jueves, 31 de marzo de 2011

"CASO SANT ELM"; EL TSJB RECHAZA ARCHIVAR LA CASUSA CONTRA GABRIEL CAÑELLAS

Por irregularidades en los convenios

* Ratifican el archivo de la causa contra Flaquer y Pizà
* Recuerdan que Cañellas está imputado por su participación en dos convenios

Efe | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha rechazado archivar la causa contra el expresidente del Govern balear Gabriel Cañellas en el 'caso Sant Elm', en el que se investigan supuestas irregularidades en convenios entre la fundación que dirige y el municipio de Andratx.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal autonómico ha dictado hoy un auto en el que también confirma el archivo de la causa dictada por este mismo tribunal contra el diputado del PP en esta legislatura y exconseller de Turismo Joan Flaquer, recurrido por el Ayuntamiento de Andratx.

El TSJB, que se hizo cargo del caso hace unas semanas dada la condición de aforado de Flaquer, ha ratificado asimismo el archivo del procedimiento contra el exdirector del Instituto Balear de Estrategia Turística (Inestur) Carlos Pizá.

En la resolución judicial, la sala resuelve el recurso del consistorio contra el archivo de la causa contra Flaquer y Pizá, así como el recurso presentado por la defensa de Cañellas pidiendo que también se levantara su imputación.

Respecto a este último aspecto, el tribunal considera que los hechos por los que se levantó la imputación a Flaquer y Pizá son diferentes de los que sostienen la acusación contra Cañellas.

En concreto, indica que mientras los dos primeros estaban imputados por firmar un convenio supuestamente irregular entre el Inestur y el Ayuntamiento de Andratx, Cañellas lo está por su participación en dos convenios diferentes suscritos entre el consistorio y la Fundació Illes Balears que preside.

El tribunal recuerda que se pronunció acerca de Flaquer por su condición de aforado y que, por tanto, cerrada la causa contra él ya no se puede pronunciar sobre el resto de imputados porque su acusación no guarda relación directa con la del aforado


elmundo.es

"CASO PICNIC"; UM SE VE "EMBARGADA" PORQUE NO PUEDE ASUMIR LA FIANZA DE 1,6 MILLONES


'UM está cerrada'

* La formación afirma que sólo tiene un capital de 150.000 euros
* 'No podrán embargar ninguna sede, todas están en régimen de alquiler'

Europa Press | Palma

La persona designada por el ex presidente de UM Josep Melià para proceder a los trámites de disolución de UM, Toni Llabrés, ha revelado que este partido sólo cuenta con un capital de 150.000 euros, por lo que ha augurado que se embargarán todos los bienes de la formación, en caso de que finalmente, se aplique la fianza de 1,6 millones de euros impuesta por el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en el marco del caso Picnic.

Llabrés ha indicado que, en estos momentos, está en manos de los abogados de UM la decisión de si se recurre o no en los próximos tres días esta fianza fijada después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase la imposición de 1,6 millones en el marco del caso Picnic, que investiga un presunto desvío de fondos públicos desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de nuevos militantes del partido durante la actual legislatura.

No obstante, ha insistido en que UM "no tiene capacidad económica para pagar esta fianza, dado que nunca ha tenido 1,6 millones de euros", por lo que, a su juicio, lo "más lógico", en caso de que se aplique la caución, será el embargo de las cuentas y de los bienes del partido político.

Por otro lado, Llabrés ha subrayado que el juez no podrá embargar ninguna sede de UM, dado que todas ellas están en régimen de alquiler y, además, en estos momentos, se están rescindiendo los contratos con los propietarios, tras la decisión adoptada el pasado 28 de febrero por el Consell Nacional de fulminar su Ejecutiva, cambiar de sede y pasar a denominarse Convergència per les Illes Balears.

Con independencia de lo que decida el juez, ha recalcado que tras las próximas elecciones municipales, insulares y autonómicas del 22 de mayo, se reunirá el Consell Nacional de UM, con el fin de convocar un Congreso Extraordinario, de cara a decidir el futuro de este partido político, incluyendo sus bienes y sus siglas.

En este sentido, ha desvelado que la idea inicial es articular un sistema para mantener el partido en "invernación o en stand by", de cara a impedir que cualquier entidad o fundación tome el nombre de UM "en contra de la imagen" de esta formación política. No obstante, ha remarcado que la decisión de mantener UM en el registro de partidos políticos estará en manos de los afiliados.

Por otro lado, ha admitido que desconoce que esta tarde se celebrara a las 20.00 horas una reunión de una docena de dirigentes del Consell Nacional de UM para elaborar un documento, mediante el cual se inste a Melià a cumplir los estatutos de la formación, de forma que nombre una gestora, que se encargue de liquidar o continuar con este proyecto político.

"Nadie de este grupo se ha dirigido a mí anunciándome que hoy tenían una reunión", ha subrayado, al tiempo que ha recordado a este grupo, conformado entre otros, por Maria José Rodríguez y Josep Lliteres, que el pasado 28 de febrero tuvo lugar un Consell Nacional en el que se acordó "cerrar UM" y facultarle a él para llevar a cabo los trámites burocráticos (rescindir contratos de alquiler de las sedes y pagar las facturas y las nóminas a los empleados), de cara a cumplir este objetivo.

Cierre de las sedes de UM'
En este sentido, ha aseverado que, al igual que en el resto de sedes, la de Palma, ubicada en la calle Sindicat, también ha cesado su actividad política, para evitar "costes innecesarios", si bien ha recordado que se debe mantener el registro de bajas y altas de los afiliados a UM.

Llabrés ha señalado que, en estos momentos, está tratando de negociar con los propietarios de las sedes las indemnizaciones que UM les debe pagar por rescindir los contratos sin preaviso, con el fin de "intentar perjudicar lo mínimo posible al patrimonio del partido político". No obstante, ha apuntado que, en caso de que se produzca el embargo, se abre el "interrogante" de cómo se van a pagar estas indemnizaciones y los meses pendientes.

"Si se bloquean las cuentas no se va a poder pagar nada", ha advertido, al tiempo que ha remarcado que él se está encargando de toda esta situación de manera "altruista" e incluso "perdiendo salud, dinero y peleándome con gente que creía que eran mis amigos".

Pese a que ha reconocido que Melià está centrado en su proyecto de Convergència per les Illes, ha destacado que el ex presidente de UM le está "apoyando" en su labor, dado que "comprende la situación y, por tanto, no se está desatendiendo". "No me quejo, en absoluto, del apoyo recibido por parte de la inmensa mayoría de los militantes de UM, sino de la actuación de algunos, cuyas formas no las comparto", ha afirmado, en referencia a la toma de la sede el pasado viernes de algunos afiliados de UM, situación que ha calificado de "surrealista".

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miércoles, 30 de marzo de 2011

"OPERACIÓN XORIGUER"; DETENIDO EL EXALCALDE DE CIUTADELLA POR CORRUPCIÓN

A. M. - Palma

La Fiscalía Anticorrupción destapó ayer su primer caso en Menorca, la Operación Xoriguer, en la que fueron detenidos el exalcalde Llorenç Brondo, un exteniente de alcalde de Urbanismo y un exedil de Turismo así como tres empresarios por malversación de caudales, falsedad y prevaricación. Entre los empresarios inculpados se hallan dos gestores de Mallorca que coparon contratos.

La investigación se centra en la adjudicación de proyectos y servicios del ente Turismo Ciutadella (Citur), del Ayuntamiento de Ciutadella.

El exalcalde Llorenç Brondo, que gobernó entre 2003 y 2009, fue detenido junto al actual concejal Gabriel Cardona, exresponsable de Turismo -que pasó del PP al Grupo Mixto-, y al exteniente de alcalde de Urbanismo Avel.lí Casanovas, exlíder del PP local y exconsejero insular. Casanovas está pendiente de un juicio por otro causa de supuesta corrupción en la compraventa de un solar público.

En las investigaciones se cuestiona la gestión en Citur en el plan de mejora turística y en obras del llamado Plan Mirall [Espejo]. Las partidas analizadas suman cientos de miles de euros y corresponden al mandato municipal del PP, hasta marzo de 2009, cuando el PSOE se hizo con la alcaldía con una moción de censura tras la ruptura del grupo conservador.


elpaís.com

LOS PERITOS CONSTATAN QUE LOS FABRA DEFRAUDARON 1,5 MILLONES

Solo logran acreditar el 9% de sus ingresos no justificados

MARÍA FABRA - Castellón

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su entonces esposa, María Amparo Fernández, defraudaron a Hacienda 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004. Al menos así lo constatan los peritos judiciales en un segundo informe presentado ante el juzgado número 1 de Nules, en el que se instruye el caso Fabra.

