jueves, 24 de diciembre de 2009

"CASO PALMA ARENA"; REGISTRAN POR SEGUNDA VEZ EL "PALACETE" DE MATAS EN BUSCA DE UNA CAJA FUERTE

Corrupción

* Buscaban hasta dos cajas fuerte en el segundo registro del Palacete
* Tras concluir las labores del búsqueda, no se han encontrado
* El abogado de Matas ha declarado que 'no hay ninguna'


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Segundo asalto infructuoso. La Guardia Civil registra por segunda vez el interior del palacete del ex presidente de Baleares, Jaume Matas (PP). Esta actuación se realiza en el marco de caso 'Palma Arena', en el que se investiga el sobrecoste de más de 60 millones del velódromo palmesano, en el que Matas está imputado.

Tras concluir las labores del búsqueda, no se ha encontrado ninguna caja fuerte que buscaba una comisión judicial en el lujoso piso de más de 450 metros cuadrados. Al lugar han acudido efectivos de la policía judicial y otros funcionarios de paisano.

En este segundo registro se han personado el fiscal Pedro Horrach, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro y Rafael Perera, el abogado de Matas que ha declarado a su salida que "no hay ninguna caja fuerte".

En las últimas semanas han ido desfilando ante el juez distintos profesionales que confesaron cobrar en negro. El pintor del palacete dijo que cobró 20.000 euros, el constructor que hizo reformas explicó al juez que recibió 70.000 euros en dos pagos de manos de Fernando Areal, cuñado de Matas, uno de ellos en la sede del PP.

El dueño de una lujosa joyería de Palma ratificó también haber cobrado en efectivo más de 66.000 euros en joyas. Así como, el constructor de un baño turco que reconoció, hace dos semanas, cobrar unos 50.000 euros.

El recinto deportivo Palma Arena salió a concurso por 48 millones y se acabaron necesitando "más de 110 millones de euros", según estimaron los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, para que la obra se completase satisfactoriamente. Esto y la multimillonaria minuta percibida por los hermanos García-Ruiz constituyeron las principales líneas de investigación de la Fiscalía de Baleares contra la corrupción del Govern popular.

Cuando la Fiscalía General del Estado congeló las investigaciones del juez Castro, éste incorporó sus pesquisas y las de la Guardia Civil, a la investigación judicial del Palma Arena porque vio una "conexión" entre el patrimonio de Matas y el velódromo, aunque todavía no se ha aclarado cuál es.

Operación Buckingham
Esta investigación está relacionada con la Operación Buckingham, en la que agentes de paisano de la Guardia Civil se dedicaron a hacer un barrido de las tiendas más selectas de Palma para averiguar si Matas y su mujer, Maite Areal, se gastaron sumas millonarias en distintos objetos de lujo, sofisticados artículos de electrónica y obras de arte. La Operación Buckingham se centró en saber si esas cantidades cuadraban con el patrimonio del ex presidente y en saber qué cantidades se pagaron en metálico.

Primer registro
Ésta es la segunda vez que una comisión judicial registra el palacete de Matas. La primera fue el pasado 6 de noviembre y la misma duró entonces cinco horas, durante las cuales se fueron inventariando los bienes del ex presidente en la vivienda de unos 400 metros cuadrados situada en la calle Sant Feliu del centro de Palma, según informó Efe.

La Fiscalía investiga esta vivienda, a raíz de varias denuncias particulares, porque fue adquirida por Matas por 950.000 euros, cuando el valor estimado de la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.

Además
* El pintor del 'palacete' también dice que cobró 20.000 en negro

elmundo.es

"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; GONZÁLEZ PANERO FUE IMPUTADO EN 2001 POR PAGAR CON DINERO PÚBLICO A SU ABOGADO

T. C. - Madrid

El ex alcalde de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) Arturo González Panero, conocido por los presuntos jefes de la trama Gürtel como El Albondiguilla ya fue imputado en 2001, cuando el grupo municipal socialista se querelló contra el entonces regidor por el pago de una factura privada con fondos públicos. Concretamente por abonar el trabajo del letrado Gustavo Galán, compañero sentimental de otra imputada en la trama (Isabel Jordán), como defensor del equipo municipal, lo que podría suponer un delito de malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007.

González Panero, que en estos momentos se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en la trama de corrupción, fue llamado a declarar como imputado por un juez de Móstoles. También testificó en el proceso el ex concejal de Hacienda y responsable de Formación del PP de Boadilla, José María de la Mata. Esta querella, posteriormente ampliada con nuevos datos aportados por el letrado Ángel Galindo, hoy concejal del grupo municipal Alternativa por Boadilla, acusaba a los responsables de la Corporación de utilizar fondos públicos para defender e incluso para presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal. En un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal.

El 3 de agosto de 2009, este caso, que acumula un retraso superior a ocho años, dio una vuelta de tuerca con la decisión del fiscal encargado del tema de solicitar más información a varios órganos judiciales de Móstoles sobre al menos siete litigios en los que se vieron inmersos los responsables municipales del PP local, y cuyos gastos pudieron ser abonados con los presupuestos municipales. Además, el Ministerio Público requiere al Ayuntamiento de Boadilla para que faciliten al juzgado los decretos o acuerdos de pleno en los que se aprobaran la designación de Gustavo Galán como abogado.

En este sentido, el propio fiscal llama la atención en su texto en el hecho de que Galeote no fuera llamado a declarar en calidad también de imputado, al igual que Panero. Asimismo, el fiscal recuerda que pese a que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla en 2001, Manuel Acosta, estaba obligado a advertir la ilegalidad de contratar a abogados para la defensa o acusación personal de los miembros del Ayuntamiento, no lo hizo.

Pero este caso no es el único que afrontará González Panero en los tribunales. El próximo 8 de enero declarará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de prevaricación.

Los escritos de acusación de la oposición sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP local que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato Municipal de Cultura le hizo un contrato laboral a R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Este nombramiento fue refrendado por González Panero y después, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser interino.

