jueves, 25 de marzo de 2010

MAITE AREAL, DE LAS JOYERÍAS MALLORQUINAS AL BANQUILLO POR CORRUPCIÓN

SUS LUJOSAS COMPRAS EN EFECTIVO LLAMARON LA ATENCIÓN DE LA FISCALÍA


El ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas y su esposa, Maite Areal (Efe).

@Alberto Mendoza.

Jaume Matas no se enfrenta en solitario a los tribunales. A su lado, compartiendo imputación, está su mujer, María Teresa Areal. Su nombre aparece detrás de la mayoría de los movimientos sospechosos que la justicia trata de aclarar en el caso Palma Arena. Areal, a quien todos llaman Maite, se ha negado a declarar ante el juez, pero su hermano, Fernando Areal, ha reconocido que fue ella quien le entregó los 32.000 euros en negro con los que pagó al constructor que realizó las obras del palacete.

La idea de la mudanza al inmueble de 500 metros cuadrados en pleno centro de Palma se le atribuye a Areal, quien habría convencido a su marido de abandonar el chalé adosado de Cas Català. Por entonces, primavera de 2007, Matas esperaba seguir gobernando las Islas Baleares y la nueva mansión, adquirida por un millón de euros, era a los ojos de su esposa la residencia que necesitaba el presidente de la Comunidad. No reparó en gastos para reformarla y equiparla, pero el sueño del palacete no tardó en convertirse en pesadilla.

La afición por las compras y el lujo de Areal ha pasado de ser un chascarrillo a alimentar la instrucción judicial. Diversos testigos que han comparecido ante el juez José Castro han asegurado que la imputada era una habitual de los comercios selectos de Palma, donde pagaba siempre en efectivo. Como informó Europa Press, el propietario de una joyería alemana señaló que la esposa de Matas gastó 70.000 euros en relojes y joyas; el dueño de una tienda de muebles calculó que gastó 25.000 euros en su establecimiento; y diversos proveedores que participaron en la reforma de la vivienda, así como propietarios de comercios, cifraron en 300.000 euros la cantidad que habían recibido en negro del matrimonio.

Las ostentosas compras pusieron a la Fiscalía sobre la pista de un posible enriquecimiento ilícito, e incluso agentes de la Guardia Civil de paisano recorrieron varias tiendas mallorquinas para reconstruir las compras efectuadas. Estos gastos, junto con la compra de inmuebles no parecían encajar con la renta del matrimonio Matas-Areal. Aunque, como informó el Diario de Mallorca, Maite contribuyó a la economía familiar con diversos trabajos.

Elección de inmuebles

En 2002, mientras su marido era ministro de Medio Ambiente, trabajó como asesora de educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En la capital pudo disfrutar también de las tiendas de la milla de oro, en el barrio de Salamanca. Más tarde, cuando Matas volvió al Govern de las Islas, fue contratada por el Centro de Cálculo Balear. Allí ganaba unos 2.000 euros al mes. Luego se incorporó a la nómina de Martorell Asesores Tributarios, sin que se conozca realmente qué función desempeñó y, finalmente, en el Hotel Valparaíso, donde su sueldo alcanzó los 3.000 euros.

Pero, tal vez, su papel más determinante ha sido en la elección de los inmuebles supuestamente adquiridos por el matrimonio. Además del palacete, adquirido por menos de la mitad de su valor, se sospecha que un piso en Madrid y otro en Palma de Mallorca, son suyos, a pesar de estar a nombre del también imputado Bartomeu Reus y de la madre del ex ministro, respectivamente.

De acuerdo con informaciones del Diario de Mallorca, la Guardia Civil determinó que fue Areal quien eligió ambas viviendas y las decoró. En el caso de la vivienda escriturada a nombre de la octogenaria madre de Matas, la hipoteca ha sido pagada por el ex president; mientras que el matrimonio también abonó la entrada del piso madrileño, donde luego habitó, supuestamente en régimen de alquiler. Y es que Maite no se limitó a ser la presidenta consorte de las Islas Baleares.

elconfidencial.com

LOS CORRUPTOS GANAN UNA BATALLA; LA GUERRA CONTINÚA

ANÁLISIS

Los implicados saben que antes de las escuchas, que ahora serán anuladas, el trabajo de investigación ya acumulaba cientos de pruebas de una grosera corrupción que logró defraudar decenas de millones de euros

JOSÉ MANUEL ROMERO

El juez Baltasar Garzón pisó un avispero el 6 de febrero de 2009 cuando puso su firma sobre un auto que ordenaba la detención de los cabecillas de una trama de corrupción masiva, la más extensa conocida de la democracia pues afecta al PP, la formación que gobierna en instituciones de media España, y alcanza a eurodiputados, senadores y diputados nacionales de este partido, a cuatro comunidades autónomas y a media docena de ayuntamientos donde mandan los populares; y a varias decenas de empresarios y constructores. La investigación del juez Garzón, cuyo origen es la denuncia de dos ex concejales del PP en un municipio madrileño, acreditó que se trataba de una red delictiva interconectada al corazón y a las extremidades del Partido Popular.