El presidente del PP de Castellón ingresó 3,3 millones de origen desconocido

Fabra ha aclarado solo el origen de 332.565 euros, es decir, el 9% del total de 3,7 millones que los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, le imputaban como ingresos no justificados en sus cuentas.

La documentación presentada por el dirigente del PP sobre algunos de sus ingresos ha llevado a que los peritos modifiquen las cantidades que, a su juicio, fueron defraudadas por Fabra y su exesposa. En su informe, determinan que Fabra dejó de ingresar algo más de 890.000 euros, en lugar de los 980.000 de los que le acusaron en principio, mientras que en el caso de María Amparo Fernández, las arcas públicas dejaron de percibir poco más de 685.000 y no los más de 750.000 que le atribuyeron en un principio. Es decir, entre ambos, el supuesto fraude es de 1,5 millones de euros y no de 1,7, como se cifró al principio.

Tras las conclusiones de aquel primer informe pericial, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.

En diciembre, cuando tras siete años de instrucción el titular del juzgado que instruye la causa quería dar por cerradas las diligencias, Fabra presentó ante el juzgado dos informes, realizados por un auditor, que considera justificados todos los ingresos, a la vez que niega que se trate de dinero de procedencia no justificada, sino que, según indica, son movimientos entre las cuentas de los titulares investigados.

Además, el también presidente del PP de Castellón presentó varios documentos "que se han conseguido en el breve plazo conferido", tal como indicó en su comunicación al juzgado. El juez remitió a los mismos peritos la información y les otorgó un plazo de dos meses para que "procedan a hacer las modificaciones y rectificaciones oportunas", tal como han realizado ahora.Los ingresos de origen no justificado del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su omisión en las declaraciones tributarias supusieron un fraude a la Hacienda Pública concretado en cuatro delitos fiscales. Así concluyen los peritos judiciales que ya han presentado ante el juzgado número 1 de Nules su segundo informe, tras modificar el primero una vez estudiada la información aportada por el propio Fabra.

Los peritos han rebajado de cinco a cuatro estos delitos imputables a Fabra, una vez considerada la documentación presentada por el presidente de la Diputación de Castellón para rebatir las acusaciones de fraude cometido entre 1999 y 2003.

El primer informe pericial destapó la comisión de cinco presuntos fraudes fiscales atribuibles a Fabra, mientras que señaló a su ahora exesposa, María Amparo Fernández, como responsable de otros cuatro delitos, cometidos en 1999, 2000, 2001 y 2003. En el segundo informe, los peritos rectifican sus acusaciones e indican que la documentación aportada hace descartar, para ambos, la acusación sobre el ejercicio de 2001.

Los documentos aportados han hecho variar, según el informe, las cantidades consideradas como omitidas en las declaraciones tributarias durante todos los años de investigación, entre 1999 y 2004, excepto en uno, 2002. Así, en el caso de Fabra, los peritos indican que la información aportada por el presidente de la Diputación de Castellón rebaja de 253.000 a 231.000 la cantidad defraudada en 1999. Para el ejercicio de 2000, el supuesto fraude fue de 124.000 y no de 158.000, mientras que en 2004 Hacienda dejó de ingresar 85.000 euros (que no constituye delito) y no los 94.000 inicialmente calculados. Sin embargo, el estudio de la información que Fabra llevó al juzgado ha hecho que los peritos aumenten la cantidad supuestamente defraudada en 2003 ya que, en el primer informe se le atribuía un fraude de 158.000 euros mientras que ahora lo han elevado a 163.000.

Tal como explican en el documento, los peritos han realizado el informe, que sustituye al anterior, considerado la información que contenían los "contrainformes" presentados por el auditor de Fabra, la documentación aportada posteriormente, los errores detectados y "la depuración de inexactitudes apreciadas".

En cualquier caso, aún no se ha determinado si las acusaciones de fraude fiscal sostenidas por los peritos llevarán al juzgado a Fabra, también acusado de tráfico de influencias y cohecho. Tras la imputación de los delitos fiscales, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que estos habían prescrito, a excepción del supuestamente cometido en 1999 porque, en este caso, existió una denuncia previa de la Agencia Tributaria. La diferencia con el resto estriba en que los otros fraudes fueron detectados tras la investigación pericial realizada sobre las cuentas y patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, a raíz, precisamente, de las otras imputaciones judiciales, iniciadas después de que el empresario Vicente Vilar acusara a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Tanto la fiscalía como la acusación popular recurrieron la decisión de la Audiencia de Castellón de declarar prescritos los delitos fiscales posteriores al de 1999 y ahora es el Tribunal Supremo el que ha de decidir si Fabra puede ser juzgado por ellos o no.

La Abogacía del Estado consideró que la decisión de la Audiencia no era recurrible y, tras comprobar que los de las otras partes sí eran admitidos, presentó uno, fuera de plazo. Esta actuación provocó numerosas críticas a las que se respondió alegando que los intereses de la Hacienda Pública estarían igualmente representados con la adhesión al recurso del fiscal.

Ahora, la Asociación de Abogados del Estado ha defendido la actuación de su compañera en Castellón y considera que "no cabe atribuir negligencia alguna en la decisión de no interponer el recurso de casación".

Las claves del caso

- Favores políticos. El caso Fabra se inició en 2003 tras la acusación de un empresario de que el presidente del PP de Castellón había cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

- Imputación. El juez imputó al presidente de la Diputación de Castellón los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

- Cruce de datos. Una investigación judicial cruzó los datos de sus ingresos en cuentas y su patrimonio con los bienes declarados entre 1999 y 2004.

- Origen no justificado. Carlos Fabra presentó documentación para rebatir la acusación de haber ingresado más de tres millones de euros sin origen justificado.

- Siete delitos. Los peritos judiciales han concluido que Fabra y su exesposa cometieron siete delitos fiscales y defraudaron más de 1,5 millones de euros.

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO DA EL PRIMER PASO PARA ABRIR JUICIO ORAL CONTRA PEPOTE Y MOISES

Efe | Palma

El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha dado hoy el primer paso para abrir juicio oral contra el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester y el exgerente del velódromo Jorge Moisés, al concluir la instrucción de la pieza de la causa referida a un estudio de accesibilidad.

El juez Castro ha dictado hoy el auto de pase a procedimiento abreviado -fin de la instrucción- por la pieza número 12 de las 25 en que está dividido este caso de supuesta corrupción durante la pasada legislatura del PP.

Tras el auto notificado hoy, el juez pasa el caso a la siguiente fase judicial, en la cual la Fiscalía, la acusación de la Comunidad y las defensas deberán presentar sus escritos o pedir el sobreseimiento de la causa.

La pieza versa sobre un contrato menor de 12.000 euros a favor de Moisés cuando era gerente del consorcio para la construcción del velódromo Palma Arena, por el que se le encargaba un estudio sobre accesibilidad de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad en las instalaciones deportivas de Baleares.

Según sostenía el juez Castro en otro auto en el que se refería a esta pieza, Moisés "carecía de formación" para elaborar este estudio, el cual, según el juez, nunca se hizo, por lo que el contrato sirvió de "ropaje" para gratificar a Moisés, quien, añadía, no se sentía "debidamente retribuido por la labor desplegada" como gerente del consorcio.

Aparte de Pepote y Moisés, también figura imputada en esta pieza la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Presidencia del Govern balear Jane King.


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"CASO PEAJE"; LA JUEZA RECHAZA DESIMPUTAR AL EXCONSELLER DE OBRAS PÚBLICAS

Desvío de dinero público

Esteban Urreiztieta | Palma

El Juzgado de Instrucción número 5 de Palma acaba de rechazar la petición del histórico líder de Unió Mallorquina (UM) Antonio Pascual de ser apartado de la investigación del desvío presupuestario de la carretera de Manacor, conocida como 'caso Peaje'.

La juez Ana San José arguye que la instrucción no está concluida todavía y que la Fiscalía Anticorrupción tiene solicitadas numerosas pruebas que todavía no se han llevado a cabo.

En esta causa se investigan supuestos desvíos de dinero público hacia obras privadas facturadas como si fueran parte de los trabajos de desdoblamiento de esta vía, construida en la pasada legislatura.


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PRORROGAN UN MES EL SECRETO DEL SUMARIO DEL "CASO ASTAPA" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Corrupción en el Ayuntamiento de Estepona

Efe | Málaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha decidido prorrogar un mes más el secreto del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, según han informado a Efe fuentes judiciales.

La decisión está motivada por la actividad que desarrolla la Policía para la elaboración de posteriores informes y el análisis de documentación relevante.

El último levantamiento parcial del sumario tuvo lugar a finales de octubre, y hasta la fecha se ha decretado el levantamiento del secreto de las actuaciones en cinco ocasiones.

