jueves, 28 de junio de 2012

EL JUEZ RUZ IMPUTA AL EXTESORERO NACIONAL DEL PP POR DELITO FISCAL


Rosalía Iglesias ya está imputada desde mayo de este año
Debe responder de un posible fraude al fisco de 222.000 euros

J. A. R. Madrid

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Luis Bárcenas. / LUIS SEVILLANO

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, ha imputado por delito fiscal al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas por un presunto delito fiscal cometido en 2006 y lo ha citado a declarar para el próximo 11 de julio. La imputación inicial iba dirigida contra su esposa, Rosalía Iglesias Villar, quien había ingresado en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006, un dinero cuya procedencia no había podido acreditar completamente y por el que no habría pagado más de 222.000 euros en concepto de IRPF.

No obstante, Rosalía Iglesias declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que todos los temas económicos de la pareja, incluidos los referentes a la declaración de la renta, "los lleva y los ha llevado siempre" su marido, lo que el propio Bárcenas corroboró en julio del año pasado. Por ello, el juez entiende que, si hubo delito fiscal, este fue obra del extesorero del PP.

Ruz se basó para imputar a Rosalía Iglesias en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por Iglesias al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio que había adquirido en 1987 por 1.803 euros y había vendido en 2006 por 558.196 euros.

Sin embargo, la Agencia Tributaria asegura que la esposa del extesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta. La cantidad supuestamente defraudada, según señalaba el juez de la Audiencia Nacional en el auto de imputación de Iglesias, sería de 222.112,158 euros en concepto de IRPF.

Ruz argumenta en el auto que imputa a Bárcenas que fue éste quien contactó con Santiago Lago Bornstein para que este se encargara de las declaraciones tributarias y de la gestión del patrimonio de su esposa. Lago declaró el pasado 18 de junio que Bárcenas le pidió que se encargase de representar a su esposa ante la Inspección de Hacienda y que incluso tuvo que esperar para ello a que el extesorero volviera de un viaje para que le entregasen la documentación referida a las operaciones cuestionadas por la Agencia Tributaria respecto a la declaración de la renta de Rosalía Iglesias. Tuvo que ser así porque era Bárcenas quien guardaba dichos documentos. Además, reza el auto, "en las dos o tres reuniones que [Lago] mantuvo con su representada también estuvo presente el señor Bárcenas".

"CASO EMARSA"; EL TRIBUNAL DE CUENTAS ADMITE LA DEMANDA DE LA EMSHI CONTRA CUESTA, ARNAL Y CRESPO

Les pide 27 millones de euros


Europa Press | Valencia

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) contra Esteban Cuesta y Enrique Arnal en calidad de responsables contables directos y a Enrique Crespo como contable, a los que les pide 27,6 millones de euros.

En un decreto fechado el 14 de junio en el Tribunal de Cuentas, se detalla que el 25 de mayo la Emshi presentó una demanda contra estas tres personas y asimismo se solicitó la condena al pago de los interesas de demora y la imposición de costas.

En su escrito, el tribunal señala que no aprecia la falta de jurisdicción ni de competencia objetiva ni territorial para conocer del asunto por lo que considera procedente admitir a trámite la demanda que se sustanciará por juicio ordinario.

Asimismo señala que las partes disponen de 20 días para contestar y cinco días para pronunciarse sobre la cuantía del procedimiento. A esta resolución cabe interponer recurso en el plazo de los cinco días posteriores a la notificación del decreto.

En cuanto al fondo del asunto, en la documentación aportada se detalla que en el caso de la sociedad que ocupa la investigación, si bien adopta forma mercantil, no se ha de olvidar su naturaleza pública por lo que sus órganos de gobierno asumen las responsabilidades sobre la gestión ordinaria.

Añade que el alcance se produce cuando el encargado de manejar o custodiar es incapaz de explicar con la mínima e imprescindible actividad probatoria la inversión, el empleo o destino dado a los caudales públicos, no pudiendo justificar un saldo deudor en las cuentas encomendadas, con independencia de que dicho encargo se haya apropiado o no de su importe.

La responsabilidad contable puede ser directa o subsidaria por lo que en la denuncia se anticipa que consideran responsables directos tanto a Cuesta como a Arnal por haber "ejecutado, forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución"

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"CASO GÜRTEL"; EL EXDIRECTOR ECONÓMICO DE RTVV ATRIBUYE A LOS TÉCNICOS EL CONTRATO DEL VIAJE DEL PAPA



Europa Press | Madrid

El ex director económico de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Ricardo Calatayud ha atribuido a los técnicos del ente público la decisión de adjudicar a una empresa relacionada con la trama Gürtel el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006según informaron fuentes personadas en la causa.

