martes, 27 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; JORGE DORRIBO "SE RATIFICA EN SUS ACUSACIONES" ANTE LA JUEZA ESTELA SAN JOSÉ

El empresario lucense (derecha), saliendo del juzgado de Lugo este martes. | Efe
Según el abogado del empresario farmacéutico
Implica a sus empleados del área contable en un delito de falsedad documental
Mantiene las acusaciones contra el ex conselleiro Blanco y el alcalde de Lugo
La declaración del principal imputado se prolongó durante más de seis horas
La fiscal se interesa por las acusaciones contra el presidente de la Audicencia

Silvia Pena | Lugo

El abogado de Jorge Dorribo, Luis Peláez, insistió tras la comparecencia del principal imputado de la 'operación Campeón' que éste "se ha ratificado en sus acusaciones", unas declaraciones previas que salpicaron a políticos y empresarios como el ex ministro de Fomento José Blanco, los ex diputados autonómicos Pablo Cobián y Fernando Blanco, el alcalde de Lugo José López Orozco, así como al vicepresidente de la empresa Azkar José Antonio Orozco.

El letrado compareció ante los medios para asegurar que el industrial lucense "se mantiene en la línea de las declaraciones anteriores", aportando nuevos datos y documentación que permitan mantener sus argumentos. Mientras, a su salida del Juzgado, Jorge Dorribo se limitó a decir que no haría declaraciones y que había ido "todo perfecto". Varios letrados coinciden en que su actitud a lo largo de toda la jornada fue la de un hombre "seguro, que no titubeó en ningún momento" y que se habría explayado en sus manifestaciones ante la juez.

La declaración de Jorge Dorribo, la octava tras las siete que figuran en la parte alzada del sumario, se prolongó durante algo más de seis horas. El principal imputado en la 'operación Campéon' apareció a las diez de la mañana a la carrera y tratando de evitar a la prensa y testificó hasta la una de la tarde, momento en el que se produjo un receso para encender el aire acondicionado, tal y como relataron varios de los abogados presentes en la sala habilitada en el Juzgado de Instrucción Nº3 de Lugo.

Los letrados presentes en la comparecencia explicaron que Dorribo insistió en el presunto pago de favores a los políticos que supuestamente le habrían favorecido en sus gestiones ante la administración pública gallega. Así, su declaración se habría centrado en las subvenciones concedidas por la Xunta, trámites que salpican al ex conselleiro Fernando Blanco y al ex diputado autonómico Pablo Cobián. Al parecer, en relación con el ex director del Igape, Dorribo reconoce que no sabe si llegó a recibió algún pago por las presuntas gestiones realizadas para que el industrial cobrase dos subvenciones solicitadas al organismo público.

Mantiene las acusaciones contra el alcalde de Lugo
El dueño de Nupel se refirió también a los favores supuestamente pagados en forma de patrocinios al alcalde de Lugo, al haberle permitido anexar dos de sus naves en el polígono de O Ceao.

Según varios de los abogados presentes en la sala, Jorge Dorribo insistió en relación con el pago de favores del regidor lucense. Al parecer, también habría revelado la existencia de una reunión entre el alcalde y la mujer del empresario cuando éste todavía permanecía en prisión, acusado de un presunto delito de fraude de subvenciones. El industrial habría dicho además que trató directamente con el regidor la concesión del suministro de botiquines y desfibriladores a través de contratos menores que impidiesen tramitar el proceso como un concurso.

El alcalde de Lugo y Fernando Blanco no fueron los únicos políticos mencionados por el industrial, quien también se habría referido a gestiones por parte de consejeros de otras comunidades, sin llegar a precisar más. Entre sus acusaciones, una de las que más llamó la atención a los abogados de los imputados en la causa fue la que realizó contra sus trabajadores con relación contable en la empresa, a los que habría tratado de implicar en un presunto delito de falsedad documental. Según relataron varios letrados, Jorge Dorribo habría declarado que todos ellos eran conscientes de la existencia de facturas infladas para presentar a la administración.

Además de las preguntas formuladas por la juez durante más de tres horas, también la fiscal se interesó por diferentes aspectos, entre ellos la posible implicación en la causa del presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, quien denunció al industrial por un supuesto intento de extorsión. Dorribo mantiene, según los letrados presentes en la comparecencia, que el alto magistrado tenía una participación en su empresa eólica de Camerún, e insiste en los favores hechos a su yerno, propietario de una farmacia.