El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones, que ganó. La causa está a la espera del juicio oral, que se ha señalado para el 8 de enero.

Noticia relacionada
* El PP 'perdona' 2,2 millones a una empresa del 'caso Gürtel'

elpaís.com

LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS AL ALCALDE DE MAÇANET

El fiscal también quiere acusar de tráfico de influencias al concejal de obras públicas

AGENCIAS - Barcelona

La Fiscalía de Girona ha solicitado al juzgado la imputación del alcalde de Maçanet (Girona), el socialista Alfons Soms, y el primer teniente de alcalde y concejal de Obras Públicas, Antoni Guinó, de Convergència i Unió, por presuntas irregularidades urbanísticas vinculadas a la concesión de licencias. El fiscal pide la imputación de los responsables municipales de Maçanet como responsables de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El origen de la actuación del ministerio público es una denuncia presentada el pasado 5 de mayo que detallaba varias irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio. Entre esas irregularidades figura la realización de obras en el municipio sin permisos, la construcción de una depuradora sin licencia en la urbanización Mont Barbat y el uso de información privilegiada por parte del concejal para lucrarse con la compra, a bajo coste, de unos terrenos donde se construirá una central de telecomunicaciones.

elpaís.com

EL TRIBUNAL DE CUENTAS VALENCIANO NO AUDITA LAS EMPRESAS SALPICADAS POR EL"CASO GÜRTEL"

J. F. / M. O. - Valencia

La Sindicatura de Comptes, el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, no auditó en el informe correspondiente al ejercicio 2008 ninguna de las empresas públicas de la Generalitat valenciana salpicadas por el caso Gürtel. La Sindicatura entregó ayer a las Cortes valencianas un trabajo que no incluye la fiscalización de las cuentas de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana -que otorgó a Orange Market un contrato de 450.000 euros por un evento en la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante-; ni fiscaliza la contratación de la Agencia Valenciana de Turismo -que adjudicó el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, durante cinco años consecutivos-; ni la contratación de la Sociedad Circuito del Motor de Cheste -que participó del premio de fórmula 1 en el que Orange Market aspiraba a lograr contratos.

La Sindicatura tampoco audita entidades como la Fundación la Luz de las Imágenes, que contrató con Orange Market parte de un evento en el Club de Tenis de Valencia.

La fiscalización correspondiente al ejercicio 2008 de la Sindicatura de Comptes se inició en el primer trimestre de este año, cuando ya había estallado el caso Gürtel.

Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda del Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat es la institución autonómica que más rápido difunde la fiscalización de sus cuentas porque, "a diferencia de lo que dicen algunos", señaló, "aquí no se oculta nada".

La Sindicatura de Cuentas, por su parte, invocó su plan de trabajo selectivo para explicar que no todos los años se auditan todas las empresas públicas de la Generalitat.

Ángel Luna, portavoz socialista, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma una vez más la opacidad del Gobierno de Francisco Camps en la contratación pública". "El informe", destacó Luna, "determina que dos de cada tres expedientes de contratación tienen problemas graves y muchos de ellos tienen que ver con la contratación arbitraria, con no publicar los concursos y con no justificar la contratación".

La Sindicatura seleccionó una muestra de 45 contratos públicos y detectó irregularidades en una treintena. El portavoz socialista apostilló: "La probabilidad de que sólo 30 expedientes de los 45 revisados sean irregulares es la misma que si tocara el euromillón seis semanas seguidas con una sola apuesta cada semana".

Las consideraciones generales sobre la ejecución de un presupuesto inicial de 14.100 millones de euros subrayan una caída de ingresos de mil millones y un recurso al déficit de 598 millones para cuadrar las cuentas.

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; EL FISCAL IMPUTA COHECHO AL DELEGADO DE EMPLEO

La acusación pública cree que Rivas quiso obtener un "ilícito beneficio propio"

REYES RINCÓN - Sevilla

La fiscalía suscribió ayer la imputación por cohecho del delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, dictada por la juez del caso Mercasevilla. El fiscal se adhirió al relato de hechos dado por válido por la magistrada Mercedes Alaya, que considera que Rivas, ex director de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex subdirector Daniel Ponce y la directora de proyectos Regla Pereira acordaron exigir 450.000 euros en comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hotelero La Raza como condición para recibir una subvención de 900.000 euros.

Este supuesto intento de soborno constituye la primera parte del caso Mercasevilla, mientras que la instrucción por la venta de terrenos municipales supuestamente fraudulenta sigue adelante. La juez había citado para ayer a todas las partes para concretar sus acusaciones. La intervención que se esperaba con más interés era la del fiscal, Juan Enrique Egocheaga, que hasta ahora no se había pronunciado formalmente sobre el caso. Ayer lo hizo y fue para añadir más presión al delegado provincial de Empleo, que ha negado los hechos.

Según la fiscalía, Rivas actuó "en connivencia" con Mellet en el supuesto intento de soborno a los empresarios "con el ánimo de obtener un ilícito beneficio propio". Los otros dos imputados, Ponce y Pereira, "accedieron a colaborar" buscando también un "ilícito beneficio", según el fiscal, que recuerda que los imputados citaron en dos reuniones a los empresarios. A la primera asistieron Pereira y Ponce y a la segunda éste y Mellet. La fiscalía imputa a los cuatro un delito de cohecho, mientras que las defensas piden el sobreseimiento de la causa.

La imputación de Rivas y los tres directivos de la empresa municipal fue también suscrita ayer por las demás acusaciones, excepto por la del PSOE, que considera que ni el delegado de Empleo ni la directora de proyectos tienen nada que ver en el supuesto intento de soborno.

