martes, 31 de agosto de 2010

"CASO IBATUR"; UN SUPUESTO COMISIONISTA DEL GOBIERNO DE MATAS SEGUIRÁ EN PRISIÓN

La Audiencia de Palma considera que existe un elevado riesgo de fuga del ex director gerente del Instituto Balear de Turismo

A. M. - Palma de Mallorca

El ex director gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Gobierno balear del PP, Juan Carlos Alía, imputado en el escándalo de supuesta corrupción de la operación pasarela , seguirá en prisión porque la Audiencia de Palma de Mallorca considera que existe un elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones abiertas.

El juez instructor dictó una orden de ingreso en prisión el pasado día 17 de julio y acusó a Alúa de la exigencia y el cobro de supuestas comisiones ilegales a un empresario contratista del Ibatur, Bartolomé Morey. En la vista de petición de libertad, ante la Audiencia, el fiscal rechazó el argumento de la defensa de que eran inciertas las acusaciones de cohecho y de que podía probar que no cobró cantidades ilegales.

Juan Carlos Alía, ejecutivo del sector del turismo, está imputado los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el Ibatur se manejaban más de 12 millones de euros anuales.

El dueño de la compañía Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, que facturó dos millones al Ibatur destapó las supuestas actuaciones ilegales del ex alto cargo del Gobierno de Matas que exigía el 10%. En declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción tras ser detenido, Morey pactó los beneficios penales de la colaboración con la justicia que se otorgan a los arrepentidos. Los fiscales valoraron la disposición del ex gerente del Ibatur a sumarse a esta vía de colaboración para desentrañar la supuesta red de malversación de caudales.

El supuesto comisionista Juan Carlos Alía es el único ex cargo político del PP que está en prisión preventiva entre el medio centenar de imputados en los casos en investigación pendientes de juicio. En la causa del Ibatur han sido detenidas dieciséis personas, ex altos cargos y contratistas. Cuatro de los imputados son dueños de empresas de servicios de publicidad, televisión, edición y espectáculos que trabajaron en las campañas electorales del PP al mismo tiempo que recibían contratos oficiales. La Fiscalía sospecha que regalaron al PP parte de su trabajo. Dos empresarios han reconocido que no cobraron sus facturas.

En la cárcel de Palma, cumpliendo penas firmes por supuesta corrupción, están el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el ex director general del Territorio, Jaume Massot y el ex número dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos. El ex secretario general y ex diputado de Unió Mallorquina, Tomeu Vicens, también está preso con condena.

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"CASO IBATUR"; LA AUDIENCIA CONFIRMA LA DECISIÓN DEL JUEZ Y DENIEGA LA EXCARCELACIÓN DE ALÍA

Ve riesgo de fuga

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma confirma la decisión del juez de que el ex gerente del Instituo Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, continúe ingresado en prisión. De esta forma, se deniega la petición de excarcelación del acusado, tal y como solicitó este lunes la Fiscalía al ver un elevado riesgo de fuga que podría entorpecer en las investigaciones de este procedimiento. En el caso se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde la empresa pública durante la pasada legislatura.

Por su parte, el juez del caso rechaza todos los argumentos esgrimidos hasta ahora por el abogado defensor.

El fiscal Adrián Salazar ha mantenido de este modo que el ex responsable del Ibatur podría alterar los distintos medios de prueba y sustraerse de la acción judicial a tenor de las penas que acarrean los numerosos delitos que se le imputan. Además, ha mantenido que cobró comisiones por la adjudicación de contratos desde la empresa y que participó en la incorrecta tramitación de numerosos expedientes.

En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y al que tuvo acceso, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado.

El abogado, alegó en la vista de ayer que su patrocinado no aguarda ninguna intención de huir ni de destruir pruebas, e incluso presentó varios informes dirigidos a probar que no percibió dádivas por la concesión de contratos, en contra de lo que en su día declaró el propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Y es que el publicista, quien percibió más de dos millones de euros de diversas contrataciones, confesó ante el juez haber pagado comisiones de un 10 por ciento a Alía bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, no se le seguiría contratando, mientras que al también ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, afirmó haberle pagado unos 12.000 ó 13.000 euros. Tras esta declaración, el pasado 17 de julio el juez procedió a decretar el encarcelamiento de Alía, quien hasta entonces se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

No obstante, ésta no es la única confesión arrojada en torno a la actuación presuntamente irregular de Alía, único imputado de la causa que ha ingresado en el centro penitenciario de Palma. Del mismo modo, funcionarios del Ibatur han llegado a aseverar que el ex gerente les instó a fraccionar contratos -menores de 12.000 euros para eludir el concurso público- pese a saber que "no se podía", siendo advertidos de que "si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta", informó Europa Press.

'Práctica habitual' fraccionar contratos


De acuerdo a las pesquisas efectuadas, era práctica habitual el fraccionamiento de contratos al objeto de evitar alcanzar los 12.000 euros y así adjudicar de forma directa un determinado servicio a la empresa ya seleccionada de antemano. En la misma línea, el magistrado instructor del caso Ibatur asevera que "muchos" de los contratos adjudicados carecen de justificación que acredite la realización del servicio, constata pagos "totalmente excesivos" y alude a la invitación de empresas del mismo grupo en las contrataciones por más de 12.000 euros.

Cabe recordar que, hasta el momento, un total de 16 personas han sido arrestadas en el marco de estas investigaciones. Además de Alía y Alabern, también fueron detenidos el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet, uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, y el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

También han sido detenidos el socio de Clave Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L.S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba; y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J, todos ellos en la primera fase del caso, que se abrió a finales de junio. Fue semanas después cuando, en una segunda fase, fueron detenidos el propietario de la productora Spiral, Guillem Deyà; Bartolomé Morey, y el presidente del Grup Trui, Miquel Jaume.

elmundo.es

lunes, 30 de agosto de 2010

HACIENDA INVESTIGA LOS AYUNTAMIENTOS EN BUSCA DE FRAUDES URBANÍSTICOS

Municipios bajo la lupa

La Agencia Tributaria ha pedido información a unos 150 municipios en los que hay indicios de irregularidades

LUCÍA ABELLÁN - Madrid -

Recalificaciones, adjudicaciones de suelo, promociones que se multiplican en sitios remotos... Los ayuntamientos son responsables de la actividad que más riqueza ha generado en los últimos años, el urbanismo. Pero al calor de esa riqueza han surgido también fraudes monumentales. Consciente de esa realidad, la Agencia Tributaria rastrea los desarrollos urbanísticos de numerosos municipios con indicios de irregularidades. Esa información resulta clave para desentrañar casos graves de fraude inmobiliario.

Andalucía encabeza la lista de corporaciones inspeccionadas

Le siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña

La Vila Joiosa (Alicante) es el único nombre que se conoce de la lista

Desde el año 2006, la Agencia ha pedido información a 55 municipios de forma directa, según explica un portavoz. Otras fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que esa cifra se puede "duplicar o triplicar" si se tienen en cuenta las peticiones que realizan por su cuenta las delegaciones autonómicas de este organismo. Así, la cifra más optimista elevaría esos requerimientos de información por encima de 150.

Andalucía encabeza la lista de comunidades con más municipios rastreados por la Agencia Tributaria. La intensa actividad urbanística de los últimos años, especialmente en la Costa del Sol, ha situado a los ayuntamientos andaluces en el foco de la Inspección. Este organismo recuerda que grandes operaciones de corrupción, como Malaya o Ballena Blanca, con Marbella como telón de fondo, se originaron a raíz de datos suministrados por la Agencia Tributaria. Y esos datos provienen en buena parte de estas pesquisas a los ayuntamientos.

Además de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña constituyen los territorios más investigados. De la Comunidad Valenciana es el único ayuntamiento concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido información, el de La Vila Joiosa. Este municipio alicantino próximo a Benidorm ha experimentado un desenfrenado desarrollo urbanístico, con adjudicaciones dudosas (más de la mitad de los sectores del planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y empresas próximas al Partido Popular, según publicó este diario). La Agencia Tributaria rechaza facilitar los nombres del resto de ayuntamientos bajo la lupa.

Para seleccionar los consistorios, Hacienda identifica los de "mayor riesgo fiscal" por el volumen de actividad inmobiliaria que hayan experimentado. Este criterio descarta a la mayoría de municipios y centra las pesquisas en muy pocos, en muchos casos costeros. "No es tan relevante el número de ayuntamientos como las actuaciones que de ahí se derivan", aseguran en la Agencia Tributaria.

