lunes, 10 de enero de 2011

SEIS MESES DE PRISIÓN PARA EL EX ALCALDE DE PETRER POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

TRIBUNALES  | José Antonio Hidalgo (IU)

Efe | Alicante

Un Juzgado de lo Penal de Alicante ha condenado al que fuera alcalde de la localidad alicantina de Petrer entre 1995 y 2007, José Antonio Hidalgo (IU), a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística.

La sentencia, hecha pública por el Juzgado número 5, obliga al ex alcalde, y subsidiariamente el Ayuntamiento de Petrer, a indemnizar a un vecino, denunciante de los hechos que dieron origen a la instrucción, a 6.276 euros.

Además, el auto, sobre el que cabe recurso de apelación, absuelve del mismo delito al arquitecto municipal en aquellos años Fernando José Cerdá.

Como hechos probados, el Tribunal relata que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Petrer, presidida por Hidalgo, concedió en julio de 1995 una licencia solicitada por una mercantil para la construcción de doce viviendas unifamiliares, algunas de ellas adyacentes a la vivienda propiedad del denunciante.

Un año después, este último solicitó la presencia del arquitecto municipal ante "las anomalías" que se estaban produciendo en la obra en construcción antes referida.

Un informe del inspector municipal reflejó que en la parte trasera de la edificación no se cumplían los retranqueos mínimos marcados en la licencia, por lo que en varias ocasiones el denunciante presentó escritos "reiterando las irregularidades".

Como consecuencia de estas denuncias, el ahora absuelto Fernando Cerdá emitió informes en abril de 1997 en el que constataba que se había producido un incumplimiento de la distancia de retranqueo obligatoria de edificación, por lo que no era legalizable dicha obra.

Un mes después, el alcalde suspendió la ejecución de la citada obra e inició un expediente sancionador, al tiempo que requirió al propietario de la obra para que la demoliera y restaurara el orden urbanístico vulnerado,

Sin embargo, el denunciante presentó un escrito en noviembre de 1999 exigiendo que se cumpliera con el citado acuerdo municipal.

"Con pleno conocimiento del expediente infractor y con un arbitrario y consciente abandono de sus competencias" el entonces alcalde "no realizó acción alguna tendente a la ejecución voluntaria o subsidiaria de la orden de demolición expresa y claramente impuesta", añade la sentencia.

Como antecedentes hecho, se recuerda que la actuación judicial se inició en marzo de 2005 a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el vecino afectado por la obra.

Durante el juicio, celebrado el pasado 20 de diciembre, el Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y propuso para los procesados una pena de ocho meses de prisión e inhabilitación para empleo público durante ocho años.

Por su parte, la acusación particular calificó los hechos de un delito continuando de prevaricación urbanística y propuso una pena de prisión de dos años y una inhabilitación por diez años.

La defensa de los acusados alegó en sus conclusiones que sus clientes no habían cometido delito alguno, mientras que el letrado del Ayuntamiento alegó que los hechos enjuiciados no eran constitutivos de delito alguno.

Según la sentencia, "la inactividad" que se imputa al ex alcalde "provoca una quiebra en la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas deben merecer para el ciudadano porque, como custodio de la legalidad, es el primero en estar obligado a cumplirla y a ejecutar las resoluciones dictadas".

"La inactividad inexcusable es imputable" al ex alcalde "por corresponderle a él las facultades y atribuciones para ejecutar u ordenar ejecutar lo resuelto", añade el auto resolutorio, en el que se subraya que la actuación de Hidalgo se situó "por encima de la legalidad, con una actuación sólo justificable por una arbitrariedad que excede en mucho de la mera discrecionalidad administrativa".


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; ROMERO JUSTIFICA ANTE EL JUEZ SUS FACTURAS POR EL MUNDIAL DE CICLISMO

Inferiores a 12.000 euros

    * El dueño de la empresa Nimbus ha declarado durante dos horas
    * Al salir ha dicho a los medios que su comparecencia ha ido 'bien'


Efe | Palma

El dueño de la empresa de publicidad Nimbus Miguel Romero ha justificado hoy ante el juez que instruye el caso "Palma Arena", José Castro, el gasto de varias facturas relativas a actividades previas a la celebración del Mundial de Ciclismo, todas ellas por valor inferior a los 12.000 euros. Romero ha prestado hoy declaración ante el juez Castro, en presencia de su abogado Toni Coll, durante unas dos horas y media en las que, según fuentes jurídicas, ha tratado de justificar varias facturaciones a entidades públicas (Illesport, Vicepresidencia e incluso Presidencia del Govern que dirigía Jaume Matas).

