viernes, 4 de noviembre de 2011

EL EMPRESARIO DEL "CASO ARENA" USÓ OTRA SOCIEDAD PARA ELUDIR EL CONTROL AMBIENTAL

Vendió el mismo árido prohibido por su toxicidad sin advertir de los riesgos

LORENA BUSTABAD - Ferrol

El empresario de Pontedeume Fermín Duarte no tuvo el menor reparo en servirse de otra empresa de su propiedad para comercializar el mismo producto nocivo que la fiscalía había señalado como contaminante y tóxico. Lo hizo para eludir los requisitos que la Consellería de Medio Ambiente -a instancias del fiscal- impuso a la comercialización del aglomerado asfáltico (ARA) de Manmer por su alto contenido en hidrocarburos peligrosos. Duarte aparcó temporalmente los negocios que hacía con la constructora de su padre (Manmer SL), investigada en 2010 por un posible delito ambiental, y rescató otra empresa registrada a su nombre en 1987 como Rías Altas Obra Civil y Promoción SL para vender el mismo árido a base de betún y alquitrán de hulla con sustancias cancerígenas prohibidas, como el benzopireno.

Duarte: "Voy a trabajar con Rías Altas, que tenía medio parada"

El juez ha pedido a Medio Ambiente los expedientes de Manmer


El industrial se lo contaba sin tapujos a un conocido el 17 de junio en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la brigada de delitos económicos y fiscales (UDEF) de la policía y que figura en el sumario de una investigación que ya acumula más de 700 folios en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol.

Fermín Duarte le explica a su interlocutor que Manmer: "La tiene parada por toda la querella con la Xunta". Precisa que no ha deshecho totalmente de la constructora porque le da "mucha pena". "Todo lo que me tienen hecho, lo tienen a Manmer, no a Rías Altas, ni a nadie más. Lo demás lo puedo usar como me salga de los huevos. Entonces, a trabajar con Rías Altas, que es una empresa que tenía medio parada y ahora tiro de ella".

Duarte se jactaba de que el negocio de los áridos era su particular "lotería" por el alto margen de beneficios que le proporcionaba, y no dudó en usar otro nombre para vender el mismo producto bajo sospecha ambiental. Vendió su zahorra a empresarios y constructores de las comarcas de Ferrol y A Coruña sin advertirles de la composición. Al mismo tiempo, negociaba con el exdiputado popular Javier Escribano la mejor forma de abordar a los conselleiros y directores generales de Industria y Medio Ambiente para colocar su aglomerado en las grandes obras de la Administración gallega a cambio de supuestas comisiones y regalos del calibre de un Porsche Boxter que el empresario dijo haber regalado al político. Escribano afirma que lo compró por 10.360 euros para registrarlo a nombre de su tía.

El aglomerado de Manmer (que también comercializaba Rías Altas) se empleó en las obras del puerto exterior de Ferrol y en subcontratas para rellenos portuarios, asfaltado de vías y explanadas y otras actuaciones en carreteras, parques eólicos, urbanizaciones y paseos marítimos.

Para la brigada de la UDEF quedó acreditado "en multitud de conversaciones telefónicas" que el constructor eumés vendió el árido "a su antojo sin informar al comprador de la problemática y aparentemente, sin ningún control de la Xunta".

El Gobierno gallego fue advertido de los manejos de Manmer y las sospechas sobre el posible origen fraudulento del árido en varias denuncias de octubre del 2010 y mayo del 2011 de la Asociación Gallega de Áridos a las Consellerías de Industria y Medio Ambiente. Solicitaban que se expedientase a la constructora "por competencia desleal e ilícita" y que se informase a las autoridades holandesas. Las quejas de AGA no tuvieron eco y Duarte siguió cerrando negocios. La patronal recurrió entonces a la Fiscalía con una nueva denuncia en mayo del 2011.

