lunes, 28 de marzo de 2011

EL ESCÁNDALO DEL EREGATE; LA JUNTA SUPO EN 2005 QUE VARIAS AYUDAS A LOS ERE ESTABAN INFLADAS

La Intervención alertó a Empleo de un «desfase» de 44,5 millones
 
ANTONIO R. VEGA / SEVILLA

La Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió ya en 2005 a las consejerías de Hacienda, bajo el mando de José Antonio Griñán, y de Empleo, que dirigía Antonio Fernández, de que algunas ayudas para expedientes de regulación de empleo destinadas a empresas, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), estaban infladas. La jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga un fraude relacionado con la gestión de estos fondos por parte de la Junta, que manejó más de 647 millones entre 2001 y 2010, al hallar al menos 72 «intrusos».

El coste real de las pólizas que destinaba el IFA para prejubilar a los trabajadores afectados no cuadraba con la subvención que luego se cargaba en los presupuestos. En algunos casos, el organismo instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo tramitó ayudas por un importe inferior al dinero que se imputaba en las arcas. En concreto, la Intervención pone como ejemplo las ayudas sociolaborales concedidas a la firma textil Hytasal, que se fijaron en 10,5 millones de euros, cuando en realidad «el importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10,28 millones», expone, sin que existan datos objetivos que sustenten el desfase. No se trata de un caso aislado. Después de hacer una selección y examinar 20 convenios de los 144 tramitados por la Junta entre 2001 y 2004, el órgano fiscalizador concluye que «las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de los convenios», por lo que «existen dudas razonables sobre la correcta tramitación de los expedientes no seleccionados». Enumera 18 anomalías, entre otras, que no se daba publicidad a las ayudas, no se exigía a las firmas una memoria justificativa de las mismas, el plazo de ejecución o carecían de «fiscalización previa».

Hacienda hizo caso omiso al informe del órgano fiscalizador, pese a ser avisada con tres informes consecutivos, entre 2005 y 2007, sobre esta y otras múltiples «deficiencias» que cuestionaban el procedimiento para tramitar las subvenciones y advertía descuadres en las ayudas.

Un acuerdo suscrito en julio de 2001 por el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, quien destapó en su declaración policial la existencia de un «fondo de reptiles», puso en marcha este polémico sistema de gestión de los fondos públicos.

La gestión contable de los fondos estaba plagada de sombras. De hecho, la Intervención avisó en 2005 de que el IFA se comprometió a través de convenios con firmas a darles 206,38 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2004, de las cuales 44,46 millones no tenían siquiera «cobertura en los presupuestos de la Junta».
 
«Valor indicativo»
Empleo no sólo conocía desde 2005 que el trámite para dar estas subvenciones era irregular, sino que se armó de argumentos —recurriendo a juristas— para defender su cuestionado sistema de concesión de las ayudas ante el citado órgano fiscalizador. En concreto, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, presentó una batería de alegaciones contra su informe para mantener el «modus operandi» de las ayudas. El viceconsejero, en un informe al que ha tenido acceso ABC, llega a justificar el desvío de fondos a fines distintos a los fijados en los convenios con empresas que regulaban las ayudas a los ERE. Así, defiende que «el Instituto de Fomento de Andalucía, como hizo en determinadas ocasiones, aplicó estos recursos a otras finalidades que las contenían en los propios convenios», ya que éstos tenían un valor «meramente indicativo».


abc.es

"CASO PALMA ARENA"; TSJB RECHAZA EL CASO DE LA ÓPERA PORQUE NO SE HAN PEDIDO MEDIDAS CONTRA FIOL

Efe | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado hoy asumir la investigación sobre el proyecto de la ópera de Palma, que el expresidente balear Jaume Matas encargó al arquitecto Santiago Calatrava, porque no se han pedido medidas contra el diputado autonómico Francesc Fiol (PP).

El juez del "caso Palma Arena" elevó el caso al TSJB indicando que el fiscal y la letrada de la Comunidad Autónoma habían anunciado que solicitarían "en el momento oportuno" la imposición de una fianza por responsabilidad civil para Fiol.

Sin embargo, según ha dictado el Tribunal Superior, "mientras esa petición no se haya planteado y se conozcan su contenido, alcance y fundamentos, no procede asumir el conocimiento de las actuaciones".

El pasado 4 de marzo, el juez del "caso Palma Arena" elevó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la pieza sobre el proyecto de la ópera de Palma para que se investigue al diputado autonómico del PP, que era conseller de Cultura cuando sucedieron los hechos.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ ARCHIVA LA PIEZA CONTRA JOSÉ LUIS MORENO

El empresario tras comparecer ante el juez en Palma | J. Avellà
Esteban Urreiztieta | Palma

El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, ha archivado la pieza contra José Luis Moreno al no considerar acreditado que el empresario sobornara a Jaume Matas para la adjudicación de programas en la televisión pública balear IB3.

