viernes, 5 de marzo de 2010

MILLET DESVIÓ CASI DOS MILLONES QUE LA CONSTRUCTORA FERROVIAL DONÓ AL ORFEÓ

La entidad no era auditada y los ingresos no se anotaron en la contabilidad

PERE RÍOS - Barcelona

Los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, desviaron a paradero desconocido casi dos millones de euros aportados por la constructora Ferrovial en concepto de patrocinio al Orfeó Català. A diferencia de lo que ocurría con la fundación y con el Palau, en el Orfeó Català no se realizaban auditorías, por lo que no existían mecanismos de control de los ingresos y gastos de la entidad musical. Las aportaciones de Ferrovial, además, no se reflejaron en la contabilidad oficial, según se ha sabido ahora.

Llinares declara que Garicano, su antecesora, conocía el desvío y no actuó

El desvío fue revelado ayer por el director general del Palau, Joan Llinares, quien explicó que el Orfeó y la constructora firmaron varios convenios de colaboración de los que no hay rastro contable y que han descubierto las auditorías. Llinares hizo esta revelación en el juicio laboral celebrado por el despido de su predecesora, Rosa Garicano, a la que los nuevos gestores relevaron de su cargo por conocer el desvío de fondos y no actuar.

La primera aportación de Ferrovial se realizó en 2004, un por importe de 647.586 euros, según revela la cuenta de explotación de 2005. En esas anotaciones constan también 373.549 euros en concepto de subvención de diversa procedencia. En cuando al ejercicio de 2008, han aparecido cuatro facturas por convenios de patrocinio entre Ferrovial y el Orfeó. Así, el 3 de abril de 2007 se firmaron tres convenios por importe de 278.867, 244.011 y 261.521 euros. Un año después, el 1 de marzo de 2008, se firmó otro convenio por 348.587 euros. En total, 1.132.988 euros.

En la cuenta de explotación realizada el 9 de febrero de 2009, los ingresos por patrocinio de entidades privadas correspondientes al año anterior se cuantificaron en 959.948 euros, sin que tampoco constara ningún apunte relativo a Ferrovial.

Llinares se mostró muy contundente en su declaración ante el Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona, que debe decidir sobre la procedencia o no del despido de Rosa Garicano, de la que dijo que "no quería despachar" con él y que mostraba la actitud de una persona "que ocultaba algo" cuando trascendió el saqueo de la institución.

También declaró que Garicano mantuvo una agria discusión con un auditor designado por el Palau para realizar el informe entregado al juez; al parecer, se negó a facilitar los citados contratos de Ferrovial e infló un presupuesto para Endesa referido a la iluminación externa del Palau. Garicano cobraba un sueldo anual de entre 175.000 y 330.000 euros, en función de los patrocinios de empresas que conseguía. Ayer declaró en el juicio que Millet aconsejaba a sus trabajadores que pidieran "más de lo que costaban las cosas" para poder cubrir el presupuesto final. El abogado del Palau considera que esa declaración de Garicano justifica su despido.

La causa judicial por el saqueo del Palau está prácticamente paralizada desde hace unos días, aunque siguen apareciendo más operaciones y pagos sospechosos. El último, el de las empresas que hacen envíos electorales y que cobraron de Millet dos millones de euros que nunca se justificaron. El dato consta en la auditoría que presentó el Palau, pero el juez no ha adoptado ninguna decisión sobre el tema.

Y ante esa pasividad judicial, corresponde al Palau instar la investigación sobre las facturas y quién fue el beneficiario del dinero. Si así fuera, la fiscalía tiene la intención de pedir al juez Juli Solaz que llame a declarar a los responsable de Stereo Rent, Letter Graphic y New Letter, relacionadas societariamente entre ellas y a las que CiU encargó sus campañas electorales.