El empresario fue detenido el pasado jueves en la Operación Arena en la que figura el exdiputado popular Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias. El empresario admitió ante el juez, Alejandro Morán, que tenía apiladas toneladas de aglomerado asfáltico en la parcela forestal de Cabanas, pero negó que las 400.000 toneladas de áridos que todavía se amontonan en el puerto exterior de Ferrol fueran suyas y apuntó a la firma alicantina Holding Transmediterránea de Construcciones.

La mercancía viajaba de Holanda al puerto de Caneliñas con los certificados europeos expedidos por Eerland Certification, que supuestamente acreditaban que el producto era reciclado y válido para obra civil, aunque en realidad contamina y no ha sido tratado. El juzgado ferrolano se ha dirigido a la Autoridad Portuaria de Ferrol para que informe sobre los áridos que descarga la consignataria COP Galicia. También ha reclamado a Aguas de Galicia y a la Consellería de Medio Ambiente todos los expedientes sobre Manmer, SL, cuyo producto está siendo analizado.


EL EXALCALDE DE EL CAMPELLO, AL JUZGADO POR PREVARICACIÓN

S. N. - Alicante

La Fiscalía de Alicante ha presentado en el juzgado una querella contra José Ramón Varó, exalcalde de El Campello y actual diputado provincial, del PP, por presunta prevaricación. La iniciativa del ministerio público, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, se produce a raíz del informe de la Sindicatura de Comptes que observa irregularidades en tres adjudicaciones del Consistorio por un importe de 158.00 euros.

Según el informe de la Sindicatura, las adjudicaciones correspondientes al ejercicio de 2008, con Varó en la alcaldía de El Campello, se acordaron pese a los informes en contra de los técnicos municipales, en concreto del departamento de Intervención. Las adjudicaciones que acordó Varó y que, en opinión de la fiscalía, podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación, son dos contratos relacionados con los espectáculos de fuegos artificiales y un tercero para la iluminación con motivo de las fiestas de la localidad.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; EL INTERMEDIARIO DE LA TRAMA DE LA BASURA EN CALP ALEGA MOTIVOS DE SALUD PARA NO ACUDIR A DECLARAR

El juez rechaza la alegación por el informe del forense y conmina al empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil del PP Juan Roselló, a que comparezca en el juzgado

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil del PP Juan Roselló, e intermediario clave, según la investigación, en el "caso Brugal" relativo a un soborno en la contrata de la basura de Calp, ha alegado motivos de motivos de salud para no acudir esta mañana a declarar como imputado ante el juez que instruye la causa.

El magistrado, titular del Juzgado número 1 de Dénia, en base al informe del forense, ha rechazado el argumento del empresario y lo ha conminado a presentarse en el juzgado en "breve". En caso contrario, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado adoptará el lunes las medidas legales contra el imputado, es decir, una orden de búsqueda y captura. Es la segunda vez que Artacho desoye la citación judicial.

Junto Artacho, el juez había citado esta esta mañana al industrial Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, y adjudicatario de la planta de basura de este municipio en 1998. Fenoll sí ha comparecido ante el magistrado pero, una vez más, se ha negado a declarar.

La policía y el Fiscal Anticorrupción sostienen que Fenoll se hizo con la planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho.

En este sumario hay un total de 11 imputados. Al margen de Fenoll y Artacho, el principal acusado es Javier Morató, exalcalde de Calp, del PP, cuando se adjudicó la contrata y actual edil por la formación Alternativa Popular de Calpe. La lista de imputados por el juez en esta causa se completa con los siguientes nombres: José Perles, Fernando Penella y Juan Roselló, los tres exconcejales del PP; María Teresa Molines, propietaria de la finca donde se ubica la planta de basura; Francisco Antonio Perles Crespo, marido de la anterior y encargado de la firma Acciona encargada del servicio de limpieza del municipio; Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario Fenoll; José Luis Faubel y Juan Cervantes Panella, ingeniero de caminos e ingeniero técnico del Ayuntamiento, respectivamente.

