viernes, 3 de septiembre de 2010

EL JUEZ DA UN IMPULSO AL "CASO TERRA MÍTICA" Y RECUPERA EL DELITO FISCAL

Retoma las actuaciones tras haberlas suspendido en enero

LYDIA GARRIDO - Valencia -

El caso Terra Mítica vuelve a tomar impulso. Se lo acaba de dar el juez que investiga el supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros cometido por una veintena de empresas a cuenta de las obras de construcción del parque temático Terra Mítica, uno de los sueños del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. El magistrado juez Francisco de Asís Silla decidió el pasado enero dar por nulas todas las actuaciones practicadas desde que se presentó la denuncia en 2006 sobre el delito fiscal. Eso supuso un auténtico varapalo: colocó la causa al borde del archivo. La Fiscalía, el abogado del Estado y la representación de los socialistas recurrieron esa decisión. La respuesta llega ahora: aquella decisión queda invalidada y se continúa investigando el delito central de una trama que, a través de facturas falsas, estafó supuestamente a la hacienda pública 4,4 millones de euros.

El magistrado ha resuelto, al menos de momento, un debate que recorre la causa en todos sus pasos. La Agencia Tributaria presentó una denuncia a la Fiscalía de Valencia en 2005, al borde de la prescripción de los delitos que estaba investigando, y que se refiere a los ejercicios 2000 y 2001. Cuando esa denuncia se presentó, los imputados no tuvieron oportunidad de alegar directamente ante Hacienda. Tuvieron, claro está, la oportunidad de dar todo tipo de explicaciones ante el juez.

La Ley General Tributaria, en el artículo 180.1 recogía entonces, en una confusa redacción, la necesidad de que, antes de cerrar un expediente para dar paso a una denuncia, se dé una última oportunidad a los implicados para que puedan, en su caso, explicar las irregularidades detectadas. Ese trámite no se hizo. No era una novedad. Ejemplos, hay. Y sentencias en distintos órdenes que avalan que no se cercena derecho alguno por no cumplirse ese trámite.

Pero los imputados (ahora 24, aunque llegaron a ser 32) persiguieron la nulidad hasta que la consiguieron de parte de la Audiencia de Valencia, que obligó a Hacienda a dar ese trámite. La Agencia Tributaria lo hizo, pero no para todos. Y volvió a iniciarse el contencioso. En esa ocasión, darles la razón era admitir la prescripción. Y el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 así lo hizo. Pero las argumentaciones de los recursos le han hecho recapacitar y considerar que, en efecto, no se vulneró nada y el delito se debe investigar.Estafa, malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal. Ese es el catálogo de delitos que ahora investiga el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El magistrado entiende, después de atender las explicaciones de los recurrentes, que la Audiencia de Valencia no tiene una única interpretación. La Audiencia fue la que empezó el lío de los afectados por el expediente de la Agencia Tributaria, antes de que se presentara una denuncia. El juez considera no solo que han sido varias y diferentes las respuestas dadas, sino que desde que se reabriera el caso en 2006, la Audiencia ha tenido que responder a recursos varios y no ha considerado que el delito haya sido nulo. El magistrado juez estima uno de los recursos que normalmente tienen escaso recorrido: el de reforma, que supone el juez cambie su propia posición.

Entre los más afectados por la recuperación del delito fiscal están el empresario Vicente Conesa y su familia. Conesa, amigo de Zaplana, está acusado de defraudar 2,7 millones de euros de los 4,4 que se supone que la trama hurtó a Hacienda. El empresario ya fue investigado en los noventa por supuestas irregularidades en la adjudicación de distintos trabajos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana.

Vivo el delito fiscal, está igualmente viva la información incorporada a la causa de las liquidaciones de IVA y de impuesto de sociedades. Y lo está el trajín de las facturas que la trama orquestó en distintos niveles para, supuestamente, cobrar trabajos no realizados o elevar al alza los que sí se hicieron. En principio, todo ello, con la complicidad de Terra Mítica, que de momento está como imputada, aunque la representación del parque aspire a ser damnificada y poder así reclamar el dinero que presumiblemente le quitaron.

Han quedado pues en papel mojado, al menos en este trámite, los recursos que plantearon un error por parte de la Agencia Tributaria. Esos recursos defendían ante el juez que no se ajustó a derecho la denuncia, porque la denuncia había sido trasladada a la Fiscalía sin dar la oportunidad de alegar sobre las irregularidades que detectó.

El juez ha vuelto a la que fue su teoría, hasta que sorprendente el pasado enero tomó una decisión opuesta. Es decir, el magistrado considera que eso no era en modo alguno una vulneración de un derecho porque cada uno de los imputados ha tenido y tiene aún la posibilidad de explicarse y aportar la documentación que consideraran oportuna a lo largo de la instrucción.

