viernes, 25 de septiembre de 2009

EL PP REITERA SUS ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA TRAS DESVELARSE LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN VALENCIA

Costa asegura que el informe ha sido "intencionado e instigado desde Interior" pero admite que el partido se equivocó al trabajar con Orange Market

La imagen es del congreso del pp valenciano en Paterna allá por noviembre de 2008. Faltaban tres meses para que estallara el caso Gürtel. Y allí estaban en hermandad, Ricardo Costa (izquierda), Vicente Rambla (susurrando al oído a Álvaro Pérez El Bigotes, el organizador de los eventos del PP desde Orange Market y jefe de la trama en la Comunidad) y el presidente Francisco Camps-CARLES FRANCESC.

Huida hacia delante y defensa de Camps. Esa parece ser la consigna en el Partido Popular tras la publicación del informe policial que pone sobre la mesa la existencia de una trama de financiación irregular en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La información no ha movido ni un ápice la línea de defensa adoptada desde Génova: reavivar la teoría de la persecución política.

Cospedal: "La contabilidad del PP es auditada todos los años y es legal"

González Pons: "Hay muchas posiblidades de que este informe sea un montaje"

Javier Arenas
A FONDO

Nacimiento:
28-12-1957

Lugar:
Sevilla


Mariano Rajoy Brey
A FONDO

Nacimiento:
27-03-1955

Lugar:
Santiago de Compostela


Esteban González Pons
A FONDO

Nacimiento:
21-08-1964

Lugar:
Valencia

María Teresa Fernández de la Vega
A FONDO

Nacimiento:
15-06-1949

Lugar:
Valencia

Uno de los principales implicados en la trama que revela el informe, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha comparecido ante los medios de comunicación para culpar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de su confección y ha asegurado que cuando al político socialista "no le dan la razón, utiliza a la policía y a los medios en su beneficio". Sin embargo, el dirigente popular ha asegurado que su partido se equivocó al trabajar con Orange Market, firma relacionada con la trama empresarial del caso Gürtel, aunque cuando lo hizo era "una garantía de prestación de servicio".

En su declaración, Costa ha asegurado textualmente que el informe ha sido "intencionado e instigado desde el Ministerio del Interior". Costa, además, ha asegurado que el PP va a presentar una denuncia por el informe; en concreto, a quien mandó confeccionarlo y al que efectivamente lo redactó, informa Joaquín Ferrandis. Sí ha asegurado que tratará sobre el "objeto", es decir, sobre el contenido. Y es que, en opinión de Costa, de las conversaciones grabadas no es posible inferir ningún delito, pese a que el propio secretario general dice en un momento determinado al líder de la trama corrupta en Valencia, El Bigotes: "Te doy lo que te falta pero que el presidente no lo sepa".

Camps se remite a Costa
El presidente valenciano, Francisco Camps, ha evitado referirse al informe y se ha remitido a las declaraciones de Costa. "El secretario general ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho", según ha declarado Camps a la entrada del local donde se celebra el Foro Nacional para el Diálogo Social, organizado por la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, y ex director general de la Policía ha asegurado que se está creando un "estado policial contra el PP dirigido por (Alfredo Pérez) Rubalcaba" y que hay "algunos policías que funcionan al dictado" del ministro del Interior y "se dedican a hacer informes que nadie les pide".

Apoyo de Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy, también ha expresado su apoyo inquebrantable al presidente de la Generalitat, al que ha llamado personalmente para expresarle su respaldo y el de la Ejecutiva que dirige, informa la Cadena SER.

No ha sido el único que ha salido a negar la mayor. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha manifestado hoy su sospecha de que el ya famoso informe es un "montaje", ha afirmado que su partido lo estudiará "detenidamente" y denunciarán "la persecución" que están sufriendo "con todas sus consecuencias" y ha apuntado la posibilidad de que haya una "mano política" detrás ya que la Policía Judicial no actúa por iniciativa propia, en clara alusión al Ministerio del Interior, ya que en este caso, "ni jueces ni fiscales han pedido este informe", como, en su opinión, lo demuestra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo desechara porque "no ha sido solicitado".