El sumario se abrió por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

El Ayuntamiento de Calp, bajo la presidencia del popular Javier Morató, adjudicó en 1998 la contrata de la basura del municipio a la firma Colsur, SL, propiedad del industrial Ángel Fenoll. Era una de las primeras contratas que ganaba el polémico empresario fuera de la comarca de La Vega Baja, donde monopoliza este negocio. La primera irregularidad detectada en el contrato fue que el adjudicatario no dispuso de un vertedero autorizado hasta un año después.

elpaís.com

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; BLANCO PIDE PERSONARSE EN LA CAUSA EN EL SUPREMO PARA PODER DEFENDERSE

* Presenta un escrito para conocer la documentación remitida por la juez de Lugo
* Según la defensa, la causa no tiene por qué permanecer secreta en el TS
* Parece poco probable que el tribunal decida sobre el tema en época electoral
* Blanco insiste en que las acusaciones contra él 'son una pura falsedad'

Europa Press | Madrid | Santiago

La defensa del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, que ejerce el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, ha presentado este viernes en el Tribunal Supremo un escrito solicitando su personación en la causa que remitió el jueves la juez de Lugo Estela San José en relación con la denominada 'Operación Campeón'.

Fuentes de la defensa han señalado que el escrito se ha presentado con el objetivo de poder conocer el contenido y alcance de la documentación remitida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, sobre la que hasta ahora pesa el secreto de sumario, y poder de este modo diseñar una estrategia de defensa contra las acusaciones que el escrito supuestamente contiene.

Las mismas fuentes señalan que, aunque la causa permanece secreta en Galicia, no tiene por qué mantener la misma condición en el alto tribunal, de ahí el interés en que se les permita ser parte en las actuaciones.

En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos directivos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

Según las informaciones publicadas por el diario EL MUNDO, Dorribo habría acusado a Blanco de cobrar comisiones a través de un primo político a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
 
Comienzo del trámite
Por el momento, el escrito de San José tiene que llegar a la Sala de admisiones de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la competente para admitir la causa y comenzar a tramitarla. No obstante, antes se pedirá informe a la Fiscalía, para que opine sobre la admisión del procedimiento en este momento concreto de la investigación.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que es muy poco probable que el alto tribunal realice ningún movimiento en época electoral, por lo que la remisión a la Fiscalía podría quedar suspendida hasta al menos el 20 de noviembre.
 
Dos opciones
Tras conocer el dictamen del fiscal, el alto tribunal podría optar por admitir la causa y nombrar instructor de la misma o bien por pedir a la juez de Lugo que continúe con sus indagaciones y concrete las imputaciones al ministro antes de abrir formalmente un procedimiento contra él.

De momento, la jueza instructora ha ampliado el secreto de sumario de la 'Operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando la magistrada decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.

Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso.

Según publicó EL MUNDO, en esta declaración Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ministro de Fomento, José Blanco; y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos renunciaron a su acta tras la publicación de estas informaciones.
 
Blanco: Todo es 'una pura falsedad'
Por su parte, el ministro de Fomento ha manifestado de forma reiterada que es "falso" que el empresario Dorribo pagase 200.000 euros a un primo suyo para poder reunirse con él y ha insistido en que confía "plenamente" en la "acción de la Justicia".

Hoy, tras el Consejo de Ministros, Blanco ha insistido en que tales acusaciones son "una pura falsedad" y ha destacado, como "dato objetivo que no es interpetable" el hecho de que la remisión al Supremo de parte de la causa "haya coincidido con el inicio de la campaña electoral".

Además
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"CASO BRUGAL"; EL JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN LABORAL DEL HERMANO DE CASTEDO Y LA GENERALITAT VALENCIANA

Solicita también informes sobre el PGOU de Alicante

* Tejada justifica la petición para el 'adecuado esclarecimiento de los hechos'

Europa Press | Alicante

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha pedido a la Generalitat los detalles sobre la relación laboral con José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la ciudad y que trabajó en la Dirección Territorial de Urbanismo, y ha preguntado también sobre el estado de tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En una providencia, el juez pide nueva documentación a la Generalitat, al Ayuntamiento de Alicante, a la Agencia Tributaria y al Registro Mercantil de Alicante para continuar con la instrucción de la causa y para el "adecuado esclarecimiento de los hechos". Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.