El caso 'Astapa', que se inició el 17 de junio de 2008, suma más de setenta imputados, entre los que figuran el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y ocho ediles de la corporación municipal.


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"CASO MINUTAS"; APLAZAN LA SESIÓN DEL JUICIO POR ENFERMEDAD DE UN JUEZ

Audiencia Provincial de Málaga

Efe | Málaga

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha aplazado para el próximo 15 abril la sesión fijada para este jueves del juicio del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella, por enfermedad de un magistrado que compone el tribunal.

El 15 de abril, la sesión será de mañana y tarde y en ella el fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, expondrá su informe final después de que el pasado 18 de marzo presentara sus conclusiones.

El Ministerio Público elevó de 13 años y medio a 30 la petición de cárcel para el abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, al considerar que "tuvo una posición de dominio sobre el hecho delictivo" que impide la atenuación, y que "participó en la toma de decisiones".

Pedro Apalategui, el abogado defensor del letrado y presidente del Sevilla FC, Jose María del Nido, ultima su informe final para rebatir las conclusiones del fiscal, aunque no tendrá que hacerlo hasta después de Semana Santa y previsiblemente necesitará dos días.

Después de que el abogado de Del Nido exponga al Tribunal sus argumentos para pedir la absolución de su cliente, le seguirán las otras defensas, entre ellas la del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al que el fiscal también le ha elevado la petición de cárcel de 16 años y medio a 28 años.

Del Nido está acusado de cobrar más de seis millones de euros en minutas y el fiscal mantiene que trabajó estrechamente primero con el fallecido Jesús Gil y luego con Muñoz.

El presidente del Sevilla FC está acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, un delito societario y otro de deslealtad profesional.

Para Muñoz, las acusaciones son de prevaricación administrativa, malversación, fraude, prevaricación en órgano colegiado y delito societario.

Además de Muñoz y Del Nido, entre los encausados se encuentran el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, quien se enfrenta a seis años de cárcel por un delito de fraude en concurso ideal con malversación, cerca de una decena de exconcejales y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes.

El origen de este proceso es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, donde consta que Del Nido facturó entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.

La Fiscalía vio "abundantes y evidentes indicios" de que Muñoz y Del Nido realizaron una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".


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"CASO MALAYA"; LA POLICÍA RATIFICA QUE EXISTÍA UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE ROCA

Europa Press | Málaga

Uno de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), especializado en blanqueo de capitales, ha ratificado este miércoles las acusaciones que sostiene el fiscal Anticorrupción respecto a la existencia de una organización puesta al servicio del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca.

El agente, responsable en Madrid de uno de los grupos de dicha unidad cuando comenzó la investigación, ha seguido su declaración como testigo en el juicio del caso 'Malaya' y ha ratificado los informes elaborados por él en el transcurso del procedimiento. No obstante, el interrogatorio continuará el próximo lunes con las preguntas de las distintas defensas.

A los criterios de permanencia en el tiempo, finalidad delictiva y existencia de una jerarquía interna que, según la acusación pública, se dan en este caso y justificarían la afirmación de la existencia de una "organización criminal", el testigo ha añadido otros dos, como son "la distribución de tareas y la pluralidad de personas". Asimismo, se ha referido a los distintos acusados.

En el caso del gabinete jurídico, ha señalado que desde el punto de vista policial, se encarga de "organizar una estructura societaria bastante compleja que ha ido evolucionando en el tiempo, con las participaciones suscritas por los letrados que forman el bufete", destacando que "en ningún caso ha figurado Juan Antonio Roca de una manera formal como su titular final".

Ha asegurado que se utiliza la fiducia, "que dirigía o gobernaba el gabinete, en concreto, parece ser que Manuel Sánchez Zubizarreta", así como la interposición de personas como socios o administradores de las sociedades, y ha recordado que, incluso, en 2005, "cuando se reorganiza la estructura, Roca no aparece, figuran sus hijos como partícipes de cuatro sociedades".

"Si alguien hubiera querido conocer cuál era el patrimonio de Roca no hubiera sido capaz, hubiera tenido que hacer una investigación de carácter económico como la que se ha hecho en este procedimiento", ha indicado el investigador, quien ha apuntado que cuando se registró el despacho "los pasillos estaban llenos de legajos" con asuntos penales relacionados con el principal acusado.

El agente ha indicado que el patrimonio de origen de Roca del que tenían conocimiento "no nos consta que se haya aplicado al desarrollo posterior en el incremento patrimonial", ratificando las manifestaciones del fiscal sobre "una ocultación" real de este patrimonio que, durante al menos unos años, se nutre "de fuentes de ingresos por parte de empresario", que tienen intereses urbanísticos en el municipio.

"Los mecanismos de ocultación obedecen tanto a la reiterada incriminación de Roca en procedimientos judiciales desde hace años como a los comportamientos ilícitos de los que en el seno de este caso hemos tratado de aportar indicios", ha apuntado el investigador, quien ha respondido afirmativamente a la manifestación del letrado del Ayuntamiento sobre si bienes municipales han acabado "bajo el dominio" de éste.

Ha apuntado que no le consta ni que el patrimonio de la sociedad Marbella Inversiones, propiedad de Roca, sea el que dijo éste en su declaración en el juicio ni que estas propiedades se hayan liquidado ni que se hayan transmitido, incluso, ha añadido, "algunas no me constan que se hayan adquirido".

Intervenciones telefónicas
Respecto a las escuchas telefónicas, a preguntas de la acusación pública, ha asegurado que tuvieron "muchos problemas" en la intervención de uno de los teléfonos del acusado Óscar Benavente "porque no éramos capaces de conocer su contenido e, incluso, estuvieron trabajando ingenieros para intentar desencriptarlo y fue imposible".

La defensa de Roca ha continuado preguntando por las escuchas, en concreto por los mandamientos judiciales enviados a las compañías para intervenir los teléfonos. La letrada Rocío Amigo ha cuestionado un oficio que, ha dicho, se remitió a una empresa concreta, respondiendo otra distinta, y el cumplimiento de las fechas de cese de las intervenciones.

Al respecto, el testigo ha asegurado en varias ocasiones que "en ningún caso, que yo conozca, se han efectuado observaciones telefónicas sin autorización judicial" y ha apuntado que "quizá sea un error de pie de página", añadiendo que él realizaba su trabajo en Madrid y esos mandamientos fueron de la Udyco Costa del Sol y no de su unidad.

Respecto al cese de una de las intervenciones, la abogada ha preguntado por qué se fija en febrero y en otro folio del sumario aparecen transcripciones de grabaciones de ese teléfono de marzo, a lo que el investigador ha indicado que "puede ser un error" al transcribirlo al papel, insistiendo en que "no me consta que la Policía haga intervenciones ilegales en este caso".

Ha explicado que, "normalmente, cuando la compañía no tiene el mandamiento de prórroga, cesa directamente la observación telefónica y también puede ser un error de la compañía", indicando que no recuerda si tenían el auto del juzgado ordenando el cese. En este punto, el fiscal ha apuntado que uno de los agentes que ha realizado la mayoría de las solicitudes está citado para declarar como testigo.

Asimismo, la letrada ha cuestionado sobre si se le pidió permiso a su defendido, ya en prisión en ese momento, para realizar el registro en su trastero y el investigador ha indicado: "pregúnteselo al juez instructor que estaba en el registro", añadiendo, tras intervenir el fiscal, que ha puntualizado que no era necesaria esta presencia, que no recuerda si se avisó al letrado defensor.


elmundo.es

LA JUNTA RECHAZA ENVIAR A LA JUEZA DEL "CASO ERE" LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DESDE 2001

El Gobierno andaluz ofrece toda la documentación relacionada con la investigación de los expedientes irregulares

L. LUCIO / J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla 

El Ejecutivo andaluz ha anunciado esta mañana que no entregará a la juez Merecedes Alaya las actas de los consejos de Gobierno de los últimos 10 años, tal y como solicitó la magistrada como parte de la investigación de los presuntos fraudes cometidos en los Expedientes de Regulación de Empleo. El Ejecutivo autónomo entiende que la petición de la juez, dado a conocer en un auto del pasado 21 de marzo, es además de "inédito", "va más allá de lo razonable", al no solicitar de "manera motivada" su requerimiento.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado que los Servicios Jurídicos del Junta de Andalucía consideran imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de todas las reuniones de todos los gabinetes de los últimos años, tal y como había solicitado la juez. Mercedes Ayala acusó al Ejecutivo que dirige José Antonio Griñán de "cierta falta de colaboración". La portavoz ha anunciado que el Ejecutivo andaluz enviará al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompañado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso que nos ocupa". Según Mar Moreno, el Ejecutivo autónomo incumpliría la ley de Gobierno de la comunidad si diera todos los documentos a la juez, ya que el artículo 31. 1 señala: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

El Gobierno regional no considera necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos. Y le ha pedido a la juez Alaya que concrete qué información es la que requiere.