El letrado de la Fundación Mercasevilla, Alfonso Martínez del Hoyo, sí se adhirió a los mismos delitos que el fiscal, pero advirtió de que tiene "razonables dudas" sobre la implicación real de Pereira y de Rivas. "El señor Mellet ha manifestado que siguió sus instrucciones, cuya aseveración como imputado no aparece en principio apoyada en prueba de otro carácter", señaló el letrado. Con todo, la acusación ejercida por Mercasevilla optó por suscribir apoyar al fiscal y se reservó el derecho de retirar la acusación más adelante.

El PP, por su parte, imputa a los cuatro por cohecho, pero añade para Rivas y Mellet un delito de tráfico de influencias y otro de información privilegiada. Al delegado de Empleo, además, pide que se le impute también por prevaricación. Los populares solicitan, además, la imputación del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como encubridor.

La juez tendrá que decidir en los próximos días si mantiene o no las imputaciones.

elpaís.com

EL PP "PERDONA" 2,2 MILLONES A UNA EMPRESA DEL "CASO GÜRTEL"

Boadilla elude sancionar el retraso de Constructora Hispánica en la obra más cara del municipio

TONO CALLEJA - Madrid

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha decidido perdonar 2,2 millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, una de las sociedades presuntamente implicadas en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP. El pasado 18 de noviembre, el mismo día que finalizaba el plazo previsto para la construcción del denominado Parque del Deporte y de la Salud del municipio, la junta de gobierno local aprobó la ampliación del periodo de ejecución por 13 meses, sin la existencia de un informe preceptivo.

El pliego favorecía a la firma al acabar el Parque del Deporte en 24 meses

La adjudicación de la obra, con un presupuesto inicial de 29,6 millones, el mayor de la historia de Boadilla, aparece en el sumario como ejemplo paradigmático del dominio de la trama de Francisco Correa, presunto cabecilla de la organización corrupta, de varias instituciones gobernadas por el PP en Madrid, según el sumario del instructor del caso, Baltasar Garzón. El Ayuntamiento mantiene que sólo pretende que la obra concluya, según afirmó ayer un portavoz, y añadió que sí existe un informe, aunque no lo aportó. En el acta de la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice que no existe tal informe.

A esta decisión se une el hecho de que el proceso de adjudicación fue criticado porque el entonces equipo de gobierno encargó en 2007 dos informes para valorar las propuestas de las dos empresas. El documento de los funcionarios municipales indicaba que la mejor oferta era la de Sacyr, mientras que el informe elaborado por un cargo de confianza del anterior alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, escogía a Hispánica, que valoró con el doble de puntos a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final. Según consta en el auto de Garzón, y en el sumario instruido por el actual responsable del caso Antonio Pedreira, un cargo del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, que está imputado con una fianza de millón y medio de euros, pudo haber intercedido para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación.

Pese a que el pliego de condiciones que regía el contrato le concedía hasta 10 puntos por terminar los trabajos en un plazo inferior a 24 meses, Boadilla le concede ahora una prórroga de 13 meses. La consecuencia será que la empresa deja de abonar la multa prevista por demoras en la entrega que fija la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que eleva la cifra hasta los casi 6.000 euros diarios.Cotejando las actas municipales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, llama la atención el hecho de que la adjudicación de 2007 se realizara en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo, 16 días antes de que se celebraran las elecciones municipales, por lo que el anterior equipo municipal se encontraba en funciones.

Quizá por ello se ausentaron varios miembros del pleno, entre ellos el entonces alcalde, Arturo González Panero -al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, llamaba "El Albondiguilla", según el sumario-, el secretario, así como el primer y el segundo tenientes de alcalde. La falta de quórum obligó a la secretaria del Ayuntamiento a celebrar una segunda convocatoria, en la que ejerció de presidenta accidental de la junta municipal Mercedes Nofuentes Caballero. Eran tenientes de alcalde Juan Siguero, actual primer edil, y Belén Húmera Contreras, ahora responsable de Obras Públicas y Urbanismo.

Estas tres personas, Juan Siguero como alcalde, Mercedes Nofuentes y Belén Húmera, como tenientes de alcalde, son las encargadas de aprobar, también en sesión extraordinaria, la prórroga de 13 meses para Hispánica, sociedad que ha cambiado su nombre por el de Assignia Infraestructuras, en un intento de alejarse en la medida de lo posible de la trama Gürtel.

Pero esta nueva concesión otorgada a una de las empresas de la presunta trama de corrupción -cuya adjudicación en 2007 se produjo tan sólo un par de semanas antes de la fecha en la que el responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, retirara dinero de la caja B de Correa con la anotación de El Albondiguilla- ha sido criticada por la oposición.

Los socialistas llaman la atención en el hecho de que la ampliación del plazo previsto se produjo sin el preceptivo informe que lo justificara. Este punto también fue abordado entre los dirigentes de la junta municipal, que citó a la misma al arquitecto municipal y director técnico de las obras, Salvador Campuzano Casado. En su comparecencia, este funcionario aseguró que su opinión era clara al respecto y que no procedía la emisión de un informe complementario. Tras la intervención del arquitecto, los ediles aprobaron la ampliación del plazo de ejecución de las obras de Hispánica.

La investigación de la adjudicación del deporte de Boadilla fue una de las obras que ha determinado, también, la decisión del juez de enviar el sumario de la trama al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habida cuenta de que entre los aforados por ser diputado autonómico del PP se encontraba Alfonso Bosch Tejedor. Éste, según Garzón: "Desde su posición en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio, y como este último reconoce en las intervenciones telefónicas él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación social. Las operaciones en las que habría intervenido se refieren a la adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora Hispánica, así como la adjudicación de unos locales a una empresa administrada por José Ramón Blanco Balín denominada Rústicas MBS".

Asimismo, el portavoz de los socialistas en Boadilla, Pablo Nieto, recuerda que la adjudicación ya fue criticada por ellos debido a "su exagerado coste financiero para las arcas municipales". Y agrega Nieto: "Una obra menos faraónica y más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no es suficiente la astronómica cifra de 30 millones de euros, las comisiones presuntamente cobradas por políticos populares o el retraso de más de un año en las obras. Es una burla a los ciudadanos de Boadilla que el Ayuntamiento renuncie a una millonaria indemnización en beneficio de una empresa bajo sospecha".

