miércoles, 30 de septiembre de 2009

LA TRAMA GÚRTEL COBRÓ AL PP EN NEGRO ACTOS DE CAMPAÑAS DE 2007

Casi 20 Ayuntamientos del Partido Popular de Valencia, en entredicho por su relación con El Bigotes

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Mientras Camps y Costa se empeñan en seguir su huida hacía adelante, la prensa no deja de revelar nuevas informaciones sobre la más que estrecha relación entre el Partido Popular de Valencia y la trama Gürtel. Este martes, el diario Levante ha desvelado que la red corrupta cobró al PP en negro por las principales campañas de las elecciones municipales de 2007.

En concreto, son más de catorce los alcaldes y portavoces que aparecen en el informe elaborado por la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según la policía, el Partido Popular de estos municipios pagó en B, es decir, en negro, numerosos actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007.


Alcaldes

Los alcaldes que aparecen tanto en el libro de facturas de Orange Market como en la contabilidad incautada de la trama son Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada).

Portavoces
En otros casos, “la persona de contacto para tratar sobre la financiación” eran los portavoces del Partido Popular. Así, en los documentos incautados por la policía aparecen Mercedes Alonso (Elx), Amparo Mora (Quart), o Miguel Peralta (Alcoi). La policía también sospecha de las facturas que Orange Market emitió al Partido Popular de Vila-real y Gandía.

Omnipresencia

En definitiva, queda claro que la huella del entramado Gürtel en el PP Valenciano es omnipresente. Y es que El Bigotes no sólo movía hilos en los despachos de los conselleries y en la sede regional del PP, sino en cualquier municipio gobernado por el partido de Camps.


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jmgarrido@elplural.com

LA GÜRTEL TAMBIÉN CERCA AL PP DE GALICIA

Feijóo, nervioso, le dice a Camps que “cada palo aguante su vela”

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Tocado pero no hundido. Así se podría explicar la situación que atraviesa Alberto Nuñez Feijoo después de las últimas revelaciones sobre el caso Gürtel. Las cosas empezaron a complicarse en el PP Gallego el pasado domingo cuando todos los medios de comunicación publicaron una carta que El Bigotes envió a Mariano Rajoy para reclamarle una deuda por los servicios prestados -la mitad en negro- en las elecciones municipales de 1999.

Desde entonces, los socialistas no titubean al afirmar que “hay una evidencia documental de que la trama Gürtel financió al PP de Galicia”. Para realizar esta acusación se basan un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), organismo que apunta que de 1996 a 1999 las empresas Gürtel estaban detrás de todos los actos que organizaba el partido en Galicia. La mitad de estos actos se pagaban en dinero negro y por tanto sin posibilidad de ser fiscalizados.

El ex de Organización
Por aquella época, el secretario de Organización de los populares gallegos no era otro que Pablo Crespo, uno de los primeros detenidos en la operación de la Audiencia Nacional contra la trama de corrupción vinculada al PP. Feijóo ha reconocido públicamente que Crespo deberá responder ante la justicia por su vinculación con Correa y El Bigotes, pero ha pedido que por este hecho “no se intoxique a todo un partido”.

Balones fuera
“Hacerme responsable a mí de algo que pasó en 1999 -cuando supuestamente firmas de la trama organizaron actos electorales para su partido en Galicia- es política ficción (…) pues yo, en esa época, ni si quiera estaba afiliado”, ha dicho Feijóo este martes en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía.

Colaborador
Versión bien distinta esgrimen en el PSOE: “Pablo Crespo era un estrecho colaborador de Feijóo cuando formaba parte del Consejo de Administración de Portos de Galicia y Feijóo era el máximo responsable de este organismo como consejero de Política Territorial”.

Dos hombres clave
Asimismo, desde el PSOE recuerdan al presidente de la Xunta que “dos hombres clave” de la actual estructura política del PP gallego están “tocados” y “claramente relacionados” con el caso Gürtel: El presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira y su homólogo en Pontevedra, Rafael Louzán, hombre de confianza de Rajoy en su región.

Acusaciones fundadas
A este respecto, el secretario general del PSOE Gallego, Manuel Vázquez, explica que existen "datos documentales" que apuntan a que el presidente de la Diputación de Pontevedra está "claramente relacionado con el caso Gürtel a través de la contratación de trabajos. Vázquez también pone en el punto de mira a Carlos Negreira debido a su gestión al frente de Puertos de Galicia con contrataciones a empresas vinculadas a la trama de corrupción que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.

Más acusaciones
Pero no sólo el PSOE acusa de forma tan contundente a Nuñez Feijoo de tener vinculaciones con la Gürtel. Por ejemplo, el pasado mes de julio, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), denunció que en el año 2005, cuando Feijóo era vicepresidente de la Xunta, el Partido Popular autorizó la construcción de una cementera de Coirós (A Coruña) a un imputado en la trama de corrupción. La reacción de Feijóo entonces fue inmediata: “Eso no se lo creen ni ellos”.

Balones fuera
Ahora, las cosas parecen haber cambiado un poco. El presidente de la Xunta es consciente que la trama corrupta podría afectar a su gobierno. De momento ha optado por echar balones fuera y centrar el foco de interés en Valencia. Así, este martes ha pedido al PP valenciano que aclare los presuntos vínculos que le unen con el caso Gürtel para evitar que sus “inapelables” triunfos electorales se vean “empañados”. Acto seguido, dirigió a Francisco Camps un mensaje contundente: “Que cada palo aguante su vela”.

Celoso
Un mensaje que a buen seguro no habrá gustado al presidente de la Comunidad Valenciana, celoso de Feijóo.

El mañana
“Es bueno para un partido que gana las elecciones que no se deje llevar por la comodidad y aclare cualquier duda sobre su financiación (…) si mañana pasa en Galicia, yo sería quien tendría que adoptar las decisiones correspondientes”, concluyó Feijóo. Quizás, el mañana está más cerca que nunca para el PP gallego.

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jmgarrido@elplural.com

DESALOJAN LA SEDE DE LA TELEVISIÓN QUE CAMPS REGALÓ A ULIBARRI POR NO PAGAR EL ALQUILER

Sigue la caída en picado del constructor y magnate de la comunicación imputado en la Gürtel

Que el imperio empresarial del magnate José Luis Ulibarri está, poco a poco desmoronándose –más aún después de su imputación en la trama de corrupción de la Operación Gürtel- es un hecho cada vez más constatado. Después de que su principal constructora, Begar, se declarase en concurso de acreedores, le llega ahora el turno a uno de sus medios de comunicación, la emisora local valenciana Tele 7. El grupo de televisión ha sido desalojado de sus estudios esta semana por impago del alquiler de los locales desde noviembre de 2008. La cadena pertenece al grupo Mediamed, adjudicatario de trece polémicas licencias de TDT en la Comunidad Valenciana.

