domingo, 13 de noviembre de 2011

ROCA SACUDE EL "CASO MALAYA"

Las defensas recomponen sus estrategias después de que el exasesor admita que sobornó a concejales marbellíes - Los letrados prevén un goteo de nuevos pactos

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El lunes, después del receso, a todos los asistentes al juicio del caso Malaya les cambió la cara. Juan Antonio Roca, el poder en la sombra de Marbella durante los años del gilismo crepuscular, el hombre que había convertido el Ayuntamiento en su SL privada, abandonaba su estrategia de conceder miguitas de confesión al fiscal -un delito prescrito un día, aspectos organizativos de sus sociedades al otro- y se lanzaba a reconocer el núcleo de los delitos por los que lleva entre rejas desde el 29 de marzo de 2006. En un calculado torrente de desahogo, Roca admitió como suya la contabilidad secreta intervenida en la entidad Maras Asesores. También reconoció que las entradas de esa contabilidad -33,3 millones de euros- corresponden a pagos que le hicieron los promotores imputados; y las salidas, a sobres con dinero negro que él entregaba periódicamente a los concejales del equipo de gobierno entre agosto de 2003 y marzo de 2006 para mantener alta su fidelidad.

"Es caro y cansado estar seis años en un proceso. Puede haber más acuerdos"

El único que se acercó a saludar a Roca el lunes fue Julián Muñoz

Hasta ahora, Roca había dado solo migajas de confesión al fiscal

El testimonio del exasesor es fruto de "una reflexión de varios meses"

Roca quiso dejar claro que los empresarios le ingresaron el dinero por supuestos asesoramientos y para financiar negocios en común, y que los pagos a los exediles no tenían por objeto retribuir la concesión de licencias o la firma de convenios ilegales. Sin embargo, la bomba ya estaba lanzada y una ola de nerviosismo empezó a recorrer el banquillo de los acusados, a los que el testimonio de Roca cogió en su mayoría por sorpresa.

Los abogados defensores, especialmente los de los exconcejales, consideran que el giro de Roca -meditado "durante meses", según fuentes cercanas al exasesor- les obliga a replantearse su propia estrategia de defensa. Los letrados han iniciado conversaciones para coordinar sus posiciones. "Ahora mismo todo está muy abierto", afirma uno de los abogados, sin ofrecer más detalles.

En el ánimo de los procesados pesa el hecho de que antes de la declaración de Roca, cuatro empresarios imputados se mostraron conformes con el relato de hechos del fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, y lograron una rebaja sustancial en la pena. "El cansancio de casi seis años de proceso, lo caro que es estar personado en un proceso así y el ejemplo de los que se han conformado puede producir en los próximos días más casos de reconocimiento de los hechos", estima un letrado que, no obstante, recuerda que la conformidad de un acusado solo le vincula a él y no sirve como prueba para enjuiciar al resto. "La conformidad es conformidad, pero jurídicamente no es una confesión, ya que el resto de las defensas no tiene posibilidad de interrogatorio ni de contradicción", subraya.

Lo que no se ha producido, por el momento, es un acuerdo entre el fiscal y Roca. Tras la sesión del lunes tanto fuentes de la defensa del exasesor como del ministerio público lo negaron expresamente. Además, la fiscalía no se contentaría con un reconocimiento a medias de los delitos, y para plantear una posible reducción de pena -Roca se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel- haría falta que admitiera en su totalidad el escrito acusatorio.

De momento, la cuarta fase del juicio, con 54 procesados, continúa y no terminará como pronto hasta marzo de 2012. Roca será preguntado una por una por las relaciones con los empresarios que supuestamente le dieron enormes cantidades de dinero y tratará de desvincular estas entregas de la concesión de licencias o la firma de convenios. De hecho, tras la sorprendente declaración del lunes, Roca se cerró en banda y rechazó cualquier trato de favor urbanístico a cambio de las "gratificaciones" a los concejales.

A favor del exasesor cuenta que en unos 60 casos de prevaricación urbanística cometidos en el Ayuntamiento de Marbella durante los años del gilismo, su acusación fue archivada al entender los jueces que no era el encargado de otorgar las licencias. En contra puede tener la declaración que hagan los promotores durante el juicio. Muchos de ellos se enfrentan a peticiones de penas de cárcel superiores a dos años, que implican ingreso efectivo en prisión, y puede interesarles aceptar que los pagos a Roca tenían por objeto conseguir un trato urbanístico favorable a cambio de una rebaja en la condena. Lo único que está claro es que la vista oral ha entrado en su fase decisiva.

Lo que no ha cambiado en las 105 jornadas de juicio transcurridas desde el 27 de septiembre de 2010 -en la cuenta se incluyen los días dedicados al estudio de las llamadas cuestiones previas- es el carácter desafiante de Roca. El exasesor ha insistido en su estrategia de derivar la responsabilidad de los desmanes en el Ayuntamiento de Marbella a tres personajes con escasa capacidad para rebatirle. El primero es el fallecido alcalde Jesús Gil, quien, según Roca, "decidía absolutamente todo en materia de obras, economía y urbanismo" en el Consistorio.

El segundo aludido por Roca es el que fuera hombre de confianza de Gil en sus primeros tiempos al frente del Consistorio, el abogado José Luis Sierra -aquejado de una enfermedad degenerativa. Finalmente, Roca citó al el exedil andalucista Carlos Fernández, huido de la justicia. Según Roca, fue este concejal quien ideó que los tenientes de alcalde y portavoces de los grupos municipales tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz en agosto de 2003 percibieran el doble de dinero en sobornos que los concejales rasos".

