miércoles, 29 de febrero de 2012

EL TRIBUNAL DE CUENTAS EMBARGA A UN EXEDIL DEL PP DE CALP UN PISO QUE OCULTÓ


El Tribunal de Cuentas investiga un agujero de más de un millón de euros en el Ayuntamiento

Santiago Navarro Alicante

El Tribunal de Cuentas ha embargado a José Perles Vives, exedil del PP de Calp, un piso que el excargo público había ocultado en su declaración de bienes. El embargo es consecuencia del juicio que se sigue en el máximo órgano de fiscalización de la contabilidad de las Administraciones públicas para esclarecer un agujero de más de un millón de euros en el Ayuntamiento.

El Tribunal de Cuentas investiga la contabilidad del Ayuntamiento de Calp desde 2008 a raíz de una denuncia del entonces alcalde, el socialista Luis Serna. La ocultación de este inmueble podría derivar en otra causa contra Perles por supuesto alzamiento de bienes, según fuentes del caso.

El Tribunal de Cuentas considera responsables solidarios del “daño” de 1,1 millones al erario público calpino al exalcalde del PP Javier Morató y a los exediles populares Francisco Penella y el mencionado José Perles. El ente fiscalizador acordó el pasado septiembre fijar un aval por la misma cantidad a los denunciados por las supuestas irregularidades contables.

Perles se declaró insolvente. A continuación, el Tribunal de Cuentas, en concreto el 3 de noviembre de 2011, dictó otra providencia acordando el embargo de los bienes del exedil. El alto tribunal inició una investigación y descubrió en el Registro de la Propiedad de Altea una vivienda propiedad de José Perles Vives, “100% de pleno dominio con carácter ganancial, en virtud de escritura de compraventa”. Mediante una providencia, dictada el pasado 7 de febrero, el delegado instructor de esta causa abierta al Ayuntamiento de Calp acordó el embargo del mencionado inmueble.

‘Caso Brugal’
En su declaración de bienes, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el pasado 16 de agosto, José Perles rellenó con un “cero” el apartado de bienes inmuebles. El exconcejal declaró un activo de 89.956 euros y un pasivo (créditos, préstamos y deudas) de 138.222,65 euros.

José Perles es, además, uno de los 11 imputados en una pieza separada del sumario general del caso Brugal sobre un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll por la contrata de la basura de Ayuntamiento de Calp.

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EN EL PAÍS

EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EXPORTAVOZ DEL PSOE EN SEVILLA


Francisco Fernández, en su época de concejal de Sevilla. / ALEJANDRO RUESGA
El ministerio público sostiene que Fernández adquirió material para los bomberos "a sabiendas de que omitía las normas esenciales"

EFE Sevilla


La fiscalía ha pedido una condena de ocho años de inhabilitación para Francisco Fernández, exconcejal de Gobernación de Sevilla y exportavoz municipal del PSOE, por un delito de prevaricación al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.

El fiscal sostiene que Fernández, como responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, en fecha no determinada pero anterior al 15 de mayo de 2007 adquirió de la empresa Iturri el equipamiento necesario para ocho vehículos de bomberos por importe de 644.485 euros.

La adquisición del equipamiento "se llevó a cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento para la adquisición de bienes, no se formalizaron pliegos de condiciones técnicas y no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a la posible compra".

Finalmente, tampoco existió consignación presupuestaria correspondiente, por tanto sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada, según la fiscalía.

El acusado adoptó esa "arbitraria" resolución "a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para adquisición y contratación de bienes exigidas por la ley", añade.

Para el reconocimiento de la deuda generada con la empresa Iturri por la adquisición del equipamiento tuvo que incoarse con posterioridad un expediente, precisa el fiscal, que imputa a Fernández un presunto delito de prevaricación.

La fiscalía solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, aunque Fernández no ostenta ahora ningún cargo ya que no concurrió a las elecciones de mayo pasado, en las que el PSOE perdió la alcaldía de Sevilla.

Esta petición del fiscal se une a la presentada por el Sindicato Profesional de Bomberos, que ejerce la acusación y ha pedido para Fernández diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otra condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por malversación de fondos públicos.