lunes, 14 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL ALCALDE DE ABANILLA CONSINTIÓ EL VERTEDERO ILEGAL DE FENOLL

El industrial asegura en una grabación que tiene el "poder del Ayuntamiento"

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.

El empresario ha desoído la orden de Murcia de cerrar la planta de Abanilla

Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.

elpaís.com

EL INDUSTRIAL QUE ACUSA A BLANCO DA TRES VERSIONES Y APUNTA PRUEBAS INEXISTENTES

SUMARIO DE LA DENUNCIA DE UN IMPUTADO CONTRA EL MINISTRO DE FOMENTO

La juez no halla en la empresa los registros contables del supuesto cohecho
La declaración que originó el caso no hablaba de pagos de 400.000 euros

La juez de Lugo María Estela San José remitió el pasado 31 de octubre al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre un supuesto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias del ministro de Fomento José Blanco en relación con el empresario gallego Jorge Dorribo, que fue encarcelado a finales de mayo y que, tras acusar al dirigente socialista en agosto, quedó en libertad provisional. El escrito remitido por la juez incluye hasta cuatro declaraciones de Dorribo, contradictorias entre sí y con supuestas pruebas que resultaron inexistentes.

Dorribo fue detenido el 24 de mayo de este año por fraude de subvenciones y logró la libertad provisional tras declarar ante la juez el 8 de agosto pasado. El industrial contó ese día a la juez que había conocido al ministro Blanco a través de Proitec, una empresa que le asesoraba y tramitaba la petición de ayudas públicas. Los dueños de Proitec le pidieron, cuenta Dorribo, que contratara para sus obras a la empresa Espiñeira y Bran, del primo político de José Blanco. “No les pedía presupuesto, pagaba sin discutir el precio y entiendo que estoy pagando su favor”, declaró Dorribo. Un responsable de Proitec negó a la juez que hubieran pedido a Dorribo que contratara con Bran y que si el empresario lo hizo fue “para acercarse al poder”.
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El industrial habló primero de 40.000, luego de 90.000 y después de 150.000
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En su relato ante la juez del 8 de agosto, Dorribo no declaró en ningún momento que pagase 400.000 euros a Blanco, de los que 200.000 fueron en metálico y los otros 200.000 a través de facturas infladas del primo político del ministro. Tampoco declaró que Blanco le hiciera gestiones ante el Ministerio de Economía para obtener una subvención. Todas esas acusaciones se publicaron en el diario El Mundo el 4 de octubre, atribuyéndolas a la declaración de agosto ante la juez, aunque en esa declaración no figuraba nada de eso. Tan solo había una referencia confusa al pago de dinero: “En Andorra pagué 40.000 euros que me solicitaron que pagara allí. Se hizo sin factura y luego vino la factura. Esto se frustra a raíz de mi detención [en mayo de 2011]. Ellos terminaron el montaje allí (supuestamente una obra en una nave), y aún les faltan por cobrar 100.000 euros”.

Dorribo contó en agosto a la juez que se vio con Blanco en una gasolinera pero no declaró que media hora antes pagase 200.000 euros en metálico al primo del ministro: “Quedé con Bran [primo de Blanco] porque tenía que ver a la ministra [Pajín] porque (...) necesitaba que la ministra diera unos toques para que se agilizaran los temas porque si no podía tardar uno o dos años. Le dije a Bran que yo hasta ahora había cumplido sin pedir nada y Bran llamó a Blanco para quedar con él el domingo en la gasolinera de Medas de Guitiriz”. Ni una sola mención al pago de 200.000 euros en billetes de 500 al primo de Blanco para que el ministro hiciera gestiones a su favor.
 