En este sentido, la oposición denuncia que dos años después el PP ha aprobado la contratación de las obras del "retranqueo de las tuberías del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las obras de la Ciudad del Deporte y la Salud" por un valor de 175.277 euros.

Este gasto, en opinión del partido socialista de Boadilla, debería ser asumido por Constructora Hispánica, ya que en el momento de la adjudicación del multimillonario contrato se conocía la ubicación de las infraestructuras del Canal. Por su parte, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, no quiso hacer declaraciones al respecto.

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* González Panero fue imputado en 2001 por pagar con dinero público a su abogado

elpaís.com

ABREN UN EXPEDIENTE CONTRA LA EDIL QUE DENUNCIÓ EL "CASO ASTAPA"

ESTEPONA | Ampliación sin licencia

David Valadez y Cristina Rodríguez en una comparecencia. | ELMUNDO.es

Marga García | Málaga

El departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Estepona ha abierto un expediente sancionador contra una obra ilegal realizada en una vivienda propiedad de la edil socialista, Cristina Rodríguez, que denunció junto al actual alcalde, David Valadez, la existencia de una presunta trama de corrupción urbanística y para la financiación irregular de los partidos políticos, el 'caso Astapa'.

Concretamente, el expediente de sanción se inició el pasado 27 de agosto de 2009 mediante un acta levantada por los agentes de la Policía Local asignados al departamento de Disciplina Urbanística. El acta de inspección recoge que se han construido más de 25 metros de ampliación del ático sin licencia, según el expediente que obra en poder de este periódico.

La infracción, recogida en el artículo 207 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se clasifica como «muy grave por tratarse de obras que deberían haberse ejecutado con licencia», siempre según el citado expediente que instruye la arquitecta técnica del Consistorio, Juana Alcalá Díaz.

La clasificación del suelo de la finca donde se produce la irregularidad es de urbano y permite una altura de planta baja más sótano pero la edil «ha ampliado un torreón de subida a cubierta», según la inspección urbanística.

Como medidas cautelares el expediente insta a los infractores a en un plazo máximo de dos meses legalicen las obras o en su defecto apercibe de que deberán restaurar el orden perturbado, es decir, demoler lo construido sin licencia.

La valoración de las obras realizadas al efecto de la sanción administrativa es 17.850 euros. Los técnicos se basan en esta valoración en la superficie construida; el presupuesto de la ejecución y el porcentaje de obra ejecutada. Lo más curioso de este expediente es que se abre sólo día después de que Estepona Información en su edición del 17 de agosto publicase que la edil socialista Cristina Rodríguez Alarcón, podría estar incumliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las viviendas de VPO en su residencia habitual.

La vivienda, según consta en el Registro de la Propiedad, es un adosado con una superficie útil de 89,51 metros cuadrados y calificada definitivamente como vivienda de protección oficial de promoción privada.

La oposición ya anunció en un pleno reciente que llevaría este expediente a la Fiscalía para que sustancie si se prevalió de su cargo para cometer esta ilegalidad que sólo fue inspeccioanda tras darse a conocer en los medios de comunicación.

Pero ésta no es la única polémica en la que está envuelta Cristina Rodríguez Alarcón ya que también se ha denunciado que se encontraba en situación irregular cuando trasladó esta denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, al ejercer su actividad privada como abogada a pesar de tener aprobado por el pleno la dedicación exclusiva, tal y como publicó en exclusiva este periódico

Además
* Un juez obliga a Valadez a readmitir al tesorero

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA JUEZA LLAMA A DECLARAR OTRA VEZ A LA MUJER DEL EX INTERVENTOR DE EL EJIDO

ALMERÍA

Miguel Cabrera | Almería

La juez de la 'operación Poniente', Montserrat Peña, ha citado a declarar nuevamente el próximo martes a las doce del mediodía en el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería a Isabel Carrasco, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 90.000 euros, e imputada por los delitos de blanqueo de capital, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias.

Carrasco es funcionaria del Ayuntamiento y la mujer de José Alemán, ex interventor municipal de El Ejido, quien permanece en la prisión de El Acebuche desde el pasado 23 de octubre, acusado de los mismos delitos.

La citación de la juez ha causado extrañeza, sobre todo porque la declaración será justo un día antes que la del alcalde, Juan Enciso, a quien Peña había citado previamente el día 30.

En su primera declaración, Peña preguntó a Carrasco sobre varios pisos y locales en El Ejido y Almería a su nombre que habrían sido pagados, presuntamente, al contado, pese a su alto valor, alguno superior a los 300.000 euros.

La funcionaria municipal no pudo responder a algunas de las preguntas alegando que esas cuentas las llevaba su marido, quien estaría considerado por la investigación como presunto cerebro de la trama creada en torno a la empresa mixta de servicios municipales, Elsur, acusada de malversar 150 millones de euros.

El despacho de abogados contratado por José Alemán e Isabel Carrasco, Lealtadis, cree que la juez preguntará a su defendida por “alguna cuestión puntual”, pero duda de que pueda tratarse de un asunto fundamental o de especial relevancia en el caso.

De cualquier manera, los abogados mantendrán el primer contacto con Montserrat Peña, a quien trasladarán su preocupación por el mantenimiento en prisión preventiva de su defendido durante tanto tiempo, teniendo en cuenta, en su opinión, que no se cumplen los motivos para ello, es decir, que no existe alarma social, riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; PSPV: "EL PP HA IMPEDIDO A LA SINDICATURA INVESTIGAR LOS CONTRATOS DE LA TRAMA"

Denuncia de la socialista Cristina Moreno

* El PP votó en contra de que se auditaran los contratos con estas empresas
* No se ha analizado a la Sociedad de Promoción Estratégica ni a la AVT


Europa Press | Valencia

La secretaria de Economía y Empleo del PSPV, Cristina Moreno, lamentó este jueves que el PP "obstaculice la fiscalización de los contratos públicos de la Generalitat con las empresas vinculadas a la trama 'Gürtel'", informó la formación socialista en un comunicado.

