martes, 6 de abril de 2010

"CASO EL EJIDO"; UNA RED DE FAVORES TEJIDA A GOLPE DE AMIGUISMOS

Dos nuevos tomos de escuchas destapan conexiones con el 'caso Gürtel'

ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería

"Esto funciona como funciona: si me rascas la espalda yo rasco la tuya, pero si me vas a estar jodiendo...". Las palabras de José Alemán, ex interventor municipal y consejero de la sociedad Elsur, sintetizan el modo de operar de la trama corrupta de El Ejido (Almería), que se conoció el pasado marzo, cuando se hicieron públicos en dos fases 9.090 folios del sumario del caso, que suma 23 arrestados, entre ellos el alcalde, Juan Enciso, y los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate.

Las conversaciones desvelan envíos a Costa Rica de 100.000 euros

A lo largo de las conversaciones intervenidas a los supuestos cabecillas entre abril y octubre, se advierte que la red que aprovechó la empresa para la prestación de servicios municipales Elsur para incrementar su patrimonio lo hizo fundamentalmente a base de favores mercantiles que fueron posibles gracias al potente sistema de relaciones establecido por la trama. Un sistema que abarcó desde empresarios a cargos públicos de distintas administraciones, pasando por políticos de diverso signo a empleados de banca, entre otros, a los que se ha sumado en los últimos dos tomos de escuchas el nombre de Ramón Blanco Balín, asesor financiero y testaferro de Francisco Correa, supuesto cabecilla del caso Gürtel. Su cercanía con Juan Antonio Galán, uno de los principales implicados en la trama ejidense, se destapó el 9 de octubre a través de una charla que éste mantuvo con el también imputado Ambrosio Cuevas, quien le informó de que su "amigo" Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, había sido vinculado con las millonarias inversiones en el exterior de la trama Gürtel.

Galán, que no vuelve a aludir a esa conexión en las escuchas, sí ahonda en sus propias inversiones en Costa Rica, donde se investiga el posible desvió de fondos obtenidos de Elsur. Tras cerrar el envío de unos 100.000 euros, Galán volvió a contactar en septiembre y octubre con sus dos enlaces en este país, entre ellos un miembro honorario del cuerpo diplomático costarricense con el que figura como administrador de una inmobiliaria de Madrid. "Me tienes que dar el tema para hacer lo de la sociedad tuya, para que tengas eso a tu nombre", le apremia su contacto, al que Galán responde con evasivas: "¿A mi nombre? (...) ¿Una empresa de otra empresa no puede ser?"

Al margen de este personaje -quien, en un contexto de crisis económica que le impedía pagar a sus empleados, llegó a jactarse de haber gastado "tanto" en prostitutas con el alcalde, Juan Enciso, como para hacer "desaparecer" 50.000 euros del Ayuntamiento-, los 784 nuevos folios de diligencias inciden en que José Alemán, supuesto cerebro de la trama, habría facilitado las contrataciones con Elsur y manejaba el grueso de los contactos, entre ellos el ex ministro José Barrionuevo o el ex parlamentario del PP, José Manuel Gómez-Angulo.

En las semanas anteriores a su detención, Alemán siguió relacionándose con distintos miembros del PSOE, entre ellos el secretario de organización en El Ejido, José Miguel Alarcón, al que advirtió de que no podía "estar apoyando al PSOE para que me deis por culo", así como con los máximos responsables de Agua y Gestión, filial de Abengoa especializada en instalaciones hidráulicas que cuenta con el 70% de las acciones de Elsur. Así, días antes de ser detenido, Alemán analizó posibles soluciones a la delicada situación económica que afrontaba Elsur con el presidente de la mercantil sevillana, José Marañón, quien mantuvo varias charlas con los implicados en la trama, entre ellos el ex ejecutivo de Abengoa José Amate, que en julio le transmitió su temor a ser encarcelado. "Me meten en la cárcel, pero conmigo tienen que ir todos". "Ahí no creo que vaya uno solo", le contestó entre risas Marañón, a quien Alemán planteó a su vez que fuera el Impuesto de Bienes Inmuebles "lo que pague Elsur". Esta propuesta se la trasladó también al director gerente de Agua y Gestión, Antonio Borrero, quien la acogió con recelo.

"Me parece que garantizar con tasas o impuestos futuros es legalmente dudoso. Pero si se puede, sería magnífico", respondió a Alemán, para el que su letrado ha pedido la libertad al considerar que las escuchas demuestran que su papel "es no solo secundario, sino anecdótico". Alemán, Enciso, Galán y Amate llevan cinco meses entre rejas.

elpaís.com

FABRA INGRESÓ 5,3 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN SEIS AÑOS, SEGÚN EL INFORME PERICIAL

Las operaciones sospechosas investigadas, en su mayoría entregas en efectivo y cheques al portador, sumaron 70 veces el salario del presidente de la Diputación de Castellón

FRANCISCO MERCADO - Madrid -

La investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos.

