viernes, 13 de noviembre de 2009

"CASO GORDILLO"; VIVAS ASEGURA QUE LA PRUDENCIA SE ACABARÁ SI LE CITAN A DECLARAR

Escrito por Luis Manuel Aznar

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha señalado que la pruedencia que le ha caracterizado en todas sus comparecencias públicas desde que se inició el denominado ‘caso Gordillo’ tiene un límite y que ese límite está en si es llamado a declarar como consecuencia de la denuncia que ha presentado una mujer contra quien fuera el ex-vicepresidente del Gobierno autonómicos.

Estas afirmaciones fueron realizadas en el transcurso de un programa especial de los servicios informativos de Radiotelevisión Ceuta en el que participaron miembros de otros medios de comunicación de nuestra ciudad.

Dijo de manera muy clara que la versión que ha estado manteniendo, hasta este momento, donde siempre ha dicho que ni afirmaba ni negaba que existieran imágenes no la “voy a cambiar ahora y menos cuando este asunto ha entrado ya dentro de la órbita de los Juzgados”.

Sin embargo, si fue muy explícito, porque está verdaderamente molesto por estas circunstancias, al señalar que no ha participado en la confección de ningún vídeo, “ni lo he promovido, ni encargado, ni tengo ninguno en mi poder”.

Imágenes
Asimismo sentenció que de las imágenes que se hayan podido ver no se desprende en ningún momento que se haya podido cometer un ilícito penal.

Incluso, explicó que en relación con las noticias que se están publicando sobre que los ofrecimientos que se le hicieron a esta mujer estaban en relación con la consecución de una vivienda y de un empleo, que ninguna de estas cuestiones se ha producido y que nunca se ha beneficiado de una actuación de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

De todas maneras, dejó muy claro a todos los presentes su mayor respeto por la Administración de Justicia y que se pone a disposición de los tribunales por si necesitaran en cualquier momento su intervención para cualquier declaración.

Preocupación
Sin embargo, si especificó que una de sus principales preocupaciones “y lo que más me duele desde el punto de vista de presidente de la Ciudad Autónoma y personalmente es que este asunto haya podido tener algún impacto negativo en la imagen de la institución en la calle y una segunda preocupación se centra en que haya podido cundir algún tipo de desánimo en la población ceutí por lo que está observando en estas dos semanas”.

Y es que reflejó que desde que accedió a la Presidencia de la Ciudad Autónoma hace ocho años y medio, tanto él como muchas otras personas vienen trabajando con ahínco para que se recuperar la confianza en la institución y que la estabilidad política fuera un calificativo claro para la Ciudad Autónoma de Ceuta.

A una pregunta sobre si le había defraudado Pedro Gordillo dijo que “no estoy aquí para hacer juicios morales, pero debo dejar claro que el ex-vicepresidente ha realizado una importante labor en el tiempo que ha trabajado en el Gobierno de la Ciudad y como presidente del Partido Popular ha estado diez años y se ha producido un crecimiento y una consolidación del partido en nuestra ciudad”.

Moralidad
Si aprovechó el instante el presidente de la Ciudad Autónoma para reconocer que “soy una persona vocacional de la función pública y todos los servidores públicos debemos tener un comportamiento moralmente intachable y lo digo para aquellas personas que han querido aprovecharse de la situación que se está viviendo. Vuelvo a repetir de una manera clara y tajante que me considero más una víctima que un actor de este tema”.

elfarodeceuta.es

OTRO CAJERO ASEGURA QUE EL CHÓFER INGRESÓ DINERO A FABRA

M. FABRA - Castellón

El chófer de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, era el encargado de hacer los ingresos en las cuentas de su jefe en más de una entidad bancaria. Al menos, así se desprende de la declaración realizada ayer por un cajero del BSCH que, al igual que declararon el miércoles dos empleadas de Ibercaja, identificó a José del Campo, chófer del también presidente provincial del PP castellonense, como la persona que realizaba los ingresos en efectivo. El empleado de esta entidad no pudo determinar ni las fechas ni las cantidades que ingresaba.

El juzgado número 1 de Nules, que investiga a Carlos Fabra ante la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal, acogió ayer la declaración de otros ocho empleados de banco que durante 1999 y 2004 trabajaron para alguna de las entidades en las que el presidente de la Diputación y su entonces esposa, María Amparo Fernández, tenían cuentas abiertas. Los otros siete interrogados dijeron no recordar nada. La finalidad de estos interrogatorios, solicitados por el fiscal anticorrupción, es saber quién y cómo se hacían los ingresos en las cuentas de Fabra. Unos ingresos que durante 1999, según la Agencia Tributaria, fueron de 600.000 euros, de los que, sin embargo, Fabra no pudo justificar su origen.

El caso es que el BSCH registró, en cuatro días de mayo de 1999, una veintena de ingresos de los que el presidente de la Diputación no pudo justificar su origen, tal como señala la denuncia de la Agencia Tributaria. Los ingresos se produjeron entre el 18 y el 21 de mayo de 1999 y suman 60.000 euros (casi diez millones de pesetas en aquel año). Ninguno superó los 3.000 euros, cantidad máxima a partir de la cual las oficinas bancarias habían de comunicar los ingresos a Hacienda.

elpaís.com

"CASO PRETORIA"; GARZÓN PIDE INFORMES AL FISCAL SOBRE NUEVOS IMPUTADOS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer a la fiscalía que le informe sobre la posibilidad de imputar a 10 personas más en el caso Pretoria. En esa relación figurarían empresarios y políticos que intervinieron en operaciones urbanísticas que se describen en el auto del pasado 30 de octubre y otras personas que no aparecen. Hasta ahora hay nueve imputados en la causa, cinco de los cuales permanecen en prisión. Entre ellos, el ex consejero de la Generalitat Macià Alavedra y el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, así como el ya ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz.

El informe del fiscal anticorrupción es el paso previo para que el juez impute a esas personas, algo que podría producirse la próxima semana, según fuentes de la Audiencia Nacional citadas por la cadena SER.

Algunos de los afectados ya han declarado ante la Guardia Civil en esa misma condición de imputados y otros admiten en privado que en los próximos días les podría llegar la citación a su domicilio para que acudan al cuartel de Sant Andreu de la Barca acompañados de abogado.