En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica del PP y líder del partido en Andalucía, Javier Arenas, quien no se ha movido ni un ápice de la de línea de defensa, teoría de la persecución política, al asegurar que "nunca en los 30 años de democracia se ha hecho un uso político de algunos fiscales y algunos policías. Hay una doble vara de medir". En una entrevista a RNE Arenas ha reiterado que su formación es víctima de una persecución política en la que están implicados "algunos policías y fiscales" que utilizan "una doble vara de medir" a la hora de investigar a los distintos partidos.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha instado a los periodistas a preguntar al ministro del Interior "por qué la Policía Judicial tiene tanto interés en los temas del PP". "A lo mejor esos informes buscan desviar otros temas que les preocupan más a los ciudadanos", ha asegurado el también presidente del PP de Castellón, quien ha indicado que "lo único que les vincula de momento son informes policiales".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que Rajoy "no puede seguir mirando para otro lado" y debe dar explicaciones sobre las informaciones que indican que su partido se financió ilegalmente en Valencia. "Respeto absoluto a las decisiones de los jueces, de los fiscales, de los policías y todo lo que conforme el aparato de seguridad y justicia. Ni un sólo comentario", ha manifestado en relación al archivo de la causa. Sin embargo, y "desde el punto de vista político", la vicepresidenta ha recordado que "son muchas las semanas" que se han pedido explicaciones al líder del PP sobre estas informaciones sin que Rajoy "se haya molestado en decir ni una sola palabra explicando estas cuestiones".

Los socialistas piden al PP que se someta a una investigación en las Cortes
Los socialistas valencianos solicitarán la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, presidida por un diputado de la oposición, que esclarezca la relación entre la Generalitat y Orange Market. "Si es verdad, como dice el PP, que todo lo suyo es transparente y no tienen nada que ocultar, que acepten esta comisión y traigan todos los documentos que les solicite la oposición", dijo el portavoz parlamentario valenciano, Ángel Luna.

El partido formalizará el lunes el recurso ante el Tribunal Supremo por el archivo del caso por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano. También emprenderá acciones judiciales al amparo del informe policial que apunta a la financiación irregular del PP a través de la red Gürtel. De momento, esperan quie el TSJ de Madrid responda a una declinatoria presentada por los socialistas en la que piden que envien al Tribunal de Valencia todos los hechos relacionados con la Comunidad Valenciana.

En respuesta al popular Ricardo Costa y a otros líderes del PP, que descalificaron el informe, Luna insistió en que el documento de la unidad contra el blanqueo de capitales no es autónomo. "No es un informe que ha hecho la policía por su cuenta y siguiendo las instrucciones de no se sabe quien. Es un informe contundente de la policía española que sigue instrucciones de los jueces que investigan esta trama".

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ELPAÍS.COM

EL PP EJERCERÁ LA ACUSACIÓN POPULAR EN EL CASO "ASTAPA"

TRIBUNALES | Para defender a los ciudadanos

Europa Press | Málaga

El PP de Málaga ejercerá la acusación popular en el caso 'Astapa', abierto para investigar las presuntas irregularidades producidas en torno a la gestión municipal en el Ayuntamiento de Estepona, a fin de defender los intereses ciudadanos afectados por este caso de supuesta corrupción.

Así lo ha manifestado este viernes el presidente provincial del PP de Málaga, Elías Bendodo, al conocer que el juez denegó la personación como acusación particular por la condición de concejales de los firmantes de la personación.

Para defender de manera directa los intereses de los ciudadanos de Estepona, el PP presentará una providencia de personación como acusación popular en este caso que, según han señalado en un comunicado, "ha supuesto para el Ayuntamiento unas perdidas de unos 60 millones de euros por presunta corrupción".

Este caso dio lugar a la imputación de 63 personas y a la detención de 25. Desde el PP han recordado que la apertura parcial del sumario del caso "constató la existencia en el Ayuntamiento del municipio de una situación de corrupción generalizada que afectaba prácticamente a gran parte del entramado municipal".

Han apuntado que en esta presunta trama destacaban de manera especial varias personas como el que fuera alcalde, Antonio Barrientos, el ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, y al entonces concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano, actualmente concejal no adscrito del Consistorio en la oposición.

Además, han señalado que el caso salpicó a determinados partidos políticos "por conductas irregulares", entre las que los populares subrayaron "la financiación de los gastos de las distintas delegaciones municipales y de los partidos políticos que en su momento integraron el equipo de gobierno mediante dinero aportado por empresarios a cambio de contraprestaciones económicas".