En el caso de que la encargada del caso no acepte esta decisión, será la propia juez la que debe elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. Según la Junta de Andalucía no existe ningún precedente en España de que otro Gobierno haya planteado antes esta discusión.

Mar Moreno, que ha recordado que la Junta está personada en el caso como acusación particular, ha dicho que si la juez le pide los informes concretos, le remitirá certificados de los acuerdos con toda la documentación.

La consejera de la Presidencia ha dicho que no teme las previsibles críticas de la oposición andaluza de que están ocultando datos a la magistrada. "Si tuviéramos algo que ocultar nos hubiéramos ido de inmediato al Tribunal Supremo. Estamos interesados en remitir el documento uno al 2001. Moreno ha dicho que la Junta ha enviado a la juez del caso 150.000 folios con la información que ha pedido y también con el resultado de la investigación abierta por la Consejería de Empleo.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción al que recurren las administraciones públicas que plantean reparos a los diferentes tribunales del país, resolvió el año pasado siete asuntos. La Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno en el País Vasco o el Ayuntamiento de Sagunto plantearon las dudas a este tribunal que preside Cárlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo. El tribunal tiene seis miembros, y junto a Dívar figuran los magistrados José Manuel Bandrés, Octavio Herrero, y tres miembros del Consejo de Estado.

Según estas pesquisas, hay 183 irregularidades en el caso de los ERE, de los 72 son intrusos (personas que nunca han trabajado en las empresas y 111 "discordancias administrativas".


elpaís.com

EL EMPRESARIO GREGORI, IMPUTADO EN "BRUGAL", SE DESVINCULA DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Declara ante el juez Carlos San Martín

Efe | Orihuela (Alicante)

El empresario Rafael Gregori, uno de los imputados en la parte del caso Brugal que investiga posibles ilegalidades en la recogida de basuras de Orihuela, ha asegurado ante el juez que no conoce a ningún político o técnico del ayuntamiento oriolano, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Gregori ha declarado hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 3, Carlos San Martín, por su presunta relación con las irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la ciudad de Orihuela, aunque ha rechazado responder al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y a las partes, y sólo ha contestado a las preguntas de su propio abogado.

Gregori ha sostenido que no conoce a ningún político o técnico del ayuntamiento de Orihuela e, incluso, que "nunca" ha entrado en el edificio consistorial de esta ciudad.

Además, ha relatado que ni él ni ninguna de sus empresas de automoción ha vendido ningún vehículo a la unión temporal de empresas (UTE) que se hizo con el concurso de las basuras de Orihuela, formada por Liasur, Gobancast y Sufi.

El empresario ha asegurado al juez que no sabe por qué está imputado en este caso ya que considera que no tiene relación alguna.

Además de esta causa, Gregori, responsable de la empresa de automoción Autisa, ha sido imputado por un supuesto aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la parte del Brugal que investiga las irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja.

También está imputado en la pieza separada del Brugal que lleva el juzgado de instrucción número 4 de Alicante en torno a su supuesta participación en la financiación ilegal de la Fundación Hércules, órgano que presidió durante algún tiempo.


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"CASO PALMA ARENA"; PIDEN UNA FIANZA CIVIL DE 1,6 MILLONES PARA EL EX CONSELLER FRANCESC FIOL

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el ex conseller de Educación y Cultura Francesc Fiol (PP), por su supuesta implicación en la adjudicación presuntamente irregular del anteproyecto para la construcción del Palacio de la Ópera en Palma al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

Así lo han confirmado a fuentes jurídicas, que han recordado que por su condición de aforado, el juez José Castro elevó esta pieza al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que, en principio, se negó a asumir la investigación de esta causa hasta que la Fiscalía no reclamara la fianza civil para Fiol.

De este modo, las citadas fuentes han señalado que tras solicitar la citada fianza de 1,6 millones de euros, el juez Castro elevará la pieza separada del Palma Arena al TSJB para que asuma su investigación y determine si decreta o no la petición de caución contra el diputado 'popular' Francesc Fiol.

Precisamente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJB había rechazado este lunes asumir la pieza del caso Palma Arena relacionada con la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava, al alegar que las acusaciones no habían solicitado aún, pese a haberlo anunciado, una fianza de responsabilidad civil contra Fiol.

El ex conseller de Educación y Cultura declaró por esta pieza ante el Juez Castro el pasado 11 de febrero, cuando defendió, en calidad de imputado, la "más estricta legalidad" con la que se efectuó el expediente de contratación del arquitecto Santiago Calatrava para el anteproyecto de construcción de un palacio de la ópera en Palma, y negó, por tanto, que se incurriese en un fraude de Ley a través de esta adjudicación por valor de 1,2 millones de euros.

Fiol apeló a que la forma como se llevó a cabo el procedimiento estaba "perfectamente previsto" en las Leyes procesales y, de hecho, contó con un informe externo favorable, el de dos arquitectos del Ejecutivo balear y el de "la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso".


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LA JUEZA DEL "CASO VOLTOR" TAMBIÉN REBAJA A 30.000 EUROS LA FIANZA DE BUILS

Había pagado 100.000 euros

    * El lunes ya anunció su decisión de rebajar la caución de Nadal en 70.000 euros
    * Abrines mantiene a medida a Buils de no salir del país sin autorización judicial

Efe | Palma

La juez del "caso Voltor" ha rebajado la fianza de cien mil euros a 30.000 impuesta inicialmente al ex conseller de Turismo del Govern balear durante esta legislatura Francesc Buils (UM) al considerar que no hay riesgo de fuga ni que pueda dificultar la investigación la misma decisión que tomó el lunes sobre Miquel Nadal.

En este caso se investigan supuestos desvíos de fondos irregulares durante la actual y pasada legislaturas desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares, gestionado por miembros UM y dependiente de la Conselleria de Turismo del ejecutivo autonómico.

En el auto dictado por la jueza María del Carmen Abrines se mantiene la medida a Buils de no salir del país sin autorización judicial, así como la retirada del pasaporte.


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"CASO CITUR"; SOSPECHOSAS COINCIDENCIAS

Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido empezar las detenciones y los registros por el caso Citur tan sólo un día después de que el juez archivara la única acusación de cohecho que mantenía contra Jaume Matas. Y eso que el caso llevaba encima de la mesa desde febrero de 2010, fecha en que se entregaron las conclusiones. ¿Por qué han tenido el caso dormido tanto tiempo? ¿A qué estaban esperando? ¿Acaso hoy, el mismo día que declara el socialista Triay, es el momento adecuado?

Los mismos fiscales que no quisieron desplazarse a Ibiza para investigar el caso Ibiza Centro que afecta al PSOE son los que ahora no han dudado en viajar hasta Menorca para destapar un caso que afecta al PP. Ambos casos, el menorquín y el ibicenco son de corrupción, y sin embargo, la Fiscalía no ha salido Mallorca hasta ahora. Una nueva coincidencia, pues, que decidan coger un avión, aunque sea con un año de retraso. ¿Será que los fiscales se desplazan según el color político de la investigación?

Más sospechosas coincidencias: Los registros en Ciutadella se dan justo en un momento en que las encuestas dicen que el PSOE está a punto de perder un diputado en Menorca. Esto vuelve a politizar la actuación de una Fiscalía que, repetimos, ha tenido el caso dormido hasta ahora, momento en que las estadísticas apuntaban a una ruptura del equilibrio PP-PSOE que existe en el consistorio menorquín.

Con todo esto, no es de extrañar que el PP tenga la mosca detrás de la oreja y diga que miembros de la justicia actúan a las 'órdenes' del Gobierno, que los fiscales ejercen con una doble vara de medir según sea el color del caso en cuestión.

Aten cabos: El caso Citur salta sólo un día después de archivar la única acusación de cohecho contra Matas; el mismo día que declara el socialista Triay; el caso llevaba un año encima de la mesa del Fiscal Anticorrupción; la Fiscalía jamás viajó hasta Ibiza por el Caso Ibiza Centro y sí lo ha hecho hasta Menorca, aunque con más de un año de retraso.
 