Con la información solicitada, Hacienda investiga las modificaciones de planeamientos urbanísticos municipales, la clasificación, el uso y la edificabilidad del suelo, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal, las adjudicaciones de suelo... El objetivo es revisar si lo que hay sobre el papel se corresponde con el desarrollo urbanístico real.

Un portavoz de la Agencia Tributaria aclara que las irregularidades detectadas no siempre son imputables a los ayuntamientos. A veces el proceso municipal se ajusta a la legalidad, pero las promotoras se exceden (por ejemplo, construyendo más, subcontratando irregularmente...). En cualquier caso, los supuestos de fraude clásicos suelen implicar tanto corrupción de cargos públicos como ilegalidades empresariales.

La mayor parte de los casos de irregularidades urbanísticas se salda con la apertura de un proceso inspector, la liquidación de los impuestos defraudados (IVA, sociedades o tributos municipales, según el caso) y la imposición de sanciones. Pero algunos de los supuestos destapan un fraude de mayor magnitud que Hacienda deriva a la fiscalía por indicios de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y existe intención de cometer fraude) o por otros como blanqueo de capitales o malversación.

Hacienda comenzó a pedir información a los ayuntamientos en 2006, a raíz del plan de prevención del fraude fiscal que constató la "fuerte percepción social de que el fraude está muy extendido en el sector inmobiliario". La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, diseña la estrategia de control de los ayuntamientos y da instrucciones a las delegaciones regionales de la Agencia para que escruten la información.

El fraude urbanístico ha concentrado casi la mitad del trabajo de la Agencia Tributaria en los años del boom urbanístico. El 40% de los inspectores se dedicaba a esas tareas. Con el declive del sector a partir de 2008, los recursos se reorientaron y ahora los esfuerzos dedicados al fraude inmobiliario son menores, aunque el volumen de evasión fiscal sigue siendo muy importante.

Un vivero de corrupción

- La herencia del GIL en Marbella. El caso Malaya, que obligó a disolver la corporación municipal en 2006, está a punto de llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán el próximo 27 de septiembre el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tres ex alcaldes y otros 90 procesados.

- Billetes en la basura del alcalde de Manilva. El juicio por la corrupción en Marbella interrumpirá la vista del caso Ballena Blanca en Málaga. La fiscalía acusa de cohecho al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, en cuya casa la policía encontró una bolsa de basura con 762.000 euros, supuesto pago por una recalificación.

- Urbanismo salvaje en Andratx. El ex alcalde del pueblo mallorquín Eugenio Hidalgo (expulsado del PP) cumple cuatro años de cárcel por edificar un chalé en suelo protegido. Las penas firmes del ex director general balear del Territorio, Jaume Massot, suman ocho años. Y quedan 30 causas penales por juzgar de una investigación que comenzó en 2006.

- El 'caso Pretoria' estalla en Santa Coloma. La corrupción hizo presa en la localidad barcelonesa. Una investigación culminada en mayo pasado implica al ex alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, Lluís Prenafeta y Maciá Alavedra, dos ex altos cargos de CiU, todos bajo la batuta de Luis García Saéz, Luigi, ex diputado del PSC.

- Orihuela, epicentro del último escándalo. Unas grabaciones realizadas por un empresario dieron origen al caso Brugal, que se dio a conocer hace apenas unas semanas y que releva una trama de corrupción en torno a las contratas de basura de esta localidad alicantina. El juez imputa a la cúpula del PP en Orihuela, incluida la alcaldesa, y al presidente de la Diputación de Alicante, el también popular José Joaquín Ripoll.

- La alargada sombra de El Pocero sobre Seseña. La macrourbanización que promovía el constructor Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana fue uno de los símbolos del boom inmobiliario. El constructor dejó su obra a medio hacer (5.600 de las 13.200 viviendas previstas), pero la investigación continúa. La fiscalía acusó al ex alcalde socialista, José Luis Jiménez, que autorizó el proyecto urbanístico, de cohecho y prevaricación.

- Boadilla, el frente urbanístico de la trama Gürtel. La red que consiguió contratas de los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana estuvo muy activa en la localidad madrileña. La imputación en el caso forzó la dimisión de Arturo González (PP) y la policía pidió al juez la detención de su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero.

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"CASO IBATUR"; LA FISCALÍA PIDE QUE ALÍA CONTINÚE INGRESADO EN PRISIÓN POR RIESGO DE FUGA

Teme que interfiera en las investigaciones

Europa Press | Palma

La Fiscalía ha defendido, durante una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, imputado dentro del caso Ibatur, debe continuar ingresado en prisión sin fianza dado su elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones de este procedimiento, que indaga un presunto desvío de fondos públicos desde la empresa pública durante la pasada legislatura.

Durante la vista, llevada a cabo con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alía para pedir su excarcelación, el fiscal Adrián Salazar ha mantenido de este modo que el ex responsable del Ibatur podría alterar los distintos medios de prueba y sustraerse de la acción judicial a tenor de las penas que acarrean los numerosos delitos que se le imputan. Además, ha mantenido que cobró comisiones por la adjudicación de contratos desde la empresa y que participó en la incorrecta tramitación de numerosos expedientes.

En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y al que tuvo acceso, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado.

El abogado, sin embargo, ha alegado en la vista que su patrocinado no aguarda ninguna intención de huir ni de destruir pruebas, e incluso ha presentado varios informes dirigidos a probar que no percibió dádivas por la concesión de contratos, en contra de lo que en su día declaró el propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Y es que el publicista, quien percibió más de dos millones de euros de diversas contrataciones, confesó ante el juez haber pagado comisiones de un 10 por ciento a Alía bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, no se le seguiría contratando, mientras que al también ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, afirmó haberle pagado unos 12.000 ó 13.000 euros. Tras esta declaración, el pasado 17 de julio el juez procedió a decretar el encarcelamiento de Alía, quien hasta entonces se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

No obstante, ésta no es la única confesión arrojada en torno a la actuación presuntamente irregular de Alía, único imputado de la causa que ha ingresado en el centro penitenciario de Palma. Del mismo modo, funcionarios del Ibatur han llegado a aseverar que el ex gerente les instó a fraccionar contratos -menores de 12.000 euros para eludir el concurso público- pese a saber que "no se podía", siendo advertidos de que "si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta".

Está previsto que en los próximos días el tribunal de la Sección Segunda se pronuncie sobre la petición tanto de la defensa de Alía como del Ministerio Público.
'Práctica habitual' fraccionar contratos

De acuerdo a las pesquisas efectuadas, era práctica habitual el fraccionamiento de contratos al objeto de evitar alcanzar los 12.000 euros y así adjudicar de forma directa un determinado servicio a la empresa ya seleccionada de antemano. En la misma línea, el magistrado instructor del caso Ibatur asevera que "muchos" de los contratos adjudicados carecen de justificación que acredite la realización del servicio, constata pagos "totalmente excesivos" y alude a la invitación de empresas del mismo grupo en las contrataciones por más de 12.000 euros.

Cabe recordar que, hasta el momento, un total de 16 personas han sido arrestadas en el marco de estas investigaciones. Además de Alía y Alabern, también fueron detenidos el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet, uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, y el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

También han sido detenidos el socio de Clave Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L.S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba; y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J, todos ellos en la primera fase del caso, que se abrió a finales de junio. Fue semanas después cuando, en una segunda fase, fueron detenidos el propietario de la productora Spiral, Guillem Deyà; Bartolomé Morey, y el presidente del Grup Trui, Miquel Jaume.

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sábado, 28 de agosto de 2010

UN ALCALDE CONDENADO POR MALVERSAR LOGRA EL TERCER GRADO TRAS UN AÑO DE CÁRCEL

C. H. - Ourense

José Antonio Rodríguez Ferreiro, el ex alcalde del Partido Popular en la localidad ourensana de Os Blancos que, según solía decir, sólo obedecía órdenes de Dios, la Virgen y José Luis Baltar -a quien llegó a erigir un busto en medio del pueblo- ya puede salir de la cárcel a diario. Rodríguez Ferreiro vuelve a prisión solo a pernoctar, aunque ha cumplido únicamente un año de los cinco y tres meses de reclusión a los que fue condenado por los delitos de prevaricación, falsedad continuada y malversación de fondos públicos. Se llevó 240.000 euros del Ayuntamiento.