Calatayud, que ha declarado durante una hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha contradicho la versión aportada por el ex jefe del Departamento Técnico Luis Sabater, que aseguró que éste les dijo que adjudicaran el contrato a Teconsa "por órdenes superiores", y ha avalado la versión que ofreció el ex director del ente Pedro García Gimeno, que culpó a los responsables de la Mesa de Contratación.

Sabater aseguró ante el juez que él ni siquiera elaboró ese informe, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Sin embargo, el ex director económico ha asegurado que el informe en el que se basó el contrato se redactó "en la fecha que figuraba", un día antes de que finalizara el plazo de presentación de las plicas, y que él tuvo "poca capacidad de decisión" en la adjudicación.

Tres millones una semana después
También ha justificado que el 10 de mayo, apenas seis días después de la adjudicación, la radio televisión valenciana entregara 3,5 millones de euros a Teconsa, a pesar de que en ese tiempo no realizó ningún trabajo. "Fue un hecho normal porque en el contrato figuraba la posibilidad de aportar un 50% de la facturación por anticipado", ha explicado.

La versión de Sabater ha sido refrendada por uno de los auxiliares administrativos de su departamento, Andrés Bravo, que ha declarado como testigo ante el juez Ruz. El compareciente ha dicho que el contrato investigado no es suyo porque estaba en mayúsculas y él siempre lo escribía en minúsculas.

De hecho, el informe combinaba ambos tipos de letra, lo que Calatayud ha explicado, según las citadas fuentes, apuntando que le remitieron el borrador porque tenía que rectificar "un pequeño error". Preguntado por si podía entregar los documentos originales, ha asegurado que alguien se los borró del ordenador y habían desaparecido.

El magistrado imputa indiciariamente a Calatayud los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos por "la participación que pudiera haber tenido, directa o indirecta, en los procedimientos de adjudicación" del contrato a la constructora Teconsa, que ascendió a 7.493.600 euros.

De hecho, Ruz especificaba en su auto de citación que García Gimeno declaró que Calatayud "habría intervenido en los procedimientos de adjudicación" y que Sabater precisó que su labor consistió en "ordenar o transmitir" sus órdenes y hacer "él mismo" el informe propuesta de ese expediente.

García Gimeno aseguró el pasado 8 de mayo que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

Ruz también ha interrogado a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos de Teconsa junto a su hermano Óscar, al que atribuye delitos contra la Hacienda pública y falsedad.

Once imputados
De esta forma, el número de imputados por la contratación de la visita del Papa a Valencia se eleva a once. Entre ellos se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez, 'El Bigotes'; los empresarios Óscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz; Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Avalon; y Ana María Martínez Penades.

Por lo que se refiere a los altos cargos de RTVV, están imputados el ex director Pedro García Gimeno; el ex director económico, Ricardo Calatayud; el ex director de Antena Antonio de la Viuda; y el ex jefe del Departamento Técnico Luis Sabater.

A los empresarios y García Gimeno se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

Reiteradas dádivas
Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputaciones, el ex director general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.

Por su volumen" y el "número de irregularidades" detectadas el Ministerio Público destaca el acto del V Encuentro Mundial de las Familias, que la televisión pública valenciana adjudicó a Teconsa por un importe de 7.493.600 euros.

Los trabajos fueron subcontratados después a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.


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EL FISCAL DEL "CASO DEL HOTEL DEL PALACIO" SOLICITA CÁRCEL PARA GARCÍA-BRAGADO

El ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento y ex secretario de la Presidencia de la Generalidad, implicado en el 'caso del hotel del Palacio de la Música' (foto: Generalidad).
Una derivada del caso de corrupción del Palacio de la Música salpica de lleno al PSC. El fiscal pide para Millet y Montull una pena de diez años y dos meses de prisión, además de una serie de multas.

Agencias / Redacción

El fiscal del caso del hotel del Palacio de la Música ha pedido diez años y dos meses de prisión para el ex presidente de la entidad Fèlix Millet y para su mano derecha, Jordi Montull. Además, ha pedido otros cuatro años y siete meses de cárcel para el ex teniente de alcalde y ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon García-Bragado (PSC), el ex gerente de Urbanismo Ramon Massaguer, el ex director jurídico de Urbanismo Enric Lambies y el arquitecto del proyecto, Carles Díaz.

Antoni Pelegrín, fiscal coordinador de delitos Urbanísticos de Barcelona, considera que Millet y Montull proyectaron un hotel de lujo cerca del Palacio de la Música e intentaron conseguir el apoyo correspondiente de los responsables municipales y autonómicos para construirlo junto al edificio de la institución musical. Pelegrín les imputa los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación pese a que nunca llegó a levantarse el hotel.