Una vez terminada su declaración, que se inició sobre las 10.00 horas, Romero ha señalado ante los medios de comunicación que su comparecencia había ido "bien", aunque no ha querido dar detalles de sus palabras ante el juez. Las facturas que ha justificado Romero, cuyos importes rondaban los 11.800-11.900 euros, respondían a viajes y estancias en el extranjero de técnicos y periodistas realizadas con motivo del Mundial de Ciclismo, que se celebró en 2007 en el velódromo de la capital balear que da nombre a este caso de presunta corrupción.

Algunas de las facturas señalan que Nimbus habría facturado a la Fundación Illesport en el año 2006, entre otras cosas, la cancelación de un avión que se había fletado para un viaje a Burdeos para unas 40 personas con el objetivo de presenciar un mundial. Por ello, Nimbus cobró 2.950 euros a la entidad pública, a la que también habría facturado unas 60.000 napolitanas para supuestamente promocionar la citada competición deportiva. En otros casos, estas entidades públicas podrían haber pagado facturas duplicadas de Nimbus por varios conceptos relacionados con el evento deportivo.

Nimbus fue la empresa adjudicataria de un concurso del Govern de enero de 2007, licitado en septiembre de 2006, por 350.000 euros para la publicidad del Mundial. Asimismo, recibió otros 350.000 euros del Instituto Balear del Turismo para el patrocinio del Mundial, solo unos días antes de la celebración de la competición en el nuevo velódromo. Romero ya declaró el 18 de noviembre de 2010 ante el juez por la pieza número 2 del caso, dividido en unas 25, que está relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany.

Asimismo, el día 29 del mismo mes lo hizo por la pieza número 20, referente a la facturación de su empresa a la sociedad GR-1, propiedad de los hermanos arquitectos del velódromo, Jaime y Luis García-Ruiz. El dueño de Nimbus fue detenido el agosto de 2009 en el marco de la operación policial de este caso, y compareció entonces ante el juez instructor, José Castro. El empresario reconoció en interrogatorios policiales y judiciales que parte de los servicios que su sociedad prestó al PP en la campaña autonómica y municipal de 2007 no los facturó y que el cuñado del ex presidente Jaume Matas, Fernando Areal, gerente entonces del PP, le pagó 71.000 euros en dinero negro por esos trabajos.

LA EX ALCALDESA DEL PSOE DE PORCUNA ADMITE QUE CONCEDIÓ LICENCIAS ILEGALES

JAÉN  | Ana María Moreno de la Cova

    * Tres de sus concejales también han sido inhabilitados y multados
    * El anterior alcalde socialista también delinquió

Europa Press | Jaén

La ex alcaldesa socialista del municipio jiennense de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova, ha aceptado 21 años de inhabilitación para ocupar un cargo público y el pago de 2.190 euros de multa por tres delitos contra la ordenación del territorio de los que era acusada.

Por su parte, tres de los concejales del mandato corporativo de Moreno de la Cova que también eran acusados de dos de los tres delitos imputados a la ex alcaldesa han admitido 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén después de que las partes llegasen a un acuerdo por conformidad, por el que la que fuera alcaldesa admite haber aprobado tres licencias ilegales entre los años 2004 y 2006.

El 22 de octubre de 2004, un vecino de Porcuna solicitó licencia para la construcción de unas naves en el Camino de la Galga y, pese a que fue informada desfavorablemente por el arquitecto municipal, la entonces alcaldesa y los concejales concedieron la licencia.
 
Más delitos urbanísticos y otros ediles
Algo similar ocurrió el 14 de junio de 2006, pero la licencia solicitada era para la zona conocida como Cerrajaén. De nuevo el arquitecto firmó un informe desfavorable, pero el 5 de julio, catorce días después, la licencia era concedida.

Además, según el relato del Fiscal, Moreno de la Cova concedió el 21 de noviembre de 2006 "sin la tramitación de procedimiento alguno y sin dictamen jurídico previo" una licencia provisional de primera ocupación para una nave levantada sobre suelo no urbanizable, ya que no cumplía las normas urbanísticas.

Se da la circunstancia de que esta resolución contra la ex alcaldesa de Porcuna se adopta después de que el pasado 5 de octubre el también ex alcalde socialista de Porcuna Luis Carlos Funes aceptase su inhabilitación especial para ser concejal por un delito de prevaricación por el pago de 15.025 euros de más a una consultora urbanística.

El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén después de que las distintas partes llegasen a un acuerdo por conformidad, por el que el que fuera alcalde durante más de 12 años admite haber prevaricado al contratar a una empresa para que elaborase el proyecto técnico de revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico.

elmundo.es

"CASO MALAYA"; UNA COLABORADORA DE ROCA DICE QUE ÉSTE NEGOCIABA LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

Marbella | Malaya | Juan Antonio Roca | corrupción | urbanismo | operación Crucero Banús

EP.
Una de las abogadas de Planeamiento 2000 y colaboradora en esta sociedad municipal del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que "con carácter general" éste era el que negociaba los convenios urbanísticos y ha afirmado que el entonces alcalde Jesús Gil tenía en él "una confianza extrema".

María Castañón, que ha declarado este lunes como testigo en el juicio del caso Malaya dentro del bloque en relación con la operación Crucero Banús, ha señalado que Roca tomaba las decisiones no sólo en la citada sociedad municipal, que estaba dedicada a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la que era gerente, sino también en el Área de Urbanismo.

Así, ha precisado que Planeamiento 2000 y Urbanismo eran dos departamentos separados, aunque el supuesto cerebro de la trama tomaba las decisiones en ambos casos. En cuanto a su función, Castañón ha afirmado que redactaba los convenios con los datos que le daba Roca y que los promotores acudían a Planeamiento 2000, donde también iba el ex alcalde accidental Julián Muñoz para firmarlos.

Ha indicado que cuando se había llegado a un acuerdo con los promotores, "el señor Roca me llamaba a su despacho y me decía vamos a hacer un convenio" y le daba una hoja manuscrita con el precio y la forma de pago. Ha apuntado que imagina que los aprovechamientos también entraban en esa negociación y ha dicho que los promotores, una vez firmado el convenio, "pedían licencia y se la daban".

En este punto, Castañón ha señalado que había "unas prereuniones" en las que Roca "citaba" a los concejales y a algún técnico y en ellas se debatían o examinaban las licencias que iban a llevarse a las comisiones de Gobierno, no obstante, ha precisado que el presunto cerebro de la trama no intervenía en la concesión de esos permisos de obra porque era una decisión política.

La letrada ha manifestado que existía "una relación estrecha" entre el ex alcalde Jesús Gil y Roca, quien "ejercía la potestad en representación de él". "Creo que Gil, dada la confianza extrema en el señor Roca, daba por bueno lo que él hiciera", ha apostillado, y ha apuntado que "he visto a Roca dando muchas órdenes a funcionarios de Urbanismo, pero no sobre los contenidos de los informes".

En el caso concreto de Crucero Banús, ha ratificado que el convenio lo negoció Roca con el ex edil Pedro Román y ha dicho que desconocía que hubiera documento anterior. Ha dicho que en este caso la división de los excesos de aprovechamientos entre el promotor y el Ayuntamiento no se hizo al 50% como era "práctica habitual" y ha apuntado que sólo recuerda otro caso así, el de la casa del actor Sean Connery.

Según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, con el ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública, que cifra estos beneficios en más de seis millones de euros.

Otros testigos
En la sesión de este lunes también ha declarado como testigo otra asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo, Raquel Escobar, quien ha asegurado que, aunque ella dependía orgánicamente de Gil, su jefe "inmediato" era Roca y a pesar de que éste trabajara en Planeamiento 2000 "ejercía las funciones de gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento".

Escobar, cuya comparecencia se tuvo que interrumpir por un problema informático y que continuará declarando este martes, ha dicho que no tenía "prácticamente" relación con Jorge González, el jefe de Servicios Jurídicos de Urbanismo, cuya declaración dio lugar al inicio de la investigación del caso Malaya. Ha añadido que éste manifestó "una clara animadversión" hacia ella.

Ha explicado que cuando fue contratada "no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencia", ya que así "expresamente" lo había exigido el entonces alcalde y que estos permisos se otorgaban según informes técnicos y un informe jurídico de carácter general que había emitido el abogado del Ayuntamiento, José Luis Sierra, aunque a partir de 2003 sí se hacían estos documentos.