Rodríguez Ferreiro ingresó en la cárcel de Pereiro de Aguiar en julio del año pasado. El Código Penal establece que el tercer grado -el que Instituciones Penitenciarias le ha aplicado, y firmado el juez que le permite salir a diario y pasar en la calle los fines de semana completos- sólo se debe aplicar cuando se ha cumplido la cuarta parte de la condena.

Entre las excepciones para conceder el tercer grado sin haber cumplido ese tiempo de cárcel, el Código Penal contempla el resarcimiento del objeto de la condena. Sin embargo, Ferreiro ha conseguido esta ventaja penitenciaria, y la de pasar fuera los fines de semana (que estrenó ayer), aún sin haber devuelto el dinero que sustrajo de las arcas municipales de Os Blancos en 1997.

Según se puso de manifiesto en el juicio, el ex regidor ordenó pagos ilegales e hizo caso omiso a las advertencias de ilegalidad que le puso de manifiesto la secretaria-interventora municipal en numerosas ocasiones. Además, quedó acreditado que obligaba a algunos funcionarios a ir al banco a cobrar cheques con cuyo importe se quedaba él.

Estando ya condenado, e inhabilitado para el ejercicio de la política, pero en espera de los indultos que finalmente no llegaron, Rodríguez Ferreiro intentó manipular el censo electoral en el mismo municipio de Os Blancos. Lo hizo empadronando en las últimas elecciones municipales a 85 personas, en un ayuntamiento con un censo de 1.000 habitantes, en su propio domicilio y en el de un pariente. El INE intervino cuando detectó que se acumulaban personas en viviendas de 100 metros cuadrados.

elpaís.com

"CASO ASTAPA"; EL JUEZ PRORROGA UN MES MÁS EL SECRETO DEL SUMARIO

TRIBUNALES | Corrupción en el Ayuntamiento de Estepona

Efe | Málaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha decidido prorrogar un mes más el secreto del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona -Málaga-, según han informado fuentes judiciales.

El juez titular Jesús Torres, en un auto del 23 de agosto al que ha tenido acceso Efe, señala que la causa está en un momento "álgido" de la investigación penal, ya que existen dos informes de la Policía, con fechas 13 y 15 de julio, a raíz de los cuales "se está produciendo gran cantidad de diligencias penales".

Esto "justifica sobremanera la decisión de prorrogar el secreto de las actuaciones", señala el instructor, quien explica en su resolución que a lo largo de marzo, abril, mayo, junio y hasta este mes de julio "la actividad instructora sigue llevándose a efecto de forma fructuosa, con una actuación judicial igualmente álgida".

Los motivos que justifican la prórroga en este procedimiento son, según el juez, "la actividad que se está llevando actualmente de análisis por la Policía Judicial de cara a la elaboración de ulteriores informes, las pericias que se están llevando a cabo y el análisis de documentación relevante para la causa".

También hace referencia a "la complejidad de esta 'macrocausa' con una clase de delitos de instrucción-investigación compleja que conforme va pasando los meses más resultados se va obteniendo".

El juez se refiere además en el escrito a los "informes de muy variada naturaleza que hacen necesaria esa preservación del secreto de las actuaciones de cara a evitar interferencias de los imputados en la causa que frustren la verdad material".

Se han producido además "nuevas declaraciones, tanto de testigos como de nuevas imputaciones" que justifican la prórroga de las actuaciones puesto que la instrucción sigue llevándose con una actividad "incesante".

El secreto de las actuaciones se ha levantado parcialmente en cuatro ocasiones, la primera de las cuales tuvo lugar el 25 de junio de 2009, y afectó desde el tomo I al VI, concretamente, desde el folio primero hasta el 2.857.

La segunda fue en septiembre de ese año y afectó a unos 3.000 folios, desde los tomos VII al XIII, y el tercer levantamiento parcial fue en febrero pasado cuando el juez Torres decretó el levantamiento de los tomos XIV al XIX.

El cuarto y, hasta ahora, último levantamiento se producía a finales de mayo y correspondía a los tomos 20, 21, 23 y 25, y una parte de pruebas documentales.

En el caso 'Astapa', iniciado el 17 de junio de 2008, hay setenta imputados, entre los que figuran el ex alcalde, Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de Gabinete, José Flores; y los ediles del Partido Estepona, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

Crespo y Reina continúan formando parte de la Corporación, al igual que otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en esta trama.

Los delitos que se imputan van desde el blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros."

El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho, entre otros.

elmundo.es

miércoles, 25 de agosto de 2010

"CASO GÜRTEL"; CAMPS SERÁ CANDIDATO SI ES IMPUTADO SÓLO POR LOS REGALOS DE LOS TRAJES

El PP le designará en noviembre, a la espera de las actuaciones judiciales - Génova asegura que le sustituiría si fuera acusado de más delitos

FERNANDO GAREA - Madrid

La dirección nacional del PP se plantea que Francisco Camps sea candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana aunque sea imputado por cohecho impropio, según fuentes del partido. La versión oficial sigue siendo, no obstante, que el PP trabaja con la hipótesis más probable de que el caso Gürtel no lleve finalmente a Camps al banquillo y, por tanto, quede exonerado de responsabilidad penal. Por eso, será designado candidato, junto con el resto de cabezas de lista del PP, en octubre o en noviembre como muy tarde. En este momento no está imputado.

La versión oficial es que Gürtel no afectará al político valenciano

La dirección del partido cree que la acusación de los trajes decaerá

Si, finalmente, la justicia acusara a Camps sólo por los trajes que recibió como regalo, es decir, por un supuesto delito de cohecho impropio, la dirección nacional del PP está dispuesta a mantenerle como candidato, porque considera que esa acusación es inconsistente.

Explican que el PP ya ha mantenido públicamente en numerosas ocasiones que esa acusación sería insostenible y terminaría finalmente en nada y, por eso, estarían dispuestos a defender a Camps y a mantenerle como candidato.

La hipótesis más extrema para la dirección del PP sería que, finalmente, Camps fuera imputado, acusado y sentado en el banquillo por otros delitos, especialmente el de cohecho propiamente dicho. En ese caso, las fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería insostenible mantenerle como cabeza de lista en las autonómicas.

Esa es la doctrina oficial de la dirección nacional, según varias fuentes consultadas.

Por el momento, la dirección del PP no ha cerrado el calendario para proclamar a sus candidatos, a pesar de que algunos se han autoproclamado con el aval de Mariano Rajoy. Es el caso de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid y de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, entre otros.

El calendario se cerrará en el retiro que tienen previsto celebrar los principales dirigentes del PP el 1 y 2 de septiembre en Toledo. En principio, la campaña de las catalanas en octubre hace probable que el acto de proclamación se produzca en noviembre, salvo que el PP considere que puede incluirlo dentro de los actos electorales de esa comunidad.

A la dirección del PP le quedan por cerrar solo las candidaturas de Navarra y Asturias. En Navarra, porque es la primera vez que el PP se presenta con sus siglas en esa comunidad, tras la ruptura con UPN, y en Asturias porque se mantiene la incertidumbre sobre Francisco Álvarez Cascos.

El partido en esa última comunidad ha rechazado a Cascos, y Génova no ha decidido aún si promoverá a un candidato alternativo o si apoyará al ex secretario general del PP.

El juez José Flors investigó en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el supuesto cohecho impropio del presidente valenciano y encontró indicios suficientes para sentarle en el banquillo de manera que fuera juzgado por un jurado popular. Pero un recurso del PP ante la instancia superior permitió el archivo de la causa, gracias al criterio del presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, y otro magistrado. El recurso del fiscal ante el Supremo ocasionó que el caso se reabriera y volviera a corresponder al juez Flors, que ha pedido nuevos documentos antes de resolver si vuelve a sentar en el banquillo al presidente valenciano.

Mientras, la investigación del caso Gürtel siguió su curso en Madrid y descubrió nuevos indicios de delito en la actuación de los miembros del Gobierno valenciano en relación con los empresarios de la red que dirigía Francisco Correa y que en Valencia tenía como delegado principal a Álvaro Pérez, el Bigotes, amigo reconocido de Camps. Esos nuevos indicios apuntaban a que el presidente valenciano podría haber cometido delitos aún más graves. El fiscal, en uno de sus últimos informes, lo explicaba así: "Las supuestas irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros, la Intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del presidente".