El apunte ‘ifn’ no aparece

Una semana después de que El Mundo ofreciera detalles que no estaban en su declaración, Dorribo completó esas lagunas en una segunda comparecencia ante la juez. “Las retiradas de efectivo aparecen en el banco y corresponden a pagos a José Blanco a través de su primo. Yo tenía unas fichas en la contabilidad donde se hizo constar el pago y donde se van haciendo los asientos de los pagos. Esas fichas se encuentran en la sede de Nupel, antes estaban en contabilidad pero como se movió todo por los administradores no sé si están todas allí ubicadas. Si me acompaña alguien del juzgado, lo puedo encontrar en las oficinas de Nupel. Las abreviaturas eran “a.e.f.”, que corresponde a eólico Fernando Blanco [parlamentario del BNG que supuestamente le favoreció cuando formaba parte del Gobierno de la Xunta]; “p.c.”, que era Pablo Cobián [diputado del PP que medió para que le recibiera Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta], y la de José Blanco era “ifn”, que significa “Iniciativas Fomento Bran”. Allí se recogían las cantidades exactas que yo hacía en efectivo a esas personas. Había un pago de 90.000 euros a José Blanco que estaba en la contabilidad de Andorra, donde tengo una sociedad que se llama Salut D'Innovació. Que la persona que recibió ese dinero en Andorra es Espiñeira [de la empresa del primo de Blanco], en las oficinas de Andorra sentado conmigo en una sala de juntas que hay a mano derecha subiendo. Ese señor contó el dinero, lo metió en un sobre. Entiendo que era para José Blanco, porque me lo solicitó de manera persistente Bran, que era quien se ponía en contacto conmigo cuando había que hacer los pagos. José Blanco no estuvo presente en la entrega de dinero”. En la declaración del 8 de agosto habló de 40.000 euros; en la del 13 de octubre, de 90.000. Con un añadido: “A Blanco se le hicieron dos pagos en efectivo. El primero fue cuando me reuní con él en la gasolinera. Media hora antes llegué para verme con Bran y le entregué 200.000 euros en billetes de 500 euros que se pidieron al banco antes del 5 de febrero de 2011. Está el asiento contable, que tiene que haber la hoja de ficha donde llevaban el control de pagos y allí debe estar la entrega a José Blanco. Bran había estado dos días antes en la empresa para decirme que si no había retrasos o anulaciones de visitas se haría así”. La juez quiso comprobar lo que decía y ordenó el registro de laboratorios Nupel. “Con el consentimiento de Dorribo y en presencia de otros imputados”, escribe la juez, “no se pudo encontrar ningún elemento relativo a las fichas a las que aludía el declarante, pero sí el libro de visitas donde constan las señaladas por Dorribo”.
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En su último testimonio acusó a tres empresarios más del cohecho
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Sin la prueba de los apuntes contables, Dorribo pidió declarar un día después porque había encontrado en su casa un documento que podría aclarar las cosas. Ese 14 de octubre, Dorribo elaboró una tercera versión de los hechos: “Desde la cuenta del Banco de Crédito de Andorra, en el que figura mi mujer, hago una transferencia a Salut d'Innovació de 150.000 euros para el pago a José Blanco. Lo ingreso en esa sociedad para que quede constancia de esa parte de dinero de cara a los socios y luego hago frente al pago económicamente el 5 de febrero al primo de José Blanco. El importe total fue 150.000 euros. Todos los socios (José Antonio Orozco, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y yo) estuvimos de acuerdo en que los 150.000 euros los ponía la sociedad y los otros 50.000 yo porque me beneficiaba del proceso de los dosieres que eran propiedad de Nupel. El dinero de la cuenta de mi esposa era de ahorros que íbamos consiguiendo”. Cuando le preguntan si los socios le devolvieron el dinero que él adelantó, Dorribo responde: “No es en los días inmediatos al pago, pero sí lo hay. Pero quizás cuando me lo devuelven, me devolverían más porque a mí me podían deber otros préstamos”.