ELMUNDO.ES

LA JUEZA ACEPTA QUE LA EMPRESA PÚBLICA SE PERSONE SÓLO COMO RESPONSABLE CIVIL

CASO MERCASEVILLA | Rechaza su personación como acusación

Efe | Sevilla

La jueza que investiga la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla ha aceptado la personación de esta empresa pública en la causa, en concreto en la relativa a la venta de sus terrenos, pero no como parte acusadora, sino como posible "responsable civil", según ha anunciado el PP.

En una providencia con fecha de 23 de septiembre y notificada hoy mismo a las partes personadas -entre ellas el PP-, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla da "por personado y parte" en dichas diligencias al actual director general de Mercasevilla, Jordi Maymó, en representación de la empresa y "como responsable civil".

Esta providencia, a juicio de los concejales del PP Beltrán Pérez y Curro Pérez, "da un vuelco espectacular al caso de corrupción en Mercasevilla y a la posición del gobierno municipal (PSOE-IU)" y de esa empresa pública, en la que el Ayuntamiento es el accionista mayoritario de la sociedad con el 51% junto a la entidad estatal Mercasa

Ante esta providencia, Beltrán Pérez ha afirmado que el gobierno municipal y la empresa "se personaban para ser parte acusadora en la causa y la juez ha admitido la personación, pero no como acusación particular, sino como responsables civiles de lo que ha acontecido en Mercasevilla y de otros hechos que puedan averiguarse".

Muchos meses después de que se destapara el presunto cobro de comisiones ilegales y otras irregularidades en la compañía, el gobierno local anunció que Mercasevilla se iba a personar en la causa que investiga estos hechos, pero Pérez ha dicho que fue como "cortina de humo" para rechazar la moción donde el PP pide hoy al pleno que el Ayuntamiento formule una denuncia penal por presuntos delitos societarios contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya imputados en la causa sobre las comisiones, y otros posibles administradores implicados.

Alternativas

"El Gobierno municipal ha entrado en el juzgado como acusador y ha salido como acusado y posible responsable civil, con lo que esa cortina de humo se le ha vuelto en contra", según Pérez, que ha matizado que dicha providencia no señala ninguna imputación, pero "apunta claramente responsabilidades en la empresa y posibles consecuencias".

Ha afirmado además que "quien presenta los escritos en el juzgado es Maymó", director general y que no estaba entonces en la empresa, "pero el presidente de Mercasevilla se llama Alfredo Sánchez Monteseirín, el alcalde, y su vicepresidente, Antonio Rodrigo Torrijos (su socio de gobierno y primer teniente de alcalde), además de los responsables de Mercasa".

El edil del PP ha añadido que, "tras siete meses sin actuar", la primera actuación del Gobierno ha sido ir "a los tribunales como acusadores, y han salido -según Pérez- como acusados", por lo que "sólo se les queda la salida de votar a favor de la moción de lucha contra la corrupción en Mercasevilla que presenta el PP".

La juez que investiga la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla ha ampliado la causa a la venta de los terrenos actuales de la empresa a la constructora Sando, y así ha imputado dos nuevos delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas a los acusados.

Ha imputado los dos a Mellet y sólo el de maquinación a Jorge Piñero, asesor jurídico de Mercasevilla que actuaba como "secretario de hecho" de la empresa cuando en 2006 fijó las condiciones para la venta de los terrenos, cuya adjudicación la juez ha calificado de "fraudulenta".

Además
* El PSOE impide que la Junta se persone en el caso
* El Ayuntamiento decide personarse siete meses después

ELMUNDO.ES

MATAS: "LAS ACUSACIONES DE LOS FISCALES SON FALSAS, SESGADAS E INADMISIBLES"

CASO PALMA ARENA | La reacción del ex president

* Elabora un comunicado en el que pide declarar ante el juez
* Esgrime a su favor el informe del fiscal general del Estado que le exculpa

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

El ex presidente popular del Govern balear arremete ahora contra la Fiscalía Anticorrupción tras revelarse el contenido de las pesquisas que durante un año ha llevado a cabo conjuntamente con el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil. Jaume Matas considera "incorrectas, parciales, sesgadas, erróneas e inadmisibles" las conclusiones que arrojan las pesquisas sobre su incremento patrimonial y el nivel de gastos particulares que llevó mientras era líder del Ejecutivo autonómico.

