jueves, 29 de diciembre de 2011

FABRA SE PERSONA EN EL "CASO EMARSA" PARA QUE LOS RESPONSABLES "PAGUEN LAS CONSECUENCIAS"

El presidente valenciano rechaza que "se ponga en duda la honorabilidad de las instituciones"

MIGUEL OLIVARES - Valencia 

El presidente valenciano Alberto Fabra ha decidido personarse como acusación particular en la causa abierta por el saqueo de la empresa pública Emarsa "para defender los intereses de la Generalitat". Fabra ha evitado mencionar la actitud hacia el caso de Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, o de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Sí ha insistido en que facilitará a la justicia "todos los datos necesarios" para determinar "las posibles responsabilidades, si las hubiere", para que las personas que hayan hecho una mala gestión de los recursos públicos paguen las consecuencias

Emarsa es la empresa que gestiona la depuradora de aguas residuales de la zona metropolitana de Valencia. Estaba controlada por una entidad metropolitana en la que participan 51 ayuntamientos. El Ayuntamiento de Valencia domina el 44% de esa entidad. Los vocales del PP cubren el 77% del organismo. Hace poco más de un año Emarsa tuvo que ser clausurada con un agujero contable estimado en 17 millones de euros.

El juzgado de instrucción de Valencia abrió una investigación para intentar averiguar si la cúpula de Emarsa acordó el saqueo de la empresa con una trama de empresas que prestaron servicios inverosímiles a la depuradora. Están imputados el expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, que también es vicepresidente de la Diputación de Valencia, y Enrique Cuesta, exgerente de Emarsa y presidente de una agrupación local del PP de Valencia hasta que fue separado del cargo hace cinco semanas por decisión de la organización regional del PP. También están imputados otros dos directivos y hasta 15 proveedores de Emarsa.

El presidente de la Generalitat ha explicado que "el PP no va a consentir que se ponga en duda la honorabilidad de las instituciones ni del partido". "Lo que hacemos es defender nuestros intereses", ha concluido.



"CASO CAMPEÓN"; EL SUPREMO INVESTIGARÁ A BLANCO POR PRESUNTO COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El tribunal actúa tras las acusaciones de un empresario imputado por fraude

MANUEL ALTOZANO - Madrid 

Era una decisión esperada, aunque no por ello menos trascendente. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer los argumentos de la fiscalía y asumió la investigación contra el exministro de Fomento José Blanco tras las acusaciones formuladas por el industrial Jorge Dorribo, imputado en el caso Campeón por fraude de subvenciones públicas que instruye el juzgado número 3 de Lugo. El magistrado José Ramón Soriano será el encargado de investigar la parte del caso que afecta al exministro, que sigue siendo aforado al haber sido reelegido como diputado.

El magistrado Soriano tendrá que esclarecer si son ciertas las acusaciones contra Blanco. Dorribo aseguró que le había pagado más de 200.000 euros a cambio de gestiones para obtener una subvención del ministerio de Economía y agilizar una licencia para comercializar medicamentos que debía dar el ministerio de Sanidad.

La resolución, firmada por los magistrados Juan Saavedra (presidente), Julián Sánchez Melgar (ponente), Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero y Francisco Monterde afirma que la exposición razonada por la que la juez de Lugo Estela San José envió el caso al Supremo relata "indicios correspondientes a los presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias que confluyen en el comportamiento del aforado", es decir, de Blanco. El auto sugiere que algunos de los aspectos de las declaraciones del empresario están respaldados por correos electrónicos, facturas, transferencias, intervenciones telefónicas y mensajes de móvil. Todo ese material permitiría inferir "indiciariamente" una serie de entregas de dinero a Blanco realizadas presuntamente a través de su primo político y también empresario Manuel Bran. La Sala admite que la investigación es todavía "incipiente", pero se apoya en el escrito del fiscal, que pidió que el Supremo asumiera la competencia en lo que afecta al exministro porque la indagación "necesariamente debe llevarse a cabo".

La exposición razonada enviada el pasado 31 de octubre por la juez San José al Supremo recoge tres declaraciones contradictorias de Dorribo. En la primera de ellas asegura que entregó en Andorra más de 40.000 euros a José Antonio Orozco, socio de la asesoría Proitec, que supuestamente iban destinados a Blanco a cambio de su intermediación con el Ministerio de Sanidad para agilizar una autorización para que su empresa, Laboratorios Nupel, pudiera comercializar medicamentos en formato unidosis. Esa autorización nunca fue concedida por el ministerio.

En esa primera declaración, Dorribo también habla de un encuentro con Blanco, en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) el 5 de febrero de 2011, gestionado por su primo político Manuel Bran. La existencia de esa reunión -que se produjo presuntamente en el mismo coche oficial de Blanco- quedaría acreditada por una llamada entre Bran y el empresario farmacéutico realizada a las 9.57 de ese día para concertar esa cita.