Desde aquel 6 de febrero de 2009 en que Garzón pisó el avispero, el juez se ha convertido en la diana perfecta de los presuntos delincuentes, que desde el primer día intentaron sacarle a codazos de la investigación y que ahora intentan inhabilitarle como magistrado.

Desde entonces hasta hoy, los supuestos corruptos y otros interesados que aprovecharon la coyuntura han logrado convertir al juez Garzón en imputado pues tiene abiertos tres procesos en el Tribunal Supremo que pueden acabar con su carrera, la que más reconocimiento internacional ha cosechado de toda la judicatura española.

En los 20 años anteriores de ejercicio profesional, Garzón pisó todo tipo de callos para perseguir a criminales de Estado; a narcotraficantes; a terroristas, a genocidas y a corruptos, y recibió todo tipo de ataques, amenazas y querellas. Pero ninguno fructificó. Ahora todo parece distinto. El futuro del PP está en juego.

La última batalla ganada por los corruptos tiene que ver con las conversaciones que Garzón ordenó grabar en la cárcel a los abogados porque, según escribió en un auto, consideraba que los letrados podrían colaborar con los presos en nuevos delitos para ocultar los fondos multimillonarios que la trama había logrado tras años de connivencia en negocios ilegales con administraciones gobernadas por el PP.

Los corruptos implicados en la trama vinculada al PP, hay cerca de un centenar de imputados, andan felices esta mañana ante el varapalo judicial a la instrucción de Garzón. Sueñan con que la parte del sumario que ha quedado invalidada acabe anulando el resto y dejen impune el robo de decenas de millones de euros a las administraciones públicas que perpetraron durante años unos empresarios que crecieron a la sombra del PP que gobernaba José María Aznar y se beneficiaron del trato de favor de numerosos dirigentes populares con cargo público.

Pero los corruptos también conocen que, antes de las escuchas ordenadas en la cárcel que ahora serán anuladas, el trabajo de investigación de Garzón, de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía, además de la confesión de diversos participantes en la trama, acumula cientos de pruebas de la existencia de una grosera corrupción que logró sacar de la Hacienda pública decenas de millones de euros para lucrar a los cabecillas de la trama y engordar las cuentas corrientes de al menos una decena de dirigentes del PP, entre ellos, según la investigación, el tesorero nacional del partido.

* El Tribunal de Madrid anula el grueso de las escuchas en la cárcel del 'caso Gürtel'

Caso Gürtel
A FONDO

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elpaís.com

ARCHIVAN LA ÚNICA PIEZA DEL "CASO ANDRATX" EN LA QUE ESTABA IMPUTADO VICENS

CORRUPCIÓN | Un caso menos para el condenado por Son Oms

* Se investigaba una recalificación de solares en el municipio mallorquín
* En su tramitación intervino la comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca

Europa Press | Palma

El Juez de Instrucción número 12 de Palma, Francisco José Pérez, ha sobreseído la pieza 68 del caso Andratx, que era la única en la que estaba imputado el ex diputado de UM y ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, y en la que se investigaba una recalificación de solares del citado municipio, en cuya tramitación intervino la comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, de la que Vicens formaba parte.

Fuentes jurídicas recuerdan que Vicens fue interrogado por esta causa el pasado 16 de febrero, día en el que defendió ante el juez que cuando el ex jefe de Costas de Baleares, Antoni Garau, interpuso una alegación contra el Plan Territorial de Mallorca (PTM) para pedir que unos solares de su propiedad fuesen calificados como urbanos, aceptó este recurso porque estaba "bien fundamentado y contaba con garantías jurídicas".

Durante su comparecencia, el encausado, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, justificó de este modo por qué, como miembro de la Comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca, que estimó la alegación presentada por Garau, aceptó este recurso pese a que en la aprobación inicial del PTM se dibujaban las tres parcelas del ex jefe de Costas, situadas en Cala Llamp, como rústicas protegidas.

