lunes, 26 de marzo de 2012

"CASO EMARSA"; EL JUEZ ORDENA EL EMBARGO DE BIENES Y CUENTAS BANCARIAS DE ENRIQUE ARNAL Y ESTEBAN CUESTA

CORRUPCIÓN 

Europa Press | Valencia

El juez encargado de investigar un presunto agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo ha ordenado el embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias del exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal y del exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa) Esteban Cuesta. Los acusados cuentan con cinco días hábiles tras la notificación para presentar un recurso de reposición a esta decisión.

Así lo ha acordado el magistrado en dos resoluciones distintas fechadas el 22 y el 26 de marzo. Se trata de dos decretos dirigidos a los imputados en este caso, Enrique Arnal y Esteban Cuesta, en los que ordena embargos por valor de 25 millones en el caso de Cuesta y de 22 en el caso de Arnal.

En los escritos, el juez recuerda que el pasado 30 de enero dictó sendos autos en los que les requería una lista de bienes para cubrir las fianzas -por valor de 25 a Cuesta y 22 millones a Arnal- con las que asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes. Sin embargo, transcurrido el plazo marcado por la ley, en ambos casos el juez señala que "no habiéndose señalado los bienes de su propiedad" y "constando la existencia" de los bienes, "procede acordar el embargo de los mismos.

En el caso del ex gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, el juez ordena el embargo de cuentas bancarias en Bankia y Bankinter; una motocicleta; tres garajes en Valencia y la parte legal que corresponda del sueldo y demás emolumentos que perciba del Servasa, por su trabajo como enfermero en el Hospital Clínico de Valencia.

En cuanto al ex director financiero de la entidad, Enrique Arnal, el magistrado ha ordenado el embargo de varias cuentas bancarias en Bankia y Banco de Valencia, así como del plan de pensiones del que es beneficiario y un vehículo.

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"CASO MALAYA"; EL EX SECRETARIO MUNICIPAL DICE QUE LAS LICENCIAS DE OCUPACIÓN SE DABAN "POR IMPERATIVO LEGAL"

Leopoldo Barrantes
Asegura que "jamás" recibió dinero de Juan Antonio Roca

Europa Press | Málaga

El que fuera secretario del Ayuntamiento de Marbella Leopoldo Barrantes, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado que "jamás" recibió dinero del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y ha explicado que las licencias de primera ocupación "había que darlas" y eso era "por imperativo legal". Además, ha precisado que los certificados de silencio administrativo era "necesario emitirlos".

El fiscal le acusa de haber cobrado de Roca la cantidad de 18.000 euros por certificaciones de licencias de primera ocupación por silencio administrativo, consolidando así obras supuestamente ilegales. El procesado ha respondido: "jamás he recibido dinero ni del señor Roca ni de ninguno de aquí" y ha apuntado que "algunas cosas que he podido cobrar totalmente legal, he renunciado a ellas", añadiendo que tiene "bastante menos patrimonio que cuando llegué".

En su declaración en la sesión de este lunes del juicio, Barrantes, para el que la acusación pública pide tres años de cárcel, ha dicho que las anotaciones con las que se le vincula no se refieren a él, recordando que Roca también declaró que no le dio dinero. "Jamás he cobrado de un ayuntamiento", ha insistido, añadiendo que "jamás he cobrado ni una dieta ni una comisión. Es mi forma de ser y así he actuado durante toda mi vida".

Sobre las licencias de primera ocupación, Barrantes ha manifestado que, según la jurisprudencia, "siempre y en todo caso es obligatorio concederlas", salvo que el edificio no se adaptara al proyecto, pero ha precisado que "el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que aún en el supuesto de que el proyecto básico sea ilegal, hay que darlas". No obstante, ha precisado que "otra cosa distinta es que haya que revisar de oficio" ese proyecto que sirvió de base.

El acusado ha señalado que los certificados de silencio administrativo emitidos por él no conceden la licencia de primera ocupación, añadiendo que quien otorga dichos permisos "no es el alcalde, ni el pleno, ni la comisión de gobierno, ni el secretario, sino es por imperativo legal, es la propia ley, porque si han pasado unos plazos y el ayuntamiento no ha actuado, la ley dice lo tiene usted concedido".

Ha señalado que él normalmente no informaba sobre los expedientes que se trataban en las comisiones de gobierno, aunque sí ha señalado que en los expedientes de permutas, de motu proprio realizó por escrito "cientos de informes", por "garantía" y para "orientar" a la corporación, al igual que informó de "un montón de convenios", también por escrito, porque "hacer un informe verbal no sirve para nada", ha apuntado. Ha dicho que no tiene obligación de advertir ilegalidades. Ha considerado que era "irracional pensar que se puedan cumplir las sentencias judiciales que ordenaban el derribo. Es la destrucción pura y simple de Marbella". Sobre el servicio de grúa, ha confirmado el enfrentamiento entre el empresario Ismael Pérez Peña y la corporación por una deuda y ha indicado que se encargaron unas nuevas ordenanzas para ver las tarifas, aunque "no se hizo absolutamente nada".

Otros procesados
Otro de los procesados que ha comparecido es el que fuera funcionario de justicia Francisco Ramírez, quien también ha negado haber recibido dinero de Roca y ha dicho que las gestiones que realizó con éste fueron en nombre del empresario acusado Manuel Lores, al que conoce hace 40 años y que "estaba mal físicamente, su intención era marcharse de Marbella y dejar listos los asuntos", apuntando que "no terminó ninguno de ellos".

Ha apuntado que en otras ocasiones también habló con Roca por asuntos familiares, pero en cualquier caso ha rechazado que le facilitara información de temas penales de los juzgados de Marbella, añadiendo que nunca ha filtrado "absolutamente nada". Ha insistido en que ha estado 44 años trabajando en justicia "y en la vida me han incoado un expediente y en la vida he tenido un problema con nadie a cuyo servicio haya estado".

Respecto al regalo de un reloj, que ha llevado y mostrado al Tribunal, ha explicado que un día fue con Lores para hablar con Roca y a la salida, se encontraron con Yagüe y hablando en el pasillo, una secretaria del principal acusado le llamó para darle "un regalito". "No le di más importancia y me marché. Incluso fuera, con Manuel Lores, nos reímos porque la caja era muy llamativa, pero el reloj no era nada significativo", ha añadido.

El ex edil Miguel Jiménez, que entró en el Ayuntamiento en enero de 2005, también ha declarado este lunes y ha negado haber recibido dinero del principal acusado, de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, o de nadie, recordando también que Roca ya dijo que no le había dado dinero. Ha relatado cómo se produjo su detención y el registro de su casa, momento en el que a su mujer, secretaria del ex alcalde Jesús Gil, le dio un infarto y luego murió en el hospital.

El acusado ha justificado todos sus ingresos, ha asegurado que durante la época en la que estuvo relacionado con una sociedad municipal todo el dinero que se movía estaba "protocolizado" y ha dicho que conocía los problemas urbanísticos y por eso no quiso entrar en las comisiones de gobierno. Ha apuntado que a raíz de esta investigación perdió su trabajo, cayó en una depresión y cuando empezó a trabajar de nuevo "me embargaron cuentas, sueldos y también el domicilio".

En esta sesión, también ha declarado de nuevo Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, sobre los dos millones de euros que le fueron intervenidos por la Policía cuando salía de las oficinas del empresario procesado Ismael Pérez Peña en Madrid. Benavente ha indicado que era un préstamo y que el principal acusado le pidió que fuera a recogerlo, pero que no intervino en el acuerdo del contrato que sí firmó y que era "garantía para la devolución del dinero".

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; ALCALDE DE SANT BOI: "NO HUBO PRESIONES" PARA DAR LA LICENCIA DE LA NAVE DE EL PRAT

JUSTICIA
Jauma Bosch ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo
Ha declarado ante el magistrado que investiga a José Blanco
Reconoce haber recibido la llamada del 'número dos' del ex ministro

María Peral | Madrid

El alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, del PSC, ha declarado en el Tribunal Supremo que no tuvo "ninguna presión" para otorgar a la empresa Azkar la licencia para la construcción de una nave próxima al aeropuerto de El Prat (Barcelona).

Bosch ha declarado esta mañana como testigo en el procedimiento que instruye el magistrado José Ramón Soriano contra el ex ministro de Fomento y diputado socialista José Blanco, al que se atribuyen supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias dentro de la llamada 'operación Campeón'

Esta segunda infracción penal estaría relacionada con las gestiones desplegadas para solucionar los problemas que Azkar tenía para la construcción de una plataforma logística cercana al aeropuerto de Barcelona. "A ver si Blanco manda algo allí", se le oye decir a José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar y estrecho amigo del ex ministro, en una de las comunicaciones telefónicas interceptadas por orden judicial.

Bosch ha reconocido que recibió la llamada del secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, para interesarse por el problema de la nave y pedirle que recibiera a Orozco, como efectivamente hizo.

Taboas ha reconocido en el Supremo que el ministro le encargó que se pusiera en contacto con el vicepresidente de Azkar para ver qué dificultades tenía y aseguró que él "se ofreció" a hablar con el alcalde de Sant Boi, al que conocía por compartir militancia política.

El alcalde de Sant Boi dijo que la licencia, que se concedió en el plazo de dos semanas, se ajustaba a la legalidad.

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CINCO ARRESTOS EN BARCELONA EN UNA OPERACIÓN DERIVADA DEL "CASO CAMPEÓN"

Isidre Masalles sale detenido tras los registros. | Foto: A. Moreno
JUDICIAL | Trama sobre concesiones de ITV
Arrestan al 'número 2' la Diputación de Barcelona y a un alto cargo del Govern
Isidre Masalles ha estado presente en los registros y se lo han vuelto a llevar
Entre los detenidos hay tres empresarios vinculados a concesiones de la ITV
La operación nace de un pinchazo telefónico en el marco de la causa principal

Germán González | Xiana Siccardi | Fernando Lázaro | Barcelona | Madrid

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Barcelona a cinco personas vinculadas a una supuesta trama de concesiones de ITV en Cataluña. La investigación, iniciada a raíz de conversaciones telefónicas intervenidas en el marco del 'caso Campeón', ha llevado a la detención del 'número 2' de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y del subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat de Catalunya, Isidre Masalles.

Según han confirmado fuentes judiciales, la operación en la que también participa la Agencia Tributaria y que ha sido instada por el juzgado de Instrucción 'número 9' de Barcelona, ha llevado también al arresto de tres empresarios vinculados al sector de las ITV; Ricard Puignou, ex director general de Menta ITV; Sergio Pastor, ex consejero delegado de Appluss, y Sergi Alsina.

Margarida Gil, directora del gabinete jurídico de la Generalitat de Catalunya, no está imputada en el caso, al contrario de lo que ha informado ELMUNDO.es en un principio, aunque consta en las actuaciones como testigo. Otra miembro del equipo jurídico del Ejecutivo catalán, cuya identidad todavía no ha trascendido, declarará también en condición de testigo.

Josep Tous, en su perfil de Facebook.
La pieza catalana derivada de 'Campeón', causa con epicentro en Galicia y por la que ha sido imputado el exministro de Fomento, José Blanco, nace, precisamente, de la intervención de conversaciones entre los empresarios citados y Manuel Dorribo, quien asegura haber hecho llegar hasta 200.000 euros al ex ministro por su mediación en varios negocios.

Registros en sede pública
A mediodía agentes de la Guardia Civil, acompañados miembros de la Fiscalía, han registrado las sedes de de la subdirección general de Seguridad Industrial, en el 405 de la Avenida Diagonal, y las oficinas de Alta Partners, situada en el 399 de la misma vía y vinculada a uno de los arrestados, Sergi Alsina.

Minutos después, tras finalizar los registros, han abandonado las oficinas tanto los agentes como Isidre Masalles, que ha estado presente en las actuaciones policiales.