La segunda declaración del empresario contradice a la primera. En ella, Dorribo dice que ese supuesto pago de más de 40.000 euros realizado en Andorra fue en realidad de 90.000, y que se hizo a través de una sociedad denominada Salut d'Innovació radicada en el Principado. En esa comparecencia también asegura que media hora antes de que llegara Blanco a la gasolinera de Guitiriz, quedó allí mismo con Bran, al que le entregó otros 200.000 euros para el exministro. El objetivo de esa entrega, según Dorribo, era "agilizar los trámites en el Ministerio de Sanidad y la subvención del Ministerio de Economía".

La juez de Lugo también encuentra indicios de tráfico de influencias en la supuesta ayuda de José Blanco a José Antonio Orozco mediante gestiones con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para que su empresa, Azkar, pudiera construir una nave junto al aeropuerto. Esos indicios aparecen en las llamadas y SMS intervenidos a Orozco. En total, las comunicaciones grabadas entre Orozco y el exministro son 14. En una de esas llamadas, Blanco pregunta al empresario si el alcalde de Sant Boi "es de los suyos". El Código Penal castiga el cohecho con penas de prisión de tres a seis años. El tráfico de influencias conlleva una sanción de seis meses a dos años de cárcel.
 
El exministro de Fomento niega la mayor
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, volvió ayer a rechazar las acusaciones del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, pero no cuestionó la decisión del Supremo de aceptar la competencia para investigarle. En una conversación con este periódico, el número dos del PSOE y ministro de Fomento hasta la semana pasada, aseguró que respeta la decisión de la Sala de lo Penal.

Blanco asegura que esperaba esta decisión tras conocer el informe de la fiscalía, que calificaba de "necesaria" la apertura de una investigación en el alto tribunal. Pero al mismo tiempo califica de "falsas" las acusaciones contra su persona y muestra esperanza de que la causa abierta ahora contra él permita que "prevalezca la verdad".

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó que el futuro procesal del exministro "es cada día más oscuro" y le recordó que la justicia "es inexorable e igual para todos". Alonso animó a Blanco a decidir "cuál es la posición más razonable para ejercer su defensa y dar explicaciones a los ciudadanos". "Se negó a comparecer en el Congreso, pero ahora tendrá que comparecer en los tribunales. La justicia sigue su camino", añadió. Más allá fue Carrlos Martínez Gorriarán (UPyD), que reclamó su dimisión como diputado.


elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LOS TESTIGOS DE CAMPS NIEGAN UN TRATO PREFERENTE A LAS EMPRESAS DE CORREA

Nueva ubicación de Camps y Costa en el juicio. / EUROPA PRESS
Funcionarios y cargos mantienen que los contratos no fueron impugnados

Así te lo hemos contado en directo

María Fabra Valencia

Más de dos docenas de testigos, llamados a declarar por la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han asegurado, durante dos jornadas de declaraciones que en ningún momento favorecieron a las empresas del grupo Correa. El abogado ha intentado preguntarles si recibieron algún tipo de presión o instrucción de Camps para que fueran estas las empresas contratadas pero el magistrado que preside el tribunal del jurado se lo ha impedido al considerar el cuestionamiento “impertinente”.

Un par de veces en cada interrogatorio, en cada uno de los testigos, el letrado ha manifestado su protesta pese a la explicación del juez que considera que la pregunta no tiene que ver con la causa ya que busca defenderle de una acusación a la que no está sometido, la de favorecer a las empresas de la trama Gürtel. El juicio de los trajes, que se celebra desde el día 12 en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se limita a una acusación de cohecho impropio, por recibir, supuestamente, regalos de la red corrupta en su condición de autoridad, pero no en contraprestación por favorecerles en contratos públicos.

Los testimonios han encontrado también la parte fiscalizadora de las acusaciones, sobre todo de la acusación popular, que ha desgranado cada uno de los contratos que los funcionarios y cargos defendían, desvelando ante el jurado que se trataron, en muchos casos, de contratos menores que no pasaron por un concurso público. En cualquier caso, los testigos han señalado que ninguna de las adjudicaciones fue impugnada.

Las empresas del grupo Correa llegaron a obtener cerca de 70 contrataciones de la administración valenciana, un total de más de siete millones de euros.

"OPERACIÓN BABEL"; EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO E IMPUTA A IÑAQUI URDANGARÍN


El instructor del caso, José Castro, levanta el secreto del sumario y le cita a declarar el 6 de febrero
El magistrado advierte al duque de Palma que le detendrá si no comparece
Auto del juez José Castro

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Iñaki Urdangarin
Jaume Matas
Operación Babel
Imputados
Caso Palma Arena
Corrupción política
Corrupción


El juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, ha imputado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y le citará a declarar el 6 de febrero. La citación se  formaliza, de acuerdo con el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, al alzarse el secreto judicial sobre los 2.700 folios de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro que impulsó el duque de Palma como presidente.