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"CASO CITUR"; DETIENEN AL EX ALCALDE DE CIUTADELLA EN UNA NUEVA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN

Dos guardias civiles permanecen junto a la oficina de turismo de Ciutadella | Myriam Traid
El mismo día en que declara Triay
 
    * También ha sido arrestado el ex presidente del PP, Aveli Casasnovas
    * También registran una empresa en Palma por su posible vinculación
    * Ya hay seis detenidos y cuatro imputados


Agustin Sintes | Agencias | Palma

El ex alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo, y el ex presidente del Partido Popular, Aveli Casasnovas, han sido detenidos esta mañana en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado nº2 de Ciutadella. Se espera que en las próximas horas sea detenido el ex concejal de turismo, hoy concejal del Grupo Mixto, Gabriel Cardona.

La operación anticorrupción, puesta en marcha hoy por la Fiscalía en Menorca y conocida como "Xoriguer", se ha saldado por el momento con seis detenidos, cuatro de ellos en Menorca y dos en Palma, según han informado fuentes de la investigación.

Los detenidos en Menorca son el ex alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo, los ex tenientes de alcalde de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, y Turismo, Gabriel Cardona, y Juan Manuel M.G.

Por su pare, los dos arrestados de Palma son Daniel A.F. y Javier Arturo L.L., ambos relacionados con la empresa SAB, registrada esta mañana por la policía judicial.

En cuanto a la identidad de los cuatro imputados, que no ha sido facilitada, correspondería a funcionarios municipales implicados en las operaciones y contratos que ahora investiga la Fiscalía.
 
Todas las detenciones se han realizado por orden de la titular del Juzgado número 2 de Ciutadella que instruye las diligencias incoadas por Anticorrupción por las irregularidades en la gestión del área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella durante el periodo 2003-07, bajo el mandato del PP.

Una comisión judicial, encabezada por el fiscal Pedro Horrach, se ha desplazado a Menorca para registrar el Ayuntamiento de Ciutadella, donde ha intervenido documentación del ente público Ciutadella Turisme y de forma simultánea ha realizado las tres detenciones.

Una comisión judicial investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsificación documental. Efectivos judiciales han entrado a las 9 de la mañana en las dependencias municipales. La alcaldesa, la socialista Pilar Carbonero, ha estado presente en todo momento.

Los registros ocurren el mismo día en que declara el socialista Francesc Triay por el caso Puertos.

Citur organismo municipal creado en la anterior legislatura por el gobierno municipal del PP para gestionar los fondos del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDTP) del municipio. Fue objeto de una comisión de investigación, impulsada y presidida por Joan Triay, de UPCM, tras haber roto el pacto de gobierno con el que arrancó esta legislatura. Las 59 conclusiones de la comisión de investigación determinaron la existencia de una trama delictiva que se dedicaba a inflar los importes de los contratos siempre a través de las mismas empresas y fueron entregadas en febrero de 2010 a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

Aparte del consistorio de Ciutadella, la policía también registra una empresa en Palma vinculada a este nuevo caso de supuesta corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha desplazado una comisión judicial a Menorca, encabezada por el fiscal Pedro Horrach, para realizar un registro en el consistorio e intervenir la documentación del ente público Ciutadella Turisme (Citur).

Desde hace varias semanas, los fiscales investigan el presunto amaño de concursos públicos tras haber incoado diligencias por los delitos de malversación de fondos públicos y la falsificación de documentos públicos.

Estas diligencias fueron incoadas por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ciutadella tras haber recibido la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones aprobadas el 14 de diciembre de 2009 por la comisión municipal, presidida por el concejal Juan Triay, que investigó la gestión del área de Turisme durante el mandato del anterior gobierno municipal del PP, entre 2003 y 2007.

La "comisión Citur" aprobó 59 conclusiones con irregularidades en el área municipal de Turisme, cuyo responsable fue el teniente de alcalde Gabriel Cardona, que abandonó el PP en agosto de 2008 y hoy es concejal del Grupo Mixto.

El pleno del ayuntamiento de Ciutadella acordó por unanimidad, el 11 de febrero de 2010 remitir a la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones, avaladas por 101 documentos. El concejal Cardona se abstuvo.

En julio de 2010, el partido Unió d'es Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) registró en los Juzgados de Ciutadella una querella en la que asumió los resultados de la comisión municipal de investigación.

El presidente de UPCM, Juan Triay, calificó los hechos constitutivos de siete presuntos delitos y pidió que se dirigiese la acción penal contra cinco querellados, de los que desveló la identidad del exalcalde Llorenç Brondo, Gabriel Cardonal, y el exteniente de alcalde de Urbanismo Avel·lí Casasnovas.


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martes, 29 de marzo de 2011

LA GUARDIA CIVIL RESPALDA AL CABO QUE ALERTÓ DE LAS FACTURAS FALSAS EN BAENA

El guardia civil Pablo Muñoz acude al juzgado a prestar declaración. | Madero Cubero
CÓRDOBA | El gobierno local lo denunció a la Dirección General

    * El Instituto Armado afirma que el PSOE local utilizó "argucias" contra el cabo
    * El gobierno municipal socialista de Baena remitió un escrito de denuncia

Toñi Caravaca | Córdoba

La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha resuelto que el cabo primero que puso al Instituto Armado sobre la pista de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Baena, Pablo Muñoz, no ha cometido ninguna infracción disciplinaria de las que el PSOE local le ha querido imputar en respuesta a una acción judicial de éste contra el gobierno municipal.

El cabo demandó al alcalde Luis Moreno, y a los tenientes de alcalde Jesús Rojano, María Jesús Serra y José Calvo por las declaraciones públicas realizadas después de que EL MUNDO destapara en enero de 2009 el conocido como 'caso de las facturas falsas de Baena'. En respuesta a esta acción, el gobierno socialista remitió un escrito a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social –que archivó la denuncia- y a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil acusando a Muñoz de numerosas faltas graves con el objeto de que éste fuese sancionado.

Sin embargo, el director general de la Benemérita en Andalucía, Francisco Javier Velázquez, ha descartado ese extenso listado de imputaciones ordenando la incoación del expediente disciplinario por la posible comisión de una falta muy grave conceptuada genéricamente como "desarrollar cualquier actividad que vulnera las normas sobre incompatibilidades". El procedimiento ha sido instruido por el asesor jurídico de la Guardia Civil en Andalucía, quien en su propuesta de resolución ha entendido que no existieron elementos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al cabo.

Cabe recordar que la esposa de Pablo Muñoz, que es contable, le explicó que en su trabajo se estaban haciendo facturas falsas para el Ayuntamiento de Baena. Entonces éste fue a hablar con su jefe, el empresario, para explicarle que lo hacía era un delito y se limitó a ponerlo en contacto con los guardias civiles competentes en este asunto. Muñoz prestaba en ese momento sus servicios en la unidad antidroga de la Policía Judicial, por lo que no participó en la investigación de la trama. A pesar de ello, el alcalde Luis Moreno siempre ha mantenido que el 'caso de las facturas falsas' forma parte de una trama urdida por IU con la colaboración necesaria de la Guardia Civil. El cabo de la Benemérita es hermano de la edil de IU María Jesús Muñoz, que ejerce la acusación particular en este asunto.

Pablo Muñoz denunció, en una entrevista concedida a ELMUNDO.es, que el entorno del alcalde había desplegado una campaña de acoso y derribo contra su persona hasta el punto de acusarlo ante la Dirección General de vulnerar el régimen de incompatibilidades "al estar trabajando para la empresa Baenex como agente comercial", a pesar de "estar de baja médica por motivos psicológicos".


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LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ASUME LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA DE LOS ERE

Decisión de la fiscal jefe de Sevilla

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha asumido la investigación de las supuestas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta, frente a la primera decisión de que se encargase del asunto el fiscal asignado al juzgado de instrucción 6.

Fuentes de la Fiscalía de Sevilla han dicho que la fiscal jefe ha decidido asignar el caso al fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, Juan Enrique Egocheaga, dado que las normas internas prevén dicha responsabilidad para casos de corrupción de elevada cuantía, como aparentemente ocurre con los ERE.

Egocheaga ya se encargaba del 'caso Mercasevilla', origen de las actuales diligencias y que investiga, en cuatro sumarios distintos, delitos de petición de comisiones, delitos societarios y la venta fraudulenta de los terrenos del mercado central.

La juez de instrucción acordó, además, la semana pasada unir las diligencias por los ERE de la Junta con el que mantenía abierto por los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007

BÁRCENAS DICE QUE ÉL PAGÓ SUS VIAJES Y QUE LOS CONTRATOS CON "GÜRTEL" ERAN LEGALES

Luis Bárcenas, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. | Roberto Cárdenas
Comparece ante el instructor de la trama madrileña

    * El ex senador y tesorero del PP niega ante el juez las imputaciones
    * Asegura, además, que el delito fiscal del que se le acusa ha prescrito
    * Dice que viajaba mucho a Suiza para esquiar, no para trabajar para la trama
    * Un informe de la Policía dice que Correa le regaló viajes por 133.262 euros

Europa Press | Servimedia | Madrid

El ex tesorero nacional del PP y ex senador por Cantabria Luis Bárcenas ha manifestado durante su declaración ante el magistrado del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, que pagó los viajes de carácter particular que realizó entre 2001 y 2002 de su propio "bolsillo" y ha negado que la trama de Francisco Correa le sufragara los gastos como compensación de su mediación a la hora de adjudicar contratos públicos, han informado fuentes jurídicas.