La pieza derivada del 'caso Campeón' se encuentra en manos de la titular del juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, quien tras ordenar las detenciones a raíz de un pinchazo telefónico ha decretado el secreto de sumario.

Tous, nombrado hace sólo 15 días
La detención de Tous ha sido especialmente sorprendente porque hace tan solo 15 días que fue nombrado coordinador general de la Diputación de Barcelona en sustitución de Josep Maria Matas, destituido al conocerse que facturó un millón de euros a la Asociación Catalana de Municipios cuando era su secretario general.

La presunta implicación de Tous en la trama de las ITV, sin embargo, guarda relación con su trabajo al frente de la dirección general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat durante la presidencia de Jordi Pujol.

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CUANDO MATAS DECÍA "HÁGASE"

Matas junto a Mariano Rajoy en las instalaciones de la Copa América en Valencia en 2006. / CARLES FRANCESC
los casos de matas

El exdirigente del PP ejerció cuatro años el poder en Baleares con impunidad y sin escrúpulos
“Un gran gestor, sí, pero de su propia imagen”, afirma el fiscal Horrach

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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La megalomanía y la corrupción marcaron en negro la época de Jaume Matas en el Gobierno de Baleares entre 2003 y 2007. Es la realidad y aflora en la verdad judicial. La Audiencia de Palma labró esta semana un epitafio penal provisional, una condena contra el expolítico del PP: seis años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias, por los contratos y pagos ilegales a Antonio Alemany, su escriba de discursos, firma de El Mundo, ahora penado a tres años y nueve meses de prisión.

Aquel poder insular, cerrado, se ejerció con impunidad, con muchas complicidades. Lo explican fiscales y jueces que escrutan en dos docenas de causas por escándalos sobre la gestión del Gobierno Matas y la de sus ex socios de Unió Mallorquina (UM), que también gobernaron con el PSOE.

El Supremo ya envió a la cárcel a tres hombres del PP y de Matas, por el caso Andratx de urbanismo salvaje, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot y Jaume Gibert. El regidor de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, colaborador del ex líder, es reo por malversación y abusos a menores. Un ex consejero de UM, Tomeu Vicens cumple tres años y medio por malversar 12.000 euros. La lista de espera de presuntos es larga.

El descontrol autonómico sobre el dinero afloró en el caso Bitel-2, de apropiación de 700.000 euros. Al gerente de Bitel, Damián Vidal, le piden 14 años de cárcel. Matas le entregó el mando de la empresa pública tras ser su perito judicial informático en una caso de espionaje de e-mails del que le acusaron. Uno y otro dicen no conocerse.

La familia y los amigos fueron los primeros. La compañía Bitel la controló el consejero de Hacienda, Luis Ramis, exasesor comercial del presidente. La cuñada de Matas, Encarnación Padilla, fue directora general de Innovación y consejera de Bitel mientras que a su marido, Fernando Areal, -hermano de la mujer del exlíder, Maite Areal-, el presidente le encomendó la gerencia económica del PP balear y la gestión de su patrimonio y gastos privados. Todos ellos -menos Padilla- están imputados.

El expresidente siempre descarga en otros. Dijo no haber tratado a Antònia Ordinas, una corrupta confesa. Era de su confianza porque por dos veces la puso al frente de un consorcio económico. Ordinas entró en la cárcel y salió esposada para desenterrar 240.000 euros que tenía ocultos en su jardín, bajo una tomatera. Esa malversación es de más de 2,5 millones.

El tesoro de las islas de Matas, en dólares y euros estaba envuelto en fajos, en celofán y papel de aluminio, en el interior de dos cajas metálicas de Cola Cao. El abogado de Ordinar buscó el botín con la pala. "Quien entierra, desentierra", señaló el policía.

El estigma de lo corrupto, la mancha negra, se extendió. Los 'arrepentidos' cantan y acusan. En las áreas de Turismo, Comercio, Deportes, Territorio, Hacienda, hubo escándalos e imputados. Hasta en la Funeraria de Palma se hicieron negocios ilegales con tumbas, ataúdes y sepelios.