El magistrado,además, advierte al duque de Palma que le detendrá si finalmente no comparece sin causa justificada. El texto del auto, como por otro lado suele ser habitual en estos procedimientos, deja claro que "de no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, la orden de citación podría convertirse en orden de detención".
El abogado del duque de Palma ha informado que el juzgado le ha enviado por fax el auto a su domicilio de Washington, donde reside con su esposa, la infanta Cristina, desde el verano de 2009. Pese a ello, tras dos horas de intentos aún no se había podido comunicar el contenido del auto porque la línea comunicaba.

El juez Castro también ha llamado a declarar el día 5 de enero como imputados al socio de Urdangarin, Diego Torres, así como a otros cargos del Instituto Nóos como Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.

Los primeros en declarar como imputados en esta causa serán, sin embargo, el exdirector general de Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, José Luis Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, que han sido citados para el 25 de enero.

El TSJIB ha señalado que cabe recurso de reforma contra el auto dictado hoy por Castro ante el propio juzgado, en un plazo de tres días, y de apelación ante la Audiencia de Palma.

En la causa judicial abierta se rastrean indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, en una pieza separada del caso Palma Arena, en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP) por adjudicaciones ilegales de un macropolideportivo.

El instituto Nóos organizó dos congresos de fomento turístico de la isla a través del deporte por los que cobró 2,3 millones de euros del Gobierno balear. La investigación ha detectado que más de la mitad de ese dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin o de su socio, Diego Torres, imputado en el caso.

La investigación ha descubierto también las mismas prácticas con tres ediciones de los Summit del deporte en la Comunidad Valenciana por las que el Gobierno de Francisco Camps llegó a pagar casi tres millones de euros. Los eventos con ambos Gobiernos del PP se desarrollaron entre 2004 y 2006.

Las empresas de Urdangarin, según la investigación judicial, no pudieron justificar todos los gastos o lo hicieron de manera irregular. Entre las empresas privadas a las que se derivaron fondos logrados por Nóos figura la sociedad Aizoon, propiedad del duque de Palma y la infanta Cristina. Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la investigación, lo maquillaban a través de “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

La infanta Cristina y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006, en la que dimitieron al igual que Urdangarin. El juez que investiga el caso considera que ni la infanta ni García Revenga pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones, por lo que no está previsto que sean imputados.

Entre 2003 y 2006, Nóos facturó más de 15 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. Al menos la mitad de los fondos procedía de los contratos con Administraciones públicas y el resto por sus tratos con compañías privadas, que patrocinaban los eventos.

Cerca de medio millón de euros fueron derivados a una sociedad domiciliada en Londres a través de una de las sociedades de la trama llamada De Goes Center for Stakeholder Management, compañía pantalla comprada a un testaferro de un paraíso fiscal por una de las ramas de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Esta entidad altruista fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz ade que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.

El juez Castro sospecha que Urdangarin y su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, imputado en la causa, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”, según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.

La Casa del Rey apartó de las actividades de la familia real a Iñaki Urdangarin por su conducta no ejemplar. A mediados de 2006 un emisario del Rey gestionó en Barcelona el desenganche del duque de Palma de sus negocios privados. Aunque el duque de Palma abandonó la junta directiva de Nóos en junio de 2006, la investigación sospecha que siguió ligado a la red con sus apoderados.

Entre 2004 y 2006, el PSOE de Baleares preguntó en diferentes ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa de Urdangarin. El juez Castro considera que con Nóos se buscó en su día la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.

La relación privada de Urdangarin con el Gobierno de Matas comenzó a finales de 2003 cuando actuó como intermediario en la venta del equipo ciclista Banesto para que luciera la marca Illes Balears por 18 millones de euros en tres años. A continuación, Urdangarin gestionó para su grupo tres contratos directos por 300.000 euros de 2004. Los investigadores analizan esos contratos al sospechar que fueron ficticios, sin expediente y por trabajos simulados.

Imputados de Nóos y del Gobierno de Jaume Matas
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, no es el único imputado en la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos. Junto al duque de Palma, el juez Jose Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, también ha imputado a Diego Torres, experto en estrategia empresarial, patrocinio y mano derecha de Urdangarin, y a los miembros de Nóos Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.

El auto dictado hoy también sirve para llamar a declarar como imputados José Luis Ballester, Pepote, campeón olímpico y exdirector general de Deportes del Gobierno de las Islas Baleares durante el mandato del popular Jaume Matas; Gonzalo Bernal, exdirector de la Fundación Illesport; y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía.