jueves, 17 de noviembre de 2011

DOS RECURSOS PARALIZAN LA FASE ACUSATORIA DEL "CASO TURISME JOVE"

Interpuestos por dos empresarios

Europa Press | Palma

Dos recursos de reforma interpuestos contra el auto que ponía fin a la instrucción del caso Turisme Jove han mantenido paralizada durante varios meses la fase acusatoria de la causa. Una vez resueltos, el expediente del caso le será entregado en breve al PP, personado como acusación popular', para que pueda formular su escrito de calificación sobre los hechos investigados en esta causa de presunta corrupción centrada en el presunto desvío de un millón de euros públicos, según han señalado fuentes jurídicas.

A pesar de que ambos recursos, presentados por los empresarios Pau Pujante y Matías Vidal contra el auto que decretaba el pase a procedimiento abreviado del procedimiento, no tenían efecto suspensivo y el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, podía dar traslado al PP para que formulase su escrito de acusación sin necesidad de resolver antes los recursos, el magistrado optó por decidir previamente sobre ellos, lo que ha ralentizado el proceso.

Ambas impugnaciones han sido desestimadas y en próximos días, una vez los 'populares' tengan en sus manos el expediente, presentarán su escrito de acusación tal y como ya hicieron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Más de un millón desviado y quiebra técnica
Cabe señalar que el Ministerio Público solicita un total de 48 años y medio de prisión para 13 de los imputados del caso Turisme Jove, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre los años 2003 y 2007 una trama por la que habría desviado más de un millón de euros a través de esta empresa pública y que provocó que la entidad quedase en quiebra técnica.

En concreto, la acusación pública reclama 10 años y medio de cárcel para el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, 12 para el ex director general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y cuatro y medio para el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa, Juan Francisco Gosálbez, principales encausados de este procedimiento. La acusación ha decidido finalmente dirigirse contra 13 de los 21 encausados de este proceso judicial.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau les atribuyen delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, y consideran que los tres anteriores acusados llevaron a cabo diversas actuaciones dirigidas a conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado. "Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales.

Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.


elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; LA JUEZA DA UN DÍA A LOS ACUSADOS PARA ABONAR UNA FIANZA CIVIL DE 37 MILLONES

Miquel Nadal con su abogado recoge el auto | Cati Cladera
Munar, Nadal, Flaquer, Fiol y Vicens

* Se les ha notificado en persona el auto de apertura de juicio oral de esta causa
* Munar no acude al Juzgado por enfermedad y la juez le pide documentación

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, ha dado un día de plazo a cinco de los acusados del caso Can Domenge, entre ellos la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar -a quien por el momento no le ha sido comunicado formalmente-, el exvicepresidente de la institución insular Miquel Nadal, y el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, para que abonen de forma conjunta y solidaria la fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros que decretó contra ellos en el marco de esta causa.

Un plazo que comenzará a contar desde este jueves después de que tanto a Nadal como a Flaquer les haya sido notificados en persona a lo largo de esta mañana el auto de apertura de juicio oral de esta causa, en el que se les requiere el pago de la caución, mientras que en el caso de Munar, su procuradora ha presentado un certificado médico para justificar el hecho de que que la exdirigente de UM no haya acudido a los Juzgados. Ante ello, la magistrada le ha dado tres días hábiles para que aporte una mayor documentación que justifique su estado de salud, y en caso de que finalmente no pueda comparecer, se le notificaría en su domicilio, según han informado fuentes jurídicas.

Tanto el auto como los escritos de acusación del caso también le han sido notificados al exconseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, si bien en su caso en la prisión de Palma, donde cumple condena por una pieza separada del caso Son Oms. A otro de los acusados, el principal accionista de la empresa Sacresa, Román Sanahúja, se le notificará en Barcelona, mientras que el otro de los inculpados, el abogado Santiago Fiol, también ha acudido esta mañana a los Juzgados y le ha sido requerida una fianza civil de 200.000 euros.

Cabe señalar que, en caso de que los acusados no puedan pagar estas cantidades, deberán designar sus bienes hasta cubrir las fianzas fijadas para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Por otro lado, también han sido requeridos para que designen abogado y procurador, tal y como establece la Ley, y se les ha dado traslado de las actuaciones para que presenten escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en la causa.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.
 
Munar, al frente del entramado
Cabe recordar que, en el auto que ponía fin a la instrucción de la causa, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la expresidenta 'uemita'.

Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.


elmundo.es

"CASO CLOACA"; UN INFORME CIFRA EN 203.000 EUROS EL SOBRECOSTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA REALIZADA POR MASCARÓ

El estudio ha sido realizado por una filial de Mascaró

Europa Press | Palma

Un informe aportado por la UTE Resenetma -filial de Melchor Mascaró- cifra en un total de 203.711 euros la cantidad que presuntamente fue sobrefacturada por los servicios de recogida selectiva que la concesionaria prestó entre 2006 y 2010, lo que contrasta con los más de cinco millones de euros a los que una pericial encargada por el Consell de Mallorca elevaba el desvío que a nivel global se habría producido a través de esta mercantil y de la FCC Lumsa, lo que está siendo investigado en el marco del caso Cloaca.

El documento ha sido aportado por la defensa de la mercantil, ejercida por el letrado Jaime Campaner, después de que el juez instructor de la causa, Enrique Morell, emplazase a las UTE investigadas en este procedimiento -Resenetma y FCC Lumsa- a que justificasen documentalmente el valor real de los servicios prestados y esclarecer de este modo si incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este caso.

El dictamen pericial, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por el economista Antonio Suau, indica que el valor de los servicios que prestó Resenetma asciende a 3,2 millones de euros, si bien la diferencia entre esta cantidad y el importe facturado a la Institución Insular se sitúa en los 203.711 euros. Se trata de unas conclusiones que difieren del informe que elevaba a más de cinco millones la cantidad global presuntamente desviada a través de las dos mercantiles y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.

En cualquier caso, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.

En este contexto, aseveran que este "incumplimiento" les provocó en total un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno". Las defensas de ambas UTE así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien el nuevo informe pericial las estimaba en más de cinco millones.

Posteriormente, un informe jurídico aportado al caso por Resenetma consideraba "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell y negaba por tanto un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incidía en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas.

El dictamen, elaborado por el catedrático Avel·lí Blasco, aseveraba que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial. "Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", incidía el informe.

"En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuios entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell. El dictamen apuntaba a que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados. Imprimir


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"TRAMA DE LOS ERE"; EL FISCAL PIDE FIANZAS POR 3,5 MILLONES A 14 "INTRUSOS" POR LAS AYUDAS RECIBIDAS

Comparecencia en el Juzgado de Instrucción

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves que el primer grupo de 14 imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos depositen fianzas por importe de las cantidades percibidas, casi 3,5 millones, según la información a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía. Se trata de 13 'intrusos' y un empresario.

En una comparecencia celebrada en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía ha expresado que dicha fianza debe responder por "las cantidades ilícitamente obtenidas" y ha precisado que pedirá la misma medida cautelar para los futuros imputados.

Los abogados defensores de los "intrusos" se han opuesto a la fianza argumentando la "falta de conciencia de culpabilidad" de sus clientes y, en el caso de Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), su abogado ha argumentado que ya ha hecho un depósito judicial por los 112.900 euros percibidos.

Anticorrupción ya anunció que solicitaría a la juez que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y personas que permitieron que percibieran un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos. En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio manifiesto y grave" a los fondos públicos.

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