En concreto, Bárcenas ha explicado que solía viajar mucho a Suiza no para realizar gestiones relacionadas con la trama de corrupción, sino para esquiar y hacer alpinismo, deporte que dijo dominar.

Bárcenas ha llegado solo a la sede del TSJM alrededor de las 9.00 horas y portando un maletín en el que llevaba documentos para aportar al magistrado instructor, entre ellos facturas. Tras escuchar a Bárcenas durante tres horas, Pedreira ha acordado mantener los delitos de cohecho y delitos fiscales que se le imputan sin imponerle ninguna medida cautelar.

Se trata de la segunda ocasión en que presta declaración en la causa por delito fiscal y cohecho, ya que declaró en 2009 ante el Tribunal Supremo, que se inhibió de su parte a favor del TSJM cuando dejó su acta como senador.

Tranquilo y relajado, el ex senador del PP ha alegado que el delito fiscal que se le atribuye está prescrito puesto que se refiere a una actuación relativa a los años 2002 y 2003. Además, ha insistido en que no ha cometido cohecho, puesto que no benefició a nadie con ninguna actuación suya al frente del partido.
 
Pago de viajes
Durante el interrogatorio, las fiscales han inquirido a Bárcenas sobre los últimos informes
incorporados al sumario acerca de la supuesta financiación de sus viajes prestados por empresas de la red, Pasadena Viajes y Gabinete Viajes, a través de compensación de facturas ficticias al PP, al grupo Popular Europeo y al PP de Castilla-La Mancha.

Uno de esos informes, fechado ayer mismo, concluye que Correa regaló viajes por valor de 133.262 euros entre 2000 y 2004 a Bárcenas, su esposa y familiares directos de ambos.

"Pagaba los viajes de mi bolsillo". Así de rotundo se ha manifestado el ex tesorero nacional del PP al ser preguntado por esta cuestión y ha negado que Special Events emitiera facturas falsas a entidades vinculadas al partido.

 
Menciona a Javier Arenas
Así, ha contado que su relación con Special Events se produce porque organizaba los actos del partido. "Se pedía la oferta hasta a seis empresas y un comité analizaba las propuestas", ha narrado y ha indicado que en dicho grupo figuraba Javier Arenas.

Bárcenas ha relatado que mantenía una relación más estrecha con el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que a Correa le conocía por su vinculación al PP, una relación que se rompió en 2004 por causas que no ha precisado.
 
Obra de arte
Asimismo, ha reconocido que su único error fue no incluir en la declaración patrimonial de 2002 la cantidad de un crédito que pidió de 325.000 euros para la compra de un cuadro mediante una operación con Naseiro, que finalmente devolvió porque no se llevó a cabo.

En este sentido, se ha quejado al tribunal acerca de cómo se le puede acusar de tratar de blanquear comisiones a través de esta operación cuando finalmente no se procedió a la adquisición del cuadro del pintor Juan Van der Hammen y León.


Sobre esta operación, las fiscales le han solicitado que acredite que no compró la obra y que identifique al ex tesorero del PP Rosendo Naseiro, quien fue imputado por el Supremo por presunta financiación ilegal por el que fue imputado.
 
Niega ser L.B.
Bárcenas ha negado, igualmente, ser la persona que esta detrás de las siglas 'L.B.' que aparecen en numerosas ocasiones en la contabilidad de los pagos en negro de las empresas de la 'Gürtel'.


El imputado ha dicho tener sospechas fundadas de a quién podrían corresponder en realidad estas siglas.

En concreto, Bárcenas ha preguntado a la fiscal por qué la Policía descarta investigar a otras personas también llamadas Luis y que aparecen, por ejemplo, en unos informes policiales sobre la contratación y ejecución de las obras en las variantes de Olleros de Alba (León) de las que Bárcenas habría cobrado una comisión.

lunes, 28 de marzo de 2011

EL ESCÁNDALO DEL EREGATE; LA JUNTA SUPO EN 2005 QUE VARIAS AYUDAS A LOS ERE ESTABAN INFLADAS

La Intervención alertó a Empleo de un «desfase» de 44,5 millones
 
ANTONIO R. VEGA / SEVILLA

La Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió ya en 2005 a las consejerías de Hacienda, bajo el mando de José Antonio Griñán, y de Empleo, que dirigía Antonio Fernández, de que algunas ayudas para expedientes de regulación de empleo destinadas a empresas, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), estaban infladas. La jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga un fraude relacionado con la gestión de estos fondos por parte de la Junta, que manejó más de 647 millones entre 2001 y 2010, al hallar al menos 72 «intrusos».

El coste real de las pólizas que destinaba el IFA para prejubilar a los trabajadores afectados no cuadraba con la subvención que luego se cargaba en los presupuestos. En algunos casos, el organismo instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo tramitó ayudas por un importe inferior al dinero que se imputaba en las arcas. En concreto, la Intervención pone como ejemplo las ayudas sociolaborales concedidas a la firma textil Hytasal, que se fijaron en 10,5 millones de euros, cuando en realidad «el importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10,28 millones», expone, sin que existan datos objetivos que sustenten el desfase. No se trata de un caso aislado. Después de hacer una selección y examinar 20 convenios de los 144 tramitados por la Junta entre 2001 y 2004, el órgano fiscalizador concluye que «las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de los convenios», por lo que «existen dudas razonables sobre la correcta tramitación de los expedientes no seleccionados». Enumera 18 anomalías, entre otras, que no se daba publicidad a las ayudas, no se exigía a las firmas una memoria justificativa de las mismas, el plazo de ejecución o carecían de «fiscalización previa».

Hacienda hizo caso omiso al informe del órgano fiscalizador, pese a ser avisada con tres informes consecutivos, entre 2005 y 2007, sobre esta y otras múltiples «deficiencias» que cuestionaban el procedimiento para tramitar las subvenciones y advertía descuadres en las ayudas.

Un acuerdo suscrito en julio de 2001 por el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, quien destapó en su declaración policial la existencia de un «fondo de reptiles», puso en marcha este polémico sistema de gestión de los fondos públicos.

La gestión contable de los fondos estaba plagada de sombras. De hecho, la Intervención avisó en 2005 de que el IFA se comprometió a través de convenios con firmas a darles 206,38 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2004, de las cuales 44,46 millones no tenían siquiera «cobertura en los presupuestos de la Junta».
 
«Valor indicativo»
Empleo no sólo conocía desde 2005 que el trámite para dar estas subvenciones era irregular, sino que se armó de argumentos —recurriendo a juristas— para defender su cuestionado sistema de concesión de las ayudas ante el citado órgano fiscalizador. En concreto, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, presentó una batería de alegaciones contra su informe para mantener el «modus operandi» de las ayudas. El viceconsejero, en un informe al que ha tenido acceso ABC, llega a justificar el desvío de fondos a fines distintos a los fijados en los convenios con empresas que regulaban las ayudas a los ERE. Así, defiende que «el Instituto de Fomento de Andalucía, como hizo en determinadas ocasiones, aplicó estos recursos a otras finalidades que las contenían en los propios convenios», ya que éstos tenían un valor «meramente indicativo».


abc.es

"CASO PALMA ARENA"; TSJB RECHAZA EL CASO DE LA ÓPERA PORQUE NO SE HAN PEDIDO MEDIDAS CONTRA FIOL

Efe | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado hoy asumir la investigación sobre el proyecto de la ópera de Palma, que el expresidente balear Jaume Matas encargó al arquitecto Santiago Calatrava, porque no se han pedido medidas contra el diputado autonómico Francesc Fiol (PP).

El juez del "caso Palma Arena" elevó el caso al TSJB indicando que el fiscal y la letrada de la Comunidad Autónoma habían anunciado que solicitarían "en el momento oportuno" la imposición de una fianza por responsabilidad civil para Fiol.

Sin embargo, según ha dictado el Tribunal Superior, "mientras esa petición no se haya planteado y se conozcan su contenido, alcance y fundamentos, no procede asumir el conocimiento de las actuaciones".

