domingo, 7 de junio de 2009

ESPAÑA, UN PAÍS CORRUPTO COMPARADO CON LOS DE SU ENTORNO


Un centenar de expertos evalúa la calidad de la democracia en nuestro país

"España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, y existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores". Este es el resultado de un estudio elaborado por un centenar de expertos, la mayoría catedráticos, convocados por la Fundación Alternativas, que han puesto nota a la calidad de la democracia española por segundo año consecutivo.

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El informe sobre La democracia en España 2009 atribuye la ligera disminución de la calidad de la democracia a la situación creada tras las elecciones de 2008 con el deterioro institucional, especialmente en la Justicia. Según el estudio, existe una falta de autonomía del poder político con respecto al económico, los grupos de presión y los medios de comunicación. Los expertos consideran que han caído las valoraciones sobre la capacidad de control del Parlamento, la transparencia de la información estadística y de la política presupuestaria.

La corrupción, de unos pocos
El informe se extiende en los principales retos de la democracia española, especialmente la crisis económica, pero también dedica importancia a la corrupción, un "problema muy serio, sobre todo en los gobiernos locales". Valora la corrupción de "poco extensiva, en la que pocos individuos parecen estar directamente implicados, pero parece altamente intensiva" por su alto volumen económico.

Las causas
Los expertos creen que las causas de la corrupción en España son la elevada concentración de poderes políticos en manos de un mismo partido; la acumulación de poder del alcalde y al tamaño de los municipios, lo que facilita la consolidación de redes clientelares y de corrupción. El informe propone como posible solución un proceso de reagrupamiento de municipios, con la eliminación de las unidades administrativas locales más pequeñas y el establecimiento de gobiernos locales de mayor tamaño y más homogéneos, como ha sucedido en países europeos en décadas recientes.

Alternativas
La Fundación Alternativas, convocante de este estudio, está integrada por prestigiosas personalidades del mundo de la política, la cultura, la jurisprudencia y otras áreas de la sociedad española. Fue creada en 1997 con la voluntad de ser un cauce de incidencia y de reflexión política, social, económica y cultural en España y Europa, en el marco de una mundialización creciente, según expresa en su página web.

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ULIBARRI PRETENDE ACHACAR SU DECLIVE A LA "INSOLVENCIA" DE UNO DE SUS BANCOS ACREEDORES


El Diario de León, propiedad del empresario, se hace eco de su versión



El Diario de León, propiedad de José Luis Ulibarri, se hace eco de la versión que el empresario quiere dar sobre el ERE que planea sobre una de sus empresas, Begar Construcciones y Contratas, perteneciente al Grupo Begar S. A. Según esta explicación, la situación de la compañía es debida a la insolvencia de uno de los bancos que debía refinanciar su deuda.

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El periódico reproduce que “fuentes de la empresa han informado que la situación de crisis de Begar Construcciones y Contratas se debe a la posición de alguno de los bancos acreedores, que ha dejado las negociaciones en punto muerto, a causa de su propia insolvencia o incapacidad económica, situación que no permite a estas entidades cubrir la parte correspondiente de la línea de crédito que inicialmente habían otorgado a la empresa constructora”.

La verdadera razón: Gürtel
Lo cierto es que el imperio Ulibarri vió llegar su hora, cuando el empresario fue imputado en el caso de corrupción Gürtel, por presuntas irregularidades en un concurso público de suelo de una compañía suya, UFC S.A., en Boadilla del Monte. Desde su implicación por el juez Baltasar Garzón, el magnate leonés ha dejado de recibir los favores de los políticos que antes le habían mimado. Su imperio está construido sobre una infinidad de concesiones públicas de obras y servicios, que ha obtenido gracias a sus buenas relaciones con las administraciones del PP en Castilla y León y Valencia.

Caja España en la mirilla
A partir de su implicación en la trama de corrupción Gürtel, los bancos han ido cerrando el grifo a José Luis Ulibarri. El punto de mira ahora se traslada a Caja España, la entidad de Castilla y León, cuyos vínculos con el empresario leonés son más que notables, y que puede sufrir el impago de parte de la gran deuda que tiene Begar. Cabe recordar que Ulibarri aupó a la dirección de la caja a su socio Victorino González Ocho, según reveló Público.