Una de las personas que ya han declarado ante la Guardia Civil es Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, quién cobró 244.011 euros del también encarcelado Luis García Sáez, Luigi, por intervenir en una operación urbanística en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres. El juzgado, según esas mismas fuentes, espera el resultado de los interrogatorios, así como los informes de los registros y demás diligencias realizadas por los agentes, de los que se desprenderían los indicios de criminalidad contra los futuros imputados.

elpaís.com

EL AYUNTAMIENTO DE LLAVANERES REMITE A GARZÓN LA INFORMACIÓN DEL PELOTAZO DE NIESMA

La Fiscalía catalana ha remitido también a Anticorrupción otros tres informes, dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria

EFE - Barcelona

El Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres ha enviado hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón toda la documentación que le requirió sobre un convenio urbanístico firmado en 2005 con la empresa Niesma, presidida por el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Luis García.

Según ha informado hoy el consistorio, la documentación incluye toda la información requerida por el magistrado sobre esta operación, con la que al parecer Niesma ganó varios millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, en un pelotazo que fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres. Paralelamente, la Fiscalía catalana ha remitido también a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos "pelotazos" en Llavaneres, dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que se investigue su relación con la trama de corrupción.

Por dos de estos casos, un juzgado de Mataró (Barcelona) mantiene imputado al ex alcalde de Llavaneres Víctor Ros (PP), que aún es concejal, así como al ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez -que ya ha sido citado a declarar por la Guardia Civil en relación con la trama Pretoria- y a un técnico municipal.

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"CASO MILLET"; CONVERGENCIA ACCEDE A DEVOLVER EL DINERO QUE EL PALAU DE LA MÚSICA DONÓ A LA FUNDACIÓN TRIAS FARGAS

El acuerdo estipula que la devolución de los 630.000 euros se realizará a plazos, a razón de 79.000 euros por año hasta 2017

ELPAÍS.com - Barcelona

Convergència Democràtica de Catalunya ha acordado esta tarde con el Palau de la Música los términos de la devolución de los 630.000 euros que la entidad donó a la Fundación Trias Fargas. El acuerdo establece que la fundación convergente devolverá el dinero en ocho plazos, a razón de 79.000 euros por año desde 2010 y hasta 2017.

El acuerdo entre la Fundación Trias Fragas y los responsables del auditorio modernista llega después de semanas de tira y afloja entre el Palau y el partido, que se resistía a devolver íntegramente las cantidades que, insisten en Convergència, salieron "ilegítimamente" de la institución, sin que el partido lo supiera.

El secretario general de CDC, Artur Mas, ha anunciado la firma del convenio este mediodía durante una visita al barrio de Sarrià de Barcelona. Y no ha hablado de devolución, sino de "una donación de la fundación CatDem [Trias Fargas]". "El ex presidente del Palau [Fèlix Millet] no tenía poderes para firmar convenios. El Palau reconoce que CDC y la Fundación actuaron correctamente", ha insistido Mas.

La junta del Orfeó Català refrendó por unanimidad esta tarde el acuerdo al que se ha llegado con la fundación Trias Fargas. Miembros de la entidad coral restaron importancia a que la devolución del dinero se hicera a plazos. "También se entregó el dinero a la Trias Fragas por plazos y no de una sola vez", manifestó un miembro de la junta.

Celebración del anuncio
Tanto PSC como ERC han celebrado el anuncio. El secretario general de ERC, Joan Ridao, ha celebrado hoy que el líder de CiU haya anunciado que la fundación vinculada con Convergència devolverá el dinero recibido del Palau de la Música porque, según ha asegurado, "ésta era una medida totalmente necesaria". El secretario general adjunto del grupo socialista en el Congreso, Daniel Fernández, ha considerado que este anuncio llega tarde.

Mas ha dado órdenes al partido y a la Trias Fargas para negociar con la máxima celeridad un nuevo convenio en virtud del cual sería la fundación convergente la que ahora donaría una cantidad de dinero al Palau. El hecho de que Millet no estaba autorizado a firmar los siete convenios que la fundación de CDC y el Palau cerraron entre 1999 y 2008, fue confirmado por Llinares tras el análisis jurídico de los abogados que asesoran al Palau.

Mas no ha querido confirmar si la cifra cubriría la totalidad de los 630.000 euros donados por Millet o sólo una parte, aunque sí ha dejado clara su predisposición a realizar una "donación importante y significativa" que permita que el Palau "no pierda recursos de cara al presente y de cara al futuro".

"CDC, a través de su fundación, podrá hacer una donación al Palau para equilibrar patrimonialmente sus cuentas", ha planteado Mas, que no quiere que esta institución "tenga ninguna merma económica" como consecencia de los convenios que firmó Millet sin estar autorizado.

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"CASO CAN DOMENGE"; LA POLICÍA REGISTRA LA SEDE DE SACRESA EN BARCELONA

La Fiscalía Anticorrupción investiga la venta de un solar en Palma por parte del Consell de Mallorca supuestamente por la mitad de su valor de mercado y de tasación

EUROPA PRESS - Barcelona

La Policía Nacional registró este mediodía la sede de la inmobiliaria Sacresa en Barcelona por el caso de supuesta corrupción urbanística del proyecto Can Domenge, en Mallorca, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. El registro fue ordenado por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la venta de un solar en Palma por parte del Consell de Mallorca supuestamente por la mitad de su valor de mercado y de tasación. En este caso está imputada la presidenta del Parlament Balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, que está citada a declarar este próximo lunes porque la venta se efectuó en 2005, cuando presidía el consejo insular. Sobre las 13.30 horas había cinco coches policiales de paisano aparcados encima de la acera frente a la sede de la empresa, en la Illa Diagonal. Las oficinas quedaron cerradas al público, mientras que una quincena de trabajadores salieron del edificio, aunque el clima era de aparente normalidad, según pudo comprobar Europa Press.

El caso se destapó cuando otra inmobiliaria catalana, Núñez y Navarro, denunció que había perdido el concurso para comprar un solar público de 52.000 metros cuadrados pese a ofrecer 60 millones de euros, el doble de lo que pagó la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacresa (de la familia Sanahuja) y la mallorquina Ferrà-Tur, que se lo adjudicó en un concurso público de enajenación del solar en 2006. A raíz de esta adjudicación, el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez presentó una querella contra las empresas beneficiarias y contra todos los consellers insulares del PP y de UM que en la pasada legislatura votaron a favor de adjudicar el solar a la UTE beneficiaria.

