viernes, 2 de diciembre de 2011

"CASO BRUGAL"; RIPOLL CALLA ANTE EL JUEZ

El exlíder del PP de Alicante se niega a declarar por el soborno de la basura

SANTIAGO NAVAVARRO - Alicante

José Joaquín Ripoll, expresidenre provincial del PP de Alicante, optó ayer por el silencio en su segunda comparencia, en calidad imputado, ante el juez del caso Brugal que investiga un supuesto soborno por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja. "Aconsejado por mis abogados, me he acogido a mi derecho constitucional de no declarar", comentó el ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a la salida del Juzgado número 3 de Orihuela.

Carlos San Martín, instructor de esta pieza del sumario de Brugal, imputa al exdirigente del PP cinco delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y fraudes, vinculados al contrato de la planta de basura de La Vega Baja. La contrata la adjudicó la Diputación de Alicante en enero de 2008, con Ripoll al frente de la institución, al promotor Enrique Ortiz en unión con la firma Cespa. La policía sostiene que Ripoll otorgó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) y que la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros tras la adjudicación del contrato.

Ripoll justificó su negativa a declarar ante el magistrado Carlos San Martín por la cantidad de recursos que sus letrados han presentado al sumario, "más de 45, pendientes de resolver por la Audiencia de Alicante". Ese alud de recursos, aunque Ripoll evitó una referencia explícita, incluye uno en que solicita la nulidad de las escuchas telefónicas, base de la investigación de este caso que comenzó en marzo de 2007.

Parte de esas intervenciones telefónicas fueron anuladas por el propio instructor Carlos San Martín el pasado mes de junio. Este magistrado abandonará en breve este caso ya que acaba de ganar una plaza en un juzgado de Elche.

Ripoll dijo estar "tranquilo" ante su imputación y volvió a negar que su implicación en Brugal sea el motivo que le llevó a dimitir al frente del PP hace precisamente una semana. "Dimití porque no fui reelegido presidente de la Diputación", aseveró el exdirigente popular.

Por su parte la sucesora de Ripoll en la Corporación provincial, Luisa Pastor, dijo que la investigación del plan zonal "no tiene por qué dañar la imagen de la Diputación, porque Ripoll ya no ocupa ese puesto [el de presidente]".

elpaís.com

EL FISCAL RETIRA LAS ACUSACIONES A 18 PROCESADOS EN EL "CASO TROYA"

El ministerio público mantiene los cargos contra el alcalde y el edil de urbanismo de Alhaurín

Juana Viúdez Málaga
 
El fiscal del caso Troya, que juzga una presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo malagueño de Alhaurín el Grande y en la que había procesadas 20 personas, ha retirado esta mañana los cargos contra 18 de ellas, aunque ha mantenido las acusaciones por 13 supuestos cohechos continuados contra el alcalde del municipio, Juan Martín Serón (PP), y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra.

En la sesión de esta mañana del juicio, que comenzó el pasado 22 septiembre, el fiscal ha decidido retirar las acusaciones contra los empresarios y los funcionarios procesados. También ha decidido sustituir su petición de pena de entre cuatro y siete años de prisión para el alcalde y el edil por una multa de dos millones de euros y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.

El presidente del tribunal les ha pedido esta mañana a los 18 procesados que quedaban absueltos que abandonaran la sala y ha informado de que la vista se reanudará el próximo día 16 con el informe fiscal y de los letrados de los dos únicos acusados, detenidos en enero de 2007.

Según el escrito provisional del fiscal, una "trama de eriquecimiento ilícito" funcionaba en torno al  Ayuntamiento de Alhaurín el Grande desde 2002. Los empresarios y promotores inmobiliarios obtenían permiso para construir más de lo previsto  "a cambio de una retribución económica". Los acusados podrían haber obtenido más de 600.000 euros.

El fiscal cree que el edil de Urbanismo "recaudaba los fondos procedentes de tales pagos y llevaba personalmente su contabilidad".