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CHAVES DICE QUE SI AYUDÓ A LA EMPRESA DE SU HIJA FUE POR "IMPERATIVO LEGAL·


Las subvenciones de la Junta






El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. | Reuters








* El ex presidente andaluz asegura que no aprobó ayudas a la empresa de su hija
* Pero admite que su Gobierno avaló la subvención a Matsa por 'imperativo legal'
* 'El Consejo se limitó a ratificar el incentivo en razón de la cuantía'

El 26 de mayo, EL MUNDO desveló que el actual vicepresidente del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, había concedido una subvención de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), de la que es apoderada su propia hija, Paula.

El pasado 5 de junio, Chaves envió a este periódico la carta que reproducimos íntegramente, en la que trata de desmentir que hubiera tenido participación en la adjudicación millonaria a la compañía de su hija. Asegura que el Consejo de Gobierno que presidía no aprobó subvención alguna a la empresa. Pero inmediatamente después sí admite que ese órgano ratificó "por imperativo legal" lo que define como "incentivo" aprobado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

La Ley de Incompatibilidades de Andalucía fija claramente que los responsables de la Administración autonómica deben abstenerse en cualquier decisión que implique a familiares directos suyos. La subvención a la empresa de Paula se aprobó a finales de enero. EL MUNDO desveló también que el Ejecutivo andaluz modificó el 9 de diciembre el precepto legal para dar subvenciones a proyectos ya iniciados, lo que permitió que Matsa recibiera la subvención.

Tras la carta del vicepresidente del Gobierno ofrecemos la versión, punto por punto, de EL MUNDO.

La versión de Chaves

1.- El Consejo de Gobierno que yo presidía no ha aprobado subvención alguna a la empresa Matsa, ni en la sesión de ese día ni en ninguna otra, limitándose a ratificar, por imperativo legal y en razón de la cuantía, el incentivo aprobado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, competente para ello, de acuerdo con la Ley y sus propios Estatutos.

2.- Desde el inicio del expediente y hasta el momento en que se ratifica el acuerdo de concesión del incentivo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, mi hija Paula Chaves no había tenido ninguna participación en dicho expediente.

3.- La Consejería de Innovación modificó la orden de incentivos, pero en modo alguno cambió absolutamente nada para permitir que se den incentivos a proyectos ya iniciados, pues es algo que prohíbe expresa y taxativamente la normativa comunitaria.

4.- El proyecto de dicha empresa ya había sido declarado incentivable estando en vigor la anterior normativa, concretamente con fecha 18 de octubre de 2007. Con la normativa anterior se concedieron ayudas equivalentes a otros proyectos mineros en Andalucía.

5.- En el expediente se recoge claramente el motivo por el que el incentivo se incrementó a lo largo de su tramitación y no fue otro que la inclusión de la obra civil como elemento incentivable, algo perfectamente legal, ajustado a la normativa y apreciado en todo caso en el mismo nivel técnico en el que se realizó la primera propuesta.

6.- El plazo medio de contestación inicial a los 3.300 expedientes tramitados conforme a la Orden de 2008 es de una semana, siendo más corto este periodo de tiempo en las provincias en las que, como sucede en Huelva, el número de proyectos presentados es menor.

7.- Los informes (internos de la Junta) no se refieren ni a mi persona, ni a este asunto sino a otras personas y otros procedimientos, con lo que nada pueden probar sobre mí ni sobre esta cuestión.

Respuesta de EL MUNDO

1.- El Consejo de Gobierno es el único que podía dar luz verde al incentivo de más de 10 millones de euros. En efecto, es un acuerdo que viene a ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia (IDEA), pero eso en absoluto menoscaba el control de legalidad efectuado por el órgano colegiado en el que Chaves no se inhibió.