Tal y como remarcó, las alegaciones presentadas por este propietario durante la fase de exposición pública del Plan Territorial estaban "formalmente bastante documentadas". Sin embargo, aseveró que fue la Comisión de Urbanismo la que impuso al Ayuntamiento de Andratx la protección de los solares "desde el primer momento", mientras que "quien pretendía su calificación como urbano era la representación del Consistorio", concretamente el ex alcalde Eugenio Hidalgo.

De este modo, el magistrado ha archivado una de las 74 piezas en las que está dividido el caso Andratx, cuyo principal encausado, el ex alcalde de este municipio Eugenio Hidalgo, se encuentra en prisión desde el pasado 28 de diciembre cumpliendo la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial en mayo de 2008, por la construcción de una vivienda en un área rural de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.

Un caso menos para Vicens
Con el sobreseimiento de la pieza 68 del caso Andratx, Vicens deja de estar imputado en uno de los cinco procedimientos de presunta corrupción en los que el ex parlamentario uemita se encuentra encausado.

Concretamente, Vicens también está imputado en la pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje; en el núcleo principal de la causa que investiga el presunto cobro de comisiones en torno a la recalificación del polígono palmesano; el caso Can Domenge, en torno a la supuesta malversación de caudales públicos durante la venta de estos terrenos por parte del Consell por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado, y en el que investiga la supuesta trama de corrupción urdida a través del Plan Territorial.

Asimismo, el pasado mes 22 de diciembre, un día después de abandonar su escaño en el Parlament, eludió ingresar en prisión de forma preventiva tras abonar dos fianzas de 100.000 euros, después de que el juez decretase prisión bajo fianza por dos casos: una pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, y otra pieza separada del caso Son Oms.

En relación a este último caso, el juez consideró probado que mientras ostentaba el cargo de conseller insular en la pasada legislatura ordenó el pago de 12.020 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS DICE AL JUEZ QUE NO SABE CÓMO SE CONTRATÓ AL PERIODISTA QUE LE ESCRIBÍA LOS DISCURSOS

Todavía no se ha abordado el palacete

Jaume Matas esta mañana en los Juzgados de Palma. | Alberto Vera

* Los fiscales y el juez están siendo muy puntillosos en el interrogatorio
* El juez pretende acabar hoy y que podría alargarse hasta la noche
* Defiende los pagos que recibió de un bufete madrileño al dejar la política

Agencias | Palma

El ex presidente del Govern balear Jaume Matas ha asegurado con ocasión a su declaración por el caso Palma Arena, que si bien él ordenó contratar al periodista Antoni Alemany para que escribiera sus discursos, no sabe cómo se desarrolló el expediente de contratación, el cual se hizo mediante la agencia Nimbus y supuestamente se falsificó.

Matas ha continuado esta tarde respondiendo a las preguntas del juez José Castro y de los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau acerca del sobrecoste del velódromo Palma Arena durante la anterior legislatura, así como las contrataciones hechas con la agencia Nimbus, que pudo haber servido para financiar ilegalmente el PP, según fuentes jurídicas.

En cuanto a la labor de Alemany, también imputado en el caso, ha dicho que es un periodista reconocido que le escribía los discursos según sus indicaciones, pero que no sabía cómo se le abonó el dinero ni, como sospecha la Fiscalía, si se hizo un expediente para esconder sus pagos a través de Nimbus, según informa Efe.

A preguntas del juez de si no era Matas capaz de escribir los textos él mismo, el ex presidente del Govern ha hecho notar a Castro la diferencia entre "escribir" y "hacer" los discursos, en el sentido de que él daba las ideas y Alemany sólo las desarrollaba.

Pagos de un bufete madrileño
Matas ha defendido la legalidad de los pagos que percibió del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales cuando abandonó la política, al aseverar que las cantidades que percibió en 2007 y que ascenderían a unos 31.000 euros, fueron en concepto de trabajos que realizó para este despacho, gabinete que previamente había sido contratado en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Matas.

Durante el interrogatorio de esta tarde, Castro se ha interesado por estos pagos presuntamente irregulares y que según las pesquisas llevadas a cabo, recibió Matas en su cuenta bancaria y llamó la atención de los investigadores por no aparecer el concepto por el que habían sido abonados y porque no se le conocen al ex presidente conocimientos jurídicos que justifiquen la elevada cuantía.