En la sesión de este lunes también ha declarado como testigo Joaquín Arteaga, asesor del letrado Juan Hoffman, acusado en esta causa, quien ha asegurado que realizó un estudio "orientativo" de flujo de caja sobre Yambali, una de las sociedades que participaron en la operación. Ha dicho que el abogado era quien le "cantaba" los datos, entre otros, la aportación de Roca a través de tres cheques.

El testigo ha precisado que en el momento de realizar el estudio desconocía quiénes eran los socios de la operación inmobiliaria y que se enteró "más tarde". Además, para justificar que el estudio era "erróneo y que faltan datos", ha señalado que no se contó con contabilidad de otra de las sociedades intervinientes, Lispag, radicada en Suiza.

LA "GÜRTEL" POSEE 44 INMUEBLES EN ANDALUCÍA

La policía ha rastreado los inmuebles que las empresas pantalla atribuidas a Correa, supuesto cabecilla de la trama, compraron en distintos lugares del país

RAÚL BOCANEGRA Sevilla

La policía ha rastreado los inmuebles que las empresas pantalla atribuidas a Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, compraron en distintos lugares del país. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investiga las andanzas de Correa, ha recibido de la Brigada de Blanqueo de Capitales una lista con 65 inmuebles, entre los que se encuentran casas, plazas de aparcamiento, fincas y muelles.

Cuarenta y cuatro de estos inmuebles fueron adquiridos en Andalucía por sociedades creadas supuestamente (Caroki, Creeva, Inversiones Kintamani y Osiris Patrimonial) por los asesores de Correa para blanquear fondos obtenidos ilícitamente. La trama también se hizo con casas en Barcelona, Boadilla del Monte, Majadahonda, Collado Villalba, Las Rozas (Madrid), Ibiza, Altea (Alicante) y Cambados (Pontevedra).


público.es

CORREA Y ROCA HICIERON NEGOCIOS CON LA MISMA URBANIZACIÓN

Ambos comercializaron propiedades del suegro del cabecilla de la trama corrupta en El Embrujo de Marbella

RAÚL BOCANEGRA SEVILLA

La urbanización de lujo El Embrujo de Marbella, que quedó regularizada tras la amnistía al ladrillazo gilista, es el lugar que conecta al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y al cerebro del saqueo de Marbella, Juan Antonio Roca. Emilio Rodríguez Bugallo, empresario gallego fallecido en el verano de 2008 y suegro de Correa, aparece en los sumarios Gürtel y Malaya como el nexo entre ambos.

En varias ocasiones, utilizó los inmuebles de El Embrujo para lograr favores tanto de Roca como de Correa. De esta manera, ambos jefes acabaron haciendo negocios con inmuebles de la misma urbanización, El Embrujo. Por un lado, Roca, según reconoció él mismo, vendió seis pisos a través de su inmobiliaria One Properties. Por otro, Correa, a través de Inversiones Kintamani, trató de hacer negocios con cuatro pisos.

Roca vendió seis pisos a través de su instrumental One Properties

One Properties, según la Fiscalía Anticorrupción, es una de las empresas instrumentales que Roca utilizó para "legitimar bienes ilícitamente obtenidos mediante su transformación con otros activos y bienes, logrando darles una apariencia de licitud". Mientras, Inversiones Kintamani es una de las principales compañías creadas por Correa para la compraventa de bienes inmuebles, según la Policía.

Rodríguez Bugallo, que pagó, según la Fiscalía Anticorrupción, un millón de euros en sobornos a Roca, vendió en 2003, según un informe de la Agencia Tributaria, a Inversiones Kintamani dos casas recién construidas y contiguas en El Embrujo. Una tenía 216 metros cuadrados y por ella Luis de Miguel, presunto testaferro a la sazón de la red Gürtel, abonó 435.733 euros. La otra medía 196 metros, y le costó 288.485 euros. Correa trató de sacar amplios beneficios. De Miguel pactó un año después la venta de la casa de 216 metros por 661.111 euros. Sin embargo, la venta no debió de llevarse a cabo, porque a principios de 2005 alquiló ese piso por 1.600 euros al mes.


"Me das un chollo"
En 2007, se produjo la segunda operación de Correa con su suegro en El Embrujo. Esta vez la lideró Ramón Blanco Balín, que presuntamente sustituyó a De Miguel como cabecilla de la red de blanqueo, según el sumario Gürtel. Poco antes, Rodríguez Bugallo fue implicado en el caso Malaya y tuvo que pagar una fianza para evadir la cárcel de 500.000 euros. Su yerno, Correa, le hace entonces un préstamo.