Todos los regalos de trajes que recibió Camps por parte de la trama corrupta, según acreditan los documentos que obran en el sumario, se produjeron después de que las empresas de la red recibieran decenas de contratos a dedo y sin concurso de la Administración valenciana, donde gobernaba Camps. La fiscalía considera que "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal".

Sin embargo, los nuevos descubrimientos de la investigación todavía no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque el PP, que está personado como acusación popular, ha recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, de inhibirse a favor de los tribunales valencianos al encontrar en la causa indicios de delito contra dirigentes políticos que están aforados.

Camps reaparece este viernes en una cena con militantes en Teulada (Alicante). Este año no acudirá Rajoy y la dirección nacional del PP estará representada por Esteban González Pons.

Entre la multa y los seis años de prisión

El delito por el que se investiga a Camps en Valencia. - Artículo 426: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".

Los artículos de la causa judicial de Madrid.

- Artículo 419: "La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años".

- Artículo 420: "Cuando solicite o reciba dádiva o promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito, y lo ejecute, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a nueve años, y de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años, si no llegara a ejecutarlo".

- Artículo 425: Si "solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por seis meses a tres años. En el caso de recompensa por el acto ya realizado, (...) se impondrá, además, la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a diez meses e inhabilitación especial".

* Cospedal está "convencida" de que Camps será candidato
* Rajoy asegura que Camps será el candidato en Valencia "diga la justicia lo que quiera"
* El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps

elpaís.com

martes, 24 de agosto de 2010

"CASO MAQUILLAJE"; "UM USÓ A LOS INMIGRANTES ARGENTINOS EN 2007 PARA SU PROVECHO ELECTORAL"

CORRUPCIÓN | Según un testigo

* Ha apuntado a Josep Lliteres, como 'la cabeza' de toda la supuesta trama
* Dice que les propusieron que votasen a favor del partido a cambio de trabajo

Europa Press | Palma

Eduardo Corvalán, miembro de la Casa Argentina de Baleares que este lunes ha comparecido como testigo en sede de la Jefatura Superior de Policía en el marco de las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía en torno a una presunta trama de compra de votos por parte de UM en 2007, ha puesto de manifiesto que la formación "usó y manejó" a inmigrantes argentinos durante los comicios "para su provecho electoral" al proponerles que votasen a favor del partido a cambio de trabajo y sueldo.

Durante su declaración, en la que durante más de dos horas ha detallado de qué forma fue urdido este proceso, Corvalán ha apuntado entre las personas presuntamente implicadas hacia el ex director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, como la "cabeza" toda la supuesta trama y quien se encargó de prometer a los argentinos, a través del entonces presidente de la Casa Argentina, Jorge Mandado, una recompensa económica así como puestos de trabajo si en los comicios daban su apoyo a UM.

Su deposición se enmarca en las investigaciones que el Ministerio Público incoó el pasado mes de abril en torno a estos hechos, y cuyas pesquisas se constituirán previsiblemente como una pieza separada del caso Maquillaje, que de forma paralela indaga un presunto desvío de fondos desde la Institución insular a un entramado de empresas audiovisuales entre las que se halla Vídeo U y que, según las investigaciones, se encontraba en manos de UM.

elmundo.es

viernes, 20 de agosto de 2010

"CASO MAQUILLAJE"; MANDADO NIEGA HABER COMPRADO VOTOS PARA UM

La Policía Nacional imputa al ex presidente de la Casa Argentina balear un delito electoral, otro de malversación de caudales públicos y un tercero de falsedad documental

REDACCIÓN. PALMA.
El ex presidente de la Casa Argentina balear, Jorge Mandado, ha prestado declaración en la Jefatura Superior de Policía en calidad de imputado por el ´caso Maquillaje. Sobre él pesan un presunto delito electoral, otro de malversación de caudales públicos y un tercero de falsedad.

En su declaración, que se ha prolongado durante más de dos horas, el ex responsable de la asociación argentina ha negado en su comparecencia que durante los meses previos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 llevase a cabo una labor de captación de votos entre inmigrantes argentinos a favor de Unió Mallorquina (UM), a cambio de una supuesta recompensa económica y laboral, sino que únicamente les habló "bien" de la formación que con los sufragios que obtuvo se erigió clave para la formación del Pacte junto a PSIB y Bloc.

Asimismo, Mandado ha recordado que durante esos meses -entre noviembre de 2006 y mayo de 2007- estuvo trabajando en Ambbit Digital S.L., vinculada a la empresa audiovisual Vídeo U (a la que el anterior equipo de gobierno del Consell, presidido por la 'uemita' Maria Antònia Munar, destinó subvenciones millonarias), si bien ha negado que su contratación en esta productora fuese para compensar una presunta trama de búsqueda y compra de votos a favor de UM, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

diariodemallorca.es

sábado, 14 de agosto de 2010

EL CONSTITUCIONAL CONDENA AL PP DE CAMPS POR NEGA INFORMACIÓN DE GÜRTEL

El tribunal obliga a tramitar las preguntas sobre la trama corrupta que realizó Compromís - Afirma que la Cámara vulneró los derechos de los diputados

JUANJO GARCÍA DEL MORAL SAMIRA SALEH - Valencia -

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. El alto tribunal ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa, según adelantó ayer el diario Levante. La sentencia, dictada el 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta además por la presidenta del TC, María Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps.

La sentencia ha sido aprobada sin ningún voto particular

En el caso Gürtel, que estalló a principios de febrero de 2009, fueron imputados inicialmente el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, por recibir presuntamente regalos de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La actual presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, que adjudicó contratos a empresas de la trama cuando era consejera de Turismo, también recibió regalos.

Semanas después de que estallara el caso, los diputados de Compromís presentaron una batería de preguntas dirigidas a las diferentes consejerías del Gobierno de Camps. Querían saber si habían firmado contratos con las empresas de la trama corrupta. La Mesa de las Cortes rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana". El posterior recurso de reposición presentado por Compromís para que la Mesa reconsiderara su decisión fue desestimado y los diputados recurrieron en amparo ante el Constitucional.

Y el alto tribunal les ha dado plenamente la razón, en una sentencia que supone un varapalo a la forma de actuar del PP en las Cortes. El TC considera que la limitación que establece el reglamento de la Cámara al derecho a formular iniciativas -algo que, según recuerda, forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado- solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada".

El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al señalar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública", puesto que se pregunta sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Es más, el TC ve en las preguntas una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno, que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y añade que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite".

Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia del Parlamento valenciano, que es la Cámara autonómica con más condenas por vulnerar los derechos de los diputados. Las dos anteriores también se referían a iniciativas vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura, por lo que constituyeron una reparación moral. Ahora, en cambio, las Cortes deberán tramitar de nuevo las preguntas de Compromís. Queda por saber qué responderá el Consell. La oposición tiene pocas dudas, a la vista de las reiteradas evasivas del PP desde que estalló el caso Gürtel.

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Caso Gürtel
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elpaís.com

viernes, 13 de agosto de 2010

EL "BRAGASGATE" FULMINA A LLANOS

El alcalde de Santa Cruz destituye al popular Ángel Llanos a petición de sus compañeros de grupo, que ya no se fían de él

El caso 'bragasgate' ha acabado con la carrera política del controvertido Ángel Llanos en el PP. A petición de sus propios compañeros el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, anunció ayer su destitución. Lo culpan de las filtraciones que los han llevado a los tribunales.

DANIEL MILLET El controvertido concejal del Partido Popular Ángel Llanos -quien saltara al ruedo patrio de los programas del corazón por la ocurrencia de contratar a Rafael Amargo y Belén Esteban- ha dejado de pertenecer al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras ser ayer destituido de todos sus cargos. El escueto comunicado que lo anuncia, que añade que la expulsión fulminante "ha sido solicitada por el grupo popular municipal alegando pérdida de confianza en su persona", llegó a las redacciones de los medios a las 13.55 horas de ayer.

Unos segundos después, el móvil de Llanos no paraba de comunicar. El político admitió que esperaba la decisión de sus colegas de partido, pero que se estaba enterando en ese instante de que el alcalde, Miguel Zerolo, la había aceptado y firmado. No le gustó que la noticia corriera sin él tener primero una comunicación oficial.