LA JUEZ ALAYA IMPONE 4,8 MILLONES DE FIANZA A 16 IMPUTADOS DE LOS ERE

La magistrada da 10 días a Economía para que remita los expedientes tramitados cuando Griñán era consejero

MANUEL PLANELLES - Sevilla

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de las irregularidades en los Expediente de Regualación de Empleo (ERE), ha decidido que 16 de los imputados presenten fianzas para hacer frente a las futuras responsabilidades pecuniarias. De momento, impone fianzas por un valor total de 4.797.562,63 euros. La mayor es para Carmen García Sánchez, propietaria de la empresa Río Grande. La juez le pide 1,99 millones porque, según Alaya, su responsabilidad es mayor que la del resto de intrusos que presuntamente se lucraron al ser incluidos en los ERE.

Según la magistrada, gracias a su "condición de empresaria", supuestamente logró lucrarse ella y ayudó a que otros se lucraran incluyéndolos en el ERE de su empresa. Alaya, en un auto fechado el 30 de noviembre, repasa uno a uno a los 16 imputados y detalla el dinero que percibieron de las arcas públicas de forma ilícita a través de los ERE. A la cantidad percibida, la juez le suma un 30%.

Las fianzas fijadas por la juez son mayores de las que solicitó la Fiscalía Anticorruoción el pasado 17 noviembre. El ministerio público reclamaba para 14 de los intrusos de los ERE un total de 2,85 millones de euros. El objetivo de la fiscalía es que la Junta de Andalucía pueda recuperar los 10 millones de euros que se quedaron los 72 falsos prejubilados que se han identificado hasta el momento.

La magistrada ha dado a la Junta un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que el responsable del ramo era el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno "a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L", partida también conocida como "fondo de reptiles".

elpaís.com

EL SUPREMO ORDENA JUZGAR A CARLOS FABRA POR CINCO DELITOS FISCALES

Carlos Fabra, en una imagen de archivo.- DOMENECH CASTELLÓ (EFE)
La Audiencia de Castellón declaró prescrita la acusación de 1,5 millones

MARÍA FABRA - Castellón

El "ciudadano ejemplar", que proclamó Mariano Rajoy, el político "absuelto" por las urnas, Carlos Fabra, será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y por todos los delitos de fraude fiscal por los que está acusado. Así lo ha ordenado el Tribunal Supremo al revocar la decisión de la Audiencia de Castellón, que consideró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por un fraude a la Hacienda pública de 1,5 millones de euros.

Los peritos destaparon ingresos por 3,3 millones de euros sin justificar

El líder del PP de Castellón también está imputado por tráfico de influencias


La imputación por tráfico de influencias se concretó después de que Vicente Vilar, un empresario hasta entonces amigo, revelara favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón y actual presidente del PP provincial, Carlos Fabra, presuntamente intentó acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios de Vilar, haciendo gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura, entre los años 1999 y 2003. El empresario presentó informes, faxes, escritos y documentos que ratificaban las gestiones realizadas.

La imputación por cohecho se señaló después de que el mismo empresario acusara además a Carlos Fabra de haberle cobrado "cantidades millonarias" por los trámites realizados ante los ministerios. Y aportó facturas de joyas y fechas de entregas de dinero en bolsas de plástico que, posteriormente, se comprobó que coincidían con ingresos en efectivo que Fabra realizó en sus cuentas.

El inicio de las investigaciones, hace ocho años, derivó en otras pesquisas, las de la Agencia Tributaria, que desembocaron en una denuncia por fraude fiscal, por el ejercicio de 1999. Pero ante la posibilidad de que el supuesto cobro de sus "gestiones" y su ocultación a Hacienda se hubiera extendido a lo largo de otros ejercicios, los jueces decidieron investigar no solo a Fabra sino a su entonces esposa, María Amparo Fernández, y a sus cuatro hijos pues "no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar", tal como señaló la decisión judicial por la que se autorizó la investigación.

Entonces, comenzó el vía crucis de los peritos de Hacienda, que iniciaron un tedioso camino hasta conseguir datos de las cuentas en las que Fabra aparecía como titular o autorizado, un total de 94, con el fin de determinar "la naturaleza y origen del incremento patrimonial experimentado" por el presidente provincial del PP, su esposa y sus hijos entre el año 1999 y el año 2004.

El primer informe pericial, tras analizar más de 17.000 operaciones bancarias, destapó unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros, y un fraude a Hacienda de 1,7 millones de euros, que se concretaba en nueve delitos fiscales; cinco supuestamente cometidos por Fabra y otros cuatro por su ahora exesposa.