Matas ha justificado estos pagos enumerando los trabajos que había llevado a cabo para el bufete, al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en torno al informe que fue encargado por el Govern al despacho por unos 29.000 euros para la implantación de la Radiotelevisió balear IB3, y que fue adjudicado mediante un proceso negociado sin publicidad ya que no superaba los 30.000 euros, según recoge Europa Press.

Fiscales 'puntillosos'
Matas ha comenzado a declarar pasadas las cinco de la tarde y el juez ha dictado un receso de media hora para descansar a las 19.45 horas, tiempo en el cual los fiscales y abogados se han ido a tomar un café. Durante la tarde, se ha seguido abordando el sobrecoste en la construcción del velódromo de Palma durante la anterior legislatura, que se sospecha pudo derivar en el enriquecimiento ilícito de Matas y del PP, y el ex presidente ha reiterado que él no se encargó de las tareas de gestión del pabellón y que por tanto desconoce si hubo irregularidades.

Luego se ha continuado con el asunto de la empresa de comunicación Nimbus, la cual se encargó de la campaña electoral del PP en 2007 y de la publicidad del Mundial de Ciclismo que ese año se celebró en el Palma Arena. La Fiscalía sospecha que Nimbus no facturó servicios al PP de la campaña y que algunos los cobró en dinero negro. La declaración de Matas está siendo larga y tediosa, según los abogados presentes, que ya están acusando el cansancio de la jornada.

Al parecer, los fiscales y el juez están siendo muy puntillosos en el interrogatorio del ex mandatario autonómico y ex ministro, a quien el juez le imputa nueve delitos de corrupción. El juez pretende acabar hoy el interrogatorio, que podría alargarse hasta bien entrada la noche dada la cantidad de temas que aún quedan por tratar.

En concreto, aún no se ha preguntado a Matas acerca de la compra y reforma de un piso en un palacete por un valor mucho menor de lo tasado por Hacienda y mediante supuestos pagos en negro. Tampoco se le ha inquirido sobre supuestos sobornos de productoras que trabajaban para el canal autonómico IB3.

Además
* Matas asegura que nunca llamó a los García-Ruiz
* Bauzà promete 'contundencia'
* 6 horas de interrogatorio para desvincularse de todo
* Quién es quién | Cronología del caso

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS ASEGURA QUE NUNCA LLAMÓ A LOS GARCÍA RÚIZ PARA ENCARGARLES EL VELÓDROMO

El interrogatorio se ha retomado a las 17.00

Jaume Matas a su llegada a los juzgados | Efe

* El juez ha anunciado que esta noche concluirá el interrogatorio
* Matas desmiente las acusaciones del resto de testigos e imputados

Esteban Urreiztieta | Agencias | Palma

El ex presidente de Baleares Jaume Matas ha insistido, con ocasión de su declaración por el 'caso Palma Arena', que fue el ex director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester el responsable de las obras del velódromo y, por tanto, él no gestionó ninguno de los contratos de este proyecto. "Si no se separa la línea administrativa de la política todos los políticos estaríamos muertos y sentados en este banquillo" ha dicho el ex presidente.

En este sentido, Matas ha asegurado que nunca llamó directamente a los arquitectos y hermanos García-Ruiz para encargarles la construcción del Palma Arena, desmintiendo así las declaraciones de los dos imputados ante el juez.

El interrogatorio ha resultado largo tenso y tedioso. Fruto de dicha tensión el ex presidente ha manifestado al fiscal su descontento al considerar que éste "le faltaba al respeto porque en sus escritos le llamaba Jaime, no Jaume" a lo que uno de los fiscales le ha constado que "lo único que intenta con eso es provocarme".

Fuentes jurídicas han explicado tras su declaración que Matas continúa basando su defensa en que su papel como presidente autonómico fue estrictamente "político" al decidir la construcción del velódromo, pero que "Pepote" Ballester -que padece una grave enfermedad- y Jorge Moisés, al que afirma no conocer en persona, gerente del Palma Arena, se encargaron de todo el proceso administrativo y de contratación.

Durante la declaración ante el magistrado instructor del caso Palma Arena, José Castro, Matas ha asegurado que no intervino en estas actuaciones y ha negado las declaraciones efectuadas al respecto por varios de los imputados en el caso.

Así, se mantuvo en la declaración que ya efectuó ayer sobre el sobrecoste de la infraestructura, en la que se desligó de todas las actuaciones administrativas en la construcción, si bien ha asumido "con todas las consecuencias" su decisión política de llevar a cabo este proyecto que, según ha recordado, "fue refrendado por el Consell de Govern".