Veinte ex altos cargos de primera fila de Matas han sido implicados en ocho causas principales. Cuatro exconsejeros de su Gobierno están pendientes del banquillo. El de Comercio, José Juan Cardona, se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel por caso del botín enterrado mientras que Ordinas asume siete años de reclusión tras confesarse culpable. El nuevo presidente balear José Ramón Bauzá expulsó a Cardona y otros -no todos- los imputados, con una raya de exclusión de imputados.

La década Matas está partida entre dos mandatos de Presidente (1996-1999 y 2003-2007) y el paréntesis del trienio glorioso para él, cuando fue de Ministro de Medio Ambiente (2000-2003). El juez José Castro, que instruye el caso Palma Arena, le retrató por sus expresiones de poder "rayanas la divinidad". Ahora Matas está imputado junto a Iñaki Urdangarin por la entrega y no justificación de 2,3 millones. Su equívoco argumento de defensa es: "¿Cómo íbamos a decirle al duque de Palma que convocaríamos un concurso y que se presentara al mismo y lo ganara?"

Matas dictaba: "hágase" y "páguese". El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en el primer juicio, lo acusó de actuar "sin escrúpulos" por descargar las responsabilidades en segundos. "Un gran gestor, sí, pero no de los fondos públicos, sino de su propia imagen".

De ministro fue magnífico, excesivo, en su tierra. Como en el siglo XIX, alzó ante en su barrio de Sa Colònia una torre-acuario, un centro de interpretación del parque nacional de Cabrera, cuyo coste se disparó hasta los 21 millones, con sus gastos desbordados. En 2005 se inventó su tótem, la televisión balear, IB3, que se tragó unos 300 millones.

El culto a su imagen está en el catecismo de Matas. En las elecciones de 2007 se exhibió en vallas de 30 metros de altura y usó un helicóptero. Patrocinó y se retrató con Michael Douglas, Rafael Nadal, Roger Federer, Boris Becker, Anna Kurnikova, Claudia Schiffer. Gastó 120.000 euros para tener en su despacho un cuadro de Mimmo Paladino. Premió al decorador de su palacete, Antonio Obrador, y restauró el entorno histórico de su finca en Coanegra. Amparó a un concreto lobby de profesionales y mediadores, que recreció dominante.

A Santiago Calatrava le encomendó una ópera flotante de 100 millones en la bahía de Palma -objeto de una causa penal- que abría un enorme negocio inmobiliario que se abortó. El diseñador logró colocar una escultura-artefacto en la muralla de Es Baluard. Matas, acelerado, grandilocuente, decidió construir un gigantesco palacio de congresos, de Patxi Mangado, en el frente del mar de Palma, que costará más de 120 millones y siete años de obras. Quiso enterrar el paseo marítimo, una autovía urbana. Ejecutó sin estar planificado un Metro en Palma que consumió 350 millones y se inundó.

"Deprisa y sin miedo", fue su máxima. Así hizo las autopistas de Ibiza, por más de 200 millones, pese a la gran protesta. Cuando llueve son intransitables, torrenteras. En ese tiempo de vértigo y deuda se empeñó en hacer un segundo puerto gigante en la pequeña isla de Menorca, en Ciutadella, por 84 millones y eligió una zona de Palma, son Espases, para situar el macro hospital público por concesión, una opción que suscitó movimientos especulativos y dudosos.

Matas intimó con millonarios del turismo y las viviendas y navegó con Aznar y Rajoy en sus barcos; tras cesar trabajó para varios de ellos en América. Trató con El Pocero y, siempre, con su dilecto Florentino Pérez. Fue cómplice de Pedro J Ramírez. Repartió el mapa de los negocios del suelo en plena burbuja y las grandes contratas de obras públicas y servicios, las concesiones de televisión y publicidad. Con la exlíder de UM, Maria Antònia Munar - con su tour de banquillo- definió terrenos urbanizables a repartir. La tarta para afines fue multimillonaria.