El magistrado deja claro que la decisión que ahora corrige no obedeció a "seguidismo" de otros tribunales. Lo deja especialmente claro en referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la vía contencioso-administrativa, que consideró nulo el procedimiento. Cierto es que esa sentencia es contraria a otras dictadas por la misma sala. En cualquier caso, el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia aclara que estima los recursos porque considera que incorporan argumentos que él no contempló en su decisión de nulidad ahora corregida.

Los tiempos en la causa de Terra Mítica

- Denuncia. La Agencia Tributaria denunció en junio de 2005 la trama y la fiscalía lo hizo al juzgado a finales de ese año.

- Primer archivo. La Audiencia anula en febrero de 2006 porque el trámite de Hacienda no dio voz a los denunciados.

- Vuelta al juzgado. El caso se reabre en mayo de 2006. Ya ha prescrito uno de los delitos, el de falsedad documental.

- Intervención del TSJ. En marzo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estima el recurso de varios imputados porque a ellos, Hacienda no les dio la oportunidad de alegar.

- Segunto archivo.. Los denunciados que ganaron en el TSJ acuden al juzgado para que cumpla esa decisión. El juez, en enero, archiva el delito fiscal y da por nulo el trámite de denuncia de la Agencia Tributaria. Pero con fecha 1 de septiembre notifica la supervivencia de ese delito en la causa.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS

Anticorrupción impugna el recurso del PP contra la inhibición del juez Pedreira

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid -

Las claves del 'caso Gürtel' y los artículos publicados en EL PAÍS

La Fiscalía Anticorrupción defiende que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abra una nueva causa al presidente Francisco Camps, al ex secretario general del PP Ricardo Costa, y a otros ex altos cargos del PP valenciano por los supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias.

La trama corrupta tenía los pliegos del concurso antes de su publicación

En un escrito remitido el pasado 2 de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía recuerda que la investigación del caso Gürtel ha descubierto numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno valenciano a las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que esos supuestos delitos, en los que habrían participado altos cargos del PP que están aforados porque ocupan un escaño en el Parlamento valenciano, solo pueden ser investigados en el Tribunal Superior de Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió inhibirse en favor del Tribunal valenciano porque durante la investigación se habían descubierto indicios de delito en la actuación de cargos públicos del PP en esa comunidad. Pero el PP, personado como acusación popular en este caso, impugnó esa decisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló las escuchas en la cárcel a los principales jefes de la trama corrupta ordenadas por el juez Baltasar Garzón, deberá resolver en las próximas semanas si acepta la inhibición y se sigue investigando el caso en Valencia o si la rechaza y todos los indicios de delito hallados durante la investigación quedan en un limbo legal sin que nadie pueda instruirlos pues afectan a dirigentes políticos que están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda en el escrito del 2 de agosto que hay múltiples indicios de irregularidades en la actuación del Gobierno valenciano en relación con la trama corrupta. Entre los ejemplos que cita, la Fiscalía señala que al menos cuatro contratos adjudicados a dedo a la red Gürtel por 41.988 euros necesitaban la "preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente" Francisco Camps. La red corrupta regaló al presidente valenciano numerosos trajes durante dos años por valor de varios miles de euros. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito de cohecho propio -castigado con penas de cárcel-, y no solamente el de cohecho impropio -cuya máxima sanción son multas- por el que está imputado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Además, la Fiscalía recuerda que en los registros efectuados en las sedes de las empresas de la trama corrupta se encontraron "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso".

Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró el concurso para montar el pabellón de Valencia en Fitur por un millón de euros tan solo unos meses después de iniciar su actividad y ganó el concurso en los años sucesivos, hasta que Garzón desarticuló la trama corrupta en febrero de 2009.

Las adjudicaciones a Orange Market, según el informe de la Intervención General del Estado, estaban plagadas de irregularidades. La investigación judicial ha llegado a descubrir que Orange Market poseía la documentación del concurso antes incluso de que se hiciera pública, por lo que partía con ventaja respecto al resto de competidores.

Entre las personas agasajadas con regalos caros por parte de la trama corrupta figuran dos de los principales cargos públicos de la Consejería de Turismo. Por un lado, la entonces consejera Milagrosa Martínez, hoy presidenta del parlamento valenciano, a la que la trama corrupta regaló un reloj valorado en 2.400 euros, según la investigación. Y Rafael Betoret, al que agasajaron con trajes durante varios años y que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, encargada de adjudicar el concurso de Fitur.

* Rajoy hace caso omiso del informe policial y mantiene a Camps

Caso Gürtel
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