El primer golpe por este caso contra la constructora catalana se produjo el 3 de septiembre, cuando la jueza que instruye el caso impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros al presidente de UM e imputado en el caso, Miquel Angel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan. La resolución judicial señala que hay indicios de que los adjudicatarios pudieron haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".

Querella de Núñez y Navarro
Núñez y Navarro ha presentado un escrito ante el juzgado para solicitar que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio. En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Munar por malversación, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstanias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos.

Así, Sacresa ofreció la propia finca como aval para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil, por importe de 38 millones de euros impuesta por la jueza que instruye el caso, asegurando de esta forma la eventual restitución del solar.

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DIEGO LÓPEZ GARRIDO, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

El secretario de Estado para la UE dio subvenciones a una fundación de la que fue patrono.- El socialista asegura que renunció cuando accedió al cargo

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Un juez de Madrid ha admitido a trámite una querella por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos presentada contra el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, por la concesión de subvenciones a la Fundación Alternativas, de la que fue patrono. El juez ha admitido a trámite la querella sin que el fiscal se hubiera pronunciado al respecto.

En un auto notificado hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid señala que la querella reúne los requisitos formales para ser admitida a trámite, ya que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, y cita a López Garrido para que preste declaración como imputado el próximo 4 de diciembre.

La querella fue interpuesta por el Centro Jurídico Tomás Moro, que en su página web declara como objetivo "la defensa de los valores de la Familia, de la Vida y de la Libertad de los padres para elegir la Educación que desean para sus hijos" y que se ha personado en varias causas contra clínicas abortistas.

Los querellantes aseguran que el secretario de Estado concedió ayudas por importe de 60.000 euros y 18.000 euros a la Fundación Alternativas -próxima al PSOE y de la que fue patrono- y dicen que su actuación supone un conflicto con las reglas del Código de Buen Gobierno y una conculcación de las normas sobre incompatibilidades de los funcionarios de la Administrción Pública.

López Garrido ha asegurado a ELPAÍS.com que dimitió como patrono de la fundación inmediatamente después de haber tomado posesión de su cargo. Además, el secretario de Estado recuerda que los dos estudios encargados a la Fundación Alternativas están intimamente relacionados con la Unión Europea. Garrido, que ha eludido comentar el contenido de la querella hasta "ver los papeles" que le remita el juez, ha afirmado que está "absolutamente tranquilo" porque todo está "clarísimo".

Auto de admisión a trámite de la querella contra López Garrido por prevaricación y malversación
DOCUMENTO (PDF - 471,16Kb) - 13-11-2009

Diego López Garrido
A FONDO

Nacimiento:
08-09-1947

Lugar:
Madrid

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"CASO MILLET"; LA GENERALITAT ELEVA A TRES MILLONES EL DESVÍO DE DINERO PROCEDENTE DE SUBVENCIONES PÚBLICAS

Millet se embolsó más de 23 millones de euros de las tres entidades que gestionan el Palau de la Música

LLUÍS PELLICER - Barcelona

El desvío de fondos del Palau de la Música también llega a las subvenciones. Lo acredita la revisión de cuentas encargada por la Generalitat, que eleva a 2,95 millones de euros la cantidad de fondos públicos que el ex presidente de la institución, Fèlix Millet, arrebató a la entidad para fines propios. El Ejecutivo catalán ha podido comprobar que Millet usó parte de este dinero para las obras de ampliación de su casa de L'Ametlla del Vallès y sufragar regalos y viajes familiares. Estos 2,95 millones corresponden al consorcio, integrado por las administraciones públicas. Pero Millet también se hizo con fondos de la Asociación Orfeó Català y la fundación. En total, el fraude asciende a más de 23 millones.

Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ahora están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. El juez Juli Solaz, en cambio, no tenía pruebas de que los ex directivos del Orfeó hubieran cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos. La auditoría de la Intervención General del Gobierno catalán puede cambiar esta situación, puesto que el consorcio se nutre sobre todo de las inyecciones de capital que aportan el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Ministerio de Cultura y la Diputación de Barcelona. Millet era el gerente de esta institución.

La auditoría elaborada por la Generalitat describe el modus operandi de Millet. La mayor parte del dinero se desvió a través de las aportaciones que el consorcio público efectuaba a la Asociación, que es la propietaria del Palau de la Música. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba a la asociación, cuando ésta nunca llegaba a ingresar esas cantidades. Las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.

Falsificación de facturas
La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.

A pesar de que los interventores hallaron irregularidades en la gestión del Palau, el Instituto Catalán de Finanzas concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular. La mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra. A todo este dinero cabe sumar varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM) sin justificar.

El fraude final suma más de 23 millones. Sin embargo, Millet se valió sobre todo de la plataforma de la asociación, que estaba fuera del control de cualquier auditor, y del dinero aportado por los empresarios a la fundación para inyectar a sus cuentas 20,1 millones de euros. De nuevo, las transacciones irregulares entre ambas entidades fueron la plataforma idónea para retirar dinero. Por el camino se perdieron 12,8 millones de la fundación que iban a la asociación. A ello cabe sumar 3,18 millones de transacciones inmobiliarias; 2,29 millones por facturas de obras irregulares; 982.583,84 euros por contrataciones de otros servicios de forma ilegal, y 857.900 euros en gastos de carácter personal que Millet y Montull facturaron a la entidad.

Informe especial sobre hechos constatados en el control al Consorcio del Palau de la Música (en catalán)
DOCUMENTO (PDF - 62,78Mb) - 13-11-2009

Resumen de la cuantificación del Informe de la Intervención (en catalán)
DOCUMENTO (PDF - 6,67Mb) - 13-11-2009

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; EL PSOE IMPIDE POR SEGUNDA VEZ CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PARLAMENTO

A propuesta del PP con el apoyo de IU

* Los bancos del Gobierno, vacíos durante el debate parlamentario de la propuesta
* Es la segunda vez que el PSOE impide la investigación en los últimos seis meses
* El PSOE acusa a Juan Ignacio Zoido de ser un 'juez embustero' y 'vendepatrias'

María Rionegro | Sevilla

El PSOE se valió este jueves de su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz para impedir, por segunda vez en seis meses, la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades en Mercasevilla que investiga un Juzgado y por el que incluso hay imputado un alto cargo de la Junta de Andalucía. Los socialistas se desentendieron nuevamente del caso y no sólo porque votaron en contra, sino porque las bancadas de los miembros del Ejecutivo andaluz estuvieron vacías durante todo el debate.