El bragasgate ha sido la estocada a la polémica carrera de Ángel Llanos en las filas del PP chicharrero. Esta es la sensación que manifestaban ayer a este diario compañeros de partido del destituido que preferían mantenerse en el anonimato. Desde el primer segundo, todos los dedos lo señalaron a él como responsable final de las recientes filtraciones a la prensa de las facturas en gastos privados con las que su grupo justificó entre 2003 y 2007 el desvío de 160.000 euros de la asignación municipal al partido político. Llanos lo ha negado en todo momento e incluso amenazó con querellarse contra quien osara culparle. Pero las fuentes consultadas recordaban el "revelador" texto del folio que acompañaba al informe de las presuntas facturas irregulares, esas hojas que desataron el escándalo y que llegaron en un sobre anónimo a las redacciones. "De Tavío no me fío. Viva Ángel Llanos, líder natural del Partido Popular", rezaba el texto.

Alfonso Soriano, el único edil de los conservadores santacruceros que sigue fiel a Llanos, tildó ayer de "traición" la petición de "cese inmediato" firmada por los otros cinco compañeros del grupo popular por "pérdida total de confianza", según aparece textualmente en el escrito. Ángel Llanos no quiso verlo así. En realidad, no quiso verlo de ninguna manera. "No quiero hablar. Quiero tomarme un periodo de reflexión y estar con la familia", se limitó a decir una hora después de conocer su destitución. ¿Seguirá en el PP? ¿Entregará su acta de concejal? "Repito, no quiero decir nada por ahora. Quiero meditar", insistió.

La solicitud de expulsión entregada a Miguel Zerolo ayer mismo por la mañana aparece avalada por los miembros del gobierno municipal Maribel Oñate, Jaime Hernández-Abad, Sheila Trujillo y Juan Manuel Brito Arceo. Todos eran hasta hace sólo un año los escuderos fieles del ahora defenestrado. También figura en el documento, aunque sin rúbrica a diferencia de los cuatro anteriores, Manuel Fernández hijo, que ocupa el cargo de concejal no electo del Ayuntamiento. Su "verdadera función", según Alfonso Soriano, ha sido la de actuar como "policía político encargado de marcar a Ángel Llanos".

La de ayer era, además, la segunda destitución en poco más de un año que sufría el conocido como Pibe de Ofra en el consistorio. El 28 de julio del año pasado, Miguel Zerolo le apartaba de los cargos de teniente de alcalde, concejal del área de gobierno de Servicios Centrales y concejal delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, además de máximo responsable de la Sociedad de Desarrollo. Aquella decisión desencadenó la ruptura del pacto CC-PP, pero el acuerdo se restablecía en marzo, con Llanos relegado a Recursos Humanos.

A Miguel Zerolo no le tembló el pulso ni en aquella primera ocasión ni ayer cuando firmó la nueva destitución. El alcalde ha preferido no dar más explicaciones, pero en su entorno y en el del PP favorable a Cristina Tavío, presidenta desde 2001 de los conservadores tinerfeños y una de las principales detractoras de la forma de gestionar y el ansia de protagonismo de Llanos, se asegura abiertamente que este final precipitado "se veía venir". "La paciencia hace tiempo que rebosó el vaso".

El silencio más significativo, sin embargo, no es el de los integrantes del grupo popular; es el de Ciudadanos de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque esta formación de independientes, que debuta en el presente mandato en el consistorio capitalino, se perfila como el destino más probable de Ángel Llanos para su etapa pospopular, según se comenta en los círculos políticos de la capital.

El hilo conductor de esta alternativa es un deporte, el baloncesto, y la relación que gracias a él entablaron hace ya muchos años Guillermo Guigou, ex popular y ahora en Ciudadanos, y Ángel Llanos. Por eso Guigou fue quien apostó por Llanos para que entrara en el PP y por eso ahora estaría dispuesto a acoger a alguien que, polémicas aparte, mantiene un estimable tirón electoral.

laprovincia.es

EL "BRAGASGATE" TERMINA CON LA CARRERA DE ÁNGEL LLANOS EN EL PP

Miguel Zerolo destituye de forma fulminante al edil de Recursos Humanos y Consumo
El grupo popular municipal pidió al alcalde la expulsión por "pérdida total de confianza"

DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE "El concejal del Partido Popular Ángel Llanos ha dejado de pertenecer al grupo de Gobierno municipal tras ser destituido como responsable de Recursos Humanos y Consumo del Ayuntamiento capitalino". El escueto comunicado, que añade que la expulsión fulminante "ha sido solicitada por el grupo popular municipal alegando pérdida de confianza en su persona", llegó a las redacciones a las 13:55 horas de ayer.

Unos segundos después, el móvil de Llanos no paraba de comunicar. El político admitió que esperaba la decisión de sus colegas de partido, pero que se estaba enterando en ese instante de que el alcalde, Miguel Zerolo, la había aceptado y firmado. No le gustó que la noticia corriera sin él tener primero una comunicación oficial.

El bragasgate ha sido la estocada a la polémica carrera de Ángel Llanos en las filas del PP chicharrero. Esta es la sensación que manifestaban ayer a este diario compañeros de partido del destituido que preferían mantenerse en el anonimato. Desde el primer segundo, todos los dedos lo señalaron a él como responsable final de las recientes filtraciones a la prensa de las facturas en gastos privados con las que su grupo justificó entre 2003 y 2007 el desvío de 160.000 euros de la asignación municipal al partido político. Llanos lo ha negado en todo momento e incluso amenazó con querellarse contra quien osara culparle. Pero las fuentes consultadas recordaban el "revelador" texto del folio que acompañaba al informe de las presuntas facturas irregulares, esas hojas que desataron el escándalo y que llegaron en un sobre anónimo a las redacciones. "De Tavío no me fío. Viva Ángel Llanos, líder natural del Partido Popular", rezaba el texto.

Traición
Alfonso Soriano, el único edil de los conservadores santacruceros que sigue fiel a Llanos, tildó ayer de "traición" la petición de "cese inmediato" firmada por los otros cinco compañeros del grupo popular por "pérdida total de confianza", según aparece textualmente en el escrito. Ángel Llanos no quiso verlo así. En realidad, no quiso verlo de ninguna manera. "No quiero hablar. Quiero tomarme un periodo de reflexión y estar con la familia", se limitó a decir a este diario una hora después de conocer su destitución. ¿Seguirá en el PP? ¿Entregará su acta de concejal? "Repito, no quiero decir nada por ahora. Quiero meditar", insistió.

La solicitud de expulsión entregada a Miguel Zerolo ayer mismo por la mañana aparece avalada por los miembros del Gobierno municipal Maribel Oñate, Jaime Hernández-Abad, Sheila Trujillo y Juan Manuel Brito Arceo. Todos eran hasta hace sólo un año los escuderos fieles del ahora defenestrado. También figura en el documento, aunque sin rúbrica a diferencia de los cuatro anteriores, Manuel Fernández hijo, que ocupa el cargo de consejero no electo del Ayuntamiento. Su "verdadera función", según Alfonso Soriano, ha sido la de actuar como "policía político encargado de marcar a Ángel Llanos".

La de ayer era, además, la segunda destitución en poco más de un año que sufría el conocido como el pibe de Ofra en el Consistorio. El 28 de julio del año pasado, Miguel Zerolo le apartaba de los cargos de teniente de Alcalde, concejal del área de gobierno de Servicios Centrales y concejal delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, además de máximo responsable de la Sociedad de Desarrollo. Aquella decisión desencadenó la ruptura del pacto CC-PP, pero el acuerdo se restablecía en marzo, con Llanos relegado a Recursos Humanos.

A Miguel Zerolo no le tembló el pulso ni en aquella primera ocasión ni ayer cuando firmó la nueva destitución. El alcalde ha preferido no dar más explicaciones, pero en su entorno y en el del PP favorable a Cristina Tavío, presidenta desde 2001 de los conservadores tinerfeños y una de las principales detractoras de la forma de gestionar y el ansia de protagonismo de Llanos, se asegura abiertamente que este final precipitado "se veía venir". "La paciencia hace tiempo que rebosó el vaso", añadió uno de los populares consultados.