Así, el juez pide a la Generalitat valenciana que le remita un informe en el que indiquen la "fecha de inicio y finalización de la relación laboral o funcionarial de José Luis Castedo Ramos con dicha administración", así como los "puestos y cargos ocupados" y las "funciones y facultades, decisorias o no, ejercidas en cada puesto".
 
Estado de tramitación del PGOU
Además, demanda a la administración autonómica que informe sobre "el estado de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbano revisado del término municipal de Alicante, cuya segunda aprobación provisional se realizó por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 31 de mayo de 2010 y que debió ser remitido a la Conselleria con competencias en materia de urbanismo, tal y como consta en el acuerdo sexto del punto I-2.1. del acuerdo plenario".

Igualmente, ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que envíe en formato digital "la totalidad de los documentos que comprenden el Plan General de Ordenación Urbana revisado, aprobado en Acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2010 y remitido a la Generalitat valenciana".

A la Agencia Tributaria, el juez la requiere para que envíe los datos relacionados con las operaciones con terceras personas mantenidas entre 2007 y 2010 por las empresas Laboratorios y Proyectos -adjudicataria de la redacción del PGOU-, Gutiérrez y Miguélez Gestión de Suelo SL, y Serenne Gestión Urbanística SL, así como de Salvetti Abogados y Consultores -despacho del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo y del exconcejal socialista, Javier Gutiérrez-.


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"CASO PALMA ARENA"; EL EL BANCO DE VALENCIA QUIERE SACAR YA EL PALACETE DE MATAS A SUBASTA

Ha dejado de pagar

* Ha presentado un escrito solicitando fecha para la subasta de tres fincas
* EL ex presidente pagó con este crédito una fianza de tres millones

María J. García | E. Colom | Palma

El Banco de Valencia ha presentado un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma solicitando que se señale una fecha para la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las que el ex president del Govern Jaume Matas garantizó un préstamo de la entidad bancaria para abonar la fianza de tres millones impuesta a raíz del caso Palma Arena y que no está pagando.

La subasta, una vez se haya comprobado que se han seguido los trámites legales oportunos, será fijada según el turno de entrada que le corresponda que a fecha de hoy sería apartir del 15 de enero de 2012.

El Banco de Valencia presentó en mayo una demanda de ejecución hipotecaria contra los citados bienes del ex president, por impago de las cuotas pactadas. El Juzgado requirió en su día, como corresponde en este tipo de procedimientos, el pago de la cantidad adeudada, sin obtener una respuesta positiva.

Además
    * Archivan el delito de cohecho

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ ARCHIVA EL DELITO DE COHECHO POR LA CONTRATACIÓN DE LA MUJER DE MATAS

No accede a sobreseer el resto de imputaciones

* Considera que el supuesto delito contra Matas y Areal ha prescrito
* Mantiene la imputación por el supuesto 'blanqueo de capitales'
* No facilitará la documentación sobre la investigación del patrimonio en USA

Carla Arrieta | Palma

El juez de instrucción del Juzgado número 3 de palma ha decidio archivar la pieza separada del llamado caso 'Palma Arena' referida a un supuesto cohecho competido por parte del ex presidente balear para conseguir que su mujer obtuviese una serie de contratos laborales, y sus respectivos sueldos e indemnizaciones, amparándose en su puesto y posición.

El magistrado José Castro, sostiene en un amplio auto que aborda varios recursos interpuestos por la defensa de Matas, que el citado delito de cohecho habría prescrito y califica de 'menos graves' las acusaciones por estos hechos.

