viernes, 27 de enero de 2012

CARLOS FABRA PIDE MAYOR PLAZO PARA DEPOSITAR LOS 4,2 MILLONES DE FIANZA Y EL JUEZ LO DENIEGA

Carlos Fabra en un acto del PP-CV en Valencia, este mes. | J. C.
TRIBUNALES | Todos tienen tres días para señalar los bienes que les cubrirán
Vicente Vilar y su ex mujer no han contestado en sentido alguno
Si no aportan la fianza en tres días, se procederá al embargo de bienes
Tienen cinco días para presentar un recurso de revisión ante el secretario

ELMUNDO.es | Castellón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha dictado un auto en el que desestima los escritos presentados por el ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP, Carlos Fabra, y su mujer, María Amparo Fernández, en los que solicitaban que explicase los motivos para imponer sus correspondientes fianzas y le pedían que ampliara el plazo para aportar el depósito.

El auto del juzgado, fechado a 26 de enero, ha sido remitido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el escrito, se requiere a los acusados Carlos Fabra Carreras, María de los Desamparados Fernández Blanes, Vicente Vilar Ibáñez y su ex mujer Montserrat Vives Plaja, manifiesten en un plazo de tres días la relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza concretada que asciende a 4.270.859,60 euros para Fabra, 1.718.192,80 euros para su mujer y 800.000 euros a cada uno del ex matrimonio Vilar-Vives.

Si en el plazo de tres días no aportasen la fianza solicitada, se procederá al embargo de bienes de los procesados, "requiriéndoles para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias".

En el caso de que se presenten inmuebles para cubrir la fianza, habrán de especificar si están ocupados, por qué personas y con qué título, "bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo, se procederá de oficio o a instancia de parte a la averiguación de bienes susceptibles de embargo, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas".

Los cuatro imputados tiene un plazo de cinco días para presentar contra este auto un recurso de revisión ante el Secretario que lo dicta, del Juzgado 1 de Nules, para lo que deberán depositar 25 euros para que sea admitido a trámites.

Se da la circunstancia de que, según fuentes del TSJ, ni Vicente Vilar ni su ex mujer han contestado en sentido alguno al auto de apertura de juicio oral del pasado viernes.

Además

EL EX CONCEJAL DEL PP IMPUTADO EN EL "CASO CAMAS" PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA

TRIBUNALES | El juez pide a las partes que se pronuncien


Efe | Sevilla

El ex concejal del PP en la localidad sevillana de Camas Antonio Enrique Fraile, imputado por el presunto soborno a otra concejal, ha pedido el sobreseimiento de la causa porque entiende que el delito de cohecho que se le imputa ha desaparecido con la nueva redacción del Código Penal.

Fuentes del caso han informado de que el magistrado que presidirá el futuro juicio con jurado ha pedido a las acusaciones y defensas que se pronuncien sobre la incidencia de la reforma de 2010 en el Código Penal respecto al delito de cohecho.

La Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejerce el PSOE han respondido que la reforma, al agravar las penas, no tendrá incidencia en este caso, ya que debe aplicarse la norma más favorable para el imputado, que es el Código Penal por el que se presentaron los escritos de acusación.

El abogado de Fraile, único defensor que ha respondido, ha entendido sin embargo que el delito ya no está tipificado y que la causa debe ser sobreseída.

En el 'caso Camas' serán juzgados el ex alcalde Agustín Pavón (IU), los exconcejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, acusados del presunto soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo para conseguir su voto a favor de varios proyectos urbanísticos.

El juez ha pedido a las partes que se pronuncien antes de resolver las cuestiones previas de nulidad que fueron debatidas en una vista en octubre del 2011.

LA JUEZA QUE INVESTIGA LOS ERE IMPUTA AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DE LA JUNTA

TRAMA DE LOS ERE | Investigación del 'fondo de reptiles'
La investigación alcanza tras este auto a la gestión del actual consejero
Guerrero, citado a declarar ante la juez el 23 de febrero próximo
En total son cinco los altos cargos de la Junta imputados por el fraude
Entre los nuevos imputados hay abogados, sindicalistas y empresarios

Antonio Salvador | Sebastián Torres | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero.

El caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados.

La juez solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías

Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Según ha podido conocer ELMUNDO.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.

Abogados y sindicalistas imputados
También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.

Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.

La juez pide las ayudas a cinco consejerías
La titular del Juzgado de Instrucción número 6, además, ha solicitado a la Junta que remita "un cuadro resumen" de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

En el auto de 42 páginas dictado este mismo viernes, consultado por Europa Press, la juez Alaya exige asimismo a la Junta de Andalucía que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y, a su vez, las autorizaciones de dicha comisión relativas a las "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las "diferentes" consejerías y superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas al transporte por carretera, también en este caso desde 2001 hasta 2011.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías, en las mismas condiciones económicas descritas anteriormente, "que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea, a través de la representación permanente española en la UE", desde 2001 hasta la actualidad.

Además

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA ALAYA CREE QUE RIVAS CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES DE LOS DOS ERE DE MERCASEVILLA

Esta imputado por las comisiones ilegales
'Existen indicios de que, por su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas'

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha acordado indagar si el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "era conocedor" de la inclusión de "intrusos" y de las "irregularidades" halladas en los ERE de los años 2003 y 2007 de Mercasevilla.

Antonio Rivas está imputado por la juez Alaya en una de las causas del 'caso Mercasevilla', la que investiga las presuntas comisiones ilegales solicitadas por los responsables del mercado central de abastos a los propietarios del restaurante La Raza a cambio de concederles una subvención para la puesta en marcha de una escuela de hostelería.

En un auto dictado el pasado día 17 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya acuerda que se investigue también la participación de Antonio Rivas, "en función del cargo que desempeñaba, en la asunción generalizada por parte de la Junta de los compromisos de financiación de las prejubilaciones", extremo del que, "de forma extrañamente normalizada, se partía en los ERE objeto de las presentes actuaciones".

Según la juez, "existen indicios de que Rivas, con motivo del desempeño de su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas".

Además