La discreción más significativa, sin embargo, no fue la de los integrantes del grupo municipal popular; fue la de Ciudadanos de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque esta formación de independientes, que debuta en el presente mandato en el Consistorio capitalino, se perfila como el destino más probable de Ángel Llanos para su etapa pospopular, según se comenta en los círculos políticos de la capital.

El hilo conductor de esta alternativa es un deporte, el baloncesto, y la relación que gracias a él entablaron hace ya muchos años Guillermo Guigou, ex popular y ahora en Ciudadanos, y Ángel Llanos. Por eso Guigou fue quien apostó por Llanos para que entrara en el PP y por eso ahora estaría dispuesto a acoger a alguien que, polémicas aparte, mantiene un estimable tirón electoral. La relación se fraguó cuando Guigou era entrenador en la Federación Tinerfeña de Baloncesto y Llanos era árbitro. La Federación y el Colegio de Árbitros compartían sede. Fue allí donde se conocieron y donde entablaron una amistad que ha resistido a los embates de la inestabilidad política del presente mandato.

Llanos quiso echar un pulso con el bragasgate, su último cartucho. Quería forzar a la cúpula nacional a que desautorizara a Tavío, impusiera una lista para las próximas elecciones y lo colocara a él en un buen puesto que le permitiera seguir siendo concejal. Por eso, según esta teoría, en el PP muchos creen que la maniobra de filtrar el caso de las facturas fue suya.

Pero los hay que piensan que "sencillamente se creía más importante de lo que en realidad era". De hecho, consideran que "ese ego descomunal" fue su propia trampa, sobre todo cuando intentó organizar un ayuntamiento paralelo "pensando ingenuamente" que Miguel Zerolo lo iba a permitir. Pero ni lo permitió el alcalde ni tampoco el Partido Popular.

laopinión.es

LAS FACTURAS FALSAS DESATAN UNA CRISIS EN EL PP DE TENERIFE

PEDRO H. MURILLO - Tenerife

La crisis interna por las facturas falsas presentadas por concejales del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 2003 y 2007 se ha agudizado tras el cese del edil Ángel Llanos, por filtrar supuestamente un informe sobre los gastos de los ediles. El documento detallaba gastos de 160.000 euros por conceptos tan alejados de la política local como guantes de esquí, circuitos de spa e incluso ropa interior.

Fuentes del PP aseguran que existe un profundo malestar entre los militantes populares, que consideran el cese de Llanos como una "cortina de humo" para intentar restar importancia al denominado Bragasgate.

El concejal del PP Alfonso Soriano, uno de los fundadores del partido en Tenerife, afirmó que se trata de una vendetta por parte de la cúpula del PP en Tenerife. El edil destituido ha asegurado que no ha sido responsable de las filtraciones del caso Bragasgate a la prensa.

elpaís.com

miércoles, 11 de agosto de 2010

"CASO BOMSAI"; JOAN POL DICE QUE COBRÓ POR ASESORAR Y EL DINERO SE LO QUEDÓ SU SOCIO

Ex director de Emergencias

Efe | Palma

El ex director general de Emergencias del Govern balear la pasada legislatura del PP, Joan Pol, ha afirmado ante el juez que realizó labores de asesoramiento para la empresa Iturri y que por ello le pagaron 140.000 euros, dinero que nunca recibió porque se lo quedó su ex socio empresarial, Juan Mas. Pol ha declarado como imputado durante cerca de dos horas ante el juez Joan Catany que instruye el "caso Bomsai", que investiga, entre otras cosas, el supuesto desvío de fondos en las obras del nuevo parque de bomberos de Palma, levantado en la época en la que Pol dirigía Emergencias.

Pol ha descartado que esos 140.000 euros que Iturri le abonó (120.000 más IVA) fueran un soborno, punto que se está investigando dentro de este caso, ya que ha asegurado que él, al contrario de lo que ha declarado su ex socio de Masal Urbis, Juan Mas, realizó un asesoramiento "en varias fases". "Mas miente", ha sostenido Pol en su declaración de hoy, en la que ha aclarado que esos 140.000 euros se pactaron "al final" del asesoramiento, sin contrato, que él no los necesitaba y que le pidió a la empresa Iturri -que insistía en pagarle- que lo hiciera a través de Masal Urbis para que Hacienda no le diera "un golpe".

El ex director de Emergencias ha asegurado que él no supo que ese dinero se había abonado hasta que fue detenido por el "caso Bomsai", ya que su ex socio le dijo en su día que, finalmente, no había llegado a un acuerdo con Iturri para que la remuneración de su trabajo como asesor fuera facturada y fraccionada por Masal Urbis. Pol ha incidido en su "asombro" por el comportamiento de su ex socio, por el que ha señalado que se siente "traicionado", al que ha acusado de hacer facturas falsas y del que se ha desvinculado porque, según ha remarcado, aunque era coparticipe en un 50% de Masal Urbis, nunca se interesó por sus cuentas ni por su gestión.

La relación que unía a Pol con Iturri era profesional y se prolongó desde 2004 y 2007, según la declaración del ex director del Govern, ya que él es "experto en telecomunicaciones de emergencia" y esta firma, estaba especializada en esta materia y se planteaba como reto la implantación de un sistema que él conocía. Esa colaboración, que no se basaba en un contrato comercial sino en una "relación de confianza", según ha explicado Pol al juez, reportó a la citada empresa -con sede en Barcelona- "muchos beneficios". Con Juan Mas, ha dicho, tenía un vínculo familiar y se unió a él porque éste necesitaba que alguien le abriera las puertas comerciales en Mallorca para la empresa Masal Urbis, creada para comprar terrenos o promociones y desarrollarlas.

Esta empresa, según Pol, realizó trabajos de mediación por cuenta de la firma Llabrés Feliu (también investigada por su presunta vinculación en el caso), con la que Masal Urbis había hecho una sociedad y contra la que emitió facturas que el ex director ha tachado de falsas. "Las facturas son falsas, toda la facturación es falsa en concepto (en lo referente a Iturri) y también la documentación de Llabrés Feliu es falsa", ha declarado Pol. Asimismo, el ex director ha rectificado la declaración que hizo en la Comisaría de Policía tras ser detenido y ha asegurado que desconoce que Masal Urbis haya hecho obras para Iturri en su edificio de Barcelona, tal y como figura en unas facturas realizadas por su ex empresa.

Pol ha indicado al juez que en su día dijo que sí se habían hecho las obras por la "tensión" de ser detenido por primera vez en su vida, estar horas incomunicado y por el largo interrogatorio y que pensó que, si hay unas facturas, se supone que se han hecho las obras. No obstante, hoy ha asegurado que desconoce dichas facturas.

elmundo.es

"CASO IBATUR"; INVESTIGAN TAMBIÉN EL DESVÍO DE 510.000 EUROS DE LA CONSELLERÍA DE INMIGRACIÓN DE MATAS

Varios testigos apuntan a que un empresario pactó la adjudicación con el govern

Investigan también el desvío de 510.000 euros de la conselleria de Inmigración de Matas

La Policía indaga si se amañó un concurso para favorecer a una empresa que trabajó para las campañas del PP

A.MAGRO/J.F.MESTRE. PALMA. La conselleria de Inmigración creada por Jaume Matas se suma a la larga lista de departamentos del Govern de PP investigados por actividades delictivas. Los especialistas en delitos económicos de la Policía trabajan ya sobre uno de los expedientes intervenidos durante el caso Ibatur. Hace referencia a la empresa Espiral, controlada por Guillermo Deyà, imputado en el caso Ibatur por cohecho, fraude a la administración, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Según consta en los interrogatorios de la Policía a trabajadores de la firma, funcionarios de la Conselleria y los gestores de dos empresas implicadas, el empresario Guillermo Deyà habría amañado con la directora general de Inmigración de Matas, Magdalena Contestí, un concurso para la elaboración de contenidos audivisuales sobre ONGs que se dedican a la ayuda al desarrollo.

Al concurso, adjudicado en 2006 por 510.000 euros a la empresa de Deyà, se presentaron tres ofertas: la citada de Espiral, y las de las compañías Tilt y Micer, gestionadas por empresarios afines al ganador del concurso. Se lo confirma a la Policía uno de los empresarios, Miguel Cerdá, gestor de Micer, que reconoce que fue su amigo Deyà quien le instó a presentar una oferta al concurso. Aunque no una oferta cualquiera: el propio Deyà fijó la cantidad a presupuestar y el concepto por el que se facturarían unos trabajos que la firma Micer, según su dueño, no habría podido realizar. Y lo mismo habría ocurrido con la otra propuesta presentada al concurso, la de la firma Tilt, dirigida por otro amigo de Deyà, según detalla una de sus empleadas, contable de Espiral desde 2008 (el supuesto amaño data de 2006).