Además de las preguntas del fiscal, también fue interpelado por los abogados de Fernando Blanco, el alcalde de Lugo o la letrada que representa al Igape. Uno de los pocos que no interrogó al principal imputado en el 'caso Campeón' fue el abogado que le acompañaba, Luis Pelaéz. Jorge Dorribo habría dado respuesta pausada y contundente a todos ellos, salvo a los letrados encargados de los farmacéuticos implicados en el caso, a quienes no quiso responder. Todos ellos tendrán copia de la declaración en formato audiovisual en los próximos días.

Réplica de los abogados
Gregorio Arroyo, el abogado defensor del alcalde de Lugo, sostiene que Jorge Dorribo sigue "en su línea de derramar tinta de calamar y que, en lugar de ocuparse de su defensa, ha optado por seguir autoinculpándose". Según el letrado, el principal imputado se dedicó nuevamente a "disparar en todas las direcciones" salpicando a políticos y empresarios, una actuación que calificó de "esquizofrenia procesal".

Arroyo afirma que "pasará como con el supuesto pago de los 200.000 euros al ex ministro de Fomento, que la Agencia Tributaria desmintió". El letrado de López Orozco insiste en que el alcalde "nunca ha tenido contacto directo con este señor para tratar el tema de las licencias", pero sí reconoce que ambos han participado en actos oficiales como el 'Arde Lucus' o los partidos del Breogán.

Con todo, desmiente las declaraciones del empresario al indicar que los informes favorables sobre la unión de las naves de Dorribo pertenecen al año 2004, mientras que los patrocinios al Ayuntamiento de Lugo son del año 2007. Según informó Arroyo, la juez decidió enviar las licencias concedidas por el Ayuntamiento fuera del Juzgado para que un ente autorizado se pronuncie sobre su legalidad.

Nuevos nombres
Por su parte, el abogado del ex conselleiro nacionalista Fernando Blanco explicó que los argumentos y la documentación aportada ante la juez por el principal imputado en la 'operación Campeón' nuevamente "echan por tierra" las acusaciones contra su defendido. Indica que "no pudo haber ningún pago por una subvención que había sido denegada", por lo que "no existen ni esos pagos ni esas reuniones secretas". Aseguró que los argumentos esgrimidos por Dorribo responden a un intento "burdo" de demostrar una falsedad y que la documentación entregada "solo buscaba crear confusión".

Xoán Antón Pérez Lema explicó que varios de los abogados presentes en el interrogatorio se interesaron por la declaración voluntaria del día 8 de agosto en la que Jorge Dorribo implicó a políticos y empresarios acusándoles del supuesto cobro de dinero como contraprestación a la ayuda prestada al empresario. El letrado dice que se interesaron sobre la causa que le llevó al Juzgado, para saber si pretendía "ayudar en la investigación" o tenía que ver con una "motivación personal de comodidad" que le permitiese abandonar la cárcel.

La defensa del ex conselleiro quiso aclarar la compra, por parte de Fernando Blanco, de varios décimos de lotería de los que obtuvo un premio superior a los 78.000 euros. "Está aclarado y Dorribo reconoce que no tiene nada que ver con el tema", replicó Pérez Lema.

ELMUNDO.es también ha podido saber que Dorribo habría aportado nuevos nombres en la causa, entre los que se encontrarían varios de sus empleados y socios en su entramado de empresas, así como cargos de la Xunta y de otras administraciones públicas. El ministerio fiscal, el único con potestad para pedirlo, optó por no solicitar el ingreso en prisión. Los interrogatorios continuarán a lo largo de la semana.

Además

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DOS EX EMPLEADAS DE UNA EMPRESA DE DORRIBO DESVELAN QUE EXISTÍA DINERO "B"

Las dos trabajaron en la contabilidad de la farmacéutica Nupel
Han declarado en el Supremo que desconocen si el dinero era para políticos
Ambas han comparecido ante el Alto Tribunal como testigos

Europa Press | Madrid

María Isabel Fernández y Marta Andón, que trabajaban en la contabilidad de la farmacéutica Nupel antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, han desvelado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano la existencia de 'contabilidad B' en esta empresa, si bien desconocen si el dinero estaba destinado al pago a políticos para obtener de forma fraudulenta ayudas públicas.