La postura del PSOE sobre su intervención en la causa ha sido inamovible desde que se destapó el escándalo del presunto cobro de comisiones ilegales en el mercado central: el Gobierno cumplió cuando puso la grabación que originó el caso en conocimiento de la Fiscalía y no está dispuesto a promover ninguna iniciativa más. Ni una comisión de investigación ni personarse en la causa judicial sobre la presunta de extorsión a empresarios.

El principal grupo de la oposición presentó ayer en el Parlamento una proposición no de ley, a la que se sumó IU, para solicitar la creación de una comisión de investigación sobre el caso Mercasevilla. Al igual que el primera propuesta, el diputado y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, justificó la necesidad de crear esta comisión en la imputación del delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas –que declara el próximo lunes antes la juez– y en que los nuevos datos conocidos apuntan a un "caso grave de una posible trama de corrupción en el seno de la Junta para extorsionar a empresarios con dinero público".

La respuesta no llegó ni por parte del consejero de Empleo, Antonio Fernández, ni del presidente del Ejecutivo, José Antonio Griñán, ya que ninguno de ellos se encontraba en la Cámara durante el debate, que se inició sobre las 14.30 horas. El turno de réplica de los socialistas estuvo a cargo del parlamentario Antonio Núñez, quien ofreció un discurso vehemente en el que incluso llegó a insultar a Zoido.

La parte más exaltada de la intervención de Núñez fue cuando calificó al diputado del Partido Popular de ser "un juez embustero" y de estar "acribillando" a Rivas cuando, a su juicio, no hay el "más mínimo indicio" de que sea culpable. Pese a que aún no ha declarado ante la juez, lo cierto es que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 ha solicitado a la Policía Judicial que investigue los bienes y el patrimonio de seis familiares –mujer y cinco hijos– del delegado de Empleo.

Pese a todo, Antonio Rivas sigue gozando de la confianza del partido y de la Junta. De hecho, Núñez restó importancia a la imputación del delegado provincial, ya que ello supone una garantía procesal para que el acusado declare junto a su abogado. No obstante, confió en que Rivas "será eximido de toda responsabilidad" y acusó al Partido Popular de querer "sembrar dudas sobre la honradez de alguien que ni siquiera ha declarado". "Parece mentira que sea usted juez", recriminó a Zoido.

Por la 'presión de la prensa'
En un momento de su discurso, cuando criticaba la actuación del líder del PP como juez en excedencia, Núñez excusó sus conocimientos en que él es médico. Una afirmación que provocó las risas de la bancada de la oposición, ya que fue la misma que empleó el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para justificar las irregularidades en el pliego de condiciones que rigió la venta de los suelos de Mercasevilla y que ahora investiga la juez Mercedes Alaya, pues considera esta operación "ilegal" y "fraudulenta".

El socialista concluyó su intervención dedicando una larga lista de 'perlas' al portavoz de la oposición en Sevilla. Sobre él dijo que está "instalado en la más absoluta desmesura y no tiene prudencia", un extremo que le llevó a manifestar su "preocupación" por que con su actitud está haciendo "daño" a la ciudad: "Sevilla no merece tener un vendepatrias que se regodea destacando cualquier aspecto negativo", sentenció.

Zoido, por su parte, defendió de nuevo ante el Parlamento la necesidad de crear una comisión de investigación que, "lejos de entorpecer la labor de la Justicia, puede arrojar luz, nuevas informaciones y concluir con responsabilidades políticas que son paralelas y compatibles con las decisiones que se adopten en los juzgados y tribunales". Además, la oposición recordó en el transcurso de su novena iniciativa sobre Mercasevilla, que, hasta el momento, la Junta tan sólo ha actuado "presionada por la prensa".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Diego Valderas, justificó su apoyo a la creación de la comisión por los nuevos elementos judiciales aportados desde mayo –cuando el PSOE rechazó la primera comisión– y porque, a su juicio, el Parlamento "gana prestigio" con esa iniciativa que busca la "transparencia".

El caso del presunto cobro de comisiones ilegales se remonta a finales de 2008, cuando se celebró una reunión entre los directivos de Mercasevilla y el grupo La Raza en la que se les habría exigido el pago de 450.000 euros en comisiones ilegales a cambio de explotar una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros de la Junta.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA IMPUTA A TRES ALTOS CARGOS DE LA INMOBILIARIA SANDO

Pide los contratos de la empresa en Sevilla

El concejal del PP Beltrán Pérez con el auto de imputación de la juez. | EM

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha imputado a tres representantes de la constructora Sando, que resultó adjudicataria de los terrenos de Mercasevilla a pesar de la superior oferta económica presentada a tal efecto por el Grupo Noga.

En un auto, la juez que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la venta de los suelos del mercado central al grupo Sanma, perteneciente al grupo Sando, acuerda dar traslado de las actuaciones a los efectos del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado corporativo, Luis Sánchez Manzano (hijo del presidente), y al vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales.

Asimismo, en el auto, fechado el pasado día 6 de noviembre y consultado por Europa Press, acuerda librar oficio a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Consistorio hispalense para que, por el área de Vía Pública, se informe de "cuantas obras hubiesen sido contratadas" a través de la Gerencia a las empresas Sanma, Sando o "cualquier filial" de las mismas desde el año 2003, fecha en la que el también imputado Domingo Enrique Castaño comenzó a ejercer funciones de director de la citada área de Vía Pública.

De igual modo, ordena que se libre mandamiento al registrador de la propiedad de Málaga a fin de que "a la mayor brevedad posible" remita al Juzgado la historia registral de la entidad Sando, acordando además poner en conocimiento de las partes que la auditora de la entidad Sanma es la firma Deloitte.

elmundo.es

EL TSJ RECHAZA LA CAUSA CONTRA EL ALCALDE DE TORREVIEJA POR FALTA DE INDICIOS DELICTIVOS

TRIBUNALES | Pedro Hernández Mateo (PP)

* El alcalde compró una finca cuyo precio se multiplicó por 30 a los 5 años
* El TSJ considera que, a pesar de esa diferencia, no hay indicio de delito
* Tampco encuentra 'datos objetivo' sobre obtención de beneficio fraudulenta
* El Tribunal devuelve la causa al Juzgado de Torrevieja para que aporte pruebas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la competencia para investigar la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja contra el alcalde de esa ciudad, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), por una operación de compraventa de fincas.