Millet y Montull aprovecharon ‘de manera especial e intensa el prestigio, el reconocimiento y la estimación’ de la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música Catalana, para conseguir que la Generalidad y el Ayuntamiento colaborasen con la operación urbanística firmando convenios, informes, agilizando trámites y dictando diversas resoluciones, según denuncia el fiscal; que añade que ‘buscaban en aquella operación conseguir un importante beneficio económico personal en diversos momentos de su tramitación’.

Recalificación por amigos

El escrito del fiscal señala que los dirigentes de la institución musical compraron, en noviembre de 2003, inmuebles cercanos al edificio del Palacio de la Música que eran propiedad del Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, aunque ‘sabían perfectamente’, gracias al asesoramiento de Díaz, que la calificación urbanística del Plan General Metropolitano de Barcelona (PGM) no permitía construir el hotel que querían, pues el suelo eran únicamente para equipamientos educativos.

Sin embargo, aprovecharon su ‘relación de confianza y amistad’ con García-Bragado, entonces, secretario de la Presidencia de la Generalidad y, antes, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, y con Massaguer, gerente de Urbanismo, para conseguir en noviembre de 2004, un año después de la compra, un cambio de calificación urbanística en cuya redacción trabajaron colaborando con Díaz.

Pelegrín señala que los cinco acusados (los cuatro citados más Manuel Valderrama) acordaron que el primer convenio, firmado el 8 de marzo de 2006 a tres bandas entre el Palacio de la Música, el Ayuntamiento y la Generalidad se ocultase ‘la operación lucrativa’ que buscaban Millet y Montull. Y presuntamente se pusieron de acuerdo en que durante toda la tramitación constase que las fincas donde se iba a construir el hotel eran propiedad de la fundación, cuando en realidad, se trasmitía la titularidad a un tercero.

Multas y acusación popular

Una vez firmado el acuerdo, los dos responsables del Palacio abrieron una ‘especie’ de concurso privado para buscar a una empresa concesionaria, eligiendo a Olivia Hotels, cuyo administrador era Manuel Valderrama, y que acordaron que además de los 15 millones de euros del valor de los solares, le pagase adicionalmente 900.000 euros en metálico.

Valderrama, continúa la fiscalía, desconocía ‘el verdadero propósito de lucro que buscaban’ Millet y Montull, y entregó esta suma como precio de la adjudicación, que inmediatamente los acusados incorporaron a su patrimonio personal.

Además de las penas de cárcel, Pelegrín ha pedido para Millet y Montull multas que rondan los 48.500 euros, que también deberían indemnizar conjuntamente a la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música con 567.000 euros y, con 333.000 euros, a la Generalidad, pese a que CiU ha desestimado pedir esta compensación; y para García-Bragado, Massaguer, Díaz y Lambies el fiscal ha pedido una multa que ronda los 12.000 euros para cada uno (y trece años y medio de inhabilitación para cargo público).

La acusación popular (formada por la Asociación de Vecinos en defensa de Ciutat Vella y la Asociación de Vecinos del Casc Antic), por su parte, ha pedido siete años de cárcel para Millet y Montull al considerar que su intención era la de obtener ‘un importante beneficio económico’ de 3,6 millones de euros con las plusvalías de la operación urbanística, aunque finalmente obtuvieron 900.000 euros.

Para los responsables municipales, la acusación popular ha pedido tres años para Garcíaa-Bragado, seis meses para Massaguer, tres años para Lambies y nueve meses para Díaz.

Pendientes de la causa principal

Al margen del caso del hotel del Palacio de la Música, Millet y Montull todavía están pendientes de la causa principal abierta contra ellos por haber expoliado, según han reconocido, a la institución musical y cuyo desfalco podría rondar los 35 millones de euros.

Por otra parte, la semana pasada se dio a conocer un informe de la Policía Nacional que confirma que la empresa Ferrovial donó a la fundación del Palacio de la Música cantidades de dinero en concepto de patrocinios que acabaron sirviendo para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya a través de la fundación Trias Fargas, actual CatDem.


miércoles, 27 de junio de 2012

"CASO ERE"; LA JUEZA ALAYA CONDENA A LA JUNTA QUE LE INFORME DE OTRAS 11 AYUDAS DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Nuevo auto judicial
Una de ellas iba destinada a una empresa de la Sierra Norte de Sevilla
La instructora le da a la Junta dos días para que le entregue los expedientes

Efe | Sevilla

La juez que investiga los ERE irregulares ha acordado pedir a la Junta once nuevos expedientes de ayudas a empresas o pagados por la Consejería de Economía, de cuya existencia ha tenido conocimiento mediante un "desplegable" entregado al juzgado el pasado 6 de junio.

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, enumera una serie de ayudas conocidas por el nuevo "desplegable" y no incluidas en otro informe similar de mediados de 2011, o que ahora aparecen consignadas con cargo a otra consejería o partida presupuestaria.