Así lo señaló a las puertas del Alto Tribunal el abogado de Fernández, Gerardo Pardo de Vera, al término de la declaración que esta empleada de Nupel y su compañera prestaron en relación con la pieza que investiga la supuesta comisión por el ex ministro de Fomento, José Blanco, de delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con la "Operación Campeón".

La citación de estas trabajadoras tenía como objetivo aclarar el origen del dinero que, según la declaración del propietario de Nupel, Jorge Dorribo, fue entregado al ex ministro socialista para que favoreciera la obtención por esta empresa de ayudas públicas.

Según este letrado, ninguna de las dos trabajadoras de Nupel han podido aportar mucho, a los delitos que se investigan, puesto que "los supuestos sobornos no dejan muchas pistas en los ficheros informáticos de la contabilidad"." Que pueda haber otro tipo de soportes documentales privados y que tengan otras personas de la empresa, pues no lo sabemos, evidentemente", ha añadido.

'No tienen nada que ver'
Según sus abogados, las comparecientes son simples trabajadoras de una empresa "que nada tienen que ver con esa urdimbre de supuesta corrupción institucional". Ambas han comparecido como testigos y están imputadas en la causa que investiga la juez de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José.

Pardo de Vera ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que las trabajadoras detectaron la existencia de irregularidades contables en Nupel, aunque a su juicio se trataba de la 'contabilidad B' que puede existir en cualquier empresa. "Pero de ahí a que ese dinero vaya destinado a sobornos a políticos, sobre eso no tienen ningún conocimiento", ha añadido.

Además, el letrado ha negado que su cliente conociera a qué cantidad ascendía dicho dinero en B y que hubiera existido entrega del mismo a ningún político. "Tienen dificultad incluso para identificar el cargo que ocupan personas de la Administración o ministro, son ajenas completamente a los 'tejemanejes' que pueda tener su jefe directo", ha explicado el letrado, para puntualizar más adelante que conocían a Blanco "como lo puede conocer cualquier persona".

Mañana proseguirán los interrogatorios en esta causa, pues han sido citados otros trabajadores de Nupel, concretamente el administrador José Amador Fernández y la responsable del registro Jennifer Álvarez.

Además

DOS EX DELEGADOS DEL GOBIERNO DEL PSOE, IMPUTADOS POR COMPRAR VOTOS EN MELILLA

JUSTICIA | En las elecciones de 2008
Por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos
El secretario general del PSOE en Melilla, imputado por falsedad documental
Dos ex altos cargos de Trabajo aparecen en esta presunta trama
Los planes de empleo que pudieron ser utilizados suman 26.572.988,04 euros

Paqui Sánchez | Melilla

Las elecciones generales de 2008 estuvieron marcadas en Melilla por la sospecha de que los planes de empleo del Estado pudieran haberse utilizado para comprar votos para el pacto político entre PSOE y Coalición por Melilla (CPM). El considerable aumento del voto por correo, el envío masivo de cartas a ciudadanos anunciando una falsa preselección para los planes de empleo durante la campaña electoral y la declaración de dos testigos que pertenecían a esos partidos dieron lugar al caso voto por correo.

Su investigación había dado lugar a la imputación de una veintena de dirigentes de PSOE y CPM, entre ellos sus máximos responsables, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, acusados de presuntos delitos electorales, falsedad documental, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias. Este caso, que también salpicó en diciembre a algunos responsables de Correos, acaba de dar un paso más con la imputación de dos ex delegados del Gobierno del PSOE, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, dos ex subdirectores generales del Ministerio de Trabajo, Felipe Gismera (Promoción de Empleo) y Javier Alfaya (antiguo INEM), y sus respectivos delegados en Melilla, Ana Mansilla y Joaquín Arana.

El nuevo auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla acusa a todos ellos de permitir presuntamente la acción de una supuesta trama organizada por PSOE y CPM para obtener votos a cambio de un puesto de trabajo en tres planes de empleo organizados en 2008 y 2009 gracias a la concesión de subvenciones estatales que suman un total de 26.572.988 euros.

En concreto, el juez Miguel Ángel García imputa a José Fernández Chacón presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A Gregorio Escobar, que le sucedió como delegado del Gobierno y ahora es secretario general del PSOE en Melilla, le imputa los mismos delitos, y dos más de obstrucción a la Justicia y falsedad documental, igual que a Joaquín Arana, ex director provincial del SPEE (antiguo INEM) y Ana Mansilla, ex directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD).

A los tres se les acusa de «dificultar la investigación penal mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y la autoridad judicial», facilitando para ello datos contradictorios «con el único fin de eludir la responsabilidad penal que a cada uno de ellos le pudiera corresponder».

Compra de votos
El juez es contundente al afirmar que estas ayudas públicas fueron concedidas para minimizar el impacto del paro sobre Melilla a desempleados de larga duración, pero en vez de eso se utilizaron presuntamente «para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008, o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos».

El auto se apoya en la investigación del Grupo ECO de la Guardia Civil, según la cual los dos ex delegados del Gobierno del PSOE fueron supuestamente influidos por los organizadores de la trama de compra de votos, que «tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía» durante la campaña electoral de 2008, siendo entonces delegado del Gobierno José Fernández Chacón. Su sucesor, Gregorio Escobar, era en ese momento el candidato de PSOE-CPM al Congreso de los Diputados. Ahora es diputado en la Asamblea de Melilla, labor que compagina desde este mismo mes con la Secretaría General del PSME-PSOE.

Según explica el auto, de los 1.388 contratados mediante la contratación directa en los tres planes de empleo, 300 personas no cumplen los requisitos mínimos exigidos para dichas contrataciones, a los que se suman otros 239 a los que no se puede verificar al no contar con la documentación necesaria. De los casi mil contratados que tenían que aportar experiencia académica para ser contratados, sólo 589 presentaron las titulaciones. Además, 281 contratados no aportaron su documento de demanda de empleo, que también era obligatorio.

Reacciones
Tras hacerse público este auto, el Gobierno de Melilla ha lamentado que esta noticia daña la imagen de Melilla y «estos temas nunca, nunca, nunca debieron haber ocurrido en Melilla», ha afirmado el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín.

Por su parte, Gregorio Escobar ha recalcado su «total y absoluta confianza» en que todos los dirigentes del PSOE y responsables de la Administración Pública «han actuado de acuerdo a la estricta legalidad y que las acciones que han llevado a cabo no han tenido otro objeto que pensar en el interés general de los melillenses».

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; FERNANDO BLANCO: "NO HAGO NADA EN ESTA OPERACIÓN, NO TENGO NADA QUE VER CON ELLA"

El ex conselleiro de Industria, acompañado por la procuradora y su abogado, Pérez Lema. | Efe
Continúan las declaraciones en Lugo
El ex diputado del BNG presta de nuevo declaración como imputado en el caso
Dorribo lo vinculó con el cobro de comisiones a cambio de ayudas de la Xunta
Sus abogados pedirán el sobreseimiento al considerar que 'no hay caso'
Anuncian que iniciarán acciones legales contra el dueño de Laboratorios Nupel

Silvia Pena | Lugo

El ex diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco, acudió este lunes al Juzgado de Lugo para prestar declaración ante la juez que instruye la 'operación Campeón', Estela San José. A su salida, el nacionalista explicó que estaba "absolutamente tranquilo y satisfecho" con su comparecencia, por lo que "espero que la juez entienda que fui desmantelando todas y cada una de las falacias y de las calumnias que tiene dicho el señor Dorribo sobre mi participación", esgrimió.

"No hago nada en esta operación, no tengo ninguna vinculación con ella, no cometí ningún delito, por lo que estoy muy satisfecho y espero que cuanto antes me vea libre de unas acusaciones que son absolutamente infundadas, que son injurias y no se corresponden con la realidad", expuso.

Fernando Blanco se ha visto salpicado por el 'caso Campeón' tras las acusaciones del principal imputado en la investigación, quien asegura que entregó fondos al político semanas antes de las elecciones gallegas a las que concurría como candidato por Lugo. La contabilidad B del empresario recoge cuatro pagos de 250.000 euros en concepto de 'pago consell' (supuestamente 'pagos conselleiro') entre los meses de noviembre y diciembre de 2008, después de que el departamento autonómico que dirigía Fernando Blanco concediese una subvención de 1,6 millones de euros a fondo perdido a Laboratorios Nupel, la empresa matriz del industrial.

Jorge Dorribo también reveló un supuesto pacto con el ex conselleiro mediante el cual pasaría a poseer el 12% de una de sus firmas farmacéuticas una vez abandonó su cargo en el Gobierno gallego. Todas las declaraciones realizadas por el industrial lucense fueron "desmontadas", según sus propias palabras, por el ex conselleiro en su segunda declaración ante la juez, una comparecencia de menos de una hora de duración que se prolongó desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde por la petición de Fernando Blanco de su traducción al gallego.

'No aparezco en ningún sitio'
Fernando Blanco afirmó que centró su declaración en "completar" la comparecencia del 29 de noviembre de 2011 en la que la juez le imputa un presunto delito de tráfico de influencias. El ex diputado autonómico del BNG recordó que no aparece "en ninguna" de las conversaciones que figuran en la parte alzada del sumario del caso "ni en vídeo, ni en fotos, ni con ninguno de los imputados", precisó.

En sus declaraciones a los medios de comunicación relató cómo "aclaró" ante la juez aquellos asuntos por los que se ha visto salpicado como "la compra de un vehículo, la supuesta adquisición de un diamante o el tema de la lotería". "Espero que sea suficiente y que pueda salir de aquí y quedar mucho más tranquilo", remarcó.

La juez instructora del caso le preguntó a Fernando Blanco, tal y como él mismo reconoció, los motivos por los que cree que Dorribo le citó en sus comparecencias acusándole de la comisión de varios delitos. "Entiendo que era una estrategia para salir de la cárcel", apunta el nacionalista, quien también añade que "lo que puedo acreditar es que lo que decía era mentira", unas acusaciones que, según destaca, rebatió "con documentos".

En su primera declaración ante la juez que instruye la 'operación Campeón', en noviembre de 2011, Fernando Blanco rechazó todas y cada una de las acusaciones formuladas contra él por Jorge Dorribo. Así, negó la entrega de dos sobres con 35.000 y 20.000 euros, así como la colaboración del industrial con su partido político para financiar la campaña de las elecciones municipales.

También defendió que no participó en la tramitación del préstamo concedido a Nupel por la Xunta y rechazó que haya cobrado 200.000 como contraprestación. Unas acusaciones en las que este lunes volvió a ratificase.

Petición del sobreseimiento de la causa
Por su parte, los letrados que le acompañaron en su declaración ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Lugo, Xosé Antón Pérez Lema y Evaristo Nogueira, sostiene que "no hay caso" contra su cliente, por lo que anunciaron que pedirán el sobreseimiento de la causa. Además del asunto del coche y la lotería, acusaciones que consideran "super acreditadas", Pérez Lema se refirió a la subvención concedida por el bipartito a Nupel para decir que se trata de un expediente de I+D+i "clarísimo en el procedimiento de concesión como en la certificación técnica".

Aseguró que se trata de un procedimiento "perfectamente controlado" por la Intervención General de la Consellería de Economía de la Xunta y por una comprobación posterior encargada por el Gobierno gallego en 2011. "En noviembre dijimos que no había caso y seguimos diciendo que no hay caso", subrayó el letrado de Fernando Blanco.

Evaristo Nogueira avanzó además que "una vez que se sobresea la causa" contra Fernando Blanco, iniciarán las acciones legales "correspondientes" contra Jorge Dorribo por emitir unas manifestaciones contra el político "injuriosas, vejatorias, falsas y hasta ruines", espetó. El abogado lamentó la mala imagen que el industrial traslada de Lugo con sus declaraciones, una ciudad que definió como "tranquila y en las que no existe corrupción".

Además

ALSINA Y PASTOR TENÍAN LOS TELÉFONOS INTERVENIDOS DESDE LOS INICIOS DEL "CASO CAMPEÓN"

El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, sale escoltado por agentes de aduanas de la sede del organismo tras el registro. | Antonio Moreno
JUDICIAL | Detenidos este lunes en Barcelona
Les atribuyen 'negociaciones para la obtención fraudulenta de concesiones'
El fiscal de Lugo ya acusaba a Pastor de un posible tráfico de influencias
Ambos detenidos mantuvieron una reunión con la trama en dos naves de Lugo

Natalia Puga | Santiago de Compostela

La implicación de los detenidos Sergio Alsina y Sergio Pastor en la 'operación Campeón' se remonta a los propios inicios de la investigación. Ambos tenían los teléfonos intervenidos por orden judicial desde 2010. Sus nombres aparecieron ya en la instrucción inicial abierta por el Juzgado número 3 de Vilagarcía de Arousa, que posteriormente sería derivada a Lugo y daría lugar a la citada operación.