Moreno aseguró, en relación al informe del Síndic de Greuges publicado el miércoles, que "no han dejado auditar empresas como la Agencia Valenciana de Turismo o la Sociedad de Promoción Estratégica, donde los 'Gürtel' campaban a sus anchas. Es totalmente inadminisble", apostilló.

La responsable socialista manifestó que la independencia de la Sindicatura de Cuentas "se ha visto constreñida" por el voto en contra del PP a la iniciativa socialista en las Cortes "para que se auditaran todos los contratos públicos de la administración valenciana con las empresas 'Gürtel'". "El PP nuevamente ha sido oscuro con el dinero público en relación a la trama 'Gürtel' y ha vuelto a impedir que todos sepamos cómo se ha gastado el dinero de todos los valencianos", añadió Moreno.

Asimismo, señaló que en el informe de la Sindicatura de Cuentas "nuevamente queda patente el derroche, la enorme deuda, el déficit creciente y el despilfarro del PP valenciano y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps".

Además
* El Consell atribuye su deuda a la actual crisis económica
* La Generalitat cerró 2008 con un déficit de 500 millones

elmundo.es

"CASO MATAS"; EL PINTOR DEL "PALACETE" TAMBIÉN DICE QUE COBRÓ 20.000 EN NEGRO

En sobres

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Siguen desfilando ante el juez los industriales que trabajaron en la rehabilitación de la vivienda de la calle Sant Feliu que Jaume Matas compró mientras era presidente del Govern balear por el PP. El lujoso piso de más de 450 metros cuadrados conocido popularmente como el palacete ubicado en una elitista casa señorial del casco histórico de Palma, una vivienda adquirida por 950.000 euros y tasada por Hacienda en más de 2 millones. Siguen desfilando ante el juez como testigos y siguen manifestando que cobraron dinero en efectivo y en sobres por cantidades muy superiores a las que finalmente facturaron. Sin recibos. En negro, como coloquialmente se conoce al dinero no declarado al fisco.

Ayer fue el turno del pintor, M. B., quien aseguró que pese a que pasó una factura oficial de "2.948 euros sin IVA" que, esa sí, cobró mediante "un cheque", en realidad afirmó haber percibido "otros 20.000 euros en sobres" y sin factura. En dos pagos diferenciados "de 10.000 euros cada uno" y uno de ellos, el primero, "entregado directamente por [la esposa de Matas] Maite Areal en el interior de un sobre, en la propia obra y en el curso de los trabajos". Una suma que, a tenor de lo que declaró, él había pedido días antes "como adelanto por sus trabajos". Según explicó, Areal le contestó diciéndole: "Ya pasaremos cuentas".

"Lo he meditado"
Siempre a tenor de su versión, más adelante pidió más dinero, en esta ocasión a través de otro de los profesionales que trabajaron puntualmente para Areal, recibiendo "otro sobre cerrado que contenía otros 10.000 euros".

Este pintor declaró hace meses ante la Guardia Civil, que investiga a través de su Grupo de Patrimonio los gastos privados de Matas desde hace más de un año. Como ha ocurrido con el resto de profesionales que han declarado ante el juez haber recibido dinero negro (todos han descrito la misma mecánica), en aquella ocasión no dijo nada de cobros en metálico y sin factura. Ayer aseguró que ocultó lo de los 20.000 euros «porque ya había metido la pata aceptándolos pero que ahora con una mayor meditación y visto que otros lo han confesado», se ha decidido a hacerlo.

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; VICENS PAGA LA FIANZA CON DINERO EN EFECTIVO DE ORIGEN DESCONOCIDO

LA DEBACLE DE UM | Se libra de prisión

* Su testaferro hace frente a su fianza de otros 200.000 euros
* Pone el chalé que la Policía apunta que pagó con dinero público


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Veinticuatro horas después de haber implorado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que no le impusieran la fianza de 250.000 euros que le pedía la Fiscalía Anticorrupción para eludir su ingreso en prisión con el pretexto de que tiene todo el patrimonio y las cuentas embargadas por lo que no podría hacer frente a la suma, Bartomeu Vicens abonó ayer puntualmente 200.000 euros de fianza en dos Juzgados diferentes de Palma. En tiempo récord. Dejando su imploración en una simple estrategia de defensa.

Según informaron ayer a este diario fuentes de la investigación, el ex conseller de Unió Mallorquina constituyó sus dos fianzas de 100.000 euros mediante la entrega de resguardos bancarios, que acreditan ingresos de cheques y dinero en efectivo suficiente para cubrir esa cantidad.

Sigue siendo una incógnita el origen del dinero, su salvoconducto para poder disfrutar de las Navidades en su casa pese a estar condenado por el TSJB a 4 años y 6 meses de cárcel por malversación de dinero público y prevaricación (condena que no cumplirá hasta que el Tribunal Supremo no resuelva su recurso) e imputado en cuatro graves investigaciones judiciales. Entre ellos una por la que de hecho ya está en libertad bajo fianza de otros 100.000 euros desde hace un año.

La sede de Metalumba
Tras abonar al filo de la una de la tarde su primera fianza ante el TSJB acompañado de un policía y de uno de sus abogados, Jaime Campaner, Vicens se dirigió pasadas las dos de la tarde al Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma, ubicado en Vía Alemania. Aunque le quedaban aún 6 horas de plazo, allí afianzó la segunda suma que un juez le impuso el martes por su participación en un grave escándalo de corrupción política. La Operación Maquillaje, donde se investiga el presunto desvío de más de 7 millones de euros públicos que, con el pretexto de montar la radiotelevisión insular, el Consell puso en manos de una red de productoras audiovisuales controladas luego por personas de su entorno, apuntadas como testaferros en el curso de la investigación judicial.