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"CASO BRUGAL"; UN CONSTRUCTOR DECLARA QUE ORTIZ ASEGURÓ TENER EL PGOU ANTES DE QUE SE HICIERA PÚBLICO

En los juzgados de Benalúa, en Alicante

* Salvador ha subrayado que no vio el PGOU y se ha desvinculado de la trama
* También han testificado José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González
* Se les imputa aprovechamiento de secreto o información privilegiada

Juan Nieto | Europa Press | Alicante

El constructor ilicitano Ramón Salvador Águeda, imputado en la ramificación del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, ha asegurado ante el juez que el constructor Enrique Ortiz le reconoció, a través de una conversación telefónica en agosto de 2008, que tenía los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, antes de que se hicieran públicos, según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.

El Fiscal Anticorrupción atribuye a Águeda un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, por la supuesta recepción y aprovechamiento de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU a través de Javier Gutiérrez, el cual, según recoge el ministerio público en su escrito, presuntamente habría diseñado a la medida del empresario un cambio de calificación de determinados terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU, como se desprende de conversación intervenida a Enrique Ortiz el 25 de agosto de 2008.

Salvador, quien se ha desvinculado por completo de la trama, ha añadido que conoce a Enrique Ortiz porque son "amigos de barco". Sobre la conversación en la que aparece Ortiz hablando con el señor Salvador, ha dicho que ésta se produjo, y ha confirmado que efectivamente Ortiz en esa conversación tenía planos del PGOU antes de la exposición pública", ha indicado José Luis Romero, tras la cita. A pesar de la conversación que mantuvo con el constructor alicantino, ha subrayado que en ningún momento él vio los planos del PGOU.

En su declaración ante el juez, según ha comentado también José Luis Romero, Águeda ha detallado que en el momento en el que se produjo la conversación telefónica con Ortiz, él desconocía que Javier Gutiérrez, uno de los socios de Salvetti, trabajaba en el PGOU.

'Nada que ocultar'
El propio Águeda, a su salida de los juzgados, ha confirmado a los medios de comunicación que ha prestado declaración porque no tiene "nada que ocultar", y ha defendido su derecho de reclamar que dejen la calificación del Plan Parcial Xirao, de su propiedad, "como estaba" en el año 1986.

"Conozco al despacho Salvetti desde 10 años antes, me lleva muchos cosas, para nada tiene que ver una cosa con la otra. Si ese señor ha hecho algo, que lo pague, pero conmigo es un amigo desde hace 10 años antes y no tiene nada que ver", ha señalado.

Al respecto, ha recordado que, en su día, tras conocer su imputación en el caso, acudió a la Comisaría para hacer una declaración, y este lunes se ha ratificado en lo que dijo entonces, ha remarcado. "Yo digo que en todo caso puedo ser víctima, pero no autor de someterme a un chantaje si lo hubiere, que en este caso yo no lo considero", ha apuntado.

"Ha admitido que sí sabía que Gutiérrez trabajaba en el PGOU cuando le encargó hacer una alegación sobre el plan de Xirao, alegación que después fue estimada. Y que Gutiérrez jamás le dijo que era colaborador del PGOU, sino que se le comentó Enrique Ortiz", ha añadido el letrado de EU.

Durante su intervención ante el titular del juzgado, Manrique Tejada, el fiscal Anticorrupción además le ha enseñado las facturas y el borrador de contrato con Salvetti, -halladas por los investigadores en el registro de este despacho-, que recoge una mayor edificabilidad de metros cuadrados en el plan de Xirao.

"Le ha enseñado ese contrato y él ha dicho que no lo ha firmado, ha dicho que estas cosas se hablaron", ha indicado Romero, quien además ha recordado que el imputado también ha reconocido que le pagó por la alegación del plan de Xirao y por otras cuestiones anteriores que no tenían nada que ver con el PGOU", ha detallado Romero.
 
Negativa a declarar
Durante este lunes, Manrique Tejada también había citado a declarar a otros dos imputados en la causa, José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González Villarejo, quienes se han negado a prestar declaración en relación con los hechos que se les imputan, ambos por los presuntos delitos de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Villarejo además por supuesta participación en cohecho.