Interrogado por la Policía al respecto, Deyà asegura no acordarse de haber pactado el precio, del mismo modo que no recuerda quién fijó la cifra de 510.000 euros ni si fue la directora general de Inmigración con el PP, Magdalena Contestí, quien le pidió que amañara el concurso. Arroja luz sobre lo ocurrido la funcionaria del área de Inmigración que elaboró el expediente, que explicó a los agentes que solicitó a esas tres empresas que presentaran su oferta por orden de la directora general de Matas. "[Contestí] lo llevaba como algo muy suyo", apunta la funcionaria, que explica que Contestí y Deyà se conocían por los trabajos del empresario para campañas del PP –en las que Deyà facturó 70.000 euros de los que solo ha cobrado 15.000.

El destino del dinero

Sobre el precio de 510.000 euros, la funcionaria aclara que "nadie valoró la capacidad de las empresas para hacer el trabajo". Solo se tomaron como referencia los precios que, supuestamente, habrían pactado Deyà y Contestí con las empresas amigas. La Policía investiga además el destino del dinero, máxime tras constatar la publicación de publirreportajes sobre el proyecto de cooperación antes de que se firmase la adjudicación. Deyà atribuye esa irregularidad a que los contenidos se tomaron de la primera fase del programa de cooperación (año 2004), adjudicada a Over Marketing (investigada por sus relaciones con la trama Gürtel) y subcontratada por 400.000 euros a Espiral. Los investigadores buscan los vídeos que acrediten el gasto de esos 510.000 euros públicos.

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"CASO IBATUR"; DOS EMPRESARIOS DENUNCIAN PRESIONES PARA NO COBRAR LAS DEUDAS DEL PP

La formación política no pagó las lonas de la feria de abril ni otros dos actos electorales

"Si llevas al partido al juzgado te sentencian de por vida y no vuelves a trabajar", asegura uno de los proveedores detenidos en la trama Ibatur

JF MESTRE/A. MAGRO. PALMA. "No se te ocurra presentar factura al PP". Dos de los empresarios detenidos por su relación con la trama Ibatur declararon ante el juez las presiones que recibieron del entorno de la conselleria de Turismo para que trabajaran prácticamente gratis para el Partido Popular. Así lo aseguró Bartomeu Morey, dueño de la empresa Centro de Comunicación Creativa, que realizó varios trabajos para el Partido Popular y que ni siquiera se atrevió a elaborar una factura ya que, a cambio, estaba siendo contratado por Ibatur, en contraprestación también del pago de comisiones.

Morey elaboró unas lonas para una fiesta que el PP celebró en una conocida discoteca del Paseo Marítimo. También hizo otras lonas en la caseta de la Feria de Abril y en una presentación que el partido realizó en Valldemossa. El precio de estos trabajos no se sabe, entre otras cosas porque las asumió el propio empresario que los realizó. "Alía [el director gerente de Ibatur que dejó el cargo tras el escándalo del club de alterne Rasputín] me dijo que lo dejara, que no se me ocurriera presentar facturas. Esto vale más que no lo cobres", advirtió Alía al empresario.

Morey también ha denunciado que se veía obligado a pagar comisiones a Juan Carlos Alía, quien se encuentra en estos momentos en prisión. El empresario asegura que le pagó comisiones a Alía de hasta el 15 por ciento de todos los trabajos que hacía para Ibatur, y que siguió entregándole el dinero tras su salida de la conselleria. También ha denunciado que Raimundo Alabern recibió comisiones de su empresa, si bien en un porcentaje mucho menor. "Es habitual en la administración que se paguen comisiones. Si quieres trabajar tienes que pagar. Estoy convencido de que si no hubiera seguido pagando no hubiera trabajado", manifestó el empresario, quien tenía anotado en su contabilidad las iniciales J.A. [en referencia a Juan Carlos Alía] y R. [por Raimundo Alabern] para señalar las comisiones que habría abonado a los dos directores de Ibatur en la época del PP.

El propietario de esta empresa de publicidad, que se encargaba de editar todos los folletos de promoción que realizaba Ibatur, denunció que había recibido presiones de los dos directivos de la conselleria de Turismo. "Alía me dijo que no dijera nada y también me lo dijo Alabern personalmente". El empresario tuvo un encuentro con Alabern en un parque del Pont d´Inca cuando fue detenido el asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet. "Me dijo que tuviera cuidado con todo esto", explicó. Al explotar el caso Ibatur recibió otras presiones. "Alía me dijo hace tiempo que no dijera nada" y después de declarar en el juzgado le insistió en lo mismo. "Le indiqué que en el juzgado le había manifestado que no había cobrado nada y que las facturas de asesoría (con las que Alía habría camuflado las comisiones) eran por importes de trabajo".

Otro de los empresarios que tampoco se ha mostrado muy interesado en cobrar las cantidades que le debe el Partido Popular es el dueño de Espiral, la empresa que realizó todo el seguimiento audivisual de la última campaña electoral del PP. Guillermo Deyà, el propietario de esta empresa, ha negado que hubiera pagado comisiones, si bien la Policía cree que lo ha hecho al realizar casi gratis la cobertura de la campaña electoral, hecho que también niega.

Deyà señaló que fue Fernando Areal quien le contrató para que se encargara de la campaña, con un presupuesto que ascendía entre 50.000 y 70.000 euros. Sólo ha cobrado 15.000 euros. "He reclamado el dinero muchas veces a Areal y me dijo que me lo pagarían". Al dejar el cargo el cuñado de Matas, siguió reclamando el dinero a la nueva gerencia del PP. La última vez que exigió el pago de la deuda fue durante el último congreso del PP. "La gerente me dijo que me lo pagarían, que me harían un reconocimiento de deuda", si bien todavía no ha cobrado el dinero y ya no fue el responsable de organizar el último congreso del PP. Sí ha percibido en cambio los 84.000 euros públicos que recibió por realizar un seguimiento diario durante año de las actividades de la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás. "Si llevas a un partido político al juzgado te sentencian de por vida y no vuelves a trabajar. Es muy feo llevar a un partido al juzgado", reconoció.

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"CASO IBATUR"; EL DUEÑO DE TRUI ADMITE QUE HIZO REGALOS A "TODOS LOS PARTIDOS"

Jaume no cree que estos regalos "influyeran en los concursos públicos" y que siempre ha ganado sus contratos por concurso

EFE. PALMA. "Hago regalos a todos los partidos políticos, no lo veía tan mal, ahora lo veo de otra manera, quizás no lo haría", admitió el dueño de la empresa de eventos Trui, Miquel Jaume, en su declaración judicial por el "caso Ibatur", aunque opinó que estos obsequios no influyen en los concursos públicos.

Jaume compareció como imputado el pasado julio ante el juez instructor de este caso, Juan Ignacio Lope Sola, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Instituto Balear del Turismo (Ibatur) mediante contratos irregulares, cuando este organismo público fue gestionado por el PP en la pasada legislatura.

El empresario añadió que no cree que estos regalos, que normalmente son instalaciones de sonido "para bodas o comuniones", "influyeran o influyan en los concursos públicos" y que siempre ha ganado sus contratos por concurso.

Jaume también reconoció que realizó regalos a cargos públicos, como es el caso del ex alcalde del PP de Montuïri Joan Antoni Ramonell, a cuya mujer le hizo el "obsequio" de pagar el montaje técnico de sus bodas de plata en un restaurante propiedad del promotor y ex presidente del Mallorca, Vicente Grande.

Otro de estos regalos fue el sonido de la boda del hermano del ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, aunque, según Jaume, lo hizo porque el contrayente fue al colegio con su hijo, aspecto que el propio hermano de Alabern negó en el juzgado al afirmar que no conoce a Jaume.