Oriol Pujol, portavoz parlamentario de CiU, insistió ayer en proclamar que la coalición no tiene nada que esconder, informa Maiol Roger. "Ya nos hemos explicado. Con estas empresas tenemos alguna relación profesional, igual que otras formaciones políticas o administraciones. Si hay alguna explicación con relación a este asunto, lo deben dirimir con el Palau de la Música. Nosotros siempre hemos estado bien servidos profesionalmente; por tanto, si hay algún cambio, no será a partir del caso Millet".

elpaís.com

EL EX ALCALDE DE ATARFE SUMA OTRA DENUNCIA URBANÍSTICA

V. C. - Granada

El que fue durante 18 años alcalde del municipio de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), suma una nueva denuncia en contra. El fiscal le atribuye la posible comisión de delitos de prevaricación -ordinaria y específica- y contra la ordenación del territorio. Las "vulneraciones" en dicho municipio son tantas y se repiten tan "sistemáticamente" que el ministerio público cree que existe una "trama para eludir el control de la Junta de Andalucía o del Consejo Consultivo de Andalucía".

El pasado 16 de diciembre dimitió de forma irrevocable tras ser condenado a tres años de prisión por un delito contra el medio ambiente, pero las denuncias e imputaciones por casos relacionados con el urbanismo son numerosas. El fiscal, en este decreto, destaca que existe "un urbanismo descontrolado y privatizado" en Atarfe, cuyo actual regidor es Tomás Ruiz Maeso, antes concejal de Cultura.

En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta venta irregular de patrimonio municipal de suelo en Atarfe. La empresa municipal Proyecto Atarfe reservó, según denunció el PP, unos terrenos a un particular al que luego se los adjudicó "de forma irregular". La parcela pasó de estar ubicada en suelo industrial a residencial y se triplicó la edificabilidad del solar se cree que a través de la modificación de estudios de detalle.

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA POLICÍA DICE QUE UN EX ASESOR DE MONTESEIRÍN "IDEÓ" LA VENTA "ILEGAL"

Castaño dio 'instrucciones' para amañar el concurso

* El oficial dice que Castaño 'primó' las cláusulas que beneficiaban a Sando

María Rionegro | Sevilla

No hay ninguna otra hipótesis posible. Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, fue la persona que «ideó» el concurso público de venta de los terrenos de Mercasevilla y que se amañó para que lo ganara la constructora Sanma –filial del grupo Sando–. Durante el proceso de adjudicación, Castaño fue director de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y consejero del mercado central, pero tras la adjudicación dejó la política y fichó como directivo de Sando.

Ésta es la tesis en la que se centra la investigación policial del caso Mercasevilla y así lo ratificó el jefe del grupo de Policía Judicial adscrita a los juzgados ayer ante la juez instructora, Mercedes Alaya, quien precisó que Castaño «ideó un concurso con un resultado predeterminado para que lo ganara una licitadora concreta», Sanma. Y por ahora, descarta «cualquier hipótesis» que no se ésta, puesto que «está basada en la investigación policial».

La Policía Judicial excluye a los políticos porque se les "ocultó" parte del pliego

El 'modus operandi' que Castaño urdió para amañar el concurso, según la Policía Judicial, fue eliminar mediante las cláusulas de limitación al alza y el derecho de titularidad previa «las ofertas que estaban por encima de la de Sanma para primar una circunstancia que solamente la reunía» esta entidad. De hecho, Sando se hizo con la adjudicación de los suelos pese a no presentar la oferta más ventajosa para Mercasevilla, puesto que ofreció cerca de 60 millones de euros menos que el grupo Noga en una operación urbanística que la juez ha calificado de «ilegal» y «fraudulenta».

El jefe de la Policía Judicial certificó que los técnicos que elaboraron el pliego de condiciones y el informe de valoraciones fueron María Victoria Bustamante, jefa de servicio del área de Vía Pública, y José Antonio Ripollés, economista, cuya participación consideró «decisiva» en la resolución del concurso. No obstante, dijo que todos ellos seguían «instrucciones» de Castaño y «avalado» por Jorge Piñero, vicesecretario con funciones de secretario y asesor legal de Mercasevilla.

La Policía Judicial, sin embargo, redujo el papel que el ex director del mercado central, Fernando Mellet, jugó en el proceso de adjudicación en comparación con Castaño. Así, dijo que Mellet «no tiene ni capacidad jurídica ni técnica para la elaboración de los informes». Sin embargo, tan sólo el hecho de ostentar el cargo de gerente de Mercasevilla lo sitúa como el «impulsor del concurso predeterminado».