"Como resultado de su implicación, le ha encargado a Correa que proceda a vender su patrimonio inmobiliario. [Correa] recibe en compensación unas viviendas a precio inferior al de mercado", según un informe policial. "Tengo casi todo cerrado lo de mi suegro. En lo que yo le deje dice Correa en una grabación, me lo paga en pisos de El Embrujo. Le he dejado 300 kilos [de pesetas, 1,8 millones de euros] y me da cinco pisos. Me los deja en 60 kilos, está bien porque se están vendiendo en 100, 120 kilos [de pesetas]. Me das un chollo pero tengo que pagar los trescientos millones".

La Agencia Tributaria, en el marco de la Gürtel, indagó la compra en 2007 por Kintamani de dos viviendas por 330.000 euros cada una. Su valor de mercado es del doble. Estos inmuebles están enfrente de los adquiridos por Correa en 2003. La policía registró las casas de El Embrujo, y encontró planos y listas de precios.


Bugallo financió un helicóptero a Roca

Socios en la sociedad Marbella Airways
El constructor gallego Emilio Rodríguez Bugallo ayudó a Juan Antonio Roca a comprar un helicóptero, según se desprende del sumario ‘Malaya'. Rodríguez Bugallo, que pagó, según la Fiscalía Anticorrupción, un millón de euros en sobornos a Roca a cambio básicamente de aumentos en la edificabilidad de sus pisos, se incorporó a la sociedad Marbella Airways, propiedad de Roca y Juan Hoffman, su presunto testaferro en las operaciones de blanqueo en el extranjero, cuando el cerebro de la ‘Malaya' decidió hacerse con un helicóptero.

Pisos de el embrujo para saldar una deuda
Rodríguez Bugallo pudo utilizar El Embrujo de Marbella en auxilio de Juan Antonio Roca, según el sumario ‘Malaya'. Roca le ofreció saldar una deuda del ayuntamiento con Ismael Pérez Peña, que daba el servicio de grúas. Su intención era anular la deuda con pisos propiedad del suegro de Francisco Correa en El Embrujo.

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DOS PARAÍSOS FISCALES, MARRUECOS Y HOLANDA PONEN TRABAS A LA "GÜRTEL"

El 'cerebro' de la trama ' Gürtel', Francisco Correa. EFE
La falta de cooperación dificulta el rastreo del dinero evadido por la red . Islas Caimán ni ha respondido y la Isla de Man da largas.

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID

La investigación del juez Antonio Pedreira para localizar y bloquear el dinero evadido a otros países por la red Gürtel lleva desde su inicio topando con resistencias internacionales. Especialmente, con la de dos paraísos fiscales ligados al Reino Unido Isla de Man e Islas Caimán pero, también, con la de un Estado de largo pedigrí democrático: Holanda. Y con la del principal aliado de España en el norte de África: Marruecos. De los 15 países o territorios a los que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que instruye el caso ha cursado comisiones rogatorias, los cuatro citados no han dado un solo paso en favor de la cooperación.

Otros Estados o territorios, como Panamá, están colaborando oficialmente, pero de manera parcial, con lentitud y muchas trabas. Y otros, como EEUU, Portugal, Reino Unido, Colombia, Mónaco y, más recientemente, Suiza, han aportado información al juez, según consta en el sumario. En la Confederación Helvética, la red tiene bloqueados 17 millones de euros. En Mónaco, cuatro.

Panamá está cooperando con lentitud y parcialmente

Todo lo anterior se desprende de un informe en poder del Tribunal Superior de Madrid desde hace semanas y al que ha tenido acceso Público. El informe reseña la evolución de las comisiones rogatorias expedidas tanto por el actual instructor del caso, Antonio Pedreira, como por su precedesor, Baltasar Garzón.
 
El refugio del trust de Correa
Lo ocurrido evidencia de nuevo el verdadero papel jugado por los paraísos fiscales. Un ejemplo: el archipiélago caribeño de las Caimán, colonia británica, ni siquiera se ha molestado en denegar la petición de auxilio lanzada desde España. Sencillamente, no ha contestado desde que el 9 de diciembre de 2009 se cursó la rogatoria.