2.- Que figura un apoderamiento notarial a favor de Paula Chaves en el expediente es algo que nadie había cuestionado hasta ahora. En el Registro Mercantil figura la inscripción del apoderamiento a favor de la hija de Chaves desde el 12 de noviembre de 2008. Aparte, está el comunicado de Matsa en el que declara que Paula Chaves es "desde el 2 de julio de 2007 responsable del departamento jurídico". El desconocimiento que alega Chaves no le exime de cumplir la ley.

3.- El artículo 4.4 de la orden de 19 de abril de 2007 sólo permitía subvencionar en minería proyectos de "industrias extractivas", que no transformadoras, para el acceso a los yacimientos "con el propósito de iniciar su explotación", excluyendo las labores ya en la "fase de explotación del yacimiento".

4.- A día de hoy siguen sin aclarar si Aguas Teñidas es la única empresa beneficiada por un cambio de normativa que se atribuye a la necesidad de ajustar la legislación a una serie de directrices europeas. En ninguna de éstas se obliga a modificar las ayudas mineras.

5.- El Gobierno andaluz se había dejado engañar porque entre las dos empresas hay una relación más allá de la puramente comercial, ya que Trafigura tiene el 42% del capital social de la multinacional canadiense Iberian Minerals Corporation, que a su vez posee el 100% de Aguas Teñidas.

6.- El proyecto de Matsa es un proyecto minero de 96 millones de euros cuyo volumen es de un tamaño considerable. Sin embargo, en sólo cinco días laborables la Delegación Provincial de Innovación en Huelva ya informó positivamente a favor de la subvención. El Gobierno central, por contra, tardó ocho meses en resolver.

7.- No se ha dicho que los informes sean de Manuel Chaves ni sobre este caso en concreto. Se subrayó que están relacionados con un caso anterior de supuesta incompatibilidad en la que pudo incurrir uno de sus hermanos, Leonardo Chaves, al adjudicar desde la Junta un contrato a la empresa Climo Cubierta asesorada por otro hermano, Antonio José Chaves.

Lea el texto íntegro publicado en EL MUNDO

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DE LOS PAGOS DE CAMPS NI RASTRO

El 'caso Gürtel' avanza sin que nadie respalde la versión del presidente

LYDIA GARRIDO - Valencia

Quedan pocas declaraciones, una pericial contable y el dictamen del magistrado juez instructor del TSJ, José Flors, para saber qué pasará con el caso Camps, la ramificación del denominado Caso Gürtel que afecta al presidente de la Generalitat. De lo que ha ocurrido hasta ahora dentro de la sala ha quedado constancia precisa en las grabaciones de cada sesión.

Zapatos de anca de potro y abrigo de cachemir, entre otras delicadezas

Han quedado claras contradicciones evidentes. La fundamental es que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, aseguró haber pagado 2.400 euros por unas prendas que compró en julio de 2008, pocos días antes de la celebración de la Fórmula 1 en Valencia. Pero no hay constancia del gesto ni rastro del dinero. Alegó como coartada que estaba entonces de vacaciones el sastre José Tomás, principal testigo de la causa, quien mantiene que Camps no pagó. El presidente dice que es que no le vio porque no estaba. Pero nadie de los que ha declarado y supuestamente tenía que haberle visto ha dicho que pagara los trajes. Que pagó unos zapatos, sí. Lo dijo un empleado de Forever Young. Pero tampoco hay constancia documental de ello. Según la acusación, la cuenta de Camps, pagada por Álvaro Pérez, El Bigotes, representante en Valencia de Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, superaría los 18.000 euros. Una cantidad que corresponde a siete u ocho trajes, cuatro o cinco americanas, un smoking, un chaleco, varios pantalones y tres pares de zapatos, al menos dos de una delicadísima piel de anca de potro, trabajada en Estados Unidos, para cuyo cuidado se envió un kit específico a la esposa del presidente. Los zapatos rondan los 400 euros el par.