Los investigadores consideran que la venta de los terrenos de Mercasevilla fue «arbitraria» y contra el interés general, pero no implica a ningún político porque no se ha podido determinar que tuvieron conocimiento del amaño del concurso. En concreto, el testigo dijo a la juez que el pliego se fue elaborando en diferentes fases y que ni en el borrador que se envió a Mercasa ni el en que se aprobó el 8 de noviembre de 2005 por los órganos de gobierno de Mercasevilla «existe la cláusula de limitación al alza».

Además
* Los 13 imputados de los casos Mercasevilla

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; "DE PARTE DE NADAL: TENÉIS QUE PAGARLES 1.000 EUROS DURANTE CINCO MESES"

Las pruebas de la financiación ilegal

* Los 'emails' de la ex secretaria de Nadal revelan cómo fichaban empleados
* Luego recaudaba de las empresas sobres en efectivo

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La secretaria técnica de Miquel Nadal enviaba correos electrónicos desde su cargo en la vicepresidencia del Consell a las empresas contratistas de la institución insular en los que les indicaba no sólo a qué militantes de UM debían contratar durante los meses electorales sino incluso cuánto se les tenía que abonar o durante cuánto tiempo debían permanecer en nómina como trabajadores fantasma. Lo hacía siempre en nombre de su jefe Miquel Nadal.

EL MUNDO/El Día de Baleares ha tenido acceso al contenido de dos de esos correos electrónicos, que han sido aportados por la antigua secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, al juzgado que investiga la Operación Maquillaje. Dos documentos que en estos momentos constituyen una de las pruebas clave en la investigación de la trama de colocaciones con cargo a los fondos públicos.

Uno de esos correos está dirigido a Video-U, la productora audiovisual en la que se infiltraron el propio Nadal y la ex presidenta del Consell y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, a través de testaferros. El otro tiene como destinatario el Centre de Informàtica Local, un organismo creado por el Consell desde el que se dieron millonarios contratos a otras empresas afines a UM e investigado también en el marco de la Operación Voltor por el desvío de fondos públicos desde Inestur.

En los dos e-mails la secretaria solicita a las empresas que pongan en nómina a dos militantes de UM que luego no desempeñaron trabajo alguno; les pide que lo hagan «durante 5 meses»; y que se les pague «1.000 euros» y «800 euros al mes» respectivamente como nómina. En ambos casos se aborda la cuestión como un trámite «urgente» e importante y se alude directamente a que es un asunto de Nadal.

Además
* Mascaró reconoce que contrató a dos mujeres
* Opinión: La caída de la banda de Munar
* 'Trabajadores de Emaya votaron a UM por un contrato'
* Opinión: El modus operandi de Cerdó es idéntico al de Munar

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UNA CADENA HUMANA DE 2.000 PERSONAS SE MANIFIESTA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Convulsión política. El acto fue organizado por una Plataforma de entidades ciudadanas

Al grito de "ladrones no" la protesta rodeó la plaza de Cort, la sede del Consell y el Parlament

MIQUEL ADROVER. PALMA.
Unas 2.000 personas se concentraron ayer noche para formar una gran cadena humana contra la corrupción política que vive Baleares a raíz de los últimos casos destapados por la justicia y que salpican directamente a UM. La protesta salió de la plaza de Cort, hacia el Consell de Mallorca, rodeó el Parlament y concluyó a las puertas del ayuntamiento de Palma.

La cadena humana se constituyó mediante tres filas paralelas de personas que se daban la mano abarrotando la calle Palau Reial. Mientras se formaba la cadena humana, los integrantes lanzaban sus consignas reivindicativas.

Lemas significativos como "ladrones no" o "el dinero, el dinero", amenizaron la manifestación organizada por la Plataforma per la Dignificació de la Democràcia i Contra la Corrupció que engloba diferentes entidades ciudadanas y cívicas de la isla. En la protesta se pudo ver a gente llegada de diferentes municipios de Mallorca que quisieron sumarse al acto reivindicativo.

El portavoz de dicha plataforma, el líder vecinal de Son Sardina Tomàs Balaguer, explicó que "queremos reivindicar más transparencia entre la clase política. Es importante que no ocurran más casos como los que estamos viviendo en nuestras islas y por ello se deben crear mecanismos para que en las instituciones no vuelvan a entrar políticos corruptos".