El coste del velódromo se disparó a más del doble de lo inicialmente presupuestado, alcanzando los 110 millones de euros.

Una declaración muy lenta
La declaración de este jueves está siendo muy lenta porque el juez y los fiscales están preguntando por cada contrato, si bien el juez ha anunciado que esta noche concluirá, por lo que podrían dictarse medidas cautelares contra él. La sesión, interrumpida a las 13.15 minutos, se ha retomado a las 17.00 horas, después de que Jaume Matas haya regresado al juzgado a las 16.55 para continuar con la declaración.

Además
* Bauzà promete 'contundencia' | Álbum
* 6 horas de interrogatorio para desvincularse de todo
* Quién es quién | Cronología del caso

elmundo.es

ANULAN TODAS LAS ESCUCHAS DEL "CASO GÜRTEL" EN PRISIÓN ORDENADAS POR GARZÓN

TRIBUNALES | Incluidas las de los letrados imputados

María Peral | Efe | Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón a los imputados del 'caso Gürtel' que se encuentran en prisión con sus abogados defensores, incluidas las mantenidas con letrados que están imputados.

La decisión del TSJM supone un duro varapalo a la instrucción del 'caso Gürtel' realizada por el juez Garzón, quien además está pendiente de que se resuelva una causa abierta en su contra en el Tribunal Supremo por haber ordenado interceptar esas conversaciones. Al Magistrado se le acusa de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones.

El Tribunal estima que esas escuchas son "ilícitas" por vulnerar el derecho fundamental a la defensa. Garzón autorizó la interceptación indiscriminada de todas las conversaciones que Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez mantuvieran en los locutorios de la prisión de Soto del Real con cualesquiera abogados que les asistiesen, sin especificar qué sospechas o indicios de criminalidad autorizaban a invadir la confidencialidad de la relación entre defensor y cliente.

Gracias a esas interceptaciones, el juez instructor, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura y la Policía accedieron a las estrategias de defensa que los imputados iban diseñando con sus abogados.

La sala matiza que las conversaciones anuladas sólo son las que los imputados Correa, Crespo y Sánchez mantuvieron con los abogados que estuvieran ejerciendo su defensa en ese momento o que hubieran sido "expresamente llamados en relación con asuntos penales".

La declaración de ilicitud afectará a las actuaciones practicadas en el proceso "que tengan conexión causal o jurídica con las intervenciones que se dejan sin efecto", pero será el instructor del caso, Antonio Pedreira, el que decida qué actuaciones concretas son nulas, sin perjuicio de lo que finalmente decida el tribunal que juzgue el caso.

Garzón aplicó un supuesto para casos de terrorismo

Al argumentar su decisión, los magistrados equiparan la intervención de las comunicaciones entre un abogado y su cliente con el recurso a la tortura para obtener la confesión de éste. Así, dicen que "la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado permitiría obtener datos incriminadores directamente del acusado".

A continuación, la sala examina los autos en los que Garzón ordenó las escuchas en aplicación del artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y concluyen que éste sólo las permite "cuando concurrieran dos condiciones conjuntamente: que se tratara de presos o penados por delitos de terrorismo y que esa restricción fuera ponderada adecuadamente en una resolución judicial". "Por tanto, en el caso presente, no investigándose delitos de terrorismo, estaba vedada toda intervención de las comunicaciones que mantuvieran con sus letrados los imputados en prisión provisional", agrega.

Tampoco serían válidas aplicando el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, utilizada habitualmente en el caso de personas no privadas de libertad, ya que esta norma sólo permite la intervención de las comunicaciones entre abogados y sus clientes "de modo absolutamente excepcional".

La resolución hace además un "análisis especial" del caso del abogado José Antonio López Rubal, dado que sus escuchas tuvieron un "carácter especial" por creer que estaba siviendo de "enlace" con personas en el exterior. El tribunal afirma que ese argumento es una "referencia genérica". "Sólo es una mera suposición o conjetura, de la que no se expresan los datos objetivos en los que podrían fundarse, dirigida a presumir que este abogado podría desempeñar el ilícito cometido que de él temía el instructor", afirma el tribunal.