El primero en acudir ha sido José Gregorio Bernabé Martínez, quien ha entrado a las 9.40 horas y ha salido pocos minutos después, acompañado por su abogado. Bernabé Martínez está considerado un hombre de confianza de Ortiz, a quien el fiscal le atribuye la recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, especialmente en lo referido a la zona de Aguamarga -en un proyecto conocido como 'Ciudad de la Economía'-.

Alrededor de las 11.15 horas, Aurelio González Villarejo ha entrado en las mismas dependencias, y apenas ha estado ante el juez diez minutos, en los que, además de negarse a declarar, ha presentado un escrito en el que mantiene que no ha "recepcionado ni aprovechado información privilegiada alguna relacionada con la nueva redacción del PGOU, y por tanto, no ha vendido terrenos incluidos en el sector 'La Condomina' en base o a merced a aquella" -en la zona de las llamadas 'Torres de la Huerta'-.

Villarejo es un empresario que preside el Grupo Inmobiliario GV, considerado por el fiscal como un amigo manifiesto del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. En el documento presentado este lunes, Villarejo además ha negado "haber realizado gestión fraudulenta, ni sólo ni junto a Vicente Pérez Cañas, respecto al posible pago relacionado con familiares de Luis Díaz Alperi, y mucho menos con falseamiento contable alguno".

El juez continuará con la ronda de declaraciones el próximo 21 de noviembre, en que están llamados a declarar Vicente Pérez Cañas; Juan José Climent Ivars; José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués, todos ellos considerados por el fiscal como "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto, y en el caso de Vicente Pérez, también de participación de cohecho.

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ MORENO DECIDIRÁ SI LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA A URDANGARÍN

Instituto Noos de Investigación Aplicada


Europa Press | Madrid

El juez central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se encargará de decidir si la Audiencia Nacional es competente para asumir la investigación sobre las actividades del Instituto Noos de Investigación Aplicada, administrado hasta 2006 por el duque de Palma Iñaki Urdangarin, según han informado fuentes jurídicas.

El Juzgado del magistrado ha sido designado por reparto para pronunciarse sobre el escrito presentado el pasado viernes por el abogado del ex presidente balear Jaume Matas, en que solicita a la Audiencia Nacional que asuma la instrucción de la causa -dependiente de un juzgado de Palma de Mallorca- al afectar el caso a tres comunidades autónomas distintas: la catalana, la balear y la valenciana.

Según desvela el escrito del letrado Antonio Alberca, la investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarin y su socio y actual presidente de la fundación, Diego Torres, desviaron a través del Instituto fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos.

La investigación del Ministerio Público condujo al Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca a autorizar el pasado 7 de noviembre la entrada y registro en la sede de Noos en San Cugat del Vallés (Barcelona), la Fundación Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Illesport entre otros domicilios sociales.

"No sólo el Gobierno balear sino otros organismos públicos y privados habrían sido engañados para aportar fondos al Instituto", asegura el abogado en su escrito. Alberca agrega que dado que los perjudicados pertenecen "a diversas comunidades autónomas" la instrucción de la causa no debería corresponder "en modo alguno" al Juzgado mallorquín.

Cita como respaldo de esta teoría el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye a la Audiencia Nacional la competencia en caso de defraudaciones que produzcan perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

"CASO MALAYA"; ROCA RECONOCE PAGOS DE AIFOS PARA HACER "ASUMIBLE" UN PROYECTO HOTELERO EN MARBELLA

José Ávila Rojas y Juan Antonio Roca. | ELMUNDO.es
Dice que fue un 'asesoramiento'

* De Ávila Rojas admite haber cobrado 5 millones de euros

José Carlos Villanueva | Málaga

"La construcción para mí no tiene muchos secretos, yo soy ingeniero, señor fiscal". De esta forma, altiva, retadora y chulesca, se ha dirigido este lunes Juan Antonio Roca al representante del Ministerio Público, Juan Carlos López Caballero. Ambos han mantenido un tenso duelo dialéctico durante la tercera sesión consecutiva de interrogatorios al principal acusado.