En Cort se leyó un manifiesto donde en todo momento se obvió nombrar a ningún partido en concreto. El manifiesto denunció "la importante crisis de valores que sufre Mallorca" y llamó a la movilización para que "la corrupción no acabe con la democracia".

Entre los asistentes se pudo ver a pocos políticos. Entre los presentes el diputado del Bloc, Antoni Alorda; o el conseller insular por esta misma formación, Miquel Rosselló. Asimismo también estaba el coordinador de Esquerra Unida, David Abril, o el líder de Esquerra Republicana en Baleares, Joan Lladó.

Apoyo a jueces y fiscales

Durante la lectura del parlamento reivindicativo se realizó una mención especial de apoyo a los jueces y fiscales que están investigando los casos de corrupción que azotan a la política insular: "Expresamos nuestro apoyo a fiscales, jueces y funcionarios porque su labor está permitiendo esclarecer todos estos abusos y los felicitamos y animamos a continuar con su importante trabajo". Asimismo pidieron una renovación profunda de las fuerzas políticas de Baleares.

El acto concluyó con un aplauso reivindicativo en la mismas plaza de Cort y con el anuncio de más protestas en los próximos meses.

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diariodemallorca.es

"CASO MAQUILLAJE"; LOS PROVEEDORES TAMBIÉN PAGARON A ASESORES DE UM EN EL CONSELL

Convulsión política. El productor Conde declara hoy de nuevo sin haber pactado con la fiscalía

Miquel Oliver asegura que otras empresas, además de Vídeo U, colaboraron en la campaña de los regionalistas de 2007

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
Algunas empresas que en la pasada legislatura fueron proveedoras del Consell de Mallorca, gobernado por UM con los votos de apoyo del PP, pagaron también el sueldo de asesores que trabajaban en la institución oficial, así como de varias decenas de liberados de dicho partido, según se desprende de las revelaciones efectuadas por varios imputados en el caso Maquillaje.

Uno de éstos arrepentidos, Miquel Oliver, ex gestor del grupo audiovisual Video U, ha declarado que su grupo y otras empresas participaron activamente en la campaña electoral de 2007 de UM para los comicios autonómicos y locales. Alfredo Conde, otro productor encausado, declarará hoy ante el juez sin haber pactado su colaboración con la fiscalía anticorrupción.

Los juzgados de instrucción 2 y 10 de Palma están investigando, dentro de los sumarios de los casos Maquillaje y Voltor, si en la pasada y la actual legislatura proveedores del Consell y la Radiotelevisión pública insular y empresas contratistas del Instituto de Estudios Turísticos (Inestur) pagaron el sueldo de decenas de apoderados, interventores y agentes electorales de UM. Estas personas formalmente fueron contratadas por los proveedores, pero nunca llegaron a trabajar para esas empresas y se dedicaron a tareas del partido.

Miguel Oliver explicó hoy hace una semana al juez Juan Ignacio Lope Sola que su grupo audiovisual, y en concreto Ambit, se vio obligado a contratar a uno de esos asesores de UM para el Consell de Mallorca. "Margarita Sotomayor (directora de Comunicación del Consell) me dijo que era una práctica habitual que empresas que contrataban con el Consell pagasen (el sueldo) a personas que trabajaban en el Consell".

Así Video U fichó a una experta en marketing que UM deseaba incorporar al Consell al margen de las normas de acceso al sector público. Esta persona, Dévora Llorente, trabajó en el Consell durante unos meses, hasta que Antoni Martorell, actual director general de IB3, sustituyó a Sotomayor. "Llorente se fue a trabajar a UM cuando entró Martorell en el Consell", añadió Oliver. Las declaraciones de este encausado fueron suscritas y ampliadas por sus compañeros en la gestión de Vídeo U, Luisa Almiñana y Ramón Rullán.

Reuniones de campaña

Miquel Nadal, vicepresidente del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007, candidato a la alcaldía de Palma en las municipales de ese último año e imputado, también ha reconocido que el grupo Vídeo U hizo 14 contrataciones irregulares para su equipo de campaña electoral. Nadal, defendido por Josep Zaforteza, no descartó que se hubieran hecho otras contrataciones similares para los actos electorales en la Part Forana. Fichajes similares se habrían hecho en esta legislatura por proveedores del Inestur.