Así, cita los 349.083 euros que, según la última documentación recibida, se entregaron a la empresa Nueva Lima, pese a que en el primer desplegable solo constaba una ayuda sociolaboral de 53.004 euros en abril de 2010.

Igualmente, Instalaciones Industriales y Navales de Huelva S.L. que recibió tres ayudas sociolaborales por importe de 354.995 euros, sólo constaba en el desplegable de 2011 como destinataria de 41.778 euros.

Respecto a los 450.000 euros recibidos por Abantia Ticsa, los 952.404 euros de Astilleros de Huelva y dos ayudas de 455.025 y 1.325.254 euros para Astilleros de Sevilla, la juez Alaya recoge que, según la documentación oficial, respondía a una "encomienda de pago con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia".

Dice el auto que ello supuso "una disposición de fondos" de la Consejería de Economía de 3.537.680 euros, por lo que "la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo habrán de ser investigadas".

La juez da a la Junta dos días para que le remita los expedientes de ayudas a Industria Elizana (1.150.000 euros), Virgen de la Luz, que recibió una ayuda directa de 440.000 euros, y Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (SCOINC), que percibió 405.916 euros y que no aparecía en el anterior desplegable.

El auto añade una nueva ayuda directa, hasta ahora desconocida, de 50.000 euros a Grueso y García S.L., empresa ubicada en la Sierra Norte de Sevilla donde, según los investigadores de la Guardia Civil, se concentraron el 70 por cien de las ayudas investigadas pese a que solo tiene 30.000 habitantes.

En cuanto a la entidad TPM Inversiones Plásticas, el auto recoge que la Consejería de Empleo informó de una ayuda de 1,5 millones con cargo a la partida 31L o "fondo de reptiles", aunque añade que "en el último desplegable consta que le fue concedido un préstamo por dicha cuantía y con cargo a los fondos de la Consejería de Empleo".

Del mismo modo, pide a la Junta el expediente relativo a la ayuda de 109.620 euros a ACYCO, pues en un documento figura como fecha del convenio el 3 de septiembre de 2010, la ayuda fue concedida con anterioridad, el 24 de marzo de 2010.

El auto acuerda además unir otros 18 anexos recibidos el pasado 6 de junio a los expedientes sobre las citadas empresas ya abiertos en el juzgado.

martes, 26 de junio de 2012

"CASO PALACIO DE LA MÚSICA"; EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGARÁ LAS DONACIONES IRREGULARES A CDC


El juez del ‘caso Palacio de la Música’ asume la petición de la Fiscalía Anticorrupción y traslada al organismo fiscalizador el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que denuncia la presunta financiación ilegal de la formación nacionalista.

Redacción


El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, que investiga el caso Palacio de la Música, ha decidido remitir al Tribunal de Cuentas el informe policial que considera probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió donaciones de empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalidad a través de la fundación Trias Fargas (actual CatDem), para que investigue si hubo financiación ilegal.

El magistrado ha tomado esta decisión después de que hace dos semanas la Fiscalía Anticorrupción así se lo solicitase al considerar que esas aportaciones podrían haber incumplido la ley de financiación de los partidos políticos.

Presuntas comisiones por adjudicaciones públicas
En concreto, el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que fue encargado por el propio Pijuan, concluye que donaciones a la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música entregadas por Ferrovial y por otras ‘empresas de relevancia’ en sectores como la construcción, los servicios de agua y las autopistas eran en realidad comisiones por adjudicaciones públicas, concursos ‘cuyo resultado pudiera estar viciado por esas aportaciones’, que acabaron en manos de la formación nacionalista.

El dictamen, fechado el pasado 24 de mayo, señala que los convenios entre la Trias Fargas y el Palacio de la Música son ‘extraordinariamente sospechosos por amparar pagos que no parecían acoplarse a la realidad’, y acredita ‘vínculos férreos’ entre las aportaciones de Ferrovial y los fondos recibidos por la fundación convergente.

Mas echa balones fuera
La policía destaca que había ‘diversos mecanismos orquestados’ para transferir fondos desde la Trias Fargas a CDC, muchos de ellos amparándose en ‘supuestas prestaciones de servicios’ que en realidad no se ejecutaron. También advierte de que hubo importantes salidas de dinero en metálico de las que no hay rastro documental, lo que podría implicar un presunto delito de blanqueo de capitales.

A principios de junio, durante una sesión de control al Gobierno autonómico, Artur Mas, presidente autonómico y líder de CDC, preguntado por este presunto caso de corrupción política que afecta de lleno a su partido, admitió que “todo, todo, todo” sobre la formación nacionalista no puede saberlo, pero insistió en que quien debe demostrar si se han cometido delitos son los tribunales; y lamentó que algunos partidos de la oposición ya estén “condenando” a los convergentes.