La estrategia de Roca, cuando se le pregunta por pagos recibidos de promotores y constructores, sigue siendo reconocer que percibió tales fondos, pero siempre en el marco de un "asesoramiento" que no estaba supeditado a la obtención de privilegios urbanísticos o licencias ilegales. Una vez más admite delitos como el cohecho impropio, con pena de multa pero no de cárcel. No obstante, sí ha reconocido que asesoró a la empresa Aifos, para firmar un convenio que fuera "asumible" por el Ayuntamiento de Marbella.

A pesar de la influencia que tenía como gerente del urbanismo municipal marbellí, el que fuera brazo derecho de Jesús Gil se presenta a sí mismo como una suerte de asesor externo de empresas, cuya intervención no era determinante. Tal es el caso de la promotora Aifos, de la que recibió un total de 4,8 millones de euros en presuntos sobornos.

De dicha cantidad mencionada, 2,6 millones lo fueron por "asesoramiento privado", según Roca, y el resto, 2,2 millones, en concepto de pagos que le hacía el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón por negocios que compartieron juntos.

Se da la circunstancia de que García Lebrón, tras su detención en 2006, logró eludir la prisión cuando el juez Torres decretó su encarcelamiento. Todo ello gracias a que a las 6 de la madrugada solicitó cambiar su primera declaración, en la que negaba cualquier relación con Roca.

Como ya es sabido, Aifos fue la empresa que pagó una operación de cirugía estética a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, por importe de más de 9.000 euros, llevada a cabo por el conocido cirujano Javier de Benito. El propio Roca declaró haberle "prestado" tal cantidad a Yagüe de los fondos que recibía de empresarios.

"¿La empresa Aifos no disponía de personal, en lugar de contratarle a usted?", ha preguntado el fiscal. Roca le ha contestado que "no tenían los medios, yo les asesoré sobre cómo construir un concepto de hotel tipo Caribe en Marbella".

Otro de los argumentos reiterados por el considerado cerebro de la trama de corrupción es que ahora, tras la aprobación del PGOU de Marbella, todas las viviendas ilegales recogidas en convenios por los que se le está juzgando "han sido legalizadas". Tal es el caso de los hoteles de Aifos (Guadalpín Marbella y Banús).

De hecho, Roca se vanagloria de las "numerosas denuncias urbanísticas en las que se han archivado las imputaciones contra mí", al no haber podido acreditarse su participación.

Este lunes fuentes jurídicas han asegurado a ELMUNDO.es que, tras solicitarlo el fiscal, el juez ha archivado la imputación contra el ex asesor municipal en el caso de uno de los convenios del Ayuntamiento de Marbella suscritos con la empresa Aifos. Se trata del sumario relacionado con la licencia del Hotel Guadalpín Marbella. Precisamente fue el expediente del que tiró el juez Miguel Ángel Torres para deducir testimonio y abrir en noviembre de 2005 las diligencias previas 4.796 que dieron origen a la operación 'Malaya'.

Por mucho que Roca presuma de que se archivan los cargos contra él, relacionados con delitos urbanísticos, en julio de 2008 fue condenado en firme por un delito de tráfico de influencias en el conocido como caso 'Belmonsa'. Pactó con el fiscal una conformidad de 9 meses de prisión y una indemnización de 2,4 millones de euros.

Los hechos por los que fue condenado se corresponden con la concesión de una licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997. Dicha mercantil logró la construcción de un edificio de doce plantas, en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 como zona verde y viario público.