Además, recuerda a su favor la intervención del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ordenó detener las pesquisas al no detectar "un solo indicio" en su contra. Y considera que se está estableciendo un "juicio paralelo" con la difusión de las averiguaciones que el Ministerio Fiscal y el Instituto Armado obtuvieron durante más de medio año de pesquisas.

Algunas de esas averiguaciones apuntan a que desembolsó junto a su mujer Maite Areal al menos 99.000 euros en efectivo sólo en joyas, relojes y mobiliario para decorar su piso en Palma, una vivienda de 465 metros cuadrados situada en la planta noble de una casa señorial renacentista de la calle San Felio y conocida popularmente como el palacete de Matas.

Unos pagos que para más señas realizó entre 2003 y 2007, un periodo que coincide con su mandato como presidente de Baleares y del Partido Popular de las Islas.

Igualmente, y en el marco de esa investigación, los dos fiscales anticorrupción de las Islas, Juan Carrau y Pedro Horrach, llegaron a redactar el 11 de junio de este año una denuncia por "cohecho" contra el que también fuera ministro de Medio Ambiente por la compra de su polémica vivienda. No en vano, los representantes del Ministerio Fiscal consideran que el precio por el que Matas adquirió el piso, 950.000 euros oficiales, es "notoriamente muy inferior al de mercado". Emplean para ello dos tasaciones, una de la Agencia Tributaria, que lo valora en 2,47 millones, y otra de la Oficina Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares, que lo tasa en 2,87 millones de euros.

'Juicio paralelo'
Carrau y Horrach señalan en su denuncia que los propietarios de la promotora que le vendió el piso recibieron «contratos de la administración autonómica y de ayuntamientos del PP» mientras gobernaba la formación presidida por Matas. De ahí que sostengan en su denuncia que la venta del piso a bajo precio respondía a «una dádiva o regalo en especie» por valor de 1.527.550 euros. La denuncia no llegó a tramitarse porque fue bloqueada por el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, quien a su vez siguió los argumentos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que antes había denegado una prórroga a Carrau y Horrach «por no aportar ni un solo dato que confirme mínimamente esa hipótesis» y por no acreditar «siquiera a nivel indiciario» sus sospechas.

El contenido de las pesquisas de Anticorrupción fue publicado ayer parcialmente por EL MUNDO. Y Matas reaccionó de inmediato con un escrito firmado por su abogado Rafael Perera.

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* 'Su estilo de vida no cuadra con sus ingresos'
* Editorial: El juez debe llamar ya a Matas
* ¿Debe el juez citar a Matas a declarar como ha pedido?

ELMUNDO.ES

¿COMO COBRABA "EL BIGOTES" AL PP?

Orange Market

Ricardo Costa y David Serra en las Cortes Valencianas | José Cuéllar.

Mariano Gasparet | Marisol Hernández | Valencia

El informe policial que sacudió este jueves de nuevo los cimientos de Génova describe cómo la empresa de 'El Bigotes' cobraba los trabajos realizados para el PP valenciano y revela una contabilidad doble, con ingresos en negro y facturaciones irregulares, que implica a la cúpula del partido en la Comunidad Valenciana.

Orange Market tenía una Caja A, denominada en su contabilidad 'Alicante', donde reflejaba una parte del coste real de los actos con facturas legales emitidas con el correspondiente IVA. Pero alimentaba también una Caja B, llamada 'Barcelona', donde cuantificaba el resto del precio de los servicios prestados y cuyos pagos carecían de factura y, por tanto, de IVA.

Como ejemplo real de este modus operandi la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales cita la celebración de un congreso del PP en diciembre de 2008 facturado en 'A' por un importe de 176.320 euros y al que en 'B' falta sumar 76.000 euros, lo que indica que el coste real del acto fue de 252.320 euros.

En muchos casos, el PP tardaba en pagar a Orange Market todos estos importes, hasta el punto de que Pablo Crespo, mano derecha de Francisco Correa, negociaba con Ricardo Costa el modo de pago y los canales con los que saldar las deudas, según el informe.

La Policía ha detectado además la existencia de una facturación falsa, incluso para justificar los ingresos legales que nutrían la Caja A. Advierte de la presencia de facturas con "alteraciones sustanciales" respecto a lo contabilizado inicialmente por Orange Market o con cambios en la identidad de los clientes. De este modo, facturas de actos del PP "se transforman", dice, en facturas de empresas privadas como Ortiz e Hijos o Facsa, como otras a las que señala la Policía.