Parece claro que Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, tuvo al menos la intención de pagar la ropa que encargó, aunque finalmente lo hiciera también Álvaro Pérez a través de Pablo Crespo, otro de los dirigentes de la trama. La secretaria de Costa intentó la gestión en varias ocasiones, pero El Bigotes neutralizó la tentativa y Costa no abonó esas prendas, aunque sí dos vaqueros en la primavera de 2008, uno de hombre y otro de mujer.

El gasto de trajes podría ser bastante más abultado de lo que hasta ahora se conoce. El que tiene la cuenta más alta es Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo. El sastre le tomó medidas, dos veces en Madrid y una en Valencia, para, al menos, cuatro trajes y un abrigo de cachemir. Cada pedido de Betoret alcanza entre 5.000 y 6.000 euros. Nunca, según consta en declaraciones del sumario, preguntó qué se debía. Tomás conocía las dependencias de la vicepresidencia de la Generalitat. Fue allí, según declaró, donde tomó medidas a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, también imputado por cohecho.

El juez instructor José Flors es duro en los interrogatorios, se conoce la causa y pregunta sin admitir despistes ni digresiones. Dos horas, por ejemplo, empleó con el sastre José Tomás, al que dejó claro que se había aprendido cómo se registraban las compras, los pagos aplazados, los apuntes de los clientes ilustres y las facturas difusas. El juez ha puesto límites y ha desestimado peticiones de las dos representantes del ministerio público. "Las lleva firmes", comenta una persona próxima a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ. "Pero no puede con ellas", afirma otra. Tampoco permite Flors a los abogados de los imputados que repregunten hasta el hartazgo, especialmente al letrado de Camps.

En la sala, en la primera planta del Palacio de Justica, ha habido problemas informáticos que han alargado sesiones y líos con carnés de identidad, especialmente el día que acudieron la treintena larga de testigos de la administración. El apellido Vidal coincidía en tres de los citados y hubo alguna que otra confusión. También sobre las responsabilidades de cada cual. José María Vidal dijo ser director de cuentas de Orange Market. Y de pronto el ministerio público paró máquinas. ¿Director de qué? ¿Qué cuentas? El pánico quedó despejado al aclarar que esa dirección nada tenía que ver con los números. Hubo algún olvido: uno de los empleados de Forever Young fue perseguido por un guardia civil porque no había completado algún trámite.

El magistrado dejó que dos de los testigos salieran por dependencias privadas del presidente del TSJ.

FRANCISCO CAMPS: Encuentros de madrugada

Se veían en el hotel Ritz de Madrid, tarde, muy tarde. José Tomás ha asegurado que tomó medidas a Camps incluso a la una de la madrugada.

El día de su declaración Francisco Camps llegó también temprano, a las 9.05 y estaba citado a las 10.00. Su anticipación no sirvió para adelantar la entrada en la sala. ¿Dónde esperó? ¿Se vio Camps con su más que amigo Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)? No. Camps esperó en el pasillo, durante una hora.

RICARDO COSTA: Un lío de fechas y cargos

Está convencido de que como sus responsabilidades últimas, como secretario general y como portavoz, son posteriores a los hechos porque las asumió en 2007 y 2008, no cometió cohecho. La fiscalía ignora esa excusa y busca en él al eslabón que pudo introducir desde el partido popular a la administración a un hombre con el que había tenido relaciones profesionales desde varios años antes, Álvaro Pérez. Costa dice que pagó sus trajes, no tiene tickets y nadie le vio hacerlo.

VÍCTOR CAMPOS: Explicaciones escasas

Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, fue escaso en sus repuestas ante el magistrado juez. No pudo negar que conocía a los principales actores de la trama, ni que se hizo trajes a medida de la mano de José Tomás. No pudo demostrar que pagara algunas de las piezas y dijo poco sobre la relación que pudo tener con Álvaro Pérez y sobre los contratos de sus empresas con la Generalitat. Campos fue, dicen algunas fuentes, poco explícito, ni siquiera para excusar la dádiva que le inculpa.