Garzón envió la primera rogatoria siete meses antes de estallar el caso

En las Caimán, el juez Pedreira busca información sobre Correa Sánchez Trust y la sociedad que actuaba como su administradora, Chelmi Ltd. Un informe policial fechado en julio de 2010 certificó con pruebas que Chelmi aportó los fondos para la compra de terrenos en Cartagena de Indias (Colombia).

Por lo que concierne a la Isla de Man situada en el mar de Irlanda y sujeta a la soberanía de la monarca británica, sus autoridades se limitaron a indicar en diciembre de 2009 que dos cuentas por las que preguntaba el juez no se localizan allí, aunque la rogatoria incluía muchas más peticiones. Pedreira insistió en febrero de 2010. Desde entonces, sus autoridades guardan silencio.

Pero el muro de la opacidad no se levanta sólo en paraísos fiscales. En el corazón de Europa, y dos años y medio después de tener en sus manos la primera solicitud de asistencia judicial, Holanda aún no ha entregado ni un papel, a tenor del informe sobre rogatorias.

Rabat sigue dando largas y Países Bajos se escuda en su legislación

Dos años y medio de espera
Países Bajos y su colonia caribeña de las Antillas holandesas, ahora recién convertidas en dos países también dependientes de su antigua metrópolis, fueron los destinatarios de la primera comisión rogatoria del caso. La cursó Garzón el 6 de agosto de 2008; es decir, el mismo día en que abrió las diligencias secretas que, siete meses más tarde, provocarían el estallido del caso, el arresto de Francisco Correa y la imputación de los primeros políticos del PP conectados a la red.

Hasta ahora, y según el informe de rogatorias, la ayuda holandesa ha sido nula. Su comunicación más intensa con España se produjo en agosto de 2010. En una misiva recibida en Madrid el día 18 de ese mes, el reino neerlandés adujo "que según el ordenamiento jurídico holandés, no es posible congelar y embargar dinero de cuentas si ha sido solicitado con el objeto de obtener pruebas de hechos criminales".

En un informe fechado el pasado 23 de julio, la policía explicaba cómo Holanda y su colonia caribeña desempeñan un rol crucial en la red piramidal de sociedades creada por Correa y los suyos. "Existe relataba la policía una relación de dominio piramidal figurando en la cabeza la denominada sociedad principal constituida en un paraíso fiscal, cuyos accionistas y administradores son fiduciarios, y cuyo capital está constituido por acciones al portador". En el siguiente escalón, continúa el informe, "estaría la llamada sociedad agente ubicada en Inglaterra, Madeira u Holanda y finalmente la sociedad en España". Había dos tipos de estructura y en ambas el primer eslabón comenzaba en España. En una, las sociedades finales se localizaban en Nevis. En otra, en las Antillas Holandesas (Curaçao).

Tampoco Marruecos se toma prisas. Nueve meses después de haber recibido la primera rogatoria, Rabat pidió el pasado 27 de septiembre conocer la legislación aplicable al caso. La petición resulta insólita dado que en la rogatoria cursada en diciembre de 2009, como en todas las demás, España ya hacía constar los delitos atribuidos a los investigados.

En Marruecos, Pedreira busca información sobre propiedades de Arturo González Panero, ex alcalde del PP en Boadilla (Madrid) y uno de los primeros imputados en el caso Gürtel. Los documentos incorporados al sumario muestran que Panero compró un apartamento en una urbanización próxima a Tetuán. Pero, hasta ahora, el Gobierno de Abás El Fasi no ha dado ningún signo que indique su disposición a bloquear las cuentas de Panero abiertas en ese país ni a facilitar sus movimientos bancarios.

Las restantes rogatorias han tenido este camino: Islas Vírgenes envió dos cajas de documentos el pasado 22 de octubre. Nevis ha enviado algunos datos sobre bancos. Las rogatorias de Luxemburgo y Singapur [este último, no mencionado en el informe] se cursaron en octubre.

"Países no colaboradores"
Un auto premonitorio

En un auto fechado el 28 de septiembre de 2009 , el juez Pedreira ya lamentó la dificultad de cumplimentar las comisiones rogatorias. Esa dificultad, escribió, "viene determinada por el hecho de tratarse de territorios y/o países, en algunos casos, no colaboradores".

La inquietud de Correa

En una de las conversaciones intervenidas en prisión, Correa habla con su abogado sobre la necesidad de "controlar" las comisiones rogatorias.  

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