Los bancos tardaron más de dos años en detallar sus movimientos

Hacienda detectó un desfase de 600.000 euros en su patrimonio en 1999

En el periodo auditado figuran 240 entregas de dinero en metálico

También ingresó en sus cuentas más de 130 cheques por 2,7 millones de euros

Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra.

Durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas -un salario como presidente de Castellón cifrado en 1999 en 73.000 euros-, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecían responder a la economía de un cargo público.

En definitiva, "se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal", explican fuentes al corriente de esta investigación. Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda, y esto puede dar lugar a un delito fiscal por cada año investigado, aclaran las mismas fuentes.

Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000.

Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 ó 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.

Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.

Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castellón: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual.

Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.

El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos: su esposa, Amparo Fernández Blanes, y sus hijos Borja, Claudia y la diputada Andrea Fabra.

Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda. Por fin, el rastro aportado por dichos documentos ha permitido interrogar a los supuestos recaderos de los sobres de Fabra -por ejemplo, sus chóferes- y a los empleados bancarios que estaban al corriente de esta operativa. Esto ha cerrado el círculo: el dinero ingresado en las cuentas de Fabra no respondía a donativos anónimos sino que era ordenado y conocido por él, a tenor de las confesiones judiciales ya prestadas por los intervinientes en tales operaciones.

Con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias sobre el presidente del PP castellonense. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la supuesta doble vida económica de este dirigente popular, también.

Un tren de vida que ya salió a la luz con el informe de Hacienda sobre 1999, que detectó un desfase patrimonial de 600.000 euros. Aún no se sabía que quienes le ingresaban el dinero eran sus chóferes. Los dos han confirmado que el dinero se lo daba el propio Fabra en sobres sin ningún distintivo ni membrete.

Las operaciones sospechosas acreditadas se refieren exclusivamente a ingresos de Fabra y su esposa. Por tanto, en principio, no ha salido ninguna irregularidad que salpique a las cuentas o el patrimonio de sus hijos. Las operaciones sospechosas analizadas son el resultado final de excluir todos los ingresos justificables de Fabra. Y, por supuesto, de dejar aparte las cuentas institucionales de las que era apoderado.

* Nueve jueces y cuatro fiscales
* Fabra tira de mando a distancia
* El fraude fiscal planea sobre el primer pleno sin Fabra

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

elpaís.com

CASO GÜRTEL"; EL JUEZ FIJA 85 MILLONES DE FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CORREA

JUSTICIA | Líder de la trama 'Gürtel'
Efe | Madrid

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', ha fijado una fianza de 85 millones de euros de responsabilidad civil para el líder de la trama corrupta Francisco Correa. El magistrado le da un día de plazo para abonar esta cantidad y si no embargará sus bienes. Esta suma se establece no para salir de la cárcel, sino como garantía de pago ante una posible condena por sus delitos fiscales.

En un auto emitido el pasado 31 de marzo, Pedreira, destaca lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública y calcula que Correa defraudó 18.780,353 euros entre 2002 y 2007 en concepto del IRPF. El auto detalla por años el fraude a Hacienda. Así en 2002 son 2.249.164 euros, en 2003, 1.868.980,65; en 2004, 708.366,75; en 2005, 460.840,32; en 2006, 1.074.010,4; y en 2007, 6.074.026,62.

Asimismo, el juez instructor señala que la 'mano derecha' de Correa, Pablo Crespo Sabaris, defraudó 539.120,13 euros a Hacienda en 2006.

201,4 millones entre los cabecillas
En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y a su 'número dos', el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno, a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín. Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La fianza (entre todos asciende a 201,4 millones), que si no es satisfecha llevará al embargo de bienes, responde a las responsabilidades pecuniarias por los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se les imputan a todos ellos.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.

2,8 millones en sobornos a cargos públicos
Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas. De hecho, la resolución señala que la trama entregó más de 2.800.000 euros a diversos cargos públicos en concepto de sobornos.

Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".

En los delitos fiscales y de blanqueo que se imputan al supuesto líder de la trama "habrían participado numerosas personas", entre las que se cita a los abogados Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuya actuación se encaminó a "dar opacidad a las operaciones que realiza Francisco Correa".

De Blanco dicen los autos que "diseñó" la estructura de blanqueo de la trama, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.

Crespo 'hace ejecutar las directrices' de Correa
Por su parte, sobre Crespo, el considerado 'número dos' de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.". Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización. Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.

La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL. La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.

Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a 'El Bigotes'.

Pérez aparece en la causa, recuerda el juez, como responsable de la captación de eventos en la Comunidad Valenciana, donde se encargaba de acordar la adjudicación de contratos con los "responsables políticos" autonómicos y negociaba el pago de las deudas pendientes del Gobierno de la Generalitat y del PP con la empresa.

Además
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