Una de ellas, Alfredo Conde, amigo íntimo y testaferro de Vicens (junto a su esposa cobró en nombre del conseller de Territorio comisiones derivadas de la recalificación de Son Oms) que montó la radio pública del Consell con una empresa que, como indica ya el propio juez instructor, no tenía infraestructura y fue creada "exclusivamente" para llevarse contratos millonarios con información privilegiada, tenía ayer que responder también a una fianza de 200.000 euros para eludir la cárcel por este caso. Y vaya si lo hizo.

Además
* Vicens paga y felicita las fiestas a los periodistas
* Vicens consigue la primera fianza en tiempo récord
* Conde abona sus 200.000 euros de fianza

elmundo.es

"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; EL PARTIDO CLAVE EN BALEARES SE HUNDE

REPORTAJE

Unió Mallorquina, la formación que decide gobiernos, se quiebra por la corrupción

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

"Llegará un momento en que nadie podrá ser presidente de Unió Mallorquina (UM)". Antoni Pascual, un veterano hombre ancla del partido, consejero de Carreteras de Mallorca y empresario de gasolineras, expuso ayer en voz alta la sensación de zozobra que se vive en esta minoría políticamente determinante en Baleares.

UM forma parte del grupo de ocho partidos que gobierna las islas

El último presidente de UM acaba de dimitir tras serle retirado el pasaporte

El partido se encuentra asediado por investigaciones por supuesta corrupción. UM, con 28.178 sufragios entre 700.000 electores -un 6,9%-, mandó en 2007 a la oposición a un PP que había obtenido el 47% de los votos, y dio al PSOE presidencias de Baleares, Mallorca y Palma.

La presidencia del socialista Francesc Antich se alza sobre un pacto con hasta ocho formaciones de izquierdas y nacionalistas de las islas. El PP ha gozado durante casi 20 años del apoyo de UM.

Unió Mallorquina, en esta legislatura -la época en la que ha tenido máxima relevancia desde su fundación, en 1983- ha tenido tres presidentes. El último, Miquel Àngel Flaquer, abandonó el martes después de que un juez le retirase cautelarmente el pasaporte en una de las dos causas en las que está siendo investigado. "Esta persona está imputada pero está convencida que está 'limpia", anotó Pascual, también denunciado por la fiscalía en un caso en el que fue detenido e imputado su director general en el Consell de Mallorca, Gonzalo Aguiar, por supuesta malversación en la adjudicación del negocio de vía Palma-Manacor.

Cuando UM y el PP vivieron su última alianza en Baleares y en Mallorca, entre 2003-2007, el ex líder del PP Jaume Matas les cedió, a través del Consell mallorquín, la hegemonía en el control de una obra: la carretera de peaje "a la sombra" Palma-Manacor. Una de las empresas de la UTE ganadora fue Melchor Mascaró, en la que Gonzalo Aguiar fue máximo ejecutivo hasta ser fichado para UM y el Consell.

La presidencia del Consell de Mallorca, en manos de Francina Armengol, del PSOE, no ha destituido a Aguiar ni a Pascual. La estabilidad de todas las grandes instituciones baleares depende del apoyo de UM y en todas las instancias hay cargos incursos causas judiciales.

Una vez aprobados los presupuestos de 2010 para Baleares y Palma, el presidente Francesc Antich y la alcaldesa, Aina Calvo, esperan terminar su mandato en el cargo, con el apoyo de lo que queda de UM, aún sin nueva dirección.

"No somos el partido de la corrupción", aseguró Miquel Àngel Flaquer cuatro días antes de tener que dimitir.

Unió Mallorquina suma una decena de cargos imputados en seis sumarios judiciales por supuesta corrupción, y dos ex secretarios generales (Tomeu Vicens y Damià Nicolau) han sido condenados a penas de cárcel.

Vicens, ya ex diputado y ex militante, que se ha pasado media legislatura en los juzgados -aún está imputado en cuatro causas-, depositó ayer sendas fianzas de 100.000 euros en dos casos distintos para evitar ir a prisión.

Un personaje secundario, Alfredo Conde (ejecutivo de la televisión balear IB3), abonó 200.000 euros para eludir la prisión en el caso Maquillaje, de supuesto desvío de fondos a una trama de empresas relacionadas con personajes de UM.

Conde y su esposa son supuestos testaferros de la trama. En este caso están implicados la presidenta de honor e imagen de UM, Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento, imputada en dos sumarios; el citado plurimputado Vicens; el ex consejero de Turismo y concejal de Palma Miquel Nadal; el consejero de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, y el ex director de la televisión del Consell Antoni Moragues, entre otros.

El pasado jueves, algunos funcionarios y ejecutivos de UM sollozaron mientras dimitía la primera figura de UM, el consejero por Mallorca Miquel Àngel Flaquer.

El anterior jefe de UM, Miquel Nadal, abandonó el liderazgo hace medio año y hace una semana renunció al cargo de consejero de Turismo, al quedar también sin pasaporte por orden del juez. Nadal no quiere dejar el escaño de edil del Ayuntamiento de Palma. Aspiró a ser alcalde y está muy incómodo con la alcaldesa del PSOE, Aina Calvo.

Flaquer, con su marcha, quiere delimitar el terreno de juego al resto de compañeros de la cúpula de Unió Mallorquina. Deja el cargo para asumir de manera ejemplar su flamante código ético y por la transparencia que firmaron UM, el PSOE y los partidos del Bloc (PSM-IU-Els Verds-Esquerra) con el fin de intentar despejar la nube polémica que cubre la vida política balear por la abundancia de cargos imputados. Tomeu Vicens se marchó agobiado por la condena de cárcel y el rechazo del resto de grupos. Sin embargo, Miquel Nadal, en el Ayuntamiento de Palma, es "un elemento no controlado", según cargos de UM.