El auto que contiene el pronunciamiento ha sido notificado este viernes a las partes, que podrán presentar recurso de súplica.

Hernández Mateo fue denunciado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación con la compraventa de tres fincas rústicas en Almoradí -municipio de la Vega Baja también gobernados por el PP-, que le habrían reportado, tras su recalificación y venta, más de 5 millones de euros de beneficios.

La denuncia fue interpuesta por Esquerra Unida (EU) y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante asumió la acusación pública en la causa.

Por este caso tuvo que declarar Hernández Mateo el 28 de octubre de 2005 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja y, en aquella ocasión, afirmó ante los periodistas que era "objeto de un linchamiento político y mediático".

Tras la decisión adoptada ahora por el TSJCV, las diligencias serán devueltas al juzgado instructor para que, como órgano competente, realice las pruebas necesarias para concretar la existencia o no de los hechos punibles que dieron lugar a la apertura de la causa.

Informe del Tribunal Superior de Justicia
El resultado de las diligencias practicadas hasta el momento por el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja "sólo permite concluir" que el denunciado y "su esposa han realizado una ventajosísima operación de venta de una finca rústica, comprada cinco años atrás y dedicada por ellos a la explotación agrícola, que les ha reportado una extraordinaria ganancia", según el TSJCV.

Según las diligencias, "tanto la compra como la venta se han convenido con unas sociedades que se dedican a la actividad urbanística en el término municipal del que Hernández Mateo es alcalde y en cuyo ejercicio han solicitado y obtenido del pleno del Ayuntamiento" que él "preside determinados acuerdos relativos a esa misma actividad".

"Una de ellas, la permuta de una finca de su propiedad por otra de propiedad municipal en 2000, y la otra, la adjudicación de la condición de entidad urbanizadora de un Plan Parcial (en el que está incluida la finca permutada) en 1995", señalan.
Sin datos objetivos ni indicios de delito

La Sala recoge que, "como pone de relieve el Ministerio Fiscal en su informe, de las actuaciones hasta ahora practicadas no se desprende ningún dato objetivo que permita sostener con fundamento que la beneficiosa operación de compra y posterior venta de aquella finca por parte Hernández Mateo y de su esposa tuviera su origen en una información privilegiada" tipificada por el Código Penal.

Igualmente, no consta "ningún dato del que se desprenda la existencia de indicios acerca de posibles presiones del denunciado sobre los concejales de su Ayuntamiento para que aprobaran la permuta de 2000 y la adjudicación urbanística de 1995", según la Sala.

Tampoco hay indicios acerca de "la hipotética recepción, por parte del alcalde denunciado, de alguna dádiva o del ofrecimiento que se le hiciera de alguna promesa, susceptible de incardinarse en alguno de los tipos de delito de cohecho que se describen en los artículos 420, 425 o 426 del Código Penal".

El TSJCV considera que la diferencia "tan exagerada" entre el precio de compra y venta de las tres fincas -se multiplicó por 30 al cabo de cinco años-, unida a que sea el alcalde de un municipio quien realice "esa lucrativa operación a título particular con unas entidades dedicadas a la actividad urbanística, podría ofrecer la apariencia de una operación especulativa obtenida con ventaja".

O bien dar la apariencia de una operación "especulativa obtenida de un privilegiado aprovechamiento de circunstancias conocidas por el favor de un tercero o facilitadas por la mediación de quienes tienen interés en la política urbanística municipal".

"Pero lo bien cierto es que todas esas conjeturas de quien así lo pudiera percibir no responden, como dice el Ministerio Fiscal en su informe, sino a meras sospechas que no van más allá y que carecen, por ahora, de cualquier soporte indiciario", según el TSJCV.

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"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR INTENTA DESVINCULARSE DEL "PELOTAZO" ANTE EL JUEZ CON UN CERTIFICADO MÉDICO

La estrategia de defensa

* Acredita ante el TSJB que estuvo 7 días ingresada en una clínica
* Dice que cuando se aprobaron las bases estaba convaleciente
* Seis meses después, ya de alta vendió a mitad de precio el solar


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Maria Antònia Munar echa mano ahora de su expediente médico para intentar desvincularse del escándalo de Can Domenge. Como «medio de prueba» su abogado Gabriel Garcías ha puesto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a tan sólo unos días de su declaración como imputada el próximo lunes, una serie de documentos que «acreditan la fecha de ingreso en urgencias, el diagnóstico, la intervención y el periodo de convalecencia» que padeció la actual presidenta del Parlament cuando el concurso ya estaba listo y se disponía a publicarse en plenas navidades en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Estos informes, que obran en poder de EL MUNDO/El Día de Baleares, y cuyo contenido no se reproduce para preservar la intimidad de la presidenta de honor de Unió Mallorquina (UM), acreditan que Munar fue «ingresada de urgencia el 7 de diciembre de 2005», siendo «dada de alta el 19 de diciembre». Posteriormente pasó, según los certificados aportados, «un periodo de convalecencia de 40 días» tras el cual «recibió el alta médica». A falta de exponer la versión que ofrecerá el próximo lunes en el interrogatorio al que la someterá el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares Francisco Javier Muñoz, la ex presidenta del Consell de Mallorca presenta su primera prueba para tratar de desmarcarse de la principal operación imobiliaria que acometió la institución que presidía.

Y es que sólo once días después de su salida de una conocida clínica palmesana, el 30 de diciembre de 2005, el Consell de Mallorca autorizó el pliego de condiciones de venta de Can Domenge que albergaba un sinfín de irregularidades. Y pocos días después, el 3 de enero, el concurso se hacía público.

No obstante, con anterioridad a la aprobación fue UM bajo la presidencia de la propia Munar la que instó a cambiar la Ley de Medidas Tributarias para que se pudiera vender un terreno público sin que el precio fuera el criterio determinante, sentando así las bases legales para fraguar el pelotazo. Y fue también, siete meses antes de la aprobación y publicación de las bases del concurso, cuando la promotora que acabó llevándose la licitación, la catalana Sacresa, había contratado y pagado al afamado arquitecto francés Jean Nouvel. El concepto, «concurso en Mallorca». Y éste se dispuso entonces a dibujar el proyecto sobre la ficha urbanística de la parcela, que cuando el concurso se puso en marcha Nouvel ya lo tenía muy avanzado.

