

Sólo uno de los auditores que ha comparecido en la comisión de investigación interna del Ayuntamiento de Barcelona sobre la tramitación del hotel del Palau de la Música ha sido crítico con la actuación del consistorio en un asunto que ha derivado en un proceso penal contra tres altos cargos municipales, entre ellos el cuarto teniente de alcalde, Ramón García Bragado. El letrado Jordi Miró, que participó en la auditoria designado por el Colegio de Abogados, sostuvo que el Ayuntamiento fue "extremadamente generoso" con los responsables del Palau -que impulsaron el proyecto del hotel- y "poco riguroso y exhaustivo" a la hora de reclamar que justificaran el alegado "interés público" del hotel. Para Miró, el beneficio principal de la operación era para la Fundación que presidió Félix Millet hasta que se desató el escándalo en julio del año pasado. Añadió que se antepusieron los intereses del Palau frente a otros, entre ellos, los de los vecinos del entorno de esa zona del Casc Antic.

Los autores de la auditoria comparecieron para contestar a las preguntas de los grupos municipales. Antes del verano todos acordaron pedir un informe pericial como primer paso y, después, iniciar las comparecencias. El resultado del informe es ambivalente respecto a la actuación de los responsables municipales: no se justificó el interés público del proyecto pero, dejándo esa cuestión al margen, la tramitación fue correcta.

Algunos de los auditores, en sus explicaciones, tendieron un capote a los responsables del equipo de gobierno: "fueron engañados con el cambio de titularidad". Se refería a que el consistorio ignoraba que la propiedad de los tres edificios donde se iba a levantar el hotel ya no era del Palau sino que se había vendido a Olivia Hoteles. Un "engaño" más que dudoso si se tiene en cuenta que técnicos de Urbanismo- y también los responsables de licencias de Ciutat Vella- habían sido informados y habían realizado trámites en los que figuraba que la propietaria de las fincas era la empresa Olivia Hoteles.

También siguiendo las tesis municipales, los técnicos se alinearon con el argumento de que el cambio de propiedad de las fincas no tenía "ninguna consecuencia jurídica" a la hora de tramitar el plan urbanístico. Ninguno de ellos, ni de los regidores que les formularon preguntas en la comparecencia, se refirieron al proceso penal abierto precisamente por cómo se hizo la tramitación. Algo que en opinión del fiscal y de la juez- que les ha inculpado- puede constituir los delitos de falsedad en documento y prevaricación.

elpaís.com

LOS PROCESADOS DEL "CASO MALAYA" NEGAN TODA IMPLICACIÓN ANTE EL JUICIO

Casi todas las defensas ocultan su estrategia en la vista oral en sus informes

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

Faltan nueve días para que arranque el que quizá sea el juicio más multitudinario de la historia de España: el caso Malaya, sobre la corrupción en Marbella (Málaga). Los abogados de 93 de los 95 procesados han presentado ya ante la Audiencia Provincial de Málaga sus informes de conclusiones provisionales, en los que niegan con más o menos rotundidad las acusaciones formuladas el pasado junio por el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Solo faltan por llegar dos alegatos: el del supuesto cerebro de la trama corrupta, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y el de su hija, a quienes la sala ha concedido un plazo mayor después de que a finales de julio su abogado, Aníbal Álvarez, renunciara al caso, y tuviera que ser sustituido por otra letrada.

Algunos imputados tratan de 'inundar' la vista oral al pedir hasta 101 testigos

Montserrat Corulla niega que su firma en 13 documentos sea auténtica

Los dueños de la promotora Aifos reconocen que pagaron a Roca

Los ex ediles niegan que las iniciales de los sobres con dinero sean suyas

En sus escritos de defensa, algunos ciertamente escuetos como el del ex alcalde Julián Muñoz -apenas cuatro folios-, los acusados rechazan de plano las acusaciones. Sin embargo, la mayoría, incluso los que han presentado escritos más prolijos, esconden su estrategia ante la vista oral, que arrancará el 27 de septiembre a las diez de la mañana con el estudio de las cuestiones previas. Los procesados han solicitado la práctica de miles de pruebas, entre interrogatorios a coacusados, testigos y peritos, lecturas de sumario y aportaciones de documentos de todo tipo al juicio.

Algunos acusados, como el empresario Andrés Liétor, han tratado de inundar la vista oral con 101 testigos, entre ellos el fiscal López Caballero, el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, o las dos secretarias del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Estas presencias han sido unas de las pocas denegadas por la sala, que sí ha admitido que declaren como testigos, entre otros muchos, la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; la ex directora general de Urbanismo y actual secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz; el ex presidente de la Diputación malagueña Juan Fraile o los ex delegados de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta en Málaga José María Ruiz Povedano e Ignacio Trillo.