Los estudios de la cadena valenciana Tele 7 ya no están en Paterna desde que esta semana la policía desalojó la sede de la cadena denunciada por impago del alquiler de los locales desde noviembre de 2008. Es el último varapalo que ha sufrido una de las empresas de José Luis Ulibarri, que está viendo la caída de su emporio empresarial desde que apareció como imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, acusado de presuntos delitos de pagos de comisiones.

En suspensión de pagos
La cadena, que llevaba además sin pagar a sus trabajadores desde hace meses, sigue emitiendo –principalmente redifusiones- desde sus estudios en Sagunto, según informa el diario Levante. Tele 7 forma parte del conglomerado de medios agrupados en Mediamed, sociedad de Ulibarri que consiguió, en medio de una fuerte polémica, 13 concesiones de TDT en la Comunidad. Pese a que el holding siempre ha negado que el empresario mediara en la concesión de las licencias televisivas, el despacho en el que trabaja el ex ministro Michavila, Eius Abogados, se convirtió en juez y parte en todo este asunto. Alberto Dorrego de Carlos, director del buffete asesoró a Mediamed en este asunto y, previamente, había asesorado también al Gobierno de Camps sobre cómo preparar la licitación del concurso que habría de dar en total, 42 permisos de TDT.

Ulibarri vende sus acciones
Según la información de hoy de Levante, Ulibarri se habría desprendido hace solo unos días de su paquete de acciones en Tele 7, que suponían el 25 por ciento, y se lo habría vendido al empresario valenciano Andrés Selma, quien ya era el principal accionista. Actualmente los dos figuran en el Registro Mercantil como apoderados de la firma.

"Nueva etapa", según Mediamed
Mediamed ha dado como única explicación un comunicado en el que asegura que Tele 7 “abandona sus instalaciones en Paterna y traslada la central administrativa a Valencia para optimizar sus recursos”. Según la nota, comienza una “nueva etapa” después de los cambios en el accionariado provocados por los “profundos desacuerdos con el anterior equipo gestor”. Además, la organización asegura que esta nueva situación “garantiza la viabilidad del proyecto”.

"Diez años de trabajo perdidos"
Muy diferente es la opinión de Ángel Rega, uno de los responsables de la empresa que gestiona los recién desalojados platós, que lamentó los “diez años de trabajo perdidos” y las “dificultades actuales de algunos trabajadores que crecieron con nosotros y que llevan meses sin cobrar”. Además, afirmó sentirse “engañado y estafado” por los gestores de Tele 7.

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ELPLURAL.COM

ESTEPONA PERDIÓ 49,4 MILLONES DE EUROS CON CONVENIOS FRAUDULENTOS

El sumario del 'caso Astapa' desvela decenas de comportamientos corruptos

F. J. PÉREZ / D. NARVÁEZ - Málaga

El Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar al menos 49,4 millones de euros de convenios con promotores debido a las tasaciones a la baja de los aprovechamientos urbanísticos que presuntamente realizaban los responsables municipales imputados en el caso Astapa. Las valoraciones de los terrenos por debajo del precio de mercado despatrimonializaban al municipio pero beneficiaban a los promotores cuyos terrenos eran recalificados. A cambio de la ventajosa tasación, los empresarios pagaban una cantidad económica a los políticos. "De esta forma, los responsables del Consistorio tendrían un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar pagos de las concejalías, financiar a los partidos políticos gobernantes (...) o manejar grandes cantidades de efectivo".

Los agentes señalan que una promotora pagó 1,2 millones a un edil del PA

La frase fue escrita el 3 de junio de 2008 por el inspector del Cuerpo Nacional de Policía al frente del caso en un informe de 570 páginas y seis anexos de más de 1.500 folios, que desde ayer quedó fuera del secreto del sumario. En el dosier, que sirvió de base para la detención dos semanas después del ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otras 19 personas, entre concejales y técnicos municipales, el inspector pone decenas de ejemplos de comportamientos corruptos. Adjudicaciones a dedo de obras y servicios -ciudad deportiva, aparcamientos, depósito de vehículos y grúa-, contrataciones en el Ayuntamiento sin ningún tipo de concurso (muchas veces de familiares y amigos de ediles) o financiación irregular de los partidos en el poder eran el día a día del consistorio.

En el caso de los convenios urbanísticos, los investigadores analizaron un total de 32 acuerdos entre promotores y el ayuntamiento para la recalificación de los terrenos. En algunos de ellos existen diferencias de hasta nueve millones de euros entre la tasación efectuada por el Ayuntamiento y el precio de mercado de los suelos. La mayoría de estas tasaciones fueron realizadas por el técnico Xavier Witmeur, perteneciente a la formación posgilistas Partido Estepona (PES) y que ocupaba el cargo sin haber participado en ningún proceso selectivo de personal.

Los agentes prestaron especial atención -un anexo completo- al Grupo Valle Romano, el principal financiador de eventos locales durante el mandato de Barrientos y que pagó numerosos actos de la lujosa campaña electoral del PSOE local en 2007. El "colosal fenómeno urbanizatorio" de Valle Romano, según la Policía, no sólo financiaba actividades a cambio de un trato preferente, sino que participaba activamente en la vida municipal. En una conversación intervenida por la Policía, el concejal del PES Manuel Reina habla sobre un posible pago de 1,2 millones de euros al concejal andalucista Rafael Montesinos a cambio de pactar tras las elecciones de 2007 con el socialisa Barrientos y dejar en la estacada a los posgilistas.

El sumario levantado ayer recoge desde el inicio de la investigación hasta algunas de las primeras detenciones del caso Astapa, el 17 de junio de 2008. En su declaración ante la entonces instructora, Isabel Conejo, el presidente de la constructora Prasa, José Romero, reconoció el pago de hasta dos millones de euros en patrocinios en el Ayuntamiento de Estepona. Romero, supuestamente se benefició de una tasación a la baja. "Esta infravaloración ha permitido que el imputado haya podido financiar diversas actividades del consistorio, generando una dinámica de mutuos beneficios, como se desprende de las actuaciones de demolición del hotel La Rada", escribió la juez. El derribo del hotel ilegal, valorado en 1,2 millones de euros, acabó pagándolo el Estado.