Pero es que fue la propia Munar quien, tal y como reveló ayer EL MUNDO/El Día de Baleares, otorgó ante notario en plenitud de condiciones, la escritura pública de venta de la parcela con la que se materializó la operación. Concretamente el 19 de julio de 2006 ante la notario de Palma Catalina Nadal Reus.

Además
* La presidenta que pasaba por allí, por E. Urreiztieta
* Facebook calienta la comparecencia de Munar

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"CASO MILLET"; DIMITEN LOS PATRONOS DEL PALAU Y NOMBRAN UN COMITÉ

Reunión del patronato en julio para elegir nuevo presidente.| Santi Cogolludo

* Los patronos entonan el 'mea culpa' por su falta de control en las cuentas
* Xavier Bru de Sala considera que con Carulla 'el Palau está en buenas manos'
* Hoy se conocerán dos de las tres auditorías que se realizaron de las cuentas
* Podrían ser clave para dilucidar si hubo malversación de caudales públicos

Europa Press | Barcelona

Los patronos del Palau de la Música han dimitido en bloque y será la presidenta en funciones de este organismo, Mariona Carulla Font, la que se encargará de dirigir la refundación de la institución, según adelanta 'La Vanguardia'.

Tras esta dimisión en bloque, se ha acordado nombrar un comité y que Carulla sea quien coopte los nuevos miembros del patronato y dirija su refundación tras destaparse el desvío de fondos perpetrado durante años por el ex presidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

La renuncia de los patronos planeaba desde hace días aunque fue el pasado martes cuando esta posibilidad cobró más peso tras la propuesta del patrono Antoni Serra Ramoneda para que todos los miembros del Patronato entonaran el 'mea culpa' por su falta de control en las cuentas de la institución y, como este último, anunciaran su renuncia.

Esta propuesta fue acogida de manera dispar en el seno del Patronato, donde se produjo una división entre sus defensores y sus detractores. Entre estos últimos, se encuentra Antoni Dalmau, que se mostró contrario a que haya dimisiones entre sus miembros. "Es evidente que hay gente que nos sentimos responsables de no haber sabido detectar a tiempo la estafa, y que llegará el momento oportuno de renovar los órganos de gobierno de las instituciones del Palau", ha dicho.

Otros como Arcadi Calzada consideran que "no sería bueno un vacío" en la institución hasta que finalice el proceso iniciado por los nuevos gestores. No obstante, una vez acabado, sería "lógico y natural" que "todo el mundo ponga la dimisión a disposición", opinó, por lo que estaría dispuesto a hacerlo.

Xavier Bru de Sala, nombrado patrono poco antes de estallar el caso, se mostró cauto: "Acabo de llegar, no participé en nada, aunque dimitiría si hiciera falta. El 'mea culpa' lo tenemos que hacer todos, [Millet] nos enredó de una manera ignominiosa", confesó.

El patrono consideró que con Carulla "el Palau está en buenas manos", aunque se mostró partidario de clarificar las atribuciones de la Fundació: "Si no hubiera habido una necesidad personal de sacar dinero de un sitio y de otro quizá no se hubiera creado nunca", dijo.

"La Fundació debe tener un papel auxiliar, modesto, pero desde la humildad debería decir: "Nosotros no somos el Palau", dijo, además de señalar que la Fundació "debería donar al Orfeó la parte nueva del edificio".

"Todo eso existe porque existe el Orfeó Català, y ha sido tan maltratado, tan tapado de boca, que casi no ha podido ni cantar. Ése ha sido el fraude cultural durante 30 años", remarcó.

Auditorías
Asimismo, esta decisión se conoce coincidiendo con la celebración de una reunión del Patronato que tendrá lugar hoy y en la que se conocerán dos de las tres auditorías que se han realizado sobre las cuentas de la entidad tras el escándalo del desvío de fondos, un caso que está en fase de instrucción. El propio ex presidente del Palau Fèlix Millet admitió en una carta pública el desvío de 3,3 millones de euros.

En ese encuentro se conocerá la auditoría encargada por el propio Palau a Deloitte y la de la Conselleria de Economía realizada sobre el Consorci, que agrupa a las administraciones. La última que será entregada al juez será la realizada por los peritos judiciales de la Agencia Tributaria.

La auditoría extraordinaria de la Generalitat versa sobre las cuentas del Palau de la Música y del Orfeó Català entre 2002 y 2007, así como un avance de 2008. El Govern decidió revisar a fondo las cuentas a pesar de que las auditorías realizadas por la Intervención General en esos años no arrojaron "responsabilidades penales, contables o administrativas", expuso en un comunicado el 27 de octubre.

Debido a la investigación judicial, la Intervención General también decidió adelantar unos meses la auditoría de las cuentas de 2008, a la vez que ha abierto una "auditoría extraordinaria" sobre las aportaciones que ha recibido el Orfeó de las administraciones públicas desde 2002 y la "efectiva realización de las obras y servicios pagados".

La Intervención empezó a auditar las cuentas del Palau en 2002. Desde entonces y hasta 2008, las administraciones públicas que integran el Consorci (Generalitat, Gobierno y Ayuntamiento de Barcelona) han aportado al Orfeó 2,58 millones de euros, que han sido objeto de análisis.

Esta auditoría podría ser clave para dilucidar si hubo o no malversación de caudales públicos, lo que podría acarrear hasta ocho años más de prisión para los imputado.

La otra auditoría, la de Deloitte, apunta a un fraude de los directivos del Palau que rondaría los 30 millones de euros, mientras que la Fiscalía, en su recurso al auto de libertad provisional para Millet y Montull, apuntó a que el desvío era de 20 millones de euros en metálico.