Oliver añadió que en la campaña de UM participó el grupo Vídeo U. El trabajo correspondiente a los pueblos de Mallorca se hizo, se facturó y se cobró normalmente. Las tareas y apoyo para la candidatura municipal de Palma, encabezada por Miquel Nadal, se hicieron gratis. Según el trío de gestores de Vídeo U, los fondos para pagar todos esos servicios a UM provenían de las subvenciones y ayudas otorgadas por el Consell y la Radiotelevisión de Mallorca.

De acuerdo con Miquel Oliver, Antonia Vidal, secretaria institucional de Nadal, se encargó de coordinar los actos y otros eventos de campaña, en los que participaron, además de Vídeo U, otras empresas. Vidal también se habría dedicado a organizar a la red de colaboradores y delegados de cada barrio de Palma, algunos de los cuales se sospecha pudieron ser pagados por empresas proveedoras del Consell. Alfredo Conde, presunto testaferro del también imputado Bartolomé Vicens, ex diputado de UM, pidió voluntariamente declarar ante el juez tras las confesiones del viernes 27 de febrero. Conde, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, ha sido emplazado para hoy y, en principio, está dispuesto a colaborar con los investigadores. Sin embargo, el encausado no ha llegado a un acuerdo previo con la fiscalía anticorrupción. Conde, que ayer dejó su cargo en IB3 para centrarse en su defensa, tiene que explicar qué pasó con los 240.000 euros de subvención del Consell por un programa no emitido por Ona Mallorca y qué papel tuvo Maria Antònia Munar en la trama.

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"CASO PALMA ARENA"; VELASCO, EX DIRECTIVO DE IB3, NO ACUDE A DECLARAR

Luis Velasco relacionó a Matas con el cobro de un presunto soborno

EUROPA PRESS. PALMA
El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, suspendió hoy la comparecencia del ex directivo de IB3 Luis Velasco, que relacionó al ex presidente del Govern, Jaume Matas, con el cobro de un presunto soborno por valor de 250.000 euros, después de que el testigo no concurriese esta mañana a su citación judicial, que estaba prevista a las 10.00 horas.

Fuentes jurídicas señalaron que el magistrado, que instruye el presunto desvío de fondos públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena y su posible conexión con el incremento patrimonial de Matas, volverá a citar próximamente a Velasco, ya que en estos momentos podría encontrarse en Sudamérica, motivo por el que no habría acudido a los Juzgados.

Cabe recordar que Velasco acusó, en dependencias de la Fiscalía, al productor televisivo José Luis Moreno de haber entregado a Matas un sobre con 250.000 euros durante la gala inaugural de IB3 Televisió celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca.

Así, estaba previsto que Velasco fuese interrogado por Castro acerca de este extremo, después de que el magistrado acordase unir a este caso las diligencias informativas llevadas a cabo por la Fiscalía y que vinculan al ex presidente con el supuesto cobro de sobornos por parte del ente autonómico durante la pasada legislatura.

Se trata de una de las personas que testificaron ante el Ministerio Público en el marco de estas diligencias que, bajo el nombre de Operación Cámara, fueron abiertas a finales de 2008 y constituyen ahora una pieza separada del caso Palma Arena.

En su declaración, Velasco aseguró haber sido testigo del pago de un presunto soborno por parte de Moreno al ex jefe del Ejecutivo balear durante la gala de IB3, como contraprestación por algún favor realizado, en lo que se convirtió en una de las principales líneas de investigación dentro de las diligencias informativas que la Fiscalía remitió posteriormente al Juzgado, para que éste prosiguiese con las pesquisas.

diariodemallorca.es

BARCELÓ Y PONS "TRANQUILOS" PORQUE ACTUARON "DENTRO DE LEGALIDAD"

Presunto delito de prevaricación

Barceló ha reiterado que el Consell de Menorca "ha actuado dentro de la legalidad en todo momento intentando que todos los ciudadanos se sientan tratados de manera justa y en igualdad de condiciones"

EUROPA PRESS. MENORCA
La portavoz del gobierno balear y consellera de Turismo, Joana Barceló, se mostró "tranquila" tras prestar declaración esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Maó por un presunto delito de prevaricación administrativa tras la presentación por parte del empresario Valeriano Allès Canet de una querella contra su persona y la del presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, en la que les acusa de un supuesto delito de prevaricación.