ELPAÍS.COM

LA INVESTIGACIÓN BUSCA EN PARAÍSOS FISCALES 40 MILLONES DE LA TRAMA GÜRTEL

Los escándalos que afectan al PP

Levantado el secreto de sumario, con la mujer de Bárcenas entre los 70 imputados

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.

El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.

En el auto dictado ayer por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez.

El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.

Otro de los motivos por los que el juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar, según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas.

La esposa de Bárcenas tendrá que declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP.

Los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la causa.

Por otro lado, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas".

Fotografías comprometedoras
El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios", señalan fuentes cercanas a la investigación.

Y es que hay decenas de fotografías, algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en prostíbulos.

El juez Pedreira explica al respecto en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la investigación y que constaban en el sumario.

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ELPAÍS.COM

LA JUEZA IMPUTA A LOS DOS TÉCNICOS QUE INTERVINIERON EN LA CONCESIÓN DE TERRENOS

CASO MERCASEVILLA | Irregularidades en el concurso público

Europa Press | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha emitido una providencia en la que cita a declarar como imputados a J.A.R.M. y M.V.B., dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas en el concurso público sobre el derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.

De esta manera, la juez, que considera ilegal la venta, cita a declarar a los dos técnicos que elaboraron el informe de estudio y valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, adjudicado a Sando, pese a la mejor oferta presentada por el Grupo Noga. estos técnicos el pasado mes de julio prestaron declaración pero en calidad de testigos.

Además
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* ¿Quién es quién en el caso Mercasevilla?

ELMUNDO.ES

DIRIGENTES DEL PP PIDEN QUE CAMPS TOME "MEDIDAS EJEMPLARIZANTES" COMO AGUIRRE

'CASO GÜRTEL' | A los implicados de Madrid se les suspendió de militancia

* Creen que Ricardo Costa está en una 'situación muy complicada'

Europa Press | Madrid

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP consideran que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, debe tomar "medidas ejemplarizantes" tras la implicación del PP valenciano en el 'caso Gürtel', en la línea de las que tomó hace varios meses en Madrid la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aseguraron fuentes 'populares'.

A raíz de las investigaciones del juez Baltasar Garzón vinculando a dirigentes del PP madrileño en el 'caso Gürtel', se suspendió temporalmente de militancia a los cargos implicados, entre ellos tres diputados autonómicos -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-. También dejaron su cargo como alcaldes Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), Arturo González Panero (Boadilla del Monte) o Ginés López (Arganda del Rey).

Dentro de la Ejecutiva del PP hay dirigentes que comparan las dos situaciones y coinciden en que, con el comportamiento que ha mantenido hasta ahora el PP valenciano, la sensación que se traslada a la ciudadanía es que existe una "doble vara de medir".

Los cargos consultados comparten la idea de que en la Comunidad Valenciana deben depurarse responsabilidades. "Camps debe tomar la iniciativa y debe tomar medidas", dice un miembro de la dirección, en línea con las declaraciones que estos días ha realizado la secretaria general, María Dolores de Cospedal, exigiendo "contundencia".

Es más, apuntan que esas medidas "ejemplarizantes" deben tomarse tanto en el PP valenciano como en el seno del Gobierno valenciano, después de que en las conversaciones publicadas con el responsable de Orange Market, 'El Bigotes', -que recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo- figuren nombres como el del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el vicesecretario de Organización, David Serra, o el vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla.

Las fuentes consultadas consideran que la posición de Ricardo Costa es "muy complicada", sobre todo después de que la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana haya archivado la denuncia que interpuso el propio Costa contra el informe policial.

En el PP hay quien compara "la resistencia" de Costa a dejar su cargo con la que en su día tuvo el senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que finalmente acabó marchándose pero después de muchos meses aferrándose a su puesto al frente de las finanzas del PP, señalan fuentes 'populares'.

En el Grupo Popular ha provocado malestar la "pasividad" que hasta ahora está teniendo el presidente de la Generalitat a raíz de las informaciones que apuntan una supuesta financiación irregular del PP valenciano. A su entender, este asunto ha tomado nuevas dimensiones que obligan a Camps a tomar decisiones.

Los parlamentarios consultados consideran que, si Camps quiere que el partido le siga mostrando su apoyo y respaldándole 'como una piña', debe despejar cualquier tipo de duda sobre posibles irregularidades en las finanzas de la organización en la Comunidad Valenciana. "Esto ya no es lo de los trajes", resumió ayer gráficamente un veterano parlamentario.

elmundo.es

EL SUPREMO REVISA A PUERTA CERRADA LA CONDENA AL EX ALCALDE DE ANDRATX

CASO ANDRATX | A petición de la defensa

* Condenado a cuatro años de cárcel por construirse un chalé en una zona protegida

Europa Press | Madrid

Eugenio Hidalgo

El Tribunal Supremo revisara a puerta cerrada la condena a cuatro años de cárcel impuesta en mayo de 2008 al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola, una de las piezas del llamado 'caso Andratx'.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca también condenó al el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, a tres años y medio de cárcel; y al ex celador de Obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, a cuatro meses de prisión.

Igualmente, el ex letrado municipal de Andratx, Ignacio Mir, fue condenado a un año de cárcel como autor directo de un delito de prevaricación administrativa. Mir fue condenado también con inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración por tiempo de 8 años, así como al pago de una sexta parte de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular.

La Sala que deliberará sobre los recursos de casación de los tres condenados estará integrada por los magistrados Adolfo Prego, Perfecto Andrés Ibáñez, Luciano Varela, Manuel Marchena y Álvaro García Barreiro, informaron fuentes del alto tribunal.

Hidalgo fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a 3 años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.

Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de 3 años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.

Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada. Además, la sentencia ordenaba a Hidalgo demoler a su costa la vivienda unifamiliar construida en la finca de su propiedad o sufragar los gastos de demolición.