El sumario de la 'operación Campeón' habla directamente de Sergio Pastor Colldeforns y Sergio Alsina Jiménez como "personas que en Cataluña estarían llevando a cabo negociaciones tendentes a la obtención fraudulenta de una concesión administrativa concreta".

Las referencias a Sergio Alsina y Sergio Pastor no son muy abundantes en la parte alzada del sumario de la 'operación Campeón', pero sus nombres sí aparecen en conversaciones telefónicas con otros imputados en la trama e incluso en seguimientos realizados por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Estas escasas referencias se deben a que cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, levantó parcialmente el secreto del sumario el pasado 5 de marzo ya se había inhibido en un juzgado barcelonés para que les investigase. Así, sus menciones en las investigaciones realizadas en Vilagarcía y Lugo aparecen veladas en el documento.

En el caso de Sergio Pastor, un fiscal de Lugo emitió un informe en el que le relaciona directamente con "un posible delito de tráfico de influencia en la obtención de la concesión de los servicios de ITV en Cataluña con la mercantil alemana Tüv Rheinland". Solicitó la inhibición de esta investigación en un juzgado de Cataluña, donde se habría cometido el supuesto delito.

El mismo fiscal menciona a Sergio Pastor y Sergio Alsina en un informe remitido al Tribunal Supremo en relación con las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía para investigar los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Proyectos empresariales
El fiscal les vincula con los negocios que planificaba realizar en Cataluña el principal imputado, Jorge Dorribo. Según recoge el sumario, junto a una tercera mujer (Marta Rodríguez, que, en principio, no está imputada en la causa), eran sus mediadores para conseguir "relaciones y tratos relacionados con la Administración catalana".

Estas relaciones abarcarían "la materialización de determinados proyectos empresariales". Por un lado, "la constitución de una mercantil con los dos políticos catalanes dirigida a la obtención de la concesión para la introducción en el ámbito de la sanidad de la comunidad autónoma de la distribución farmacéutica". Por otro lado, "otros de tanta o mayor entidad que giraban en torno a las instalaciones de Nupel en Lugo, y a la creación en Andorra de la sociedad Salut d' lnnovació".

Visita a la sede de Lugo
Alsina y Pastor estaban en el punto de mira de los investigadores y el 7 de diciembre de 2010 fueron objeto de un seguimiento por parte de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una visita a Galicia y una reunión en la sede de Laboratorios Asociados Nupel en el polígono industrial de O Ceao (Lugo).

El informe de este seguimiento relata que tanto ellos como la tercera catalana referida, Marta Rodríguez, se reunieron con los imputados en el 'caso Campeón' Jorge Dorribo Gude, Carlos Monjero Álvarez, Javier Rodríguez Días y José Antonio Orozco Fernández en O Ceao y, posteriormente, en el polígono industrial de Rábade, también en Lugo.

Conversaciones intervenidas
Las transcripciones de intervenciones telefónicas recogidas en el sumario de la operación incluyen una conversación muy explícita entre Sergio Pastor y el vicepresidente de Azkar y socio de Dorribo, José Antonio Orozco, el 23 de diciembre de 2010.

En la citada conversación, Pastor le relata al empresario de Lugo que ya habló con Alsina y ambos tienen intención de seguir adelante con el envasado de productos farmacéuticos monodosis, que se realizaría en la planta de Rábade que los dos detenidos catalanes habían visitado unas semanas antes.

Pastor también le trasmite a Orozco que están dispuestos a crear una nueva empresa comercializadora "que no requiere prácticamente capital" en Cataluña e incluso le da a la trama del Campeón la posibilidad de darle nombre: "se monta una empresa, que será el nombre que queráis de Cataluña".

La mediación de Pastor también iría encaminada, según la citada conversación, a poner en marcha un "proceso por el cual progresivamente iremos metiendo los hospitales de Cataluña", en este caso, para facilitar los negocios de Azcar en la sanidad catalana, tanto en la pública como en "la medicina privada, en las mutuas. "Yo lo veo montado sin ninguna dificultad", manifiesta, optimista, Pastor.