miércoles, 15 de junio de 2011

EL ALCALDE DE BENIDORM, IMPUTADO POR LA CONTRATA DE LA GRÚA

Está acusado de un delito de prevaricación continuada

Archivado en: Política, Alicante, Benidorm, Grúa municipal, PrevaricaciónTribunales

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha imputado al alcalde de la ciudad, Agustín Navarro, y al exedil de Movilidad José Bañuls un presunto “delito continuado de prevaricación” en relación con la decisión del Gobierno local de resolver el contrato con la concesionaria de la zona azul y la grúa, ParkControl.

La juez ha tomado esta decisión en el marco de las diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por los portavoces del grupo municipal del PP en la que estos sostienen que la actuación de Navarro y Bañuls podría ser constitutiva de delito.

Según la providencia, Navarro y Bañuls deberán declarar “como imputados” ante la juez el próximo 17 de octubre. Bañuls indicó a Efe que en cuanto se les notifique esta providencia “la valoraremos”. Los implicados recordaron que declarar “es un trámite normal” puesto que “ya han declarado” ante la juez los querellantes y diversos testigos. El exedil de Movilidad se mostró “tranquilo” e insistió en que espera que la juez “investigue el fondo” de la resolución del contrato con la concesionaria que se aprobó en pleno el 31 de mayo de 2010.

El PP sostiene en su querella que esta decisión se adoptó sin los informes “preceptivos” de las áreas de Intervención y Secretaría, y que los técnicos advirtieron en el pleno a Navarro y Bañuls de esta circunstancia.

La nueva providencia llega semanas después de que la juez emitiera otra solicitando a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que investigue los hechos relacionados con las actuaciones que se siguen sobre este caso. Además, se ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.

El origen de la denuncia se remonta al 1 de junio del pasado año cuando el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en pleno, con los votos del equipo de gobierno, resolver el contrato administrativo con la mercantil ParkControl 2000, SL, para la gestión de la zona azul y la retirada de vehículos. El exconcejal de Movilidad José Bañuls pedirá que declaren ante la juez “todos los funcionarios que han participado” en el expediente de resolución del contrato de la zona azul, ya que se aprobó su rescisión por “las numerosas infracciones” cometidas.


elpaís.com

"CASO BRUGAL"; ANTICORRUPCIÓN RECURRIRÁ EL AUTO DEL JUEZ DE ORIHUELA QUE ANULA PARTE DE LAS GRABACIONES

Afectan al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja

El Ministerio Público pide que se amplíe el periodo para presentar alegaciones

Agencias | Alicante

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante) que ha anulado algunas de las grabaciones del caso Brugal, que afectan a la investigación de presuntas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según fuentes judiciales.

El Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, está preparando el recurso de apelación que presentará contra la decisión tomada por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que anula algunos de los autos que autorizaron la intervención de las comunicaciones del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, de su mujer, así como del empresario alicantino, Enrique Ortiz, por entenderlos faltos de motivación.

La decisión acordada por Carlos San Martín, en un auto fechado el 13 de junio de 2011, tiene un plazo de cinco días para ser recurrida ante el juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela y para la Audiencia Provincial de Alicante, aunque el Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar a 10 este plazo.

El auto conocido este martes puede suponer un vuelco en el caso Brugal ya que la investigación sobre las supuestas ilegalidades se basan en las intervenciones telefónicas.

La operación se inició hace cinco años a partir de un presunto caso de cohecho en la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, aunque las escuchas practicadas ampliaron a casi una veintena de piezas separadas de la operación.

Entre ellas está la que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, por la que se imputó al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al constructor Enrique Ortiz.

Otra de las ramas del Brugal es la relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde también figura como imputado Ortiz por recibir un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.

Además

elmundo.es

"OPERACIÓN POSEIDÓN"; SIGUEN EN LOS CALABOZOS EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y UN ANTIGUO FUNCIONARIO

Dos policías con una caja llena de documentación. | C. Cladera
Detenidos ayer

Serán interrogados en la Jefatura Superior a lo largo de esta mañana

Europa Press | Palma

El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y el ingeniero y antiguo funcionario de este organismo público, Justo Aguado, permanecen arrestados en los calabozos de la Policía Nacional después de que este martes fuesen detenidos en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, y está previsto que a lo largo de esta mañana sean interrogados en la Jefatura Superior en presencia de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Así lo han señalado fuentes policiales, que han apuntado que ambos son los únicos que han pasado la noche en comisaría mientras que un tercer detenido, el empresario catalán J.L.C.E., fue la pasada jornada puesto en libertad con cargos. Las mismas fuentes han señalado que no se prevén nuevas detenciones. En concreto, los delitos que se investigan dentro de esta nueva fase, cuyas pesquisas se encuentran bajo secreto, son los de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.

Durante este martes se llevaron a cabo tres registros por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.

Aguado, funcionario ya jubilado de la APB, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates. Se trata de uno de los procesos investigados dentro de este caso por haberse producido un presunto trato de favor a sociedades vinculadas a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver -perteneciente a Trapsa- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa -si renunciaba a la concesión- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.


elmundo.es

IMPUTAN A 21 PERSONAS MÁS EN EL "CASO ASTAPA" CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESTEPONA

La causa suma ahora 94 imputados

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado este miércoles la imputación de 21 personas más en el marco de la investigación del denominado caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de la localidad esteponera, según han informado fuentes judiciales.

Los delitos que se investigan son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad. Según han precisado las mismas fuentes, durante los próximos meses los nuevos imputados irán al juzgado para prestar declaración en esta causa, que suma ahora 94 personas imputadas, entre políticos, empresarios y técnicos municipales.

La operación se inició el 17 de junio de 2008 tras la denuncia presentada por los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez. Se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente".

Las personas detenidas que ingresaron en prisión fueron el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permaneció en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre seis meses.

Barrientos negó en su primera declaración ante la instructora de esta causa que existiera en el Ayuntamiento un sistema de doble o triple contabilidad y afirmó que no recibió dinero en metálico en sus dependencias particulares y que una empresa no le pagó estancias en el extranjero.

En meses pasados, el instructor informó a las partes personadas de la imposibilidad de levantar el secreto que pesa sobre parte de las actuaciones, ya que se estaban gestando nuevos informes y "pesquisas de variada índole", quedando pendientes al menos tres diligencias de investigación añadidas.

Este levantamiento se ha ido denegando al incidir el magistrado en que la actividad policial e instructora "es incesante" en una causa "muy compleja" por la naturaleza jurídica de los hechos, por "innumerables flecos de la investigación conexos unos con otros" y por el amplio número de imputados.

El primer levantamiento parcial del secreto sumarial se produjo en junio de 2009, tras lo que se prorrogó esta medida hasta septiembre del mismo año. En febrero y en mayo de 2010 se produjeron nuevos levantamientos parciales de las actuaciones, para continuar con el secreto hasta octubre de 2010, cuando se acordó el levantamiento de 10 tomos de la parte principal y 12 de las piezas documentales.


elmundo.es