Por su parte, Massot fue considerado autor directo de un delito de prevaricación y cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, por lo que fue condenado a 2 años por el primero y a 1 y seis meses por el segundo, así como a la inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración por tiempo de 10 años, a la multa de 15 meses con 60 euros de cuota diaria y a pagar dos sextas partes de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Además, según la sentencia, el ex celador de Obras de Andratx, Jaume Gibert, fue condenado a cuatro meses de privación de libertad por cooperación necesaria en un delito contra la ordenación del territorio y, aunque inicialmente el fiscal pedía seis meses, se le consideró un atenuante el que colaborara con la Justicia para esclarecer el caso.

También fue condenado a suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un periodo de 18 meses y multa de diez meses, con 10 euros de cuota diaria, así como a satisfacer una sexta parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

ELMUNDO.ES

DETENIDOS EL EX ALCALDE DE YAIZA Y DOS HIJOS SUYOS POR CORRUPCIÓN

URBANISMO | Registro domiciliario en Lanzarote

* El ex edil salió esposado de su domilicio por agentes de la Policía Nacional
* Está acusado de la posible comisión de varios delitos urbanísticos


Efe | Lanzarote

El ex alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos han sido detenidos por la Policía acusados de presunta corrupción urbanística relacionada con irregularidades en la concesión de licencias supuestamente ilegales para proyectos hoteleros en el municipio lanzaroteño.

Los agentes irrumpieron por sorpresa en el domicilio del político sobre las 10 horas para proceder a un registro ordenado por la autoridad judicial.

Testigos presenciales indicaron que Reyes, que ya fue detenido también en el marco de la 'Operación Unión', que investiga una trama de corrupción urbanística en Lanzarote, salió de la vivienda esposado, mientras que al menos uno de sus hijos permaneció retenido por los agentes en el interior de un vehículo policial durante el registro domiciliario.

La detención del ex alcalde y sus dos hijos está relacionada con una denuncia que en su día presentó el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.

Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC, a partir de un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos urbanísticos por parte de los citados regidores municipales.

En vista de ese informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales, para denunciar los hechos supuestamente delictivos. En concreto, el ex alcalde está imputado en esta causa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística, blanqueo de capitales y cohecho.

ELMUNDO.ES

martes, 29 de septiembre de 2009

ESPECIAL: EL SAQUEO DEL PALAU DE LA MÚSICA

Desvíos de fondos, irregularidades, dimisiones y confesiones en la institución dirigida desde 1984 por Félix Millet

La investigación del desvío de fondos del Palau de la Música está acorralando a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso indica que su fundación, la Trias Fargas, se nutrió al menos en 2003 de aportaciones en dinero negro del Palau, entonces presidido por el imputado Fèlix Millet.
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El 'asunto Palau' apunta a la financiación de partidos
El dinero desviado por Fèlix Millet del Palau de la Música Catalana sirvió para financiar algún partido político. Así se apunta en el sumario del caso, que incluye una carta anónima remitida al juez por parte de alguien que se identifica como ex trabajador del coliseo y en la que asegura que el ex presidente del Palau habría ayudado a partidos, "también con recursos de la Fundación Orfeó Català y siempre a cambio de favores".
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Montilla escenifica su apoyo al Palau de la Música en la inauguración del ciclo de conciertos
Palau 100, el ciclo estrella de la programación musical que organiza la Fundación Orfeó Català, ha recibido esta noche el apoyo explícito de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en el concierto inaugural de la temporada. El presidente de la Generalitat, José Montilla; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el presidente del Parlament, Ernest Benach; así como consejeros del Gobierno catalán,concejales municipales, representantes del Liceo y del Auditori, patronos y mecenas de la fundación han respaldado con su presencia en el Palau de la Música a la institución en un inicio de curso marcado por el escándalo del desvío de hasta 10 millones de euros de los fondos del Orfeó y la fundación por parte de su ex presidente Fèlix Millet y el ex director administrativo, Jordi Montull, a quienes el juez que instruye la causa ha llamado a declarar el próximo 19 de octubre.
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Millet ocultó 300.000 euros en pagos a la fundación de Convergència