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"CASO VOLTOR"; BUILS AFIRMA QUE EL PAGO DE 15.000 EUROS AL CONCEJAL DE UM NO FUE "NINGÚN REGALO"

* El proyecto que debía desarrollar Arbona era 'emblemático'
* Era para la promoción del senderismo en la Sierra de Tramuntana

Efe | Palma

El ex conseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils ha afirmado que el pago de 15.000 euros por parte del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) al ex alcalde y concejal de UM en Soller Antonio Arbona para elaborar un folleto no fue "ningún regalo".

Buils ha declarado hoy (martes) como imputado ante la jueza instructora del "caso Voltor", Carmen Abrines, que investiga supuestos desvíos de fondos irregulares durante la actual y pasada legislaturas desde el Inestur, el cual estaba gestionado por miembros UM y dependía de la Conselleria de Turismo del Ejecutivo autonómico.

Tras su comparecencia, el ex conseller ha asegurado a los periodistas que el proyecto que debía desarrollar Arbona de promoción del senderismo en la Sierra de Tramuntana era "emblemático" y que el pago al ex alcalde no constituyó "ningún regalo de ningún tipo", aunque la Fiscalía sospecha que el concejal de UM no realizó el trabajo.

Durante su declaración ante la jueza, ha afirmado que él "no pidió cuentas de la factura y del método" con el que se iba a hacer el proyecto, ya que "no se encargaba de esos temas", sino solo reclamó que le informaran de cómo iba y de los trabajos realizados.

Buils ha explicado que Arbona fue el que le propuso la idea que a él le pareció bien, y ha añadido que el concejal de UM "trabajó mucho en este proyecto", el cual ha calificado de "complicado".

Antes que el ex conseller han declarado el ex gerente de Inestur y ex director general de Calidad Ambiental Antoni Oliver, y el ex director del área de inversiones del Inestur Antonio Rebassa, también en calidad de imputados.

Ambos han sido preguntados por este contrato a Arbona, que constituye una pieza separada del "caso Voltor" y, en este sentido, Oliver ha dicho que "Arbona coordinó los contenidos, se reunió con mucha gente, visitó los diferentes ayuntamientos, fue al Consell al reunirse con varias personas y el final de todo fue el desplegable".

Oliver ha sido inquirido del por qué otra imputada, Catalina de Miguel -coordinaba el área de inversiones del Inestur-, declaró ayer que le pareció "increíble" que se pusieran a disposición de Arbona trabajadores del instituto para elaborar el folleto, cuando este personal estaba "cualificado" para hacer el trabajo.

En este sentido, ha dicho que no recuerda que le dijera que estaba disgustada por este tema y que cree que Arbona "no daba órdenes" a De Miguel.

Rebassa, que es concejal de UM en la oposición en el municipio de Alaró, ha afirmado por su parte que Arbona "era una persona válida dada su experiencia y vivía con devoción ese trabajo", para el cual, ha dicho, "estaba sobradamente preparado".

Asimismo, ha afirmado que Arbona le daba cuenta personalmente cada semana de todo lo que había realizado respecto a este proyecto.

elmundo.es

domingo, 8 de agosto de 2010

LA TRAMA IBATUR LLEGÓ A PAGAR FACTURAS INFLADAS EN UN 1.700%

lucha anticorrupción.
un ex edil del pp dice que alabern y alía consentían el desvío de fondos

La conselleria de Turismo contrató los servicios de una traductora de chino que costó 700 euros, pero se abonaron 12.000 por este servicio

El embajador chino, con Cardona, Alabern y Viaene, en uno de los actos de factura supuestamente inflada.

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J. F. MESTRE/A. MAGRO. PALMA. La conselleria de Turismo del Govern Matas era un pozo sin fondo, donde se pagaban auténticas barbaridades por servicios que apenas valían nada. Así lo concreta la Policía, que ha descubierto un caso cuando menos escandaloso: la empresa pública Ibatur pagó una factura inflada en un 1.700 por ciento. El servicio costó 700 euros, pero la conselleria pagó la cifra de 12.000 euros. Esta factura se abonó por los servicios de una mujer asiática que realizó una traducción al chino durante 45 minutos. La mujer hizo las veces de intérprete para una comitiva de China que visitó Balears y que fue recibida por los responsables de la conselleria de Turismo. En concreto, los embajadores chinos se entrevistaron con Raimundo Alabern, director de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, asesor jurídico, y Francisco Salas, director general de la conselleria de Turismo.

La contratación de esta traductora de chino se gestionó a través de la empresa de Felipe Ferré, al ser él quien mantenía los contactos en China tras la organización de varios viajes que se realizaron para la promoción de productos de Balears.

Pariente de Matas

La irregularidad de este pago la ha reconocido Felipe Ferré, sobrino político de Jaume Matas y ex concejal del PP en Lloseta, implicado en la operación Scala, quien ha confesado que infló estos gastos que presentó al cobro en la conselleria de Turismo y sostiene que Raimundo Alabern, director de Ibatur, sabía que la factura que presentó no respondía al servicio prestado. A Raimundo Alabern, en la declaración que realizó ante la Policía, se le preguntó sobre esta factura y alegó que constantemente venían autoridades chinas a Mallorca y les facilitaban un servicio de atención, protocolo y traducción durante toda la visita. Aclaró que con él la entrevista duró 45 minutos, pero no sabía que autoridades locales se entrevistaron con la comitiva asiática. Por tanto, negó que se tratara de un servicio hinchado.

Otra de las irregularidades que ha confesado Felipe Ferré cometidas en Ibatur es una factura que le pagó Alabern de 12.000 euros de dinero público por un estudio sobre el turismo, reuniones y golf que había copiado de otro texto similar obtenido en Internet. El ex concejal del PP aseguró que Ibatur ya tenía otros estudios parecidos a éste sobre el turismo y el golf, y así lo comentó con Alabern. Sin embargo, le pagaron el dinero, si bien Ferré asegura que de los 12.000 euros recibidos por este estudio, él entregó el 40% al ex conseller Cardona, al ex director general Kurt Viaene y a Antònia Ordinas, ex gerente del CDEIB.

Ferré entró en contacto por primera vez con la conselleria de Turismo a través de la mano del ex president Matas por el proyecto de la promoción de lunas de miel en Balears para parejas chinas. Ibatur apoyó el proyecto con una partida inicial de 300.000 euros, pero los otros 500.000 que exigía Ferré se los denegaron. El "arrepentido" sobrino político del ex president Matas explicó que no se había realizado ningún expediente de contratación para realizar este proyecto. Al darse cuenta en la conselleria, según él, Raimundo Alabern le llamó para decirle que se tenía que construir el expediente y le pidió que le enviara hojas en blanco con el membrete y el logotipo de su empresa. Ferré acusa a Joan Flaquer de estar al corriente de todas estas irregularidades, ya que afirma que fue el ex conseller de Turismo quien ordenó a Raimundo Alabern que le recompensara con más de 6.000 euros por el "buen trabajo" que había realizado durante la visita de la comitiva balear en el viaje a China. El propio Alabern reconoció que el expediente por el pago de este dinero no estaba "justificado plenamente". Negó que fuera un premio.

LAS SOMBRAS DEL IBATUR

· Una empresa de transporte sin transportistas fabricaba facturas falsas– Un informe de la Agencia Tributaria revela que la empresa Transporte Rápido de Mallorca se dedicó durante años a elaborar "facturas ficticias" para algunas de las empresas que trabajaban habitualmente para Ibatur (La Moderna, Divulgalia, Quid, Clave...). Según los inspectores, la supuesta empresa de transporte carecía de transportistas y de organización, por lo que "no pudo prestar los servicios facturados".

· Un contrato publicitario que acaba en una fiesta con barra libre para 350 personas– Una de las empresas que trabaja con Ibatur, la firma de publicidad Clave, firmó en 2006 un convenio de colaboración de 320.000 euros para "la elaboración de material gráfico y publicitario". Para justificarlo se presentó una factura de 23.811 euros con la que se pagó un "cóctel especial con dos horas de barra libre por persona" al que acudieron 350 invitados. La fiesta, según la Policía, "se aleja totalmente del objetivo del convenio".

· El dinero de la falsa traducción al chino se lo repartieron entre tres cargos del PP– Ibatur llegó a pagar casi 6.000 euros por traducir su nombre al chino. Aunque la factura, según el arrepentido del PP Felipe Ferré, era falsa: en realidad, el dinero, dice, se lo repartieron entre él, y los ex altos cargos Kurt Viaene y Antònia Ordinas.

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