El TSJM también critica el auto del 27 de mayo de 2009 en el que se acordó excluir las estrategias de defensa de las transcripciones. El tribunal dice que si se siguieron practicando las escuchas, ya que habían sido prorrogadas y el auto no ordenaba su cese, se creó una situación "de harto mayor descontrol que la preexistente", ya que las conversaciones no se incorporaron a las actuaciones, con lo que los imputados no podían comprobar si fueron posteriormente utilizadas para lograr alguna prueba en su contra.

La decisión del Tribunal cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados de la sala, en desacuerdo con la anulación de las escuchas.

El tribunal rechaza poner en libertad a Correa

El TSJM ha rechazado la petición de libertad planteada por Correa, presunto líder de la 'trama Gürtel', en el recurso contra la intervención de las comunicaciones.

El tribunal explica en su resolución que la ilicitud de las escuchas no implica la anulación "automática" de otras actuaciones practicadas en la causa, entre ellas las que llevaron a Garzón a decretar la prisión de Correa, y añade que será el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, el que decida qué efectos se derivan de la decisión tomada este jueves.

El auto señala que esa línea de actuación "desaconseja la revocación inmediata y sin mayores consideraciones, de algunas medidas que, como la situación de prisión provisional de varios imputados, se solicitan en los escritos de recurso".

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"CASO MALAYA"; LA AUDIENCIA DE MÁLAGA DECRETA LA LIBERTAD PARA ROCA

TRIBUNALES | Lleva cuatro años en prisión

Efe | Málaga

La Audiencia de Málaga ha decretado la libertad provisional por el caso 'Malaya' para el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal de Marbella y ex gerente de Urbanismo de la localidad, Juan Antonio Roca, aunque seguirá en prisión por su condena por otro asunto.

Según han indicado fuentes judiciales a Efe, se le ha concedido la libertad por el caso 'Malaya' al cumplirse el plazo máximo de prisión provisional que fija la ley, aunque no saldrá de prisión.

Las fuentes han indicado que no podrá salir en libertad, ya que esta cumpliendo condena de seis años y diez meses de prisión por el "caso Saqueo" por un presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella a cuentas privadas.

Roca ingresó por primera vez en prisión en abril de 2002 por el caso 'Saqueo', aunque salió en libertad después de abonar una fianza de 450.000 euros.

El 29 de marzo de 2006 fue detenido en la primera fase de la operación 'Malaya' y dos días después ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).

En julio de 2007, el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso, le procesó por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como jefe de una organización, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En marzo de 2008, el juez Oscar Pérez, nuevo instructor del caso, le impuso una fianza de un millón de euros para su puesta en libertad, pese al "elevado" riesgo de fuga, y el 14 de abril de ese año abandonó la prisión.

Nueve días después, Roca ingresó, sin embargo, en Soto del Real después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenara su encarcelamiento eludible bajo fianza de tres millones de euros por el "caso Saqueo".

El 20 de mayo, la Audiencia Provincial revocó parcialmente además el auto del instructor del caso 'Malaya' y dejó sin efecto la fianza impuesta a Roca, manteniendo la situación de prisión preventiva provisional ya prorrogada por otros dos años más

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA IMPUTA AL EX SUBDIRECTOR POR LA VENTA DE LOS TERRENOS

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha imputado al ex directivo de Mercasevilla Daniel Ponce dentro de la investigación por la supuesta venta irregular de los suelos del merca a Sanma (filial de Sando) a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga, una causa que, de este modo, acumula ya once personas imputadas.

En un auto fechado el lunes 15 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya imputa al ex directivo de Mercasevilla en el referido procedimiento, de acuerdo al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y lo cita a declarar el próximo día 5 de mayo a partir de las 10,30 horas, todo ello en base a las diligencias practicadas, la documental y las declaraciones realizadas hasta la fecha.

Asimismo, acuerda la práctica de nuevas pruebas, tales como librar oficio a la Unidad de Policía Judicial para que se requiera a Antonio Pardal, socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, a fin de que, en el plazo de cinco días, aporte el estudio de viabilidad de la ITV "prometida" en los terrenos de Mercasevilla y "cualquier" otra documentación que posea sobre los "presuntos" ofrecimientos que se le realizaron para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie firmado el 14 de octubre de 2003.

De igual modo, y en relación a las licencias de obras solicitadas por esta entidad, acuerda requerir a Pardal Reyes para que aporte "cuanta" documentación posea sobre las solicitudes de dichas licencias para la construcción de las naves industriales en los terrenos sobre los que ejercitaba el derecho de superficie, así como pide que acredite "documentalmente" las cantidades abonadas al mercado mayorista en virtud del referido contrato.

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