Los flujos de dinero que iban del Palau de la Música a la Fundació Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), siguen sin cuadrar. Al menos cerca de 300.000 euros, más la mitad de las aportaciones que la entidad de CDC admite haber recibido de la Fundació Orfeó Català entre 2001 y 2008, no figuran en las cuentas anuales auditadas que la entidad que presidía Fèlix Millet presentó a la Generalitat.
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El juez cita a declarar como imputados a Millet y Montull
El juez que investiga un presunto desvío de fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha acordado hoy citar a declarar como imputados al ex presidente de esta entidad Félix Millet, y al que se considera su mano derecha, Jordi Montull.
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Emisarios de Millet ofrecen sobornos para encubrir el escándalo del Palau
El entorno de Fèlix Millet está dispuesto a hacer lo que sea para salvarle el pellejo. Emisarios del ex presidente de la Fundación Orfeó Català han tratado, sin éxito, de sobornar al menos a uno de los interventores de las cuentas del Palau.
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Millet y varias empresas constructoras sustentaban la fundación de Convergència
Las donaciones opacas de Fèlix Millet, principal imputado por el saqueo del Palau de la Música, a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han puesto de relieve que el propio Millet, a través del Orfeó Català, fue el principal protector privado de la fundación nacionalista. Pero no estaba solo. Varias de las grandes constructoras y promotoras catalanas y españolas figuran entre los grandes valedores de la fundación del partido que gobernó Cataluña durante 23 años.
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El fiscal eleva a 10 millones de euros el "expolio" del Palau de la Música
El fiscal considera que el saqueo de las arcas del Palau de la Música supuestamente cometido por Fèlix Millet y Jordi Montull, el ex director administrativo, puede ascender 10 millones de euros.
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La hija de Millet presenta la dimisión de sus cargos en el Palau de la Música
Clara Millet, hija del ex presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet, se ha desvinculado hoy, a través de una carta, de la trama de apropiación de fondos de la institución y ha puesto a disposición sus cargos en la junta del Orfeó Català y del Patronato del Palau de la Música. Clara Millet es miembro de la Junta Directiva.
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Puig admite que la Fundación Trias Fargas recibió 630.554 euros del Palau de la Música
El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha admitido que la Fundación Trias Fargas, vinculada a su partido, recibió 630.554 euros de la fundación del Palau de la Música. Puig ha asegurado que descartan devolver el dinero porque todo se hizo dentro de la legalidad, "convenios legales con dinero oficial", con el objetivo de organizar actos para promocionar la cultura popular catalana.
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Colom admite ahora haberse financiado con fondos de Millet
El actual dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Àngel Colom admitió ayer haber recibido 12 millones de pesetas (72.000 euros) procedentes del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet, a pesar de que hace sólo una semana Colom negó con rotundidad a EL PAÍS haber recibido alguna aportación del querellado por la fiscalía. Colom sostiene ahora que recibió dinero para sufragar las deudas que arrastraba tras la disolución del Partit per la Independència (PI), que desapareció en 1999.
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El fiscal pide a la Audiencia que obligue al juez a citar a Millet y Montull
La fiscalía insiste en que Fèlix Millet y Jordi Montull declaren cuanto antes para esclarecer el saqueo de los fondos del Palau de la Música.
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Si necesita algo, acuda a los Millet
A los vecinos de L'Ametlla del Vallès (7.796 habitantes, Vallès Oriental) les cuesta digerir que Fèlix Millet haya robado a espuertas. Su familia es uno de los pesos pesados del municipio.
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El Palau no tenía rumbo musical
Un manifiesto reclama que haya un director artístico. Millet no acudía a los conciertos. El grueso del programa está en manos de promotores privados.
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El patrimonio de la familia Millet se triplicó desde que creó la fundación
La familia del ex presidente del Orfeó Català, Fèlix Millet, ha ido fraguando una cartera inmobiliaria que ya querrían para ellas muchas promotoras. Desde 1990, cuando se creó la fundación Orfeó Català-Palau de la Música, el patrimonio de la familia se ha más que triplicado, al pasar de 30 propiedades a las 97 de ahora.
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Las hijas de los 'saqueadores del Palau' se resisten a irse de la entidad
Las familias Millet y Montull se resisten a abandonar el Palau de la Música. Clara y Laila Millet, hijas del ex presidente de la Fundació Orfeó Català, y Gemma Montull, hija del ex director administrativo, aún mantienen sus cargos en la institución.
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Destituido el secretario del Palau por urdir un engaño a Hacienda
La Fundació Orfeó Català destituyó al secretario de la entidad, Raimon Bergós, por haber urdido un engaño ante la inspección que realizó Hacienda en 2004 y 2005 sobre las cuentas de entre 1998 y 2001.
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Ocho instituciones culturales desmienten a Millet de que pagar en negro sea habitual
Los directores y administradores del Teatro del Liceo, el Auditori de Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Centro de Artes Escénicas de Reus, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Catalunya y el Centro de Artes Escénicas de Terrassa desmienten con "rotundidad" que pagar en negro sea una práctica habitual en el mundo de la cultura.
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La auditoría eleva a más de 10 millones la estafa de Millet al Palau de la Música
El rastreo de los movimientos que efectuó Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, para apropiarse de fondos de la entidad está sirviendo para abultar la magnitud de la estafa. Según fuentes que investigan las cuentas de la entidad, el desvío de dinero de la Fundació Orfeó Català supera los 10 millones de euros.
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La falaz contrición del Madoff catalán
Al inculparse del fraude ya destapado, Millet trata de evitar que aflore el resto. De la diligencia del juez depende que lo logre
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Millet confiesa que pagó comisiones para costear las obras del Palau
Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, ha puesto en marcha el ventilador. Acorralado por las informaciones que han ido conociéndose este mes (avanzadas por EL PAÍS) sobre cómo se apropió de fondos de la entidad para lucro personal, ahora ha reconocido que pagó comisiones a particulares para lograr fondos públicos y privados con los que sufragar las obras de restauración y ampliación del simbólico edificio modernista.
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Millet vendió al Orfeó un local de su propiedad al doble del precio tasado
Una de las operaciones del anterior equipo gestor del Palau de la Música que más ha sorprendido, por no decir indignado, a los patronos de la Fundación Orfeó Català se realizó el día antes de la intervención judicial por un supuesto desvío de 2,29 millones de euros de los fondos del Orfeó entre 2003 y 2004 del que están imputados cuatro personas, entre ellas Félix Millet, máximo directivo de la entidad, y Jordi Montull, director administrativo del consorcio y de la fundación.
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Del cacao de Guinea a patrono de la FAES regional
El Palau fue la plataforma de Millet para obtener cargos.
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Fèlix Millet, suspendido temporalmente como presidente del Palau de la Música
La junta directiva del instituto acuerda la medida hasta que se aclare la situación jurídica.
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Millet deja la presidencia del Palau tras el supuesto desvío de 2,29 millones de euros
Al cuarto día de que los Mossos d'Esquadra registraran por orden judicial las dependencias del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet puso ayer sus cargos como presidente del Orfeó Català y de la Fundación del Palau de la Música a disposición de los órganos de gobierno de ambas entidades, que decidieron "suspenderle temporalmente" de sus responsabilidades, según una nota hecha pública por el auditorio modernista.
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Los Mossos d'Esquadra entran en el Palau de la Música
Los Mossos d'Esquadra han entrado este jueves por la mañana en el Palau de la Música Catalana por orden de un juez de Barcelona que investiga el supuesto desvío de más de dos millones de euros de los fondos del Orfeó Català, que tiene su sede en ese histórico edificio del modernismo catalán.
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Las administraciones atajan la crisis del Palau nombrando a un director
Las administraciones no han tardado ni una semana en atajar la crisis del Palau de la Música abierta por la intervención de los Mossos d'Esquadra por orden judicial por presunto desvío de 2,29 millones de euros.
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El saqueo del Palau
Las irregularidades en la gestión del auditorio modernista han sorprendido a la sociedad catalana.
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DE LA RÚA ARROPÓ A CAMPS EN UN MITIN DE LAS ELECCIONES DE 2007

Además de archivar el trajegate e ignorar la financiación del PP, el juez le brindó guiños electorales

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Valencia (TSJV), Juan Luis de la Rúa, estuvo en primera fila aplaudiendo las promesas electorales de Francisco Camps durante un mitin en mayo de 2007, durante la campaña de las últimas autonómicas. En aquel acto, Camps prometió más medios judiciales y agradeció públicamente al juez su presencia. Concluido el mitin ambos se saludaron afectuosamente, y es que, como el propio presidente valenciano se precia, a ambos les une una "íntima y sentida" relación. De la Rúa, que ha archivado la causa de los trajes de la Gürtel a Camps e ignoró en aquel proceso un informe policial sobre posible financiación ilegal en el PP valenciano, era también el encargado de velar por la limpieza de aquellas elecciones de 2007. Su condición de juez limita su participación en política a su papel de votante el día de la cita electoral.