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* Iniciativa popular en el juicio

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"CASO MILLET"; LA AUDITORÍA PÚBLICA CONFIRMA QUE MILLET Y MONTULL MALVERSARON FONDOS PÚBLICOS

CORRUPCIÓN
Desvela que desvió fondos del consorcio, un organismo público

Millet, con sus abodagos, tras prestar declaración. | Christian Maury

* Ambos podrían ser acusados de malversación de caudales públicos
* Recogería desviaciones de 2,7 millones desde el Consorcio del Palau

Germán González | Barcelona

Millet y Montull no sólo desviaron fondos privados, los pertenecientes a la fundación y la asociación del Palau de la Música, sino que también desviaron caudales públicos. Así lo confirma la auditoría que se presentará esta tarde ante los directivos de la entidad y que se hará pública posteriormente. Así, ambos podrían ser acusados de malversación de caudales públicos, lo que supondría un considerable aumento de la pena.

Este informe, que ha sido presentado esta mañana ante el juez Juli Solaz, recogería desviaciones de 2,7 millones de euros desde el Consorcio del Palau, órgano integrado por las administraciones públicas, tal y como se adelantó hace unos días.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al juez, por su parte, que impute a los otros ex altos cargos de la Fundación Orfeó Català que aparecen en la querella. En concreto los ex tesoreros de la entidad Pau Duran y Enric Álvarez, así como la hija de Montull, Gemma, aparecen en la querella de la Fiscalía, presentada a principios de junio, aunque no están imputados.

El Ministerio Público también quiere que se cite como imputado al ex secretario del Palau, el abogado Raimón Bergós. El fiscal quiere aclarar por qué Montull lo citó en su declaración como la persona que trataba con Hacienda desde el Palau, y que incluso podría haber asesorado en cómo aportar facturas falsas cuando la Agencia Tributaria descubrió el desvío de 2,2 millones de euros de las cuentas de la Fundación y la asociación en el año 2003.

Además
* Dimiten los patronos del Palau de la Música

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"CASO MILLET"; CDC DEVOLVERÁ EL DINERO QUE EL PALAU DONÓ A LA FUNDACIÓN TRIAS FARGAS

Recibió 630.000 euros

* Millet carecía de poderes para poder efectuar esas donaciones
* La fundación firmará un nuevo convenio para devolver parte del dinero
* El presidente de CiU ha preferido hablar de 'donaciones' en sentido inverso


Efe | Barcelona

El secretario general de CDC, Artur Mas, ha anunciado que su partido está a punto de firmar un convenio con el Palau de la Música por el que los convergentes estarían dispuestos a devolver una cantidad del dinero que Fèlix Millet donó, ilegítimamente, a la Fundación Trias Fargas.

Después de varias semanas de tira y afloja en las que CDC se resistía firmemente a retornar los 630.000 euros que el Palau, en época de la presidencia de Millet, concedió a la fundación del partido, la situación dio un vuelco el pasado miércoles cuando Joan Llinares, actual gestor del Palau, confirmó por carta al presidente de la Trias Fargas, Joaquim Ferrer, que Millet carecía de poderes para poder efectuar esas donaciones.

Con la certeza de que Millet no estaba autorizado a firmar los siete convenios que la fundación de CDC y el Palau cerraron entre 1999 y 2008, confirmada por los abogados que asesoran al Palau, Mas dio órdenes al partido y a la Trias Fargas para que se negociase con la máxima celeridad un nuevo convenio, en virtud del cual sería la fundación convergente la que donaría ahora una cantidad de dinero, aún por confirmar, al Palau.

Mas, en declaraciones a los periodistas en una visita al barrio de Sarrià en Barcelona, ha anunciado este giro de 180 grados en su postura al respecto, giro que ha justificado precisamente por las explicaciones dadas por Llinares en su misiva del miércoles.

"Cuando se firmaron los convenios con la fundación de CDC, Félix Millet no tenía poderes. Y estos convenios no habían pasado por las juntas del Orfeó Català, por lo que ningún otro miembro del Orfeó tenía conocimiento de ellos. Éste es un hecho nuevo que antes no conocíamos", ha destacado.

Mas se ha apresurado a aclarar que los convenios que se firmaron "eran legales" por la parte que respecta a la Trias Fargas, pero en cambio Millet "no tenía capacidad legal para firmarlos".

Ante esta "nueva situación", Mas dio instrucciones al secretario ejecutivo de CDC, Francesc Homs, al gerente del partido, Germà Gordó, así como a los responsables de la Trias Fargas, para que, sin más dilación, se pusieran a trabajar con los representantes del Palau de la Música "a fin de llegar lo más rápido posible a un acuerdo".

Tras dos días de negociaciones, el acuerdo parece perfilado, aunque aún falta que vea la "luz verde" del Palau: "Esta tarde, una vez se haya celebrado la junta del Orfeó, espero que podamos anunciar ya que estos preparativos han acabado fructificando".

El acuerdo pasaría, según ha apuntado el presidente de CiU, por firmar un nuevo convenio en el que CDC, a través de su fundación, se comprometería a ayudar económicamente al Palau a través de una serie de donaciones para devolver, progresivamente, una suma del dinero que en su día cobró la Trias Fargas gracias a Millet.

Mas no ha querido confirmar si la cifra cubriría la totalidad de los 630.000 euros donados por Millet o sólo una parte, aunque sí ha dejado clara su predisposición a realizar una "donación importante y significativa" que permita que el Palau "no pierda recursos de cara al presente y de cara al futuro".

"CDC, a través de su fundación, podrá hacer una donación al Palau para equilibrar patrimonialmente sus cuentas", ha planteado Mas, que no quiere que esta institución "tenga ninguna merma económica" como consecuencia de los convenios que firmó Millet sin estar autorizado.

Aunque en la práctica pueda percibirse como una "devolución" del dinero que la Trias Fargas recibió de Millet, el presidente de CiU ha preferido hablar de "donaciones" en sentido inverso a las que se produjeron de 1999-2008: "No nos pueden pedir el retorno estricto del dinero porque nosotros actuamos legalmente y de buena fe", ha subrayado.

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"CASO CAN DOMENGE"; LA POLICÍA REGISTRA LAS SEDES DE SACRESA Y FERRATUR EN BARCELONA Y MALLORCA

* Se ha abierto una nueva pieza secreta en la causa a petición del fiscal
* El solar de Can Domenge se vendió por 30 millones, la mitad de su valor
* La Policía se ha incautado de ordenadores y documentación

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma | Barcelona

Nuevo operativo policial contra la corrupción, esta vez de manera conjunta en Barcelona y Mallorca. La Justicia ha desarrollado una serie de registros policiales en ambos lugares, relacionados con el caso Can Domenge, que investiga la venta de un solar en Palma por parte del Consell de Mallorca por la mitad de su valor. La operación se produce tres días antes de la declaración ante el juez de Maria Antònia Munar como imputada por esta misma causa.