El pasado 4 de marzo, el juez del "caso Palma Arena" elevó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la pieza sobre el proyecto de la ópera de Palma para que se investigue al diputado autonómico del PP, que era conseller de Cultura cuando sucedieron los hechos.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ ARCHIVA LA PIEZA CONTRA JOSÉ LUIS MORENO

El empresario tras comparecer ante el juez en Palma | J. Avellà
Esteban Urreiztieta | Palma

El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, ha archivado la pieza contra José Luis Moreno al no considerar acreditado que el empresario sobornara a Jaume Matas para la adjudicación de programas en la televisión pública balear IB3.

Según el relato de los fiscales, desestimado ahora por el juez, durante la gala de inauguración de IB3 Matas recibió de Moreno 250.000 euros "en concepto de soborno por las adjudicaciones de programas y decorados por el órgano de contratación de IB3 a mercantiles vinculadas" al productor. Luis Velasco, ex directivo de una de las productoras de José Luis Moreno, testificó haber visto como el productor televisivo entregaba un sobre a Matas.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; EL EX JEFE DE SEGURIDAD DE ROCA DECLARA QUE NUNCA SUPO DE SU DETENCIÓN

El ex jefe de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel. | Cabanillas
José Carlos Villanueva | Málaga

El ex jefe de de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel, ha declarado este lunes que "nunca" supo nada de la detención del ex asesor urbanístico en el marco del llamado caso 'Saqueo 1', ocurrida en abril de 2002.

Hachuel, que se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio oral del caso 'Malaya', asegura que tampoco supo nada de las numerosas imputaciones que recaían sobre el que fuera su jefe entre septiembre de 2004 y finales de marzo de 2006, cuando el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó los arrestos, incluido el suyo, por la trama de presunta corrupción municipal.

El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, se ha interesado en conocer los pormenores de la compra de ocho teléfonos encriptados que Hachuel adquirió, a 4.000 euros la unidad, para que Roca y algunos de sus testaferros acusados los usaran.

"Eran para evitar que sus conversaciones fueran interceptadas por periodistas, porque en aquel tiempo eran muy habituales ese tipo de escuchas ilegales", ha respondido Hacuel al fiscal cuando se le ha preguntado por los fines que se perseguían con el uso de los terminales.

Este exagente de la Guardia Real ha puesto como ejemplo el caso de "periodistas ingleses encarcelados por interceptar 600 conversaciones de la familia real británica". La tesis del Ministerio Público es bien diferente. Sospecha que Roca de quien pretendía protegerse era de investigaciones policiales o judiciales que desembocaran en la intervención legítima de sus teléfonos, como así ocurrió en el caso 'Malaya'.

Hachuel, que se enfrenta a tres años de prisión y una multa de 100 millones de euros por blanqueo de capitales, ha respondido al fiscal que "si hubiera tenido la más mínima sospecha de que se trataba de impedir el acceso a las comunicaciones de la autoridad judicial, no lo hubiera hecho y no le hubiera proporcionado esos teléfonos al señor Roca".

Como ya desveló EL MUNDO, Hachuel es cuñado del ex secretario general del Partido Andalucista, Julián Alvarez, y comenzó a trabajar con Roca tras la recomendación del líder del PA en Marbella y teniente de alcalde Carlos Fernández, prófugo de la Justicia desde junio de 2006, fecha en la que se ordenó su arrresto.

El acusado encargado de velar por la seguridad del exgerente de Urbanismo fue detenido en la localidad madrileña de Getafe -meses antes de desencadenarse la operación 'Malaya'- junto a Oscar Benavente, uno de los testaferros de Roca. Ambos transportaban en un vehículo 2 millones de euros en metálico, producto de un préstamo en dinero negro efectuado por el empresario también acusado Ismael Pérez Peña. Dichas detenciones fueron posibles gracias a las escuchas telefónicas que ya efectuaba la Policía a instancia del juez Torres.

A lo largo de la declaración de Hachuel también han salido a relucir las labores de inspección de matrículas de vehículos que hacía para Roca: "Era para evitar secuestros y extorsiones a él y a su familia". Asimismo ha recordado el coche bomba que ETA explosionó en Marbella, en junio de 2002, en las inmediaciones del domicilio del entonces responsable municipal de Urbanismo.

"¿Usted hizo gestiones ante Policía, Guardia Civil o Policía Local?", ha preguntado el fiscal a Hachuel. Éste ha respondido que "haría dos llamadas". La acusación pública sostiene que la actividad del responsable de Seguridad no sólo consistía en averiguar datos sobre vehículos que podían investigar a su jefe, sino también personas, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ha llamado especialmente la atención el hecho de que el acusado haya relatado unas amenazas que recibió la familia Roca, mediante un documento anónimo en el que sus cabezas aparecían cortadas "en un montaje tipo collage".

En su afán de negar cualquier conocimiento sobre hechos delictivos relacionados con el GIL, Jaime Hachuel -residente en Marbella desde 1998- ha declarado que tampoco se enteró del sonado robo de sumarios de Jesús Gil, ocurrido en los juzgados de la localidad en agosto de 2001.

Tampoco tuvo noticia del no menos relevante suicidio del agente judicial Francisco Calero. Él fue el único detenido por la sustracción y borrado informático de los expedientes y aprovechó un descuido de la Policía para arrojarse al vacío desde su vivienda, un quinto piso.

El fiscal López Caballero también se ha interesado en conocer el contenido de un cd, incautado a Hachuel, con el título 'conversación IGM'. Son supuestamente las iniciales de la entonces primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. El acusado ha expuesto que lo que él hizo fue "descargar el archivo de un cd", pero no participó en la grabación de dicha conversación.

De la declaración de este acusado se desprende claramente, tal y como consta en el sumario, que Juan Antonio Roca estaba obsesionado con su seguridad personal, así como la protección de sus comunicaciones, tanto en sus oficinas privadas de Maras Asesores como en la sede municipal Planeamiento 2000 S.L. De hecho, encargó a Hachuel hacer barridos para detectar micrófonos ocultos.


elmundo.es

domingo, 27 de marzo de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ INTERROGA ESTA SEMANA AL EX TESORERO DEL PP LUIS BÁRCENAS

EFE

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este martes ante el instructor del "caso Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, que le interrogará sobre sus relaciones con la trama de corrupción de la que, según los informes policiales, podría haber recibido 1.353.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este martes ante el instructor del "caso Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, que le interrogará sobre sus relaciones con la trama de corrupción de la que, según los informes policiales, podría haber recibido 1.353.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos.
 
Inculpado de varios delitos
Pedreira investiga por fraude fiscal y cohecho, entre otros delitos, al exsenador del PP desde mayo pasado, cuando el Tribunal Supremo (TS) devolvió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la causa contra él y contra el exdiputado Jesús Merino una vez que ambos dejaron de ser aforados al renunciar a sus escaños.

En su declaración ante el TS en julio de 2009, Bárcenas negó haber cobrado cantidad alguna de la trama de corrupción y explicó que conocía al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, como un proveedor del partido que empezó a trabajar en 1991 con el PP tras ofrecer sus servicios por carta.

Barcenas, que desde el pasado mes de septiembre está personado en el "caso Gürtel", solicitó a Pedreira declarar de forma voluntaria una vez que se levantó el secreto del sumario, en el que obran varios informes policiales que le atribuyen haber cobrado comisiones de la trama por mediar en la adjudicación de contratos.
 
El informe que desmonta a Bárcenas
Un reciente informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregado al juez da por confirmada la participación "directa" de Bárcenas "en la aceptación de los presupuestos y 'extras' que les presentaban las empresas" de Correa, y dice que en los contratos que firmaban con el PP "existía un margen de beneficios del 61 por ciento sobre el costo real".


eleconomista.es

EL JUEZ IMPUTA A LA ALCALDESA DE ORIHUELA Y SU GOBIERNO POR ADJUDICAR UNA OBRA DESPUÉS DE EJECUTARLA

La empresa beneficiaria es una firma supuestamente vinculada a una concejal del PP, según una denuncia de Los Verdes.-Los populares rechazan la acusación

S. NAVARRO - Valencia 

Un juez de Orihuela ha imputado por supuesta prevariación, malversación de caudales públicos y falsedad a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, y a siete ediles más de su junta de gobierno, por adjudicar una obra (la remodelación de una plaza) después de ejecutarla e inaugurarla. Según una denuncia del Grupo Municipal de Los Verdes, la adjudicataria de la contrata por un importe 34.380 euros fue la firma Ronis 2, propiedad de un miembro de la dirección local del PP y familiar de la concejal de Cultura, Josefa Ferrando.

La imputación de Lorente y sus siete ediles (Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Lidón, Manuel Abadía, Araceli Vilella, Ginés Sánchez, David Costa y Antonio Rodríguez Murcia) se produce a raíz de una denuncia de Los Verdes en los juzgados por los supuestos delitos antes mencionados en las obras de remodelación de una plaza en la partida rural de El Escorratel. La plaza se inauguró el 4 de julio de 2008, y la junta de gobierno aprobó la adjudicación el 25 de julio de 2008.