Líder en ingresos procedentes de donaciones anónimas
Por otra parte, el Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente del ejercicio 2007, elaborado por el Tribunal de Cuentas, recoge que más de dos millones de euros ingresados por fundaciones ‘vinculadas orgánicamente’ a CDC pasaron a manos de CiU sin justificación alguna.

Los dos partidos que forman la federación nacionalista de CiU recibieron 41,6 millones de euros en donaciones anónimas entre 1987  y 2007, lo que supone más del 41% de los 100,3 millones de euros que, en ese período, recaudaron todos los partidos de España por ese concepto.


CONDENADO A TRES AÑOS DE CÁRCEL UN CONSEJERO DE UM DEL GOBIERNO DE ANTICH



El tribunal le atribuye delitos de malversación de 15.000 euros de caudales públicos y prevaricación

Andreu Manresa Palma de Mallorca

El exconsejero de Turismo de Baleares, Francesc Buils, de Unió Mallorquina (UM), que ejerció entre 2007 y 2008, en el último Gobierno de Francesc Antich, del PSOE-PSM-IU- más UM, ha sido condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por malversación de 15.000 euros de caudales públicos y prevaricación. Buils, por "interés político" partidista, según el tribunal, agradeció con dos contratos de asesoría no reales el pago de los trabajos que para UM efectuó un empresario y exalcalde de Sóller, Antoni Arbona, quien confesó los hechos, devolvió el dinero cobrado y asumió un año de prisión.

Buils ofreció dos contratos de asesoría oficial para compensar a Arbona dos actos internos de UM en un hotel de Arbona. El ex director general Turismo, Antoni Rebassa, recibe una condena de cuatro años y seis meses por participación en los trámites en los dos delitos. Otro ex director general que cooperó durante la vista en esclarecer el caso, Antoni Oliver, recibe una pena de un año y seis meses de cárcel.

Buils fue detenido tras dejar el cargo y tiene otras causas pendientes. Es del entorno de confianza de la exlíder de UM Maria Antònia Munar, sobre quien la Audiencia de Palma ha de dictar sentencia en las próximas semanas por por otro caso ya juzgado. El exconsejero Buils participó por UM en sesiones del buró de la Internacional Liberal. El partido bisagra clave para PP y PSOE en las islas estalló y se disolvió en febrero de 2010, por el cúmulo de causas judiciales. El sucesor de Buils en la consejería, Miquel Nadal, en la misma época de poder del centro izquierda (2007-2011) fue juzgado semanas atrás en la Audiencia de Palma, con exlíder del partido Maria Antònia Munar.

"CASO VOLTOR"; TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXCONSELLER BALEAR DE TURISMO POR MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

El ex conseller de Turismo en la puerta de la Audiencia de Palma. | Pep Vicens
Sentencia
La Fiscalía pidió 4 años de cárcel para Francesc Buils
Pagó con fondos públicos al ex alcalde de Sóller por proyectos no realizados

Eduardo Colom | María José García | Efe | Palma

La Audiencia de Palma ha condenado a 3 años de cárcel al ex conseller balear de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils por gratificar a un exalcalde de su partido con 15.000 euros de dinero público, en la que constituye la primera sentencia del caso Voltor de corrupción.

La Fiscalía había pedido 4 años de cárcel para Buils por pagar en 2007 y 2008 al ex alcalde de Sóller Antonio Arbona fondos públicos por unos proyectos que no se hicieron, un dinero que en realidad sirvió para retribuirle sus trabajos para el partido nacionalista, que desapareció en la pasada legislatura por los numerosos casos de corrupción que le afectaron.

Además de condenar a Buils por malversación, la Audiencia ha impuesto una pena de 1 año de cárcel a Arbona, sustituible por multa; 1 año y medio (también sustituible por multa) a Antonio Oliver, exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), el organismo que pagó; y a 4 años y medio a Antonio Rebassa, jefe del departamento responsable de la contratación.

Buils es el sexto político de primera fila condenado en Baleares desde que se destaparan los casos de corrupción de las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011, además del expresidente Jaume Matas (PP), el ex director general del Territorio Jaume Massot (PP), el exconseller de Territorio de Mallorca Bartomeu Vicens (UM), el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exjefe de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos (PP).

lunes, 25 de junio de 2012

EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN"; LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A BLASCO EN EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN

El ‘síndic’ pudo incurrir en prevaricación, cohecho y malversación
Presionó a varios funcionarios y favoreció a ONG
Un político hechizado por el poder

Federico Simón Valencia

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Rafael Blasco se dirige a la tribuna de oradores durante un pleno de las Cortes Valencianas. / JORDI VICENT

Rafael Blasco no solo dirigía una consejería que propició el desvío de los fondos destinados al tercer mundo a cuentas privadas de empresas de Estados Unidos y España. Según los fiscales que investigan el saqueo de al menos seis millones de euros, también está implicado en la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar la imputación en el caso de la cooperación del actual síndic del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (ahora apartado provisionalmente como portavoz) por su supuesta implicación cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el fraude de las ayudas de cooperación, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

Los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres presentaron un informe a la magistrada Nieves Molina, que investiga el fraude desde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el que consideran que hay fundados indicios de que Blasco participó en la trama y que podría ser imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La mayoría de las 27 personas hasta ahora implicadas en la causa han sido imputadas por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Y a Blasco se le han añadido los de prevaricación, que supone dictar a sabiendas una resolución injusta, y tráfico de influencias, posiblemente por haber presionado a funcionarios para favorecer a alguna ONG en concreto.