Aunque los acusados han tratado de guardar sus cartas, sus escritos permiten vislumbrar algunas líneas de su defensa. Es el caso de Montserrat Corulla, empleada que se encargaba de gestionar parte del patrimonio inmobiliario de Roca, y para quien se piden cuatro años de prisión por blanqueo de capitales. Corulla ha adjuntado a su escrito un informe grafológico que trata de demostrar que la firma que aparece en al menos 13 documentos de la mercantil Condeor, y que se le atribuye a ella, "no es auténtica". Condeor, sociedad perteneciente a Roca y constituida en 1992 es la propietaria del Palacio de Saldaña, en Madrid, entre otros inmuebles. La defensa de Corulla señala que se incorporó a la sociedad en 2002 y que "en esas fechas los bienes y fondos que pudieran provenir de conductas ilícitas estarían ya incorporados al tráfico legal".

Otro imputado principal que también deja entrever sus cartas es Salvador Gardoqui, economista que supuestamente llevaba la contabilidad de Roca y a quien se le incautó un lápiz de memoria con anotaciones clave para que avanzara la investigación policial en 2006. Gardoqui, que se enfrenta a otros cuatro años de prisión, también por blanqueo, afirma que los archivos incautados fueron en realidad a su antecesor en la oficina de Maras Asesores, desde donde Roca supuestamente controlaba cada ladrillo que se colocaba en Marbella.

En su escrito, la defensa de Gardoqui trata de granjearse la simpatía de la sala calificando a su cliente de "mileurista" que "ha estado trabajando tanto en Madrid como en África con la madre Teresa de Calcuta cuidando enfermos durante años".

En el lado de los concejales marbellíes que supuestamente cobraron fondos que numerosos empresarios pasaban a Roca a cambio de votar a favor de determinadas actuaciones urbanísticas también hay sorpresas. Rafael Calleja sostiene que la moción de censura que en agosto de 2003 derrocó a Julián Muñoz cuando este decidió deshacerse de Roca se presento "por razones exclusivamente políticas". Además, niega uno de los pocos aspectos que parecen claros de la realidad municipal marbellí durante los años posteriores a la muerte de Jesús Gil: "No es cierto que Roca controlara de facto el Ayuntamiento de Marbella".

Los ex concejales se están concentrando en negar que las iniciales que figuraban en los sobres con dinero que guardaba Roca en su despacho y que coincidían con las de todos los ediles del equipo de gobierno tengan algo que ver con ellos. La demostración de esta tesis del fiscal dependerá en buena parte del testimonio de Juan Antonio Roca.

En el ámbito de los empresarios, algunos sí reconocen que han entregado dinero a Roca. Es el caso del dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, que reconoce haber entregado una cantidad "muy inferior" a la relatada por el fiscal (4,8 millones de euros) "en la confianza de que las sumas entregadas iban destinadas a dotar de tesorería al Ayuntamiento de Marbella" y ante el temor de que si no pagaban, Aifos se viera perjudicada por "actuaciones arbitrarias".

Los argumentos de los principales imputados

Marisol Yagüe Reyes

La ex alcaldesa impugna los informes policiales que relatan que percibió dinero del ex asesor urbanístico. Niega haber negociado con la empresa Portillo la adjudicación de la estación de autobuses marbelli.

Julián Muñoz Palomo

El ex regidor reclama la comparecencia como testigos de los principales responsables autonómicos y provinciales de urbanismo en el año 2003 y niega cualquier participación en los hechos.

Isabel García Marcos

La antigua teniente de alcalde asegura que los 380.000 euros en metálico que se hallaron en su casa son "fruto del trabajo y del ahorro familiar". Niega haber recibido cantidad alguna al margen de su sueldo.


elpaís.com

EL PP DE CAMPS ACUMULA MÁS DE 25 IMPUTADOS

La corrupción en la Comunidad Valenciana

El presidente valenciano, su equipo y las cúpulas de Alicante y Castellón están afectados por la corrupción

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia

El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza.

El 'caso Fabra', el Gürtel y el Brugal condicionan la acción institucional

El presidente de la Diputación de Alicante es el último implicado

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza.

El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los últimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.

La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-.

Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares. Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.

La situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra.

La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia.

Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado.

Populares emplazados por la justicia en la Comunidad Valenciana
- ALICANTE

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp) y Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera)

- CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria.

- VALENCIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Nacimiento:
28-08-1962
Lugar:
Valencia


Caso Gürtel
A FONDO

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