Según el relato de los fiscales, desestimado ahora por el juez, durante la gala de inauguración de IB3 Matas recibió de Moreno 250.000 euros "en concepto de soborno por las adjudicaciones de programas y decorados por el órgano de contratación de IB3 a mercantiles vinculadas" al productor. Luis Velasco, ex directivo de una de las productoras de José Luis Moreno, testificó haber visto como el productor televisivo entregaba un sobre a Matas.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; EL EX JEFE DE SEGURIDAD DE ROCA DECLARA QUE NUNCA SUPO DE SU DETENCIÓN

El ex jefe de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel. | Cabanillas
José Carlos Villanueva | Málaga

El ex jefe de de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel, ha declarado este lunes que "nunca" supo nada de la detención del ex asesor urbanístico en el marco del llamado caso 'Saqueo 1', ocurrida en abril de 2002.

Hachuel, que se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio oral del caso 'Malaya', asegura que tampoco supo nada de las numerosas imputaciones que recaían sobre el que fuera su jefe entre septiembre de 2004 y finales de marzo de 2006, cuando el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó los arrestos, incluido el suyo, por la trama de presunta corrupción municipal.

El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, se ha interesado en conocer los pormenores de la compra de ocho teléfonos encriptados que Hachuel adquirió, a 4.000 euros la unidad, para que Roca y algunos de sus testaferros acusados los usaran.

"Eran para evitar que sus conversaciones fueran interceptadas por periodistas, porque en aquel tiempo eran muy habituales ese tipo de escuchas ilegales", ha respondido Hacuel al fiscal cuando se le ha preguntado por los fines que se perseguían con el uso de los terminales.

Este exagente de la Guardia Real ha puesto como ejemplo el caso de "periodistas ingleses encarcelados por interceptar 600 conversaciones de la familia real británica". La tesis del Ministerio Público es bien diferente. Sospecha que Roca de quien pretendía protegerse era de investigaciones policiales o judiciales que desembocaran en la intervención legítima de sus teléfonos, como así ocurrió en el caso 'Malaya'.

Hachuel, que se enfrenta a tres años de prisión y una multa de 100 millones de euros por blanqueo de capitales, ha respondido al fiscal que "si hubiera tenido la más mínima sospecha de que se trataba de impedir el acceso a las comunicaciones de la autoridad judicial, no lo hubiera hecho y no le hubiera proporcionado esos teléfonos al señor Roca".

Como ya desveló EL MUNDO, Hachuel es cuñado del ex secretario general del Partido Andalucista, Julián Alvarez, y comenzó a trabajar con Roca tras la recomendación del líder del PA en Marbella y teniente de alcalde Carlos Fernández, prófugo de la Justicia desde junio de 2006, fecha en la que se ordenó su arrresto.

El acusado encargado de velar por la seguridad del exgerente de Urbanismo fue detenido en la localidad madrileña de Getafe -meses antes de desencadenarse la operación 'Malaya'- junto a Oscar Benavente, uno de los testaferros de Roca. Ambos transportaban en un vehículo 2 millones de euros en metálico, producto de un préstamo en dinero negro efectuado por el empresario también acusado Ismael Pérez Peña. Dichas detenciones fueron posibles gracias a las escuchas telefónicas que ya efectuaba la Policía a instancia del juez Torres.

A lo largo de la declaración de Hachuel también han salido a relucir las labores de inspección de matrículas de vehículos que hacía para Roca: "Era para evitar secuestros y extorsiones a él y a su familia". Asimismo ha recordado el coche bomba que ETA explosionó en Marbella, en junio de 2002, en las inmediaciones del domicilio del entonces responsable municipal de Urbanismo.

"¿Usted hizo gestiones ante Policía, Guardia Civil o Policía Local?", ha preguntado el fiscal a Hachuel. Éste ha respondido que "haría dos llamadas". La acusación pública sostiene que la actividad del responsable de Seguridad no sólo consistía en averiguar datos sobre vehículos que podían investigar a su jefe, sino también personas, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ha llamado especialmente la atención el hecho de que el acusado haya relatado unas amenazas que recibió la familia Roca, mediante un documento anónimo en el que sus cabezas aparecían cortadas "en un montaje tipo collage".

En su afán de negar cualquier conocimiento sobre hechos delictivos relacionados con el GIL, Jaime Hachuel -residente en Marbella desde 1998- ha declarado que tampoco se enteró del sonado robo de sumarios de Jesús Gil, ocurrido en los juzgados de la localidad en agosto de 2001.

Tampoco tuvo noticia del no menos relevante suicidio del agente judicial Francisco Calero. Él fue el único detenido por la sustracción y borrado informático de los expedientes y aprovechó un descuido de la Policía para arrojarse al vacío desde su vivienda, un quinto piso.

El fiscal López Caballero también se ha interesado en conocer el contenido de un cd, incautado a Hachuel, con el título 'conversación IGM'. Son supuestamente las iniciales de la entonces primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. El acusado ha expuesto que lo que él hizo fue "descargar el archivo de un cd", pero no participó en la grabación de dicha conversación.

De la declaración de este acusado se desprende claramente, tal y como consta en el sumario, que Juan Antonio Roca estaba obsesionado con su seguridad personal, así como la protección de sus comunicaciones, tanto en sus oficinas privadas de Maras Asesores como en la sede municipal Planeamiento 2000 S.L. De hecho, encargó a Hachuel hacer barridos para detectar micrófonos ocultos.


elmundo.es