El informe de la fiscalía es preceptivo para dilucidar una cuestión de competencia, puesto que Blasco, por ser diputado, está aforado. La juez Molina consultará ahora al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que esta instancia decida sobre la imputación del exconsejero de Solidaridad. En caso afirmativo, el TSJ nombrará un nuevo instructor para completar el trabajo elaborado por Molina desde hace más de un año.

El sumario revela múltiples conversaciones con Tauroni, cabecilla de la trama

El sumario de la causa, que cuenta ya con 27 imputados, entre ellos seis personas que trabajan para la Administración, habla de una trama articulada en torno a la consejería y a la Fundación Hemisferio, una supuesta organización no gubernamental (ONG) que captó a media docena de asociaciones y les gestionó sus proyectos de cooperación ante la Generalitat. Cuando las ONG recibían el dinero, este se desviaba a cuentas en Estados Unidos a través de una red de empresas en España y en el país americano. Las ayudas se justificaban después ante la Administración a base de facturas falsas que emitían otras empresas, algunas ficticias.

A falta de conocer en detalle la exposición motivada de los fiscales remitida a la juez, la implicación de Blasco en el sumario se sustancia en los expedientes de las ayudas de la consejería, en las declaraciones de los testigos y los imputados interrogados por la juez y en las conversaciones intervenidas por la policía y por orden judicial a los principales cabecillas de la trama.

En concreto, el sumario revela que hubo numerosas llamadas, hasta ocho en un día, entre el portavoz del PP y Augusto César Tauroni, el principal imputado de la causa y el único que permanece privado de libertad desde su detención el pasado 23 de febrero. La policía ha vinculado a Tauroni con ocho empresas de Estados Unidos, donde además tiene dos viviendas y un yate. Él es titular de algunas de las cuentas a las que se transfirieron gran parte de las cantidades ingresadas por ONG beneficiadas que tendrían que haber llegado a países en vías de desarrollo.

La causa ya suma 27 imputados y seis de ellos trabajan en la Administración

A pesar de que Blasco negó en los últimos años tener una relación de amistad con Tauroni —aseguró que se conocían de vista solo porque ambos eran de Alzira—, las llamadas intervenidas revelan multitud de citas entre ambos, encuentros entre la secretaria de Blasco y la administradora de Hemisferio para intercambiarse sobres, intercesiones para la contratación de una persona recomendada y, lo que es más importante, el interés del exconsejero por los negocios de Tauroni como si fueran propios, a base de consejos y mediaciones cuando dejó el cargo. Incluso Blasco advirtió a Tauroni de algo “inminente” el 22 de febrero pasado, la víspera de la operación policial que desembocó en el grueso de las detenciones. La propia secretaria del político vinculó en su declaración ante la juez la advertencia con las detenciones.

Entre los delitos atribuidos por los fiscales al síndic del PP figura el de cohecho, que haría referencia a un soborno, es decir, que Blasco pudo recibir algún beneficio económico por su gestión en favor de la trama. El delito de prevaricación asignado supone que el exconsejero pudo tomar desde su puesto de consejero resoluciones injustas a sabiendas.

El ‘síndic’ avisó a Tauroni la víspera de las detenciones de algo “inminente”

Y el tráfico de influencias podría referirse a un comportamiento descrito por varios de los testigos en sus declaraciones durante la instrucción del caso. Así, explicaron que el entonces consejero presionó a los miembros de la comisión que evaluaba los proyectos de la Fundación Cyes para que le fueran aprobadas dos subvenciones por 1,6 millones de euros. Cyes (sin relación con la constructora) consiguió la subvención, pero gastó la mayor parte del dinero en la compra de inmuebles en Valencia.

Este caso, el de Cyes, motivo la primera denuncia que desató la causa, interpuesta ante la fiscalía en octubre de 2010 por la diputada socialista Clara Tirado. Después, otra diputada, Mireia Mollà, de Compromís, presentó otra denuncia que ampliaba las irregularidades de la consejería de Blasco a los años 2009 y 2010 y a otras ONG. Tras investigar el caso, la fiscalía llevó las irregularidades ante la juez en abril de 2011, y juntos investigaron en secreto durante casi un año, hasta que se conoció el operativo del 23 de febrero que desembocó en los primeros 14 detenidos.