Los registros han sido ordenados por la Fiscalía Anticorrupción, tras la apertura de una nueva pieza secreta en la causa de Can Domenge, a petición del fiscal del caso.

En Barcelona, la Policía ha registrado la sede de la promotora catalana Sacresa. Esta empresa, según apuntan varias facturas, pudo haber conocido siete meses antes de que se publicara en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) la licitación de Can Domenge. Los agentes encargados de la operación se han incautado de ordenadores y abundante documentación durante el registro.

El otro de los registros ha tenido lugar en el polígono mallorquín de Son Bugadelles, en Calviá, donde se ha efectuado en una de sus empresas colaboradoras en Mallorca, Ferratur. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la operación ha comenzado a primera hora de la mañana.

Sacresa conoció el proyecto siete meses antes
Sacresa realizó al menos un pago al arquitecto francés Jean Nouvel -encargado del proyecto- bajo el concepto "concurso en Mallorca" cuando la venta pública de este solar sólo existía en la cabeza de los líderes de Unió Mallorquina (UM), por lo que Sacresa partió en una situación de clara ventaja frente al resto de concursantes. De hecho, en esta causa están imputados la presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar -declarará el 16 de noviembre-, el diputado del Grupo Mixto y ex conseller de Territorio de Baleares, Bartomeu Vicens y el conseller de Turismo de las Islas, Miquel Nadal.

Con relación a este caso, también se encuentra imputado el ex conseller de educación y cultura de la Generalitat de Cataluña, Joan Maria Pujals, que desempeñó su cargo en el gobierno de Jordi Pujol entre los años 1992 y 1999.

En su declaración judicial el pasado 29 de septiembre, los directivos de Sacresa que coordinaron la operación, Mario Sanz y Pujals, confesaron el encuentro secreto con el actual conseller de Turismo. Lo datan en "en mayo o junio de 2005" y revelaron que a lo largo de dicha reunión el que era el número dos del Consell, les avanzó el "proyecto". "Nos transmitió la voluntad clara del Consell de sacar esa operación", explicaron ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

Sacresa y Ferratur resultaron adjudicatarias en 2006 de los terrenos de Can Domenge en el concurso convocado por el Consell de Mallorca para la enajenación del solar. La constructora catalana obtuvo los terrenos por 30 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 60 millones de euros que ofrecía Núñez y Navarro, que también optaba a la compra de los solares.

Según un informe de Hacienda encargado por el juzgado de Instrucción Número 12 de Palma -que inicialmente investigó la causa-, el precio de mercado del solar en 2006, año de la venta, era de 57,8 millones de euros

A raíz de la adjudicación del solar a Sacresa y Ferratur, el ex presidente del FC Barcelona presentó una querella contra las empresas beneficiarias y contra todos los consellers insulares del PP y de UM que en la pasada legislatura votaron a favor de adjudicar el solar a la UTE beneficiaria

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LÓPEZ GARRIDO, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

TRIBUNALES |
Es secretario de Estado para la Unión Europea

Diego López Garrido, secretario de Estado para UE. | Efe

* Se le acusa de dar ayudas a la Fundación Alternativas, de la que fue patrono
* Lo fue hasta éste 24 de mayo, pero él defiende que lo dejó en abril de 2008
* El dinero -78.000 euros- se dio el 22 de julio de 2008 y 14 de mayo de 2009

Servimedia | Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, el juez Marcelino Sexmero, decidió admitir a trámite una querella que acusa al secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. Ahora tendrá que declarar como imputado el 4 de diciembre por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por las ayudas otorgadas desde su Secretaria a la Fundación Alternativas, de la que fue patrono.

El magistrado, en el auto dictado hoy por el que abre la investigación, señala que los hechos denunciados, de ser ciertos, "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos".

Fuentes de la secretaría de Estado defienden que los procesos han sido 'públicos y transparantes'

En concreto, el querellante, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, acusa a López Garrido de haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por haber otorgado desde su Secretaría de Estado dos ayudas a la Fundación Alternativas por un importe total de 78.000 euros.

En este sentido, la querella asegura que López Garrido, a pesar de haber sido nombrado secretario de Estado para la Unión Europea el 15 de abril de 2008, continuó figurando como patrono de la Fundación Alternativas hasta el pasado 24 de mayo de 2009, según los datos recogidos de la página web de la institución. Sin embargo, fuentes de la secretaría de Estado afirman a ELMUNDO.es que López Garrido renunció al patronato a través de una carta a la fundación el 21 de abril de 2008, es decir, tres días después de su nombramiento.

Las mismas fuentes aseguran que la Fundación Alternativas lleva recibiendo dinero desde hace años y siempre los procesos para su concesión han sido "públicos y transparantes".

Dos ayudas por 78.000 euros

El Centro de Estudios Jurídicos Tomás es quien ha presentado la querella

La primera ayuda objeto de la querella tuvo lugar el 22 de julio de 2008, cuando López Garrido firmó la concesión de ayudas correspondientes a ese año. Dentro de esta partida, la Secretaría de Estado otorgó 60.000 euros a la Fundación Alternativas para el análisis de los resultados de la encuesta 'Hablemos de Europa ¿qué Europa queremos?'.

Posteriormente, el 14 de mayo de 2009, López Garrido firmó una nueva resolución a través de la cual su Secretaria de Estado concedió una ayuda por importe de 18.000 euros a la Fundación Alternativas para poner en marcha el portal de Internet de título '¿Qué Europa queremos?'.

El denunciante subraya su 'incuestionable vinculación'

Para el Centro de Estudios Tomás Moro, la "incuestionable vinculación del querellado, pasado o presente, con la Fundación Alternativas, convierten la concesión de sendas ayudas en actos reprobables jurídicamente".

El juez Sexmero indica en su auto que procede la admisión a trámite de la querella "así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos". Ante esta decisión cabe recurso de reforma en un plazo de tres días. Todavía López Garrido no ha decidido si recurrirá.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) explicaron que la admisión a trámite de la querella se ha retrasado hasta este viernes debido a un error en el poder notarial del procurador que la interpuso.

Además
* Documento: Lea el auto
* Se endurece el castigo contra la corrupción

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