De la Rúa acudió a un acto electoral del PP celebrado en la Fundación Universidad Empresa de Valencia en mayo de 2007, según informa El País. El magistrado preside el TSJV desde 1999 –aunque desde junio de este año permanece en el cargo en situación de prórroga- y durante aquella campaña era el presidente de la Junta Electoral, es decir, el organismo encargado de velar por la limpieza de aquella cita y el respeto a las reglas.

Afecto y guiños públicos
Durante el acto, Camps prometió reforzar los órganos judiciales en la Comunidad Valenciana y agradeció la presencia de De la Rúa, y ambos se saludaron afectuosamente al concluir el acto. El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces la militancia en partidos políticos o sindicatos y limita su papel activo en las elecciones a su condición de votante el día de la cita electoral.

La Junta Electoral bloqueó un documental
Aquella campaña electoral de 2007 no estuvo exenta de polémicas, por ejemplo cuando la Junta Electoral presidida por De la Rúa prohibió la difusión del documental Ja en tenim prou, donde figuras de la cultura y de los colectivos sociales valencianos lamentaban aspectos de las políticas del PP.

Archivo y exclusión de informe
La estrecha relación entre el presidente de la Comunidad y el del TSJV, que Camps definió como “más que un amigo”, ya llevaron a una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que De la Rúa no se abstuviera de la causa de los trajes. El TSJV no sólo archivó el presunto cohecho impropio de los trajes sino que excluyó de la misma aspectos tan delicados como el informe policial que advertía de indicios de una posible financiación ilegal en el PP.

Sin alterar la acción judicial
En aquel acto de mayo de 2007 también estuvo presente Francisco de Rosa, ex consejero de Camps y ahora vicepresidente del CGPJ. Después de la polémica por el archivo de la causa de los trajes, De Rosa pidió que se deje actuar a la Justicia “siempre de forma sosegada y sin alteraciones”.

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ELPLURAL.COM

IMPUTADO UN EX ALCALDE DEL PP POR FALSIFICAR EL PGOU

V. C. - Granada

El ex alcalde de Gójar (Granada) y diputado provincial del PP, Francisco Maldonado, tendrá que acudir de nuevo a los tribunales para declarar como imputado por la supuesta falsificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio cuando él era el regidor.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha abierto, a raíz de una declaración previa por otra causa, una investigación contra él por la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental y le ha citado a declarar el próximo día 9 de octubre.

El actual alcalde de Gójar, Pedro Clavero (PSOE), explicó ayer en rueda de prensa que Maldonado declaró en el juzgado que había concedido una licencia de manera supuestamente irregular porque aunque el PGOU, que no estaba publicado, no lo permitía, según sus palabras "se iba a publicar con algunas modificaciones".

El ex edil y diputado provincial del PP imputado ahora por las irregularidades en el PGOU de Gójar fue absuelto recientemente por la Audiencia Provincial de Granada del delito de prevaricación del que se le acusaba en la construcción de cuatro edificaciones en suelo protegido en 2005. Maldonado está inmerso en otras causas judiciales aún sin resolver sobre Gójar, como el caso Cavifer, en el que se investiga el posible trato de favor a su hermano.

ELPAÍS.COM

UNA FIRMA SOSPECHOSA DE FINANCIAR AL PP DE CAMPS PAGÓ A LA RED GÜRTEL EN MADRID

La financiación irregular del PP valenciano
INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE LAS EMPRESAS DE CORREA

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

Las declaraciones de ingresos efectuadas por las empresas del caso Gürtel a la Agencia Tributaria en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que al menos una de las contratistas valencianas bajo sospecha de haber financiado al PP a través de Orange Market, la firma valenciana de la red de Correa, también pagó a una de las principales firmas de la trama corrupta en Madrid.

Facsa abonó 69.000 euros a la firma que montaba los actos de Esperanza Aguirre

La Sociedad Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa) aparece entre los clientes de Easy Concept, una de las principales empresas de la trama corrupta que operaba en la Comunidad de Madrid.

Easy Concept es la firma que logró, gracias al trato de favor del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el montaje de la inmensa mayoría de los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Easy Concept, según la investigación judicial y policial, pagaba comisiones a López Viejo por todos los trabajos que hacía para la Comunidad de Madrid.

La policía que investiga el caso Gürtel interpreta que los pagos de al menos cinco constructoras valencianas a Orange Market en 2008 (480.000 euros, una parte con factura y otra sin ella) tenían como objetivo real financiar actos electorales del PP.

En los correos electrónicos incautados por la policía que fueron enviados desde Orange Market al despacho de la asesoría fiscal de esta empresa se ordenaba que se cancelasen facturas del Partido Popular valenciano por otras por idéntica cantidad a nombre de las constructoras.

Orange Market no cobraba por sus servicios directamente al partido sino que liquidaba los gastos con constructoras que, a su vez, recibían contratos multimillonarios de la Generalitat valenciana, según el informe policial.

La empresa que más dinero pagó a Orange Market fue Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), a la que la Generalitat valenciana adjudicó contratos por al menos 13 millones de euros en los últimos cuatro años. En el informe policial se habla de un pago de 200.000 euros a Orange Market en 2008. Los informes de la Agencia Tributaria acreditan otros pagos a Orange Market en 2007 (174.000 euros) y 2006 (14.906 euros).

Facsa, según el mismo informe de la Agencia Tributaria, también pagó a Easy Concept 69.600 euros en 2006. El número de NIF que encabeza los ingresos de Orange Market y de Easy Concept procedentes de Facsa es el mismo. Un portavoz de Facsa aseguró ayer que no recordaba haber contratado nada con Easy Concept.

Por otra parte, la empresa Orange Market declaró a la Agencia Tributaria unos ingresos del Partido Popular valenciano distintos a los que esta formación facilitó a EL PAÍS para justificar que sus relaciones comerciales con la trama corrupta eran legales. El PP declara un importe facturado de Orange Market de 685.464 euros en 2005 pero la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, consignó en ese ejercicio como ingresos a la Agencia Tributaria 712.322 euros. En 2006, la cifra indicada por el Partido Popular coincide con la declarada mientras que en 2007, la formación que preside Francisco Camps declara haber recibido facturas por 860.208 euros cuando Orange Market certifica ante Hacienda que ha ingresado 872.208 euros.