Este viernes, tras conocer la decisión de la fiscalía, la oposición apuntó al PP. La propia Mollà aseguró que si el presidente Alberto Fabra “no echa” al síndic, se convertirá en su “cómplice político”. Y añadió que es insuficiente con mantenerlo como “un portavoz sin voz”. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró que “si el presidente Fabra no actúa de forma inmediata es que no tiene ninguna autonomía política, ni capacidad de decisión y demuestra una ausencia total de liderazgo”. Y Marina Albiol, de EU, aseguró que Blasco es “el mayor peligro” para las ayudas al Tercer Mundo. También exigió su dimisión “urgente”.

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"CASO GÜRTEL"; HACIENDA Y LA POLICÍA ACREDITAN ANTE LOS JUECES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP


Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta
El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy

María Fabra Castellón

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Francisco Camps, en un mitin. / CARLES FRANCESC

El círculo no está todavía cerrado. Pero el Ministerio de Hacienda y la policía están encajando las piezas del complicado puzle de la supuesta financiación ilegal del PP, aquella que, según los indicios, sirvió entre 2007 y 2008 para pagar actos electorales del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la entonces y aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del que fuera presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El análisis de la contabilidad de las sociedades de la trama y la del propio PP está estrechando el círculo de la investigación ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres, que instruyen la causa Gürtel.

Hacienda y la policía han enviado en las últimas semanas a los jueces informes que apuntalan este desvío irregular de fondos al PP. Y se basa en dos ámbitos. Por un lado, la propia red corrupta que dirigía Francisco Correa, gran beneficiaria (directa o indirectamente) de adjudicaciones no siempre regulares y que compensó con dinero o regalos a sus aliados políticos. Por otra parte, la misma trama aprovechó a otros beneficiarios de concesiones y contratos de la Administración pública para cobrarles las deudas que el propio PP adquirió con la red Gürtel por prestación de servicios y organización de eventos.

Lo que aún no se ha definido es si fue la propia trama la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos. O es que los límites entre unos y otros se disipaban ya que, tal como aseguró el exconcejal que denunció el caso, “Correa era el séptimo hombre con más poder en el Partido Popular”.

Una de esas empresas que supuestamente financió al PP aparece, además, como cobradora de facturas por un importe de 600.000 euros a un Ayuntamiento popular, no solo sin mediar contrato ni adjudicación sino que los servicios que dice haber prestado no se han certificado. De los informes que hasta ahora se han aportado a la causa, la investigación sostiene que en el año 2007, el PP de la Comunidad Valenciana ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa Orange Market (filial de Gürtel en Valencia), actos electorales de esta formación.

Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.

En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.

Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.

La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.

A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.

Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.

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EL TSJ ABRE JUICIO ORAL CONTRA EL EXALCALDE DE TORREVIEJA POR FALSEDAD Y PREVARICACIÓN


El ex alcalde de Torrevieja, a la salida del TSJ de Valencia. | Benito Pajares
TRIBUNALES | Nuevo auto del juez Climent
La Fiscalía pide tres años de prisión y la acusación popular cinco
El diputado autonómico deberá presentar una fianza de 56.000 euros
En la actualidad ejerce como diputado en el grupo 'popular' en las Cortes

F. Álvarez | Valencia

El ex alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, se sentará finalmente en el banquillo acusado de prevaricación y falsedad documental por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la recogida de basuras en esta localidad alicantina.

Así lo ha decretado Juan Climent, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que instruye esta causa en un auto dictado el pasado viernes pero dado a conocer hoy donde se certifica la apertura de juicio oral.

El ex edil deberá presentar una fianza de 56.000 euros, que corresponden tanto al importe de la multa solicitada por el Ministerio Fiscal (30.000 euros) como a los fondos reclamados por la responsabilidad civil (12.000 euros). A ambas cantidades se añade un tercio adicional (14.000 euros). En caso de no abonar esta suma, el juez ha advertido que le serán embargados bienes de su propiedad hasta cubrirla.

A Hernández Mateo se le imputan los presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos y de la consultoría de informes externos; y falsedad documental en la propuesta y en el decreto de adjudicación del contrato de consultoría.

Por el primero de los delitos, la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación para ejercer cargo público durante ocho años, mientras que por el segundo exige tres años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros.

No obstante, la acusación popular eleva la petición de pena a un total a 5 años de prisión y 14 años de inhabilitación (cinco de los cuales sería de carácter especial) y una multa diaria de 10 euros durante 20 meses.

Hernández Mateo, en la actualidad diputado del grupo 'popular' en las Cortes Valencianas, será juzgado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por su condición de aforado.

EL JUEZ INVESTIGA QUIÉN PAGÓ LA DECORACIÓN DE UNA CASA DEL EXDIRECTOR FINANCIERO DE EMARSA


TRIBUNALES - Enrique Arnal

Efe | Valencia

El juzgado de Instrucción número 15, dedicado en exclusiva al denominado caso Emarsa, investiga quién o qué empresa se hizo cargo de la decoración de la vivienda del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esta decisión ha sido adoptada por el juez instructor, Vicente Ríos, quien investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo.

En una providencia se señala que el administrador de la empresa Balciv Rotulaciones ha informado al juez de que se encargó de la decoración de varias estancias de una vivienda propiedad de Arnal ubicada en una urbanización de Masarrochos (Valencia).

El responsable de la citada firma ha asegurado que fue Enrique Arnal quien le indicó que facturase a Construcciones y Reformas Rocafort, propiedad de María Paz García (imputada en la causa) aunque gestionada por su hermano Sebastián García, conocido como "Chanín" (uno de los principales imputados).

El pasado 2 de marzo, Chanín declaró ante el juez que compró o constituyó varias empresas (Construcciones y Reformas Rocafort, Mantenimientos Valmarsk, Sofitec Informática) a través de las cuales facturaba sus servicios a Emarsa y que puso al frente de las mismas a sus familiares sin que estos las administrasen de forma efectiva.

Asimismo, reconoció haber contribuido al "enriquecimiento ilícito" de determinadas personas a cuenta de Emarsa.

Según su testimonio, descontaba los pagarés de Emarsa en entidades financieras, a pesar de que "los gastos financieros eran muy cuantiosos" para entregar el 60 por ciento del importe al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y se quedaba el resto.

"Si se observan las cuentas bancarias de mis empresas se observará que el dinero, tal como era abonado por el banco, se sacaba inmediatamente. Por este sistema he entregado a Cuesta unos 1,8 millones de euros en comisiones. Siempre entendí que una parte era para él y que otra era a repartir con terceras personas", aseguró.

También indicó que facturó a Emarsa obras realizadas en multitud de domicilios de Esteban Cuesta, que transfirió dinero a cuentas de familiares de Cuesta en Casas Ibáñez (Albacete), que pagó el mantenimiento de varios de sus vehículos y que abonó facturas correspondientes a gastos efectuados por el exgerente en establecimientos de todo tipo.

En la misma providencia, el juez Ríos informa de que la Fiscalía ha pedido que se abra pieza separada de responsabilidad civil de las mercantiles Llar Calzada y Rehabilita Aqua con el fin de exigir a su representante legal, Daniel Calzada, una fianza de 500.000 euros.

El pasado enero se le requirió a Calzada una fianza de 300.000 euros por considerarlo cooperador necesario en diversas irregularidades contractuales relacionadas con Emarsa, así como responsable de delitos contra la hacienda pública.

Además

jueves, 21 de junio de 2012

CASO GÜRTEL"; EL EXADMINISTRADOR DEL PP AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE SU FUNCIÓN ERA BUROCRÁTICA


Cristóbal Páez, a su llegada al tribunal. / MÒNICA TORRES
Páez declara como imputado por la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos

Ignacio Zafra Valencia

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Cristóbal Páez, que era administrador del PP nacional durante las elecciones generales de 2008 y que se hizo cargo de la gerencia tras el cese de Luis Bárcenas, afirmó este miércoles ante el juez que su función en el partido era básicamente burocrática y que no tenía constancia de que se hubieran producido irregularidades en las cuentas de la dirección valenciana. Páez está imputado como presunto autor de un delito electoral —financiación ilegal— en la ramificación del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción, apoyada en numerosos informes de la policía, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado, ha reconstruido la aparentemente vasta actividad corrupta que la trama desarrolló en Valencia junto a destacados miembros del Gobierno y el PP regionales. Según las evidencias aportadas a la causa, ocho empresas constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas populares en las elecciones de 2007 y 2008.

Las contribuciones, efectuadas supuestamente a través de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, habrían oscilado entre los 110.000 euros de la empresa castellonense Lubasa, pasando por los 150.000 de Sedesa y los 200.000 del Grupo Vallalba. Las ocho empresas, cuyos gestores han sido imputados, eran adjudicatarias habituales de contratos de obra pública de la Generalitat. Para disimular los pagos, Orange Market les habría facturado por servicios inexistentes.

Páez insistió en que eran los gerentes del partido, que en Valencia es Cristina Ibáñez, imputada en la causa, quienes se encargaban de elaborar las cuentas y darles validez, y que las mismas fueron revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas sin encontrar irregularidades.

En la causa se investiga, además del delito electoral y de falsificación mercantil, el supuesto amaño en la Consejería de Turismo de las adjudicaciones de la feria Fitur en favor de Orange Market, que obtuvo con este negocio cerca de cinco millones de euros.

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