Para hacer frente a los pagos pendientes en la Caja B, 'El Bigotes' recibía dinero de distintas fuentes. El informe señala "aportaciones directas de empresarios de la Comunidad Valenciana" que, añade, "se enmascaran mediante la emisión de facturas emitidas por Orange para justificar el pago realizado". Otra de las vías era las "entregas directas" de dinero que Álvaro Pérez anotaba como procedente del PP y que se destinaban a aminorar la deuda contraída por el partido con Orange, según la UDEF.

La Policía considera que la empresa de 'El Bigotes' tiene una "vinculación directa con responsables políticos del PP valenciano y de los órganos de Gobierno de la Comunidad Valenciana" y concluye que el sistema de "facturación falsa" y la "financiación irregular" tiene una "persistencia en el tiempo" y supone "una actuación sistemática" en las relaciones que Orange Market mantiene con el partido. Además, defiende, como ya apuntó Garzón en su auto, que Álvaro Pérez aportaba dinero a la Caja B de la trama Correa.

ELMUNDO.ES

COSTA DICE QUE EL INFORME ES "FALSO" Y DENUNCIARÁ A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES

'CASO GÜRTEL' | Podría ampliar la querella al Gobierno

* No ha pensado dimitir pero admite que el PP se equivocó con Orange Market
* Asegura que el Gobierno 'utiliza a funcionarios públicos para atacar al PP'
* No descarta ampliar la querella a las altas esferas del Gobierno de Zapatero
* Francisco Camps evita pronunciarse y se remite a las declaraciones de Costa

Mariano Gasparet | Iván Pérez | Valencia

Ricardo Costa ha denunciado que el informe policial hecho público el jueves "es falso" y ha añadido que "se trata de un montaje realizado a instancias del ministro del Interior", Alfredo Pérez Rubalcaba, y que "se dedica a mezclar informaciones con el objetivo de atacar al PP". Por este motivo, su partido denunciará a los funcionarios policiales que ordenaron y redactaron el informe.

El dirigente popular ha asegurado que no ha pensado dimitir y ha admitido que el PP valenciano se equivocó al trabajar con Orange Market, firma relacionada con la trama empresarial del caso Gürtel, aunque cuando lo hizo era "una garantía de prestación de servicio".

Costa ha explicado que el informe es "falso" porque las conclusiones de las grabaciones "son distintas a las conclusiones de la información". Según el 'números dos' del PPCV, el informe "es una mezcla de grabaciones en la que aparecen conclusiones con un informe que se hace a posteriori para justificarlas".

Ricardo Costa califica el informe policial de "capcioso" y añade que se trata de "un montaje ordenado por el Ministerio del Interior y el Gobierno". El portavoz popular en las Cortes autonómicas relacionó el informe policial con la situación de dificultad que atraviesa Rodríguez Zapatero tras el anuncio de subir los impuestos y la moción de censura de Benidorm, entre otras cuestiones.

"El Gobierno ha utilizado a funcionarios públicos para redactar este informe y dañar al PP valenciano y a sus dirigentes", denunció Costa, quien insistió en que "el PSOE quiere ganar a través de los medios de comunicación y de un montaje lo que ha perdido en los tribunales".

El número dos del PP valenciano no descarta ampliar la querella a las altas esferas del Gobierno Zapatero: "Vamos por partes. Tenemos muy claro que ellos están detrás".

El secretario general del PP valenciano se ha expresado de esta forma este viernes en una rueda de prensa convocada de urgencia tras conocerse el jueves el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional.

En el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', devuelto en dos ocasiones por el TSJCV al considerar que que no guardaba relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', la Policía revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al Partido Popular valenciano conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido.

Costa actuaba como "canalizador de los pagos con fondos ajenos", según el informe policial en el que se apunta que empresarios valencianos pagaron diversos actos del PP con dinero negro.

Camps evita pronunciarse
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no ha querido pronunciarse directamente sobre el informe policial y se ha remitido a las declaraciones del secretario regional del partido, Ricardo Costa.

Camps ha añadido ante los periodistas que está concentrado en la preparación del Debate sobre el Estado de la Comunidad Valenciana, que se celebrará el próximo 29 de septiembre en las Cortes Valencianas.

El también presidente del PP de la Comunidad Valenciana ha hecho estas declaraciones a la entrada del local donde se celebra el I Foro Nacional para el Diálogo Social, organizado por la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.

"El secretario general ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho", ha afirmado Camps en referencia a la rueda de prensa que ha ofrecido Costa.

Camps ha detallado que él en este momento está "concentrado" en la preparación del Debate, en el que pronunciará "un discurso de ilusión y de futuro para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

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* Camps informa a Rajoy de la estrategia contra Interior | De la Vega: 'Rajoy no puede mirar para otro lado'
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* Editorial: 'O tendrá que irse Camps o tendrá que irse Rubalcaba'

ELMUNDO.ES

AVIÓN PRIVADO Y FIESTA SORPRESA EN MARRAKECH PARA EL EX DIRECTOR DE CANAL 9, ÍNTIMO DE EL BIGOTES

Así agasajaban las empresas vinculadas a la Gürtel a cargos públicos

Era sabido que Pedro García, dimitido director del ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV), tenía amistades muy selectas, pero poco a poco se van desgranando los detalles de las mismas. En diciembre de 2007, un grupo de prestigiosos empresarios agasajó a García con una fiesta de cumpleaños sorpresa en Marrakech. Entre los participantes se encontraban el presunto cerebro valenciano de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, y el empresario Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero, Juan Cotino, que sirvió de gancho y llevó al ex alto cargo al otro lado del Estrecho en su jet privado. Vicente Cotino es copropietario de Sedesa, una de las constructoras a las que la Brigada de Blanqueo acusó de financiar irregularmente –a través de terminales Gürtel- al PP Valenciano.

Los detalles del informe de la Brigada de Blanqueo sobre la presunta financiación ilegal del PP Valenciano a través de la trama Gürtel siguen saliendo a la luz. Si ayer se desveló que media decena de constructoras subvencionaron actos electorales de este partido con la mediación de la presunta terminal corrupta Orange Market, hoy han empezado a filtrarse los nombres citados en el escrito que encalló en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Altos cargos de la Generalitat
La Brigada de Blanqueo transcribe grabaciones en las que la red señala a altos cargos de la Generalitat y del PP regional como el vicepresidente tercero y consejero de Industria, Vicente Rambla, el secretario general del partido, Ricardo Costa, y el vicesecretario de organización, David Serra. También sale a colación el nombre de Pedro García, obligado a dimitir el pasado 28 de agosto. Tal como cuenta el diario regional Levante, García era un hombre clave para la red corrupta, que consideraba vital su presencia frente a RTVV.

El bautizo
La amistad entre el ex director del ente público y el “amiguito del alma” de Francisco Camps, El Bigotes, ya quedó probada el pasado 7 de febrero, cuando el primero apadrinó a una hija del segundo en una ceremonia medio desierta por el estallido del caso Gürtel, que había salido a la luz precisamente un día antes. García sustituyó como padrino al supuesto patriarca de la Gürtel, Francisco Correa, pero su amistad con El Bigotes no sólo se constata en este punto.

La fiesta en Marrakech
Un año antes de que el sumario del juez Garzón viera la luz, en diciembre de 2007, El Bigotes participaba en la fiesta sorpresa que varios empresarios prepararon a García en Marrakech. El gancho de la misma fue el sobrino del vicepresidente tercero, Vicente Cotino, quien es copropietario de Sedesa, empresa a la que la Brigada de Blanqueo acusa de financiar al PP vía Gürtel. Ayer el vicepresidente y también consejero de Medio Ambiente se defendía de estas acusaciones asegurando que respondían a la “persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí”.

Regalos Gürtel
Y aunque, en principio, la participación de Álvaro Pérez en este evento fue más pasiva, a estas alturas nadie duda de que la organización de fiestas era, junto a los regalos de lujo, parte fundamental del sistema operativo de una trama que ganaba amigos a base de cortejos. Trajes para Camps, bolsos de Louis Vouitton para Rita Barberá, comuniones y jaguars para Jesús Sepúlveda, viajes a Sudáfrica para Luis Bárcenas, bodas y luna de miel para Martín Vasco o palcos VIP para Alejandro Agag y Ana Aznar… Cualquier detalle es poco.

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