En los libros de contabilidad de la firma Orange Market, requisados por la policía durante los registros de su sede y la detención de sus principales responsables, aparecen perfectamente diferenciados los ingresos por los actos del Partido Popular. Una parte los consignaban como entradas en A, de los que se conservan las facturas con IVA, y otra parte en B, sin justificante alguno. De éstos, algunos fueron sufragados con fondos de constructoras, según la policía.

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Francisco Correa
A FONDO







ELPAÍS.COM

CAMPS: "SUEÑO CON SER EX PRESIDENTE DE LA GENERALITAT, CUANDO LLEGUE EL MOMENTO

'Yo tengo conciencia, cumplo la ley', ha dicho en su cruce con Ángel Luna
Ha esgrimido ante la oposición el apoyo de las urnas y el archivo del TSJ
'Si adelantase las elecciones, no sólo ganaría el PP, ampliaría su mayoría'
'Nos quitaron el agua y nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos'
'Zapatero sabe que o gana esta comunidad o perderá la guerra', ha proclamado

Rodrigo Terrasa Valencia
Tras la intervención de Ángel Luna, portavoz socialista, casi centrada en exclusiva en las últimas informaciones sobre el caso Gürtel, el presidente de la Generalitat ha regresado a la tribuna casi aguantando la risa para hablar por primera vez del último capítulo de la trama. Camps no había hecho ninguna declaración desde que se conoció el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

"Nada nuevo bajo el sol", ha sido su primera frase. La ha dicho además en latín. Luego ha recordado, con un tono premeditadamente cómico, que a la gente le interesa "la lluvia y las políticas de los grupos democráticos serios al servicio de los ciudadanos" y ha lamentado la "expectación" generada por la oposición para "intentar tapar la gestión, la modernidad y el crecimiento constante de la Comunidad". "Nos quitaron el agua y nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos", ha proclamado.

Luego ha respondido a la petición de elecciones anticipadas anunciada por el PSPV y se ha agarrado a sus últimos triunfos en las urnas y al reciente archivo de su causa en Valencia. "Desde que empezó todo este lío arrasamos democráticamente en las Europeas y el TSJ archivó el asunto", ha dicho.

"No pararán porque no tienen una sola medida para Sanidad, Educación, empleo, infraestructuras... No he escuchado una sola ilusión, un solo sueño...", ha asegurado Camps dirigiéndose a la bancada socialista.

También se ha dirigido directamente a Luna para recordarle que el grupo popular nunca cuestionó "cómo ha llegado usted como portavoz a esta cámara", en clara alusión a la polémica dimisión de Joan Ignasi Pla. "Nosotros no dijimos nada, es la diferencia entre ellos y nosotros", ha añadido.

A continuación, Camps ha recordado casi gritando que él es el único de los políticos que tomarán la palabra en el Debate de Política General que encabezó una lista en las últimas Autonómicas. "Yo me presenté a las elecciones, los ciudadanos me dieron la mayoría absoluta. Y aquí nadie más se presentó con su cartel, con su nombre y su programa. Sólo yo, el único. Que lo sepan todos los medios de comunicación de toda España; la única persona que va a hablar aquí que fue votada democráticamente por sus ciudadanos soy yo, el único candidato", ha sentenciado entre carcajadas. "¿Dónde están los candidatos que se enfrentaron conmigo?", ha preguntado.
Luego ha vuelto a Luna. "No sé lo que durará esto, pero pese al enfado de Luna, no le dieron la razón ni los ciudadanos ni los jueces y eso duele", le ha dicho antes de vaticinar un nuevo triunfo en las urnas si se adelantasen las elecciones. "Usted ya sabe lo que ocurriría si hubiese elecciones anticipadas; no sólo ganaría el PP, sino que ampliaría su mayoría claramente".

El presidente de la Generalitat ha reiterado su compromiso "para cuatro años" y ha subrayado que prefiere "seguir hablando de lo que interesa y no abrir un debate electoral que sé de sobra que ganaríamos".

'Estoy rodeado de muy buena gente'
En su tercera intervención en las Cortes, durante la segunda réplica a Luna, Camps ha vuelto a recurrir a un tono más chistoso y ha vuelto a inaugurar su discurso con otra sentencia. "Yo tengo conciencia, cumplo la ley", le ha dicho al síndic socialista. "Y no sé si usted cumple la ley, pero ha dicho una inmoralidad, que es lo más gordo que se puede decir aquí".

Se refería Camps a las continuas alusiones del portavoz del PSPV a las supuestas diferencias internas del PP. A eso ha respondido el jefe del Consell asegurando que está "rodeado de muy buena gente en el gobierno, en el partido, en la administración y en las calles y las plazas de la Comunidad Valenciana por las que paseo".

Luego ha cerrado su intervención proclamando su satisfacción por saber que "una cosa voy a ser toda la vida y nadie me lo podrá quitar hasta que muera, una cosa muy hermosa, sueño con ese dia, con ser ex presidente de la Generalitat Valenciana cuando llegue el momento".

Y como había prometido a primera hora de la mañana le ha 'regalado' una cita a Ángel Luna. Una cita de Churchill en "los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial": "Alemania sabía que o ganaba su pequeña isla o perderia la guerra", ha dicho antes de extraer su moraleja. "Zapatero sabe que o gana esta comunidad o perderá la guerra; las próximas generales las ganará el Partido Popular".

Además

EL PSOE Y EL PES TRATAEON DE INFRAVALORAR SUELOS PARA OBTENER BENEFICIOS

ESTEPONA | Caso 'Astapa'

Europa Press | Málaga

El PSOE y el Partido Estepona (PES) trataron de cerrar convenios urbanísticos antes de las elecciones para beneficiarse. Además, muchos de estos acuerdos se basaban en infravaloraciones de suelos, según se desprende del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en Estepona.

Así, según uno de los tomos del sumario, cuyo secreto se levantó este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, tanto miembros del PSOE como del PES trataron "de cerrar todos los proyectos urbanísticos que pudieron antes de las elecciones por si acaso no salían reelegidos y no podían cobrar los beneficios que suponía el cierre de dichos proyectos".

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Según se señala, "dichas valoraciones a precio inferior de mercado serían un contrasentido, ya que saldrían beneficiadas las mercantiles firmantes del convenio y no el Ayuntamiento, pero si atendemos a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".

De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". Estos pagos "en ocasiones se realizarían mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni de la mercantil" o bien "facturándose a otras empresas manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".