Tras prestar declaración ante la jueza Rebeca Martín Calvo, Barceló indicó que "he intentado responder a todas las preguntas que me han hecho y colaborar con la Justicia" y reiteró que el Consell de Menorca "ha actuado dentro de la legalidad en todo momento intentando que todos los ciudadanos se sientan tratados de manera justa y en igualdad de condiciones". Barceló prestó declaración durante media hora por unos hechos que se remontan a su gestión como presidenta del Consell de Menorca.

Por su parte, el actual presidente del Consell prestó declaración durante aproximadamente una hora y media y tras valorar "positivamente" la comparecencia, afirmó que "he dado respuesta a todas aquellas cuestiones que podían generar cualquier tipo de sombra y he aportado toda la documentación que reafirma las decisiones tomadas por el Consell".

Pons respondió hoy por unos hechos que se produjeron cuando ocupaba el cargo de consejero de Ordenación del Territorio en la Institución Insular, presidida por Barceló.

Así, en declaraciones a la prensa, el presidente del Consell menorquín explicó que la denegación de la licencia de construcción de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintas de Ciutadella "no iba en contra de nadie, sino que únicamente pretendía hacer cumplir la normativa, como lo ha refrendado el Tribunal Superior de Justicia".

Por otro lado, apuntó que "cuando se da una inactividad municipal, la normativa establece que la administración de rango superior, en este caso el Consell de Menorca, debe actuar, y así lo hicimos". Pons puntualizó que "las decisiones que se han tomado respecto a este expediente han sido siempre desde el más escrupuloso respeto a la ley y a la normativa urbanística existente".

Asimismo, precisó que, al ser él y Barceló diputados autonómicos y por tanto, aforados, podrían haberse abstenido de declarar ante el juez instructor, pero, en un "ejercicio de transparencia" y debido a la "tranquilidad que nos producen las acciones que hemos llevado a cabo hemos decidido comparecer ante el juez", apostilló Pons.

En este contexto, el abogado de Barceló y Pons, Gabriel Garcías, confió en que la denuncia se archive próximamente.

LA ACUSACIÓN HABLA DE "SUBROGACIÓN ILEGÍTIMA"

Por el contrario, el abogado de la parte querellante, Jordi Tirvió, señaló que "hay muchas pruebas documentales que acreditan la "falta de legitimación en la subrogación".

En este sentido, Tirvió hizo hincapié en que el querellante denunció la decisión del Consell de subrogarse al Ayuntamiento de Ciutadella para la tramitación de la disciplina urbanística en la instalación de una fábrica de prefabricados en suelo rústico.

Los hechos se remontan a mediados del año 2004, cuando la empresa Valeriano Allés Canet pidió la licencia de obras para construir la fábrica de prefabricados en suelo rústico, pero el Ayuntamiento de Ciutadella no actuó.

En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Consistorio, por lo que el Consell fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia, que denegó el 15 de noviembre de 2004, alegando que el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella y el Plan Territorial Insular no permiten la ubicación de instalaciones industriales en suelo rústico.

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"CASO MAQUILLAJE"; CONDE NO LLEGA A UN ACUERDO CON LA FISCALÍA Y SUSPENDEN LA COMPARECENCIA

El juez suspende la declaración de Conde dentro del caso Maquillaje a petición del abogado del imputado

EUROPA PRESS. PALMA
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, José Ignacio Lope Sola, suspendió hoy la comparecencia en calidad de imputado de Alfredo Conde, ex director de Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM, Bartomeu Vicens, después de que su defensa presentase hoy un escrito para solicitar que el magistrado dejara sin efecto el señalamiento, que estaba previsto para esta mañana.

Así, Conde, propietario de Studio Media, que junto a Vídeo U está siendo investigada dentro del caso Maquillaje por un presunto desvío de fondos públicos desde el Consell a estas productoras durante la pasada legislatura, acudió esta mañana a los Juzgados de Vía Alemania acompañado por uno de sus letrados, Jaime Campaner, para presentar el escrito, pese a que el pasado domingo la defensa había solicitado su declaración voluntaria.