Los peritos tardaron cinco años en recopilar la información de los bancos y en cruzar los datos presentados ante Hacienda con los movimientos en cuentas y el patrimonio. Detectaron decenas de ingresos en efectivo, en la mayoría de las ocasiones de 3.000 euros (cantidad máxima con la que el banco no había de notificar el ingreso al Banco de España). Por ello, en muchos casos se realizaban varios ingresos en el mismo día. Y eran los chóferes los encargados de llevar a los bancos los sobres con el dinero, que entregaban, en ocasiones, directamente a los directores de las oficinas. Carlos Fabra pidió entonces tiempo para presentar documentación que acreditase la procedencia del dinero, pero solo fue capaz de certificar la procedencia de 300.000 euros, lo que dejó sin justificar el origen de otros 3,3 millones, que desencadenaron la acusación de un fraude a la Hacienda pública de 1,5 millones de euros que será, finalmente, la cantidad por la que el dirigente popular tendrá que responder ante los juzgados.

La Audiencia de Castellón consideró que todas las resoluciones judiciales adoptadas a lo largo de cinco años no significaban el acto jurídico suficiente para paralizar la prescripción. El Supremo le ha quitado la razón.

TRES CARGOS DE LA ETAPA CAMPS IMPUTADOS POR LOS PAGOS A URDANGARÍN

Uno de los imputados, Jorge Vela, a la derecha, en una imagen de archivo. / CARLES FRANCESC
La administración valenciana pagó 3,7 millones de euros al Instituto Nóos

Cristina Vázquez / Joaquín Ferrandis / María Fabra Valencia / Castellón

La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares ha interrogado a los ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CACSA, Jorge Vela (actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas) y José Manuel Aguilar por los contratos realizados con el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones de unas jornadas denominadas Valencia Summit. Todos ellos acudieron a declarar acompañados de abogado, algo que la ley no permite en el caso de que acudan como testigos de la causa, sino que lo prevé para cuando han sido imputados. Hay un tercer cargo imputado de la etapa del Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps, que no ha sido identificado.

También ha declarado, pero en calidad de testigo, el director de la fundación municipal Turismo Valencia, José Salinas. A última hora de la mañana, y tras más de una hora de declaración, el fiscal ha finalizado el interrogatorio al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ya que el consistorio, a través de una fundación, cofinanció el proyecto Summit.

Salinas ha asegurado a EL PAÍS que el interrogatorio se centró en "aclaraciones" a la documentación intervenida el pasado 8 de noviembre, en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA.

Además, durante la mañana la Policía ha interrogado a varios trabajadores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia para comprobar si la documentación de esta empresa con el Instituto Nóos, que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, corresponde con trabajos realizados. Los agentes han requerido la colaboración de empleados de distintos departamentos para contrastar la documentación requisada con motivo de la investigación. En un comunicado, la Ciudad de las Artes ha asegurado que no se ha producido ningún resgistro.

También el Gobierno valenciano, a través de una nota escrita, ha manifestado que desconoce la existencia de algún auto de imputación y asegura que "ningún juez, único competente para tomar declaraciones a un imputado, ha interrogado a nadie".

Las diligencias que se están practicando en Valencia están ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca en el marco de la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena.

El Instituto Nóos cobró de la administración valenciana, entre 2003 y 2006, un total de 3,7 millones de euros por organizar tres ediciones del certamen Valencia Summit y por los trabajos relacionados con la candidatura de los Juegos Europeos. Los tres certámenes celebrados en Valencia costaron 900.000 euros anuales, financiados al 50% por la fundación municipal Valencia Convention Bureau y por CACSA. Pero también se pagaron cientos de miles de euros en gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes.

Según reconoció el propio Consistorio de Valencia, su fundación pagó, en concepto de gastos, 148.000 euros en 2004 y 215.000 euros al año siguiente. Por su parte, Cacsa, según fiscalizó entonces la Sindicatura de Comptes, abonó otros 343.000 euros en gastos durante dos años.

Los juegos europeos nunca se llegaron a celebrar. El presupuesto del evento fue de más de tres millones de euros de los que, al menos, se pagaron 382.000 euros por las gestiones realizadas.