Al final de cada sesión del juicio es habitual que algún otro procesado se acerque a saludar a Roca antes de que este sea trasladado de vuelta a la cárcel de Alhaurín. Curiosamente, el único que se acercó, muy afectuoso, el pasado lunes fue su antiguo enemigo Julián Muñoz.
 
Un juicio histórico
- El pasado lunes, Juan Antonio Roca, admitió que los empresarios procesados en el juicio del caso Malaya le pagaron dinero: "En tres casos les asesoré en convenios urbanísticos. Construcciones Salamanca, Aifos y Fidel San Román me pagaron por asesorarles en convenios (...). Cobre por hacerles ese estudio".

- En el caso de Fidel San Román, que abonó cerca de un millón de euros, Roca afirmó que su asesoramiento "no tiene que ver con que garantizara que fueran a obtener la licencia (...) Todo estaba supeditado a que la Junta de Andalucía lo aprobara".

- Finalmente el Gobierno andaluz no aprobó los planes de San Román: "El asesoramiento que le di fue nefasto. Me pagó un millón a mí y cuatro millones al Ayuntamiento. Se equivocó él y me equivoqué yo. Ahora solo tiene un papel precioso", afirmó el exasesor urbanístico marbellí. Roca reconoció este ingreso en la contabilidad de Maras: "En su inmensa mayoría los apuntes son ciertos".

- Sobre los pagos a concejales: "Les gratificaba para que se mantuvieran unidos hasta el final de la legislatura (...) El pago lo asumo yo con cargo a mi patrimonio (...) No se pactó ni cantidad ni periodicidad (...) Hablé de ello solo con Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández (...) No se gratificó ningún acuerdo concreto y no los tenía en nómina en función de mis intereses".

elpaís.com

CASO PALMA ARENA / OPERACIÓN BABEL: URDANGARÍN LOGRÓ BENEFICIOS DEL170 % SOBRE LOS COSTES DE LOS FOROS

La cifra de negocios de Nóos rondó los 10 millones de euros en cinco años

Andreu Manresa / Jesús García Palma de Mallorca / Barcelona

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón y yerno del Rey, facturó unos honorarios que representaban un beneficio del 170% sobre los costes reales de la organización de los foros deportivo-turísticos que llevó a cabo su propio Instituto Nóos en Palma. Los eventos eran sufragados por el Gobierno balear (y por patrocinadores) con una media de más de 1,1 millones por dos jornadas de sesiones, según las investigaciones judiciales abiertas, que han evaluado que el gasto efectivo de cada foro era cercano al medio millón.

Urdangarin impulsó la actividad y contratos de Nóos, que por sus estatutos carecía de ánimo de lucro, y presentó al cobro facturas de su firma Consultoría Nóos y de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa la infanta Cristina de Borbón. Al menos 275.000 euros cobró Aizoon en dos pagos por uno de los foros de Palma. El concepto que figura en la “primera factura”, de noviembre de 2005, es “por gestión de logística”. En dos foros, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado un agujero de un millón, en partidas no justificadas. Esta es la base para la acusación penal de supuesta malversación de caudales públicos.

La evaluación inicial sobre las ganancias citadas en actividades privadas de Iñaki Urdangarin (y, en paralelo, de su socio en Nóos, Diego Torres) consta en distintos informes trasladados al juez y a la fiscalía por el grupo policial de Delincuencia Económica y técnicos de Hacienda, que han examinado la contabilidad y el tráfico en las cuentas entre sociedades.

Diego Torres asegura que los registros son “nulos de pleno derecho"

En cinco años, la cifra de negocios de Nóos rondó los 10 millones de euros, según la contabilidad del complejo entramado de asesorías y empresas organizado que ha sido examinado en la Operación Babel. Se ha identificado a una firma del grupo que transfirió cerca de medio millón a una cuenta de una sociedad en un paraíso fiscal.

En este caso penal, englobado en el escándalo del caso Palma Arena sobre los supuestos enriquecimiento y la gestión corrupta del expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, se indaga una supuesta malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad.

En la pieza sobre el gasto de 2,3 millones en sendos Forum Illes Balears, en 2005 y 2006, están imputados la mano derecha de Urdangarin en Nóos, Diego Torres, y otros tres administradores de la trama, Miguel, Ana y Marco Tejeiro.

Para los investigadores es “lógica e inevitable” la futura citación como imputado del yerno del Rey para que declare sobre los hechos cuestionados. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, tras meses de indagaciones junto al juez José Castro, ha trabajado esta semana a lo largo de tres días en los registros en Barcelona en las sedes de Nóos y en los interrogatorios.

Para los investigadores es “lógica e inevitable” la futura citación como imputado del yerno del Rey para que declare sobre los hechos cuestionados

El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, asegura que los registros son “nulos de pleno derecho” por lo que ha pedido el archivo de las actuaciones. Su recurso señala que el juez pidió 14 meses atrás los convenios firmados por el Instituto Nóos con el Gobierno de Baleares. Torres, en su condición de testigo, facilitó un total de 384 documentos sobre los que, a la postre “se cimentó la tesis de la imputación” y “se construyó este asunto”. Torres trató de justificar los programas ejecutados con fondos públicos. Pero tras analizar esas aportaciones, el juez lo citó a declarar como imputado. “Es decir, se toma como punto de partida para imputar a una persona lo que esa persona ha aportado al juzgado como no imputado”, razona el recurso.

Por otra parte, el letrado de Jaume Matas —que no está imputado en esta pieza penal, segregada del caso Palma Arena— ha solicitado que el asunto pase a la Audiencia Nacional porque los hechos suceden en diversas comunidades autónomas.