Tal y como reza el escrito, la petición de suspender la comparecencia se produce, sin embargo, sin perjuicio de que más adelante el imputado pueda ofrecerse de nuevo a comparecer de forma voluntaria. Fuentes jurídicas señalaron además a Europa Press que Conde aún no había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de cara a una posible confesión en torno a la presunta trama de corrupción, ya que no estaría dispuesto a incriminar a Vicens en este caso "para salvar su cabeza", según otras fuentes.

Precisamente, Conde acordó ayer con IB3 la rescisión de su relación laboral como directivo de la cadena autonómica, a fin de centrarse en su defensa dentro de esta pieza separada del caso Son Oms.

Cabe recordar que el juez decretó contra el encausado prisión bajo fianza de 200.000 euros por un posible riesgo de fuga ante la gravedad de los hechos que se le imputan así como por la cantidad que habría sido malversada desde el Consell a través de Studio Media, productora de su propiedad que recibió más de tres millones de euros públicos para la puesta en marcha de Ona Mallorca.

Se trata de una de las principales empresas investigadas ya que, junto con Vídeo U, habría recibido subvenciones millonarias en el pasado mandato desde la Institución insular. El magistrado también le impuso una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros, mientras que sobre él pesan además la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado.

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"CASO PALMA ARENA"; DECLARA EL TESTIGO QUE ACUSÓ A JOSÉ LUIS MORENO DE DAR A MATAS DINERO

Un sobre con 250.000 euros

* El ex director de varios programas aseguró haber presenciado un soborno
* También declara este viernes Alfredo Conde por el caso Maquillaje

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, interrogará este viernes en calidad de testigo al ex directivo de IB3 que acusó al productor televisivo José Luis Moreno de haber entregado al ex presidente del Govern, Jaume Matas, un sobre con 250.000 euros durante la gala inaugural de IB3 Televisió celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca.

El ex director de varios programas emitidos en IB3 será interrogado por Castro después de que el magistrado, que instruye el presunto desvío de fondos públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena y su posible conexión con el incremento patrimonial de Matas, acordase unir a este caso las diligencias informativas llevadas a cabo por la Fiscalía y que vinculan al ex presidente con el supuesto cobro de sobornos por parte del ente autonómico durante la pasada legislatura, según explican fuentes jurídicas.

Se trata de una de las personas que testificaron ante el Ministerio Público en el marco de estas diligencias que, bajo el nombre de Operación Cámara, fueron abiertas a finales de 2008 y constituyen ahora una pieza separada del caso Palma Arena.

En su declaración, Velasco aseguró haber sido testigo del pago de un presunto soborno por parte de Moreno al ex jefe del Ejecutivo balear durante la gala de IB3, como contraprestación por algún favor realizado, en lo que se convirtió en una de las principales líneas de investigación dentro de las diligencias informativas que la Fiscalía remitió posteriormente al Juzgado, para que éste prosiguiese con las pesquisas.

Alfredo Conde declara por el Caso Maquillaje
Por otro lado, otra de las comparecencias que tendrán lugar mañana aunque en este caso dentro de la denominada Operación Maquillaje, será la declaración de Alfredo Conde, ex director de Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM Bartomeu Vicens, quien precisamente hoy acordó con IB3 la rescisión de su relación laboral como directivo de la cadena autonómica, a fin de centrarse en su defensa dentro de esta pieza separada del caso Son Oms.

Sin embargo, lo hará de forma voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, después de que el pasado domingo su defensa, ejercida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, solicitase una nueva comparecencia -ya depuso el pasado 22 de diciembre-, a la vista del desarrollo de las investigaciones tras las confesiones realizadas el pasado viernes por el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y varios directivos de la productora Vídeo U.

El juez decretó contra el encausado prisión bajo fianza de 200.000 euros por un posible riesgo de fuga ante la gravedad de los hechos que se le imputan así como por la cantidad que habría sido malversada desde el Consell a través de Studio Media, productora de su propiedad que recibió más de tres millones de euros públicos para la puesta en marcha de Ona Mallorca.

Se trata de una de las principales empresas investigadas ya que, junto con Vídeo U, habría recibido subvenciones millonarias en el pasado mandato desde la Institución insular. El magistrado también le impuso una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros, mientras que sobre él pesan además la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado.

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