RAFAEL BETORET: De gusto exquisito

Al actual asesor de la Diputación de Valencia y ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo le recuerdan los empleados de Milano y Forever Young como un cliente "de gusto exquisito, caprichoso, fino en los más nimios detalles". De él, que dijo conocer mucho a Álvaro Pérez, es la más abultada facturación que la trama pagó supuestamente a los imputados valencianos. La consejería de la que fue alto cargo firmó algunos de los mayores contratos con la empresa de Pérez.

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UNA JUEZ INVESTIGA LOS CONTRATOS DE 19 ASESORES DE LA ALCALDESA DEJEREZ

Pedro Pacheco denunció el listado del personal de confianza de la regidora

ANA HUGUET - Jerez

La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Jerez ha abierto diligencias penales para investigar la contratación de 19 asesores de la alcaldesa, Pilar Sánchez (PSOE). Fue el ex munícipe jerezano y ex socio de Gobierno de Sánchez, Pedro Pacheco, quien presentó ante la juez un listado del personal de confianza de la regidora y pidió que se esclarezca la legalidad de la incorporación de estos funcionarios eventuales.

Apenas unas semanas después, la juez ha decidido iniciar un procedimiento. La magistrada ha querido separar este nuevo caso del que ya hay abierto en el mismo juzgado contra el propio Pacheco, acusado de los delitos de malversación y falsificación documental por la Fiscalía Anticorrupción, que basó su denuncia en la documentación que le remitió la edil socialista.

El ex alcalde fue denunciado por la contratación supuestamente irregular de dos compañeros de partido en varias sociedades municipales y mixtas como asesores sin que conste que desempeñaran labor alguna en el ejercicio de una actividad por la que cobraron de las arcas públicas más de 200.000 euros.

"Aprobadas en el pleno"

A la espera de que la titular del juzgado llame a declarar a Pilar Sánchez para dirimir si archiva la causa o prosigue la instrucción, el Ayuntamiento de Jerez ratificó ayer la "legalidad de las 19 incorporaciones aprobadas en el pleno municipal". Fuentes municipales recordaron que la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 104, recoge que "el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el pleno" así como que el nombramiento y cese de estos funcionarios "es libre y corresponde al alcalde". Con todo, el gobierno municipal subraya que ha cumplido "punto por punto" la legislación y añade que las contrataciones se hicieron "con luz y taquígrafos".

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EL FINAL DE LA TRAMA DE LA ZONA FRANCA


Parte del dinero del portal Rilco acabó en cuentas de Rodríguez de Castro

PEDRO ESPINOSA - Cádiz

El dinero deja un rastro. Las investigaciones para saber qué ha pasado con las partidas millonarias que se invirtieron en la Zona Franca de Cádiz, durante la etapa del PP, para crear el portal informático Rilco están más cerca de llegar hasta el final de ese camino. Así lo cree la Abogacía del Estado que, en un informe entregado al Tribunal de Cuentas, ha desvelado que, al menos, 215.000 euros fueron a parar a cuentas a las que el ex delegado del recinto fiscal, Manuel Rodríguez de Castro, tenía acceso. "El proyecto Rilco sirvió para encubrir una malversación o apropiación de 4,2 millones de euros por el señor Rodríguez de Castro y personas de su entorno", reza el documento.

"El proyecto Rilco sirvió para encubrir una malversación de 4'2 millones"

Rilco nació en 1999. Según la Abogacía del Estado, fue "idea y obra personal" de Rodríguez de Castro. Su objetivo era contar con un sistema de comercio internacional a través de Internet que permitiera realizar transacciones comerciales, eliminando papeleo aduanero y garantizando la seguridad económica. El informe revela que nunca se supo si ese reto era posible cumplirlo.

La Zona Franca primero contrató a las empresas Saínco y Telvent para crear a pequeña escala una red que constatara si la idea era realizable pero antes de que ofreciera resultados se convocó un concurso para desarrollar plenamente Rilco. Era una inversión de 4,2 millones de euros, que fueron a parar a Miami Free Zone, empresa que dirigía Germán y Carmen Leiva.