En su apogeo fue retador y lanzó vetos sin disimulo. Recreció dos palmos ante sus visitas. Tras pasar por el Gobierno Aznar ganó la Presidencia de Baleares en 2003 y se instaló en la grandeur. En las audiencias usó un sillón-trono para realzar su figura y el concepto de la autoridad. Los interlocutores, humillados, hundidos un sofá mullido miraban hacia arriba para atenderle. A veces echó mano de una carpeta con sus agravios y pasó cuentas. Así reprendió a empresarios, editores, articulistas y políticos distantes, no sumisos. Pidió cabezas y las logró. Seis personas han confiado su experiencia con detalle.

Urdangarin y 20 casos más
La agenda de Jaume Matas está en manos judiciales. Tras su condena a seis años de cárcel por corrupción, el día 25 de abril se subastará en un juzgado su lujoso palacete en el caso histórico de Palma y otras dos propiedades. En 2010 logró una hipoteca sobre la ostentosa mansión de tres millones del Banco de Valencia, para afrontar la fianza impuesta por el juez José Castro y evitar entrar en la cárcel. No pagó las amortizaciones e intereses y perderá la propiedad. Tiene otra fianza, civil, de 1,4 millones.

El 17 de mayo debe ir a declarar como imputado en el caso Urdangarin, sobre malversación por los 2,3 millones que el Gobierno de Matas libró al yerno del Rey y su Instituto Nóos, por dos Forums IB. Iñaki Urdangarin, además, cobró por intermediar ante Matas en la venta por 18 millones de euros del equipo ciclista Banesto al Illes Baleares.

Matas y Urdangarin están aludidos por la confesión judicial de un amigo del duque, José Luis Pepote Ballester, que era director general balear de Deporte. Fue el "hombre bueno" del los negocios del yerno del Rey ante Matas. Pepote está imputado y es un arrepentido, pactó con Fiscalía.

Con el expresidente condenado, sin pasaporte y obligado a acudir dos veces al mes a un juzgado o una comisaría, el fiscal Pedro Horrach, no ve riesgo de fuga, a pesar de la grave pena de reclusión que pesa sobre él. Así descartó pedir su ingreso en prisión provisional mientras el Tribunal Supremo estudia su recurso.

Matas afronta una carrera de obstáculos, un cúmulo de imputaciones. Está aludido en veintiuna de las 26 piezas separadas de la causa principal del caso Palma Arena, en la que se investiga el sobrecoste en la obra del velódromo -se presupuestó en 41 millones y llegó a 110- y que aborda la supuesta gestión corrupta y enriquecimiento personal del expresidente.

El ex líder es investigado por falsedad documental, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida, delito fiscal y delito electoral.

Además del tema Urdangarin, la instrucción de dos piezas está avanzada y son complicadas: la que implica a Matas y Santiago Calatrava por el pago de 1,2 millones por un anteproyecto de una Ópera náutica y la de la supuesta financiación de su campaña del PP balear con fondos negros y dinero público.

El expolítico se someterá a un jurado popular por los contratos (favores) que pidió a dos empresarios para que colocaran en nómina a su esposa, Maite Areal, que cobró varios años y no trabajó. Matas está imputado por los contratos que dio al gabinete de Estudios Jurídicos Procesales, bufete en el que prestó servicios al cesar.

La mujer de Matas manejó muchos billetes 500 euros en joyas, muebles y obras de arte para el palacete. Su pulsión destapó la raíz del caso. Una de las piezas trata de "las prácticas que pudieran calificarse de blanqueo de capitales" sobre los pagos en dinero b de trabajos de instalaciones en la vivienda y su decoración, más la compra de un piso de Madrid, que la acusación cree que está a nombre de un testaferro.

Quince piezas más abordan supuestos episodios de ilegalidades en las obras del Palma Arena, adjudicaciones, fraccionamiento de contratos, campañas de publicidad, patrocinios públicos, cobros ilícitos de comisiones y cohechos, contrataciones directas de los arquitectos del velódromo -Luis y Jaime García-Ruiz-, que están acusados en otra pieza por delito fiscal-, también se juzgarán la compra de la maqueta del velódromo, las facturas de la pista de madera -inservible-, partidas publicitarias o el vídeo marcador millonario.

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