Ávila Rojas
A lo largo de la jornada de este lunes el fiscal también ha preguntado a Roca por los pagos que recibió del constructor José Avila Rojas. Concretamente fueron 5 millones lo que el exasesor reconoce haber contabilizado en los famosos papeles de la empresa Maras Asesores SL.

Ya el juez Torres afirmó que "Roca y Ávila Rojas son lo mismo", en alusión a que eran socios. Ahora el exasesor municipal así lo corrobora: "Él aportaba la construcción y yo las parcelas".

Así pues, Roca compraba suelos en Marbella y en ellos construía el empresario granadino. El fiscal le ha preguntado si sus negocios conjuntos tenían que ver con lo que construía el promotor granadino en Marbella: "Unos sí y otros no",

En el marco de su defensa, el principal encausado ha negado que los pagos que recibió de Avila lo fueran por convenios que él mismo negocio con él, como exgerente del urbanismo marbellí. Una versión difícil de creer que, de nuevo, apunta al cohecho impropio.

LA ALCALDESA DE AGUADULCE, CONDENADA A 8 AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICAR

Isabel Ortiz, del PSOE, tendrá que dimitir

Europa Press | Sevilla

El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, ya que en 2006 otorgó una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Durante el juicio, celebrado el pasado día 7 de octubre, la acusada aseveró que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar; quizás me dejé guiar por el sentimentalismo". "No era consciente de que dar la licencia en esas condiciones era ilegal", agregó, apuntando además que el vecino que solicitó la licencia "vino a verme varias veces", por lo que ante esta insistencia "flexibilicé los trámites".


elmundo.es

URDANGARÍN AMAÑÓ UN CONCURSO QUE CONVOCÓ EL "GOVERN" BALEAR

INVESTIGACIÓN | De 60.000 euros en el año 2004

Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta | Madrid

El Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y el Govern de Jaume Matas amañaron otro concurso de 60.000 euros en 2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos sobre Turismo y Deporte que investiga la Fiscalía Anticorrupción. La impunidad con la que operaban era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieron desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona.

Los representantes de la entidad sin ánimo de lucro que dirigía el marido de la Infanta Cristina se reunieron a principios de 2004 con responsables del Govern balear -la Fundación Illesport, para más señas- para proponerles llevar a cabo el seguimiento en los medios nacionales e internacionales de las informaciones relacionadas con el equipo ciclista Illes Balears.

El Ejecutivo de las Islas decidió inmediatamente sacar a concurso este servicio por un importe que rondara los 60.000 euros. A tal efecto convocó lo que técnicamente se denomina un procedimiento negociado sin publicidad: una fórmula en la que la Administración invita a tres empresas a que presenten sus respectivas ofertas y, tras analizarlas, escoge la que considera más ventajosa.

Se trata de una fórmula que permite un amplio grado de discrecionalidad, pero que exige que no haya ninguna relación entre las sociedades escogidas por el Ejecutivo de turno para fomentar al máximo la libre concurrencia. Lejos de cursar las invitaciones preceptivas, el Instituto Nóos tomó directamente la iniciativa y le dio el trabajo hecho al Govern balear. Remitió por fax desde sus oficinas las tres ofertas que necesitaba el Govern que presidía el 'popular' Jaume Matas para cumplimentar los requisitos legales y agilizar al máximo el procedimiento.

El cruce de comunicaciones entre el Govern balear y las sociedades vinculadas directamente a Urdangarin y sus socios, o cuando menos apadrinadas por ellos, acaba de ser descubierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y la Fiscalía Anticorrupción en la investigación del desvío de fondos públicos al entramado societario controlado por el duque de Palma.

A ojos de los investigadores queda acreditado "un concierto fraudulento entre la Administración balear y el Grupo Nóos para simular la concurrencia pública que exige la ley en estos casos". El Ejecutivo balear sólo le dio la oportunidad de participar a un mismo grupo empresarial, el liderado por Urdangarin y su socio Diego Torres, e impidió optar a este contrato a otras compañías.


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