Según Los Verdes, con motivo de la inauguración, la alcaldesa anunció que las obras habían costado 48.000 euros, "aunque luego se adjudicaron por 34.380 euros", puntualiza Manuel Culiáñez, concejal de Los Verdes.

Lorente y los ediles imputados aún no han comparecido ante el juez, ya que han recurrido la resolución del juzgado ante la Audiencia de Alicante y esta todavía no se ha pronunciado.

La alcaldesa Mónica Lorente ha sido implicada en el caso Brugal (trama vinculada al negocio de la basura) por la Policía y el fiscal, pero no ha sido ni arrestada ni imputada por el juez. Mientras, tres de los ediles ahora acusados en la causa de la plaza (Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez) fueron arrestados y sí están imputados en el sumario de Brugal.

El gobierno popular de Orihuela ha replicado a la denuncia que en las obras de la plaza en la partida rural de El Escorratel se "han cumplido todos los aspectos fundamentales y básicos de la normativa vigente en materia de contratación". En un comunicado, el concejal de Contratación, David Costa (PP), ha indicado respecto a este asunto que se garantizaron "los principios básicos de transparencia y concurrencia previstos para el procedimiento de contrataciones".

El edil popular ha afirmado que "en ningún momento se han malversado fondos", como así queda acreditado en el expediente de la obra denunciada por Los Verdes, en el que se refleja que, "en diciembre de 2007", un técnico de la Concejalía de Infraestructuras justificó y valoró "las obras necesarias para la plaza de El Escorratel" en una memoria.


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LA JUEZA AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A MÁS DE 100 ERE QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEJÓ DE PAGAR

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Mercedes Alaya, la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, ha ampliado sus pesquisas a los 176 ERE que contaron con ayudas públicas entre 2001 y 2010.

El Ejecutivo andaluz ha llevado a cabo una investigación interna sobre los 68 ERE vivos que está pagando actualmente, y en los que ha hallado 183 irregularidades administrativas, entre ellas 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

Sin embargo, la magistrada va más allá y ha ampliado su investigación a todos los expedientes subvencionados por la Junta, incluidos los ERE muertos que el Gobierno autónomo ya finalizó de pagar. La investigación de los ERE se inició tras detectar irregularidades en la empresa Mercasevilla. Ahora, la policía ha recabado en Barcelona, Sevilla y Jerez la documentación de miles de trabajadores prejubilados en 176 expedientes en las consultoras que han tramitado estas ayudas: Vitalia, que gestionó 120 ERE, y Uniter, encargada de 56 expedientes desde 2001.

La ingente información incluye las pólizas y boletines de adhesión (cuadro de pagos) de miles de trabajadores prejubilados. Curiosamente, el PP volvió a pedir ayer que la investigación de la Junta se extienda a los ERE que ya están caducados. El secretario general popular, Antonio Sanz, calificó de "indecencia" que la Junta dé por finalizada las pesquisas internas.

"La documentación que deberá intervenirse será toda la relativa a las pólizas de seguros de rentas colectivas (...) que hayan sido financiadas o cofinanciadas por la Junta", aclara la juez en un auto del pasado 20 de enero. Sobre la inclusión en los expedientes de los intrusos, un día antes la policía, que ya ha detenido a 15 personas de la trama, aclara: "Gran parte de estos fraudes han sido llevados a cabo por empleados de la compañía mediadora Vitalia". Mientras, la Junta cumplió ayer con el plazo de 48 horas que la juez había dado para enviar más información, sobre todo informes de la Intervención General.

elpaís.com

MILES DE VALENCIANOS EXIGEN LA DIMISIÓN DE CAMPS EN LA MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Manifestación contra la corrupción en Valencia. | V. Bosch
POLÍTICA | La manifestación ha recorrido el centro de Valencia

* La protesta fue convocada por un colectivo cívico en las redes sociales
* Sin embargo, los partidos de la oposición han respaldado esta cita
* La protesta ha finalizado ante el TSJ, donde se instruye el caso Camps
* El PP denunció la manifestación por 'injurias graves' contra su líder
* 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', uno de los lemas coreados

Valencia

Miles de personas han recorrido este sábado este sábado las calles de Valencia en la manifestación convocada por el 'Col.lectiu contra la corrupció' bajo el lema 'No volem un lladre de president' ('No queremos un ladrón de presidente').

Finalmente, la marcha ha arrancado con normalidad a pesar de que el PP denunció la protesta por un presunto delito de "manifestación ilícita" e "injurias graves con publicidad" contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. No obstante, este viernes la juez rechazó la aplicación de medidas cautelares en contra del criterio de los 'populares'.

Tras la pancarta 'No a la corrupción, Camps dimisión', la cabecera de la manifestación ha partido a las 18 horas desde la Plaza de san Agustín en dirección a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se ha leído un manifiesto.
 
Respaldo de la oposición
Según los organizadores, cerca de 60.000 personas se han unido a esta protesta, convocada hace más de un més por un colectivo ciudadano a través de las redes sociales Aunque la cita se ha capitalizado a nivel político por grupos como Iniciativa (con Mónica Oltra, Mirella Mollà y Joan Ribó a la cabeza) o Els Verds. Además,ha contado con el respaldo expreso de partidos de la oposición como Compromís y Esquerra Unida.

La presencia de dirigentes del PSOE también ha sido destacada. No han faltado el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ni el síndico socialista en las Cortes, Ángel Luna, que será juzgado por encubrimento. La todavía portavoz del PSPV en Valencia ciudad, Carmen Alborch o la diputada Carmen Ninet, entre otros, también se han unido a la marcha. Todos ellos, eso sí, sin ninguna pancarta identificativa.

El trayecto, que ha recorrido algunas de las principales arterias comerciales de la ciudad, ha transcurrido sin incidentes de importancia, más allá de un enfrentamiento que se ha producido al comienzo del acto.

Y es que los asistentes han repudiado a un grupo de alrededor de una veintena personas que portaba carteles con los lemas 'ZP, a la cárcel' y 'No a la guerra'. El rifirrafe, con algunos empujones de por medio, no ha pasado a mayores porque los agentes han separado rápidamente ambos grupos.

Gritos de dimisión
Al grito de 'Tenim un president que es un delinqüent' ('Tenemos un presidente que es un delincuente') o 'Camps es un corrupte, València no té dubte' ('Camps es un corrupto, Valencia no tiene duda'), la manifestación ha avanzado hasta la plaza de Alfonso El Magnánimo.

Por el camino, también se han escuchado eslóganes como 'Camps dimisión', 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', 'No nos mires, a ti también te roban' o 'El president a Picassent'.

La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la -presunta- financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.

Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados, está seguro de que "en sus casas hay miles, y me atrevería a decir millones, de valencianos que tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez".

Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".

Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.

'El cáncer de la corrupción'
El manifiesto, con referencias al 'caso Gürtel', proclama la "defensa de la democracia" en la Comunitat y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática".

De esta manera, han denunciado la "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunitat y "amenaza nuestro futuro".

'Col.lectiu contra la corrupció', en el manifiesto, pregunta por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el montaje de la visita del Papa, por los beneficios de la America's Cup y la Fórmula 1, los trajes y el 'caso Brugal'. También han protestado por el cese de las emisiones de TV3 y por la situación de RTVV, entre otras cosas.

En este sentido, han asegurado que la crisis económica tiene que ver con la corrupción, la "economía especulativa" y la de "grandes fastos". "En lugar de invertir en la red productiva autóctona, en las pymes y la agricultura, el PP ha levantado la cortina de humo de la economía especulativa".
 
Ayuda para la defensa
Para el colectivo organizador, "el estado actual de las cosas no habría sido posible sin el abuso de un poder cimentado en las mayorías absolutas del PP. Bajo las órdenes de Camps, las Corts se han convertido en una pieza más del circo de la derecha con una oposición menospreciada e ignorada", han criticado.

La denuncia del PP valenciano también ha estado presente durante el recorrido, hasta el punto de que algunos manifestantes han aludido a ello en tono irónico pidiendo "una ayudita" para hacer frente a la misma.

De la misma manera, algunos de los dirigentes políticos presentes en la manifestación lamentaron el intento del PPCV de impedir la marcha. En este sentido, Jorge Alarte señaló que este intento ha sido "inadmisible" y que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, "debería dar explicaciones" al respecto.

Asimismo, Matamales ha insistido en que estamos en un Estado de Derecho y que la denuncia es "un síntoma del nerviosismo del PP porque hay miles de valencianos que están abriendo los ojos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, cuyo responsable es Camps y su gestión".