Según los investigadores, "se podría pensar que el único beneficiario seguiría siendo el pueblo de Estepona a través del Ayuntamiento, por lo que no tendría sentido que se realizaran aportaciones dinerarias sin contabilizar por el Ayuntamiento a no ser que con dichas aportaciones salieran beneficiadas económicamente las personas que conforman dicho Ayuntamiento".

Del sumario se desprende que en las solicitudes de dinero por parte del Ayuntamiento a los empresarios "el solicitante suele indicar al empresario qué licencias tiene pendientes de conceder, las cuales, podrían verse retrasadas e incluso ser anuladas si el empresario no se aviniera a colaborar en el gasto".

Información 'privilegiada'
Los investigadores abordan también el papel de los técnicos municipales en la gestión urbanística que se venía realizando en el Ayuntamiento. En el caso de Javier Wittmeur, que fue detenido e ingresó en prisión durante varios meses, los denunciantes, el actual alcalde de Estepona y concejal entonces, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez, manifiestan que la directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, les aseguró que "muchas de las valoraciones efectuadas por Javier Wittmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados".

Algunos técnicos municipales, continúa el sumario, podrían "estar utilizando información privilegiada en su vida profesional independiente del Ayuntamiento parar obtener algún tipo de beneficio", e incluso, en algunos casos, aseguran que algún técnico "podría estar siendo retribuido por extralimitarse en sus funciones".

Del mismo modo, en otro punto del sumario, se relacionan los pagos que algunos técnicos municipales imputados en el caso habrían recibido de varias mercantiles. También investigan los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional la compraventa de terrenos por parte de miembros del Ayuntamiento o familiares de los mismos.

Terrenos
Entre los casos analizados destacan el de Atalaya Park. Según explican en el sumario, una mercantil en la que participa un familiar del edil Francisco Zamorano -expulsado del PSOE- compró el 17 de diciembre de 2004 dos fincas en Atalaya Park por 751.260 euros, terrenos que se vendieron el 15 de septiembre de 2006 por 3,6 millones, "más de cuatro veces su valor inicial" y que el 7 de noviembre se vendieron a otra mercantil por 6,1 millones.

Según los investigadores "en menos de dos años, unos terrenos multiplicaron su valor casi 10 veces, siendo la propietaria en algún momento de dichos terrenos una sociedad que podríamos considerar como patrimonial pues su único fin parece ser el gestionar la compraventa de dichos terrenos, la cual estaría directamente relacionada con un miembro del Ayuntamiento, Francisco Zamorano".

Además
* Levantan el secreto de sumario sobre siete tomos más
* Piden la nulidad por falta de instrucción policial
* Una deuda municipal de 160 millones

ELMUNDO.ES

EL PSOE DE ALCALÁ DESVÍA FONDOS DEL PLAN E A UNA EMPRESA MUNICIPAL

DENUNCIA | Los fondos para crear empleo, para un 'plan de comunicación'

Chema Rodríguez | Sevilla

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE, está desviando fondos del Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (popularmento conocido como Plan E) a una empresa municipal con la excusa de financiar un «plan de comunicación».

Según denunció ayer el Partido Popular y confirmaron fuentes municipales, el Consistorio que preside Antonio Gutiérrez Limones obliga a las constructoras adjudicatarias de las obras del Plan E en la localidad a entregarle, a modo de ‘comisión’, un 1,5% del montante total de la adjudicación, que, a su vez, sirve para financiar la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM), que monopoliza, sin concurso público alguno, la publicidad de este plan en Alcalá.

La empresa municipal ha recibido ya 181.000 euros por publicitar las obras financiadas

La ‘comisión’ del 1,5% aparece entre las cláusulas del contrato que el Ayuntamiento alcalareño ha suscrito con las empresas que llevan a cabo las 47 obras que financia el fondo estatal, donde también aparece que el destino del dinero es un «plan de comunicación» del que se encarga, en exclusiva, ACM.

Dicha sociedad, cuyo consejo de administración preside el alcalde, ha recibido ya cerca de 181.000 euros en concepto de publicidad de estas iniciativas a través no sólo de los carteles que las señalizan, sino, además, de folletos informativos, cuñas radiofónicas y programas especiales que ACM ha organizado en los medios que controla, la radio municipal y La Revista de Alcalá.

Pero esos 181.00 euros son sólo una parte de lo que la empresa municipal –que tiene un presupuesto anual de 2,5 millones de euros– recibirá de aquí a que terminen las actuaciones del Plan E. De acuerdo con las particulares estipulaciones de los contratos que firma el Ayuntamiento, su empresa de comunicación facturará el 1,5% de todos y cada uno de los proyectos financiados por el Estado.

El portavoz del PP en Alcalá de Guadaíra, Javier Jiménez, cuestionó ayer que el plan de comunicación al que alude la cláusula de obligado cumplimiento para las constructoras no se ha llevado a cabo, aunque fuentes municipales recordaron que los carteles de las obras están «en su sitio» y que, además, se ha llevado a cabo el reparto de folletos, al mismo tiempo que publicidad en distintos medios locales, los que gestiona ACM.

Precisamente, lo llamativo de este caso es que la ‘comisión’ del 1,5% sobre el coste de la obra es un invento del gobierno socialista de Gutiérrez Limones, que se ha sacado de la manga una obligación que no aparece en la normativa que regula el Plan E.

La normativa del plan sólo obliga a colocar un cartel anunciado junto a la actuación

Según ha podido comprobar EL MUNDO de Andalucía, la resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se rigen las contrataciones del Plan E no menciona en ninguna de sus líneas la obligación del adjudicatario de entregar parte del presupuesto para campaña de comunicación alguna.

Lo único que estipula es que el organismo público que promueva la obra debe «velar» por la colocación de un cartel anunciador «con un tamaño mínimo de 1,5 metros de largo y 1 metro de alto, ubicado en un lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la finalización de la obra». Nada más.

En la misma línea, fuentes de la patronal de la construcción indicaron que lo que ocurre en Alcalá de Guadaíra no es «lo habitual» y mostraron su sorpresa por la cláusula introducida por el Ayuntamiento de Gutiérrez Limones que obliga a las empresas a entregarle el 1,5% del montante de la obra. Todo lo más, reiteraron que la única obligación que llega a recaer sobre los empresarios es la sufragar el cartel anunciador. Lo demás, añadieron estas fuentes, «es raro».

ELMUNDO.ES