UM surgió de una escisión de la UCD de Adolfo Suárez en 1983 y logró en las primeras autonómicas 47.277 votos (un 15,4% entre medio millón de votantes). Se estrenó dando el poder al PP y desplazó al PSOE. Unió Mallorquina ha repartido el juego político en Baleares y Mallorca. Esa bisagra, creada por empresarios y profesionales con despachos abiertos, se ha aliado con la izquierda en Mallorca desde 1995. En Baleares pactó en 1999 y en 2007.

Los principales implicados

- Tomeu Vicens. Ex secretario general de UM. Renunció a su acta de diputado hace seis días tras ser condenado a más de cuatro años de cárcel por el caso Informe plagiado (informe copiado de Internet por el que pagó 12.o2o euros). Está imputado en el caso Son Oms (recalificación de un polígono), en la Operación Maquillaje (desvío de fondos del Consell), en el caso can Domenge (venta a mitad de precio de un solar público) y en el caso Plan Territorial (supuesto tráfico de influencias).

- Damià Nicolau. Ex director de Aguas de Baleares y ex director del Territorio de Mallorca. Dejó la secretaría general en 2009 tras ser imputado. Condenado a dos años y tres meses de cárcel por el caso Informe plagiado.

- Miquel Nadal. Ex presidente de UM. Dimitió de consejero de Turismo pero sigue de edil en Palma y tiene la llave del Ayuntamiento. El juez le ha retirado el pasaporte tras ser imputado por los casos Maquillaje y can Domenge.

- Miquel Àngel Flaquer. Ex presidente de UM (dimitió el día 22), ex portavoz y ex consejero en Mallorca. Le fue retirado el pasaporte tras ser imputado en la Operación Maquillaje. El juez le implica también en el caso can Domenge.

- Maria Antònia Munar. Presidenta del Parlamento de Baleares, ex presidenta del Consell y ex presidenta de UM. Imputada en la Operación Maquillaje y en el caso can Domenge. El juez la ha citado a declarar el 22 de enero.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA FISCALÍA MANTIENE LA IMPUTACIÓN DEL ALTO CARGO DE LA JUNTA POR COHECHO

Las partes personadas formulan sus acusaciones

Antonio Rivas, junto a su abogado, al llegar al juzgado este miércoles. | Jesús Morón

María Rionegro | Sevilla

La Fiscalía mantiene la acusación de cohecho contra los cuatro imputados por el presunto cobro de comisiones ilegales en la instalación de una escuela de hostelería en unos terrenos de Mercasevilla que ha dado origen a una investigación judicial. Entre los imputados está Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo,

La juez instructora, Mercedes Alaya, había fijado para hoy la vista preliminar en la que las partes personadas tendrían que formular sus acusaciones. La Fiscalía ha mantenido los cargos contra los cuatro encausados: los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la funcionaria Regla Pereira; y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Sobre este alto cargo de la Administración autonómica, el fiscal sugiere que actuó de conformidad con los directivos de Mercasevilla para exigirle las comisiones al grupo empresarial interesado en instalar una escuela de hostería en terrenos de la empresa pública propietaria del mercado central de la capital andaluza.

A esta petición del fiscal se ha unido la acusación particular que ejerce la propia empresa pública participada por Mercasa, que también ve cohecho en la actuación de los cuatro imputados. También el PP y el Partido Andalucista solicitan su imputación por cohecho.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSOE sólo formula cargos por estafa en grado de tentativa contra Mellet y Ponce exculpando a los otros dos implicados.

Además, el PP pide que también se impute a Mellet por uso de información privilegiada y tráfico de influencias, además del delito de cohecho, mientras que acusa a Rivas de los mismos delitos y también de prevaricación.

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"CASO SON OMS"/"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; 32 MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS EN MENOS DE 24 HORAS

OPINIÓN

Agustín Pery | Palma

Ahora ya no hay duda. Satisfecha en tiempo récord la fianza de 200.000 euros Vicens podrá tomar el turrón con los suyos, brindar con cava y acto seguido preparar la maleta para fugarse. ¿Exagero? Puede, pero no tengan ninguna duda de que si quisiera Vicens podría hacerlo. Esa posibilidad existe porque le saldría barato, muy barato, teniendo en cuenta cuál es su horizonte penal después de una primera condena de cuatro años y medio.

Baste pensar que al delincuente ex diputado le impusieron en su día por Son Oms una fianza de responsabilidad civil de 8 millones de euros. En fácil silogismo llegaríamos a la conclusión de que si esa es la fianza es porque el dinero robado a los ciudadanos de Baleares supera con creces la cantidad embargada. Por lo tanto, 200.000 euros, más los otros 100.000 de fianza penal que ya tenía, suponen una cantidad irrisoria para alguien con el poderío económico del reo uemita. Lo más aberrante de todo no es sólo que en menos de 24 horas el ex diputado haya logrado reunir 32 millones de las antiguas pesetas, una cantidad que la mayoría de nosotros no podríamos lograr jamás, sino que el mensaje que se transmite con la benevolente petición de la Fiscalía es que delinquir compensa. Especialmente a aquellos con los que la justicia debería ser más severa pues han estafado a todos los ciudadanos a los que dijeron representar.

Convendría que esa misma Fiscalía y esos tribunales a los que en demasiadas ocasiones ha demostrado el reo no respetar lo más mínimo se tomaran la molestia de indagar de dónde ha sacado el dinero Vicens. Porque es lícito pensar que tiene padrinos, y madrinas, al máximo nivel para quienes 200.000 euros no es nada si con ello, además, se logra pagar el silencio de un personaje que ha ocupado puestos claves en la administración insular de Mallorca, siempre bajo la dirección de Munar.