Según las acusaciones, la mujer de Matas, Maite Areal, fue contratada por parte de la sociedad Centro de Cálculo Balear -luego pasó a llamarse Martorell Asesores- entre 2005 y 2006 para labores de asesoría, por lo que le pagó 37.092 euros. Unos meses después, entre enero y diciembre de 2007, el Hotel Valparaíso contrató a Areal para llevar a cabo labores de relaciones públicas. Por este supuesto trabajo la mujer de Matas cobró otros 60.000 euros, sostiene el juez.

Su contratador, Miguel Ramis Martorell, afirmó en declaraciones ante la Guardia Civil que Areal finalizó la relación con la empresa ya que su colaboración fue "un fracaso empresarial, puesto que no aportó ningún cliente a su empresa". Explicó además que cuando la señora de Matas le pidió trabajo se vio "muy comprometido siendo quien era y le ofreció el trabajo por compromiso".

Asimismo, Martorell manifestó en su testimonio que Areal no tienía horario ni se formalizó ningún contrato, aunque sí estaba asegurada pero no estaba "obligada a rendir cuentas" de su labor.

Por otra parte, Castro se ha negado a aceptar el sobreseimiento sobre otras piezas relacionadas con un presunto blanqueo de capitales, correspondiente a las pieza 24 del caso, ni por la pieza 10 referida a la adjudicación de unas naves. Se niega además a aceptar las peticiones de archivo de las piezas relacionadas con la contratación de Antonio Palerm Mestre y de facilitar la documentación relativa a la investigación del patrimonio de la famila Matas en EEUU.

Se pronuncia asimismo sobre la petición de la defensa de Matas de que Castro se abstenga de seguir instruyendo el caso después de que haya recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por parte de la Policía, ya que, según sostenía el abogado, aparecía "ante la opinión pública como un claro intento de condicionar e incluso premiar la actuación del juez".

A este respecto, el juez cita las palabras de la Fiscalía Anticorrupción denegando la posible imparcialidad del juez, cuando dice que los argumentos de Matas son "carentes de toda lógica y fundamento" y construyen "toda una teoría de la conspiración sobre su imputación".

"Ante la falta de consistencia y lo peregrino de las argumentaciones, no haremos ninguna consideración más", indicaba el fiscal en un petición de rechazo de la abstención.


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"CASO TROYA"; DOS EMPRESARIOS NIEGAN HABER PAGADO DE MÁS PARA OBTENER LICENCIAS URBANÍSTICAS

En Alhaurín el Grande

* Han asegurado que sólo abonaron las tasas correspondientes

Europa Press | Málaga

Dos empresarios han declarado como testigos este viernes en el juicio del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, y han asegurado que sólo pagaron las tasas correspondientes por licencias urbanísticas y han apuntado que no se les exigió más dinero por parte del Ayuntamiento.

El primero de los empresarios ha señalado que él no tramitó la licencia sino que fue el arquitecto técnico y ha recordado que la denegaron "porque no cumplía" los requisitos, se realizó una modificación y "nos la concedieron". Ha indicado que por parte del Ayuntamiento no se pidió dinero alguno para la obtención de ese permiso.

La segunda testigo ha precisado que tampoco hizo las gestiones para la licencia y ha explicado que la obra se paralizó por unas pérgolas en las terrazas, pero ha dicho que no tuvo conocimiento de que a consecuencia de dichas dificultades alguien del Ayuntamiento le solicitara algún tipo de contraprestación.

El ministerio público sostiene inicialmente, en su escrito de conclusiones provisionales, que el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, acusado en esta causa, concedió estas licencias "con infracción de la normativa urbanística de aplicación, favoreciendo a los empresarios, respecto a los que sin embargo no consta que efectuaran pago para ello".

Asimismo, también ha comparecido un empresario dedicado a festejos taurinos y ha señalado que en 2005 le llamaron porque "había unos señores interesados en patrocinar un festival en beneficio de una asociación de Alzheimer" y ha indicado que le pagaron a través de una empresa. Ha precisado que en festejos de otros años le pagó el Ayuntamiento "con otros patrocinadores".


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