"CASO MAGENTA"; LA EX EDIL GARCÍA MARCOS PACTA SER CONDENADA POR DELITO URBANÍSTICO

Isabel García Marcos en una imagen de archivo en la Ciudad de la Justicia. | ELMUNDO.es
TRIBUNALES | Multa e inhabilitación de 10 años

José Carlos Villanueva | Málaga

La sentencia supondrá un precedente cargado de simbolismo. Isabel García Marcos, la ex edil del PSOE que se distinguió por sus denuncias urbanísticas contra gobiernos del GIL (1991-2003) ha aceptado este jueves ser condenada por un delito de prevaricación urbanística.

Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal del 'caso Magenta', Juan Calvo Rubio, la ex munícipe marbellí ha sido enjuiciada por su antigua condición de primera teniente de alcalde (de agosto de 2003 a marzo de 2006).

La que fuera tránsfuga socialista se ha conformado con una multa de 3.650 euros e inhabilitación durante 10 años para cargo público electo, en lugar del año de prisión que solicitaba inicialmente el Ministerio Público. No tendrá problemas para seguir desempeñando su puesto como inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tampoco está en su mente volver a la política activa para ser elegida en las urnas.

Pero al margen de la petición fiscal está lo que solicita el PSOE, personado como acusación particular: Un año y diez meses de prisión para la que fuera su compañera de filas. Fuentes de las defensas consultadas por EL MUNDO.es califican como "poco probable" que el juez de lo Penal 10 de Málaga, donde se ha celebrado la vista, vaya a aceptar penas superiores a las que reclama la acusación pública, dado el acuerdo alcanzado.

El asesor jurídico del PSOE, Oliver Roales, ha sido muy crítico con el acuerdo entre la fiscalía y los acusados, al considerar que en el Ayuntamiento de Marbella "existió una situación generalizada de corrupción" y, a su juicio, no se pueden hacer distingos entre los ex ediles gilistas ya condenados por delitos urbanísticos y quienes formaron parte del gobierno tripartito en el que estaba García Marcos, entre 2003 y 2006. De hecho, Roales, al contrario que el fiscal, incluye entre los acusados para los que pide la misma pena al ex edil del GIL Rafael Calleja, yerno de Pitita Ridruejo.

Se han sumado al pacto con el fiscal otros tres ex miembros de la corporación marbellí que presidió Marisol Yagüe. Se trata del también tránsfuga del PSOE, José Jaén, el ex secretario provincial del Partido Andalucista, Pedro Pérez Salgado y la ex edil del GIL Carmen Revilla.

García Marcos, que no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, también ha compartido banquillo con el que fuera su mayor enemigo político, el ex alcalde Julián Muñoz, y otros ocho ex ediles gilistas de distintas corporaciones (1995 a 2006).

La mayoría de los ex concejales del GIL enjuiciados eran integrantes de la comisión de gobierno de abril de 2002, presidida por Julián Muñoz, que acordó otorgar licencia de obras al proyecto básico, presentado por el grupo inmobiliario Magenta, para la construcción de 20 viviendas. Había un exceso de edificabilidad, puesto que, según el PGOU vigente de 1986, sólo se podían construir cinco viviendas, sostiene el fiscal.

García Marcos, Pérez, Jaén y Revilla dieron el permiso de proyecto de ejecución en marzo de 2004. Así pues, con su actuación administrativa consolidaron el delito iniciado por anteriores ediles.

La denuncia por la que García Marcos será condenada forma parte de la decena que interpuso el ex portavoz del PSOE de Marbella Silvestre Puertas en 2004. Él y su compañero de filas Diego Lara fueron los únicos representantes socialistas de la Corporación desde agosto de 2003 a marzo de 2006, cuando se inició la operación 'Malaya'. Así pues, la que fuera látigo de Jesús Gil, desde el PSOE, atesorará su primera condena gracias a Puertas y Lara, quienes firmaron inicialmente la moción de censura contra Julián Muñoz. Antes de ser sometida a votación en el pleno se retiraron de dicha operación de transfuguismo político.

De los doce ex ediles acusados, ocho de ellos: Julián Muñoz, Rafael González, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa Marisa Alcalá Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez (prófugo de la Justicia y declarado en rebeldía) ya se habían acogido al acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía de Medio Ambiente. Se fijaba un año de prisión para los ediles de la segunda corporación del GIL (1995-1999) y de nueve meses para los de la tercera (1999-2003). Por tanto, este jueves dicho pacto se ha alcanzado de nuevo con las mismas penas.

elmundo.es