Insisto, Vicens tiene embargados todos sus bienes, su sueldo, y hasta la última de sus propiedades� pero pudo irse de fin de semana a Venecia con la familia, pudo poner 100.000 en un juzgado para así votar los presupuestos del Pacte de la Vergüenza con las manos libres de grilletes y ahora ha podido en tiempo récord otros 200.000 euros. Es como para que los ciudadanos se enfaden y los fiscales investiguen. ¿Lo harán?

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; VICENS PAGA LASEGUNDA FIANZA Y FELICITA LAS FIESTAS A LOS PERIODISTAS

CORRUPCIÓN | En total ha abonado 200.000 euros

Vicens junto a su abogado Jaime Campaner. | Efe

* El ex diputado hace efectiva la caución mediante avales de 100.000 euros
* Tras pagar sendas fianzas evitará la cárcel

elmundo.es | Palma

El ex diputado Bartomeu Vicens ha hecho efectiva a las 14.30 horas mediante avales la segunda de las fianzas de 100.000 que tenía pendiente para evitar la cárcel. En concreto impuesta por el juez Ignacio Lope Sola como medida cautelar dentro del caso Maquillaje. Vicens ha llegado con su abogado a los Juzgados de Via de Alemania y, tras abonar la fianza, se ha dirigido a los periodistas y les ha felicitadola Navidad.

Vicens ha acudido al Tribunal Superior de Justicia a las 13.00 horas junto a su abogado y vigilado en todo momento por un agente de la Policía Nacional y ha pagado la primera de las fianzas que le impusieron ayer, otros 100.000 euros.

La Sala de lo civil y lo penal del Tribunal decretó ayer prisión comunicada eludible bajo fianza de 100.000 euros para el ex parlamentario del Grupo Mixto Bartomeu Vicens, una cantidad inferior a la que pedía el Ministerio Fiscal, que había exigido 250.000 euros como medida cautelar, al considerar que existe riesgo de fuga por su calidad de 'pluriimputado' en otras causas judiciales y condenado.

El tribunal de la sala también le ha prohibido abandonar el país y tendrá vigilancia policial permanente hasta que abone las fianzas.

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau expuso en ambas ocasiones que aprecia un alto riesgo de fuga tras la sentencia condenatoria que recibió el ex conseller insular de Territorio. Una condena que de hecho no es sino un fleco del caso Son Oms que fue desgajado de la causa general y juzgado aparte. El caso plagio, por el que Vicens fue castigado con cuatro años y medio de prisión después de que se descubriese que gratificó con 12.000 euros públicos a su contable particular a cambio de un informe de 17 páginas plagiado de Internet (él mismo le indicó de dónde copiarlo, según la sentencia).

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* Vicens consigue la primera fianza en tiempo record
* Conde abona sus 200.000 euros de fianza
* Detalles de la declaración de Vicens por Maquillaje

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA!; BARTOMEU MUÑOZ OTORGA A LOS VECINOS EL PAGO DE LOS 500.000 EUROS DE SU FIANZA

CORRUPCIÓN | El ex alcalde 'agradece' la ayuda económica de los vecinos

Bartomeu Muñoz en el momento en el que abandonaba la prisión | Efe

* 'Bartu' agradece la 'ayuda' de vecinos y compañeros del PSC con su fianza
* El ex alcalde ha logrado los 500.000 euros a través de una supuesta colecta

* Plataformas vecinales consideran que la colecta es un 'montaje' del político

* Con su puesta en libertad, en prisión sólo queda uno de los seis encarcelados

Agencias | Barcelona

El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz ha salido de la prisión de Can Brians II esta tarde tras entregar en sede judicial del medio millón de euros establecido como fianza por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha logrado recaudar en apenas dos días.

Muñoz, uno de los seis encarcelados por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística conocida como 'Pretoria', ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario de Sants Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) para declarar su "agradecimiento" a los vecinos de Santa Coloma que, asegura, le han ayudado a pagar la fianza. Un "apoyo moral" que le ha "emocionado profundamente y que compensa en parte momentos duros y amargos vividos en soledad estos días".

El agradecimiento se ha hecho extensible también a su familia y al esfuerzo económico realizado por "mis compañeros de partido (PSC)". Una expresión que ha pronunciado pese a que la formación socialista aprobó su expulsión una vez se confirmó su imputación como miembro de la presunta trama corrupta.

Muñoz también ha reclamado a quienes le apoyaron mientras era alcalde que "hagan lo mismo con la alcaldesa Nuria Parlón", quien le sustituyó tras su dimisión al frente del consistorio.

Las referencias a las aportaciones vecinales a su liberación no ha tardado en ser puesta en solfa por agrupaciones de vecinos críticos con la gestión de 'Bartu'. Es el caso de la plataforma ciudadana Gent de Gramenet, que consideran que la colecta popular que ha ayudado a pagar la fianza de Bartomeu Muñoz responde a una acción mediática.

El portavoz de la plataforma, Antoni Jaumeandreu, ha afirmado que el ex alcalde siempre ha sido un "manipulador de los medios de comunicación" y ha atribuido la presunta puesta en marcha de una colecta popular a una "escenificación para rehabilitar su figura a nivel mediático y político".

Las aportaciones, que han sido recogidas desde el pasado lunes en la cuenta bancaria abierta por el propio Muñoz, no son anónimas, ya que consta la identificación del donante, y se han recibido en concepto de préstamo, por lo que serán devueltas una vez el ex alcalde tenga medios económicos para hacerlo.

'Luigi' se queda solo en prisión
Con la puesta en libertad de Bartomeu Muñoz sólo queda en prisión uno de los seis encarcelados por su presunta implicación en 'Pretoria'. Se trata de Luis García, 'Luigi', ex diputado del PSC y considerado como el 'cerebro' de la trama corrupta.

Anteriormente a Muñoz fueron puestos en libertad el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el ex gerente de servicios del mismo consistorio, Pasqual Vela y los dos ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Estos últimos tuvieron que abonar un millón de euros de fianza cada uno, el doble de lo exigido a Bartomeu Muñoz.

Además
* Quién es quién en el 'caso Pretoria'

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