"Todos los indicios apuntan a que el concurso fue pura simulación", reza el informe. La Abogacía del Estado reserva un apartado dedicado a demostrar las vinculaciones de Rodríguez de Castro con Miami Free Zone. En él se destaca que esta empresa de los Leiva no llegó a ejecutar ningún proyecto pero sí subcontrató con una empresa domiciliada en Panamá, Duarte Corporation, para desarrollar un portal en blanco de comercio internacional. Ha sido la Agencia Tributaria la que ha permitido descubrir que Duarte Corporation entregó parte del dinero a una cuenta de la entidad Iberian Reits, cuya única cabeza visible, según la Abogacía del Estado, era el ex delegado del PP. "Manuel Rodríguez de Castro adjudicó un contrato a Miami Free Zone de 4,2 millones de euros. Miami Free Zone subcontrata con otra empresa, Duarte Corporaion, de la que lo único que sabemos de ella es que realiza una transferencia de, al menos 215.000 euros, a cuentas disponibles de Don Manuel Rodríguez de Castro", concluye el informe.

La Abogacía del Estado ha trasladado estos datos al Tribunal de Cuentas que está fiscalizando la última etapa del PP al frente de la Zona Franca, entre 2000 y 2004, cuando accedió al cargo el sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna. El Juzgado de Instrucción 4 se encarga de la investigación penal de las irregularidades detectadas. El informe deja claro que Rilco no fue un buen negocio y que su objetivo final no fue otro que encubrir una malversación y apropiación de 4,2 millones de euros.

Dos años esperando el estudio de un perito

La instrucción penal del caso Rilco permanece estancada. No se puede concluir la investigación judicial hasta que no se contrate a un perito que realice un estudio sobre el coste real del portal informático. La Fiscalía no puede tampoco terminar su acusación hasta no contar con un análisis independiente que contraste los otros tres presentados por cada una de las partes.

La Universidad de Sevilla realizó un estudio encargado por la Zona Franca, ya en la etapa del PSOE, que reveló que Manuel Rodríguez de Castro llegó a pagar más de seis millones de euros por un portal informático que tan sólo costaba uno. En el juzgado permanecen los informes periciales solicitados por Telvent y Miami Free Zone que sostienen que las cantidades pagadas se ajustan al coste de los trabajos realizados.

Debe ser el cuarto perito el que dé la solución a versiones tan dispares. Es competencia de la Junta de Andalucía pagar este servicio pero, de momento, aunque se contactó hace ya un año con uno, que llegó a solicitar 30.000 euros por su trabajo, todavía no ha sido contratado. La Fiscalía necesita de este cuarto informe para sostener una acusación con fundamento. El Juzgado de Instrucción 4 ha reclamado varias veces la contratación de este informe, sin que hasta ahora haya recibido la respuesta deseada. En la causa hay, hasta ahora, ocho imputados: Manuel Rodríguez de Castro, Germán y Carmen Leiva están acusados de fraude, exacciones ilegales, malversación y apropiación indebida.

El sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna, está acusado de un delito societario por haber continuado los pagos. También está imputados trabajadores de Telvent y técnicos de la Zona Franca en aquella etapa.

Cronología del 'caso Rilco'

- Finales de 1999: Manuel Rodríguez de Castro contrata a Saínco y Telvent para desarrollar una red de comercio a pequeña escala.

- Febrero de 2000: Nace la sociedad Red Iberoamericana de Logística y Comercio (RILCO).

- 5-12-2000: Rilco convoca un concurso por 4,2 millones de euros para el diseño e implantación de servicios.

- 29-12-2000: El concurso se adjudica a Miami Free Zone.

- 16-1-2001: Se convoca otro concurso para ampliar Rilco, que se adjudica a Telvent.

- 19-2-2001: Rodríguez de Castro dimite, acuciado por numerosas irregularidades.

- 23-2-2001: El delegado ordena otro pago a Miami Free Zone el día que su cese se hace oficial.

- 13-1-2003: Una subcontrata de Miami Free Zone, Duater Corporation, ingresa 215.000 euros en la cuenta de una empresa de Rodríguez de Castro. Él firma la declaración del cobro.

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