lunes, 1 de junio de 2009

EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO DE MUÑOZ Y DEL NIDO EN EL "CASO "MINUTAS"



TRIBUNALES | Auto judicial


José María del Nido y Julián Muñoz en una imagen de archivo de 2005. | elmundo.es











* El magistrado mantiene las imputaciones de otras 16 personas

Marta Sánchez Esparza | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el ex alcalde Julián Muñoz y el presidente del Sevilla F.C. y ex asesor jurídico del Ayuntamiento marbellí, José María del Nido, en el denominado 'caso Minutas', por considerar que existen indicios de que cometieron varios delitos continuados de prevaricación administrativa, asociación ilícita, fraude y malversación de caudales públicos, en relación con las presuntas irregularidades en los encargos efectuados desde el Ayuntamiento de Marbella a los servicios de asistencia jurídica del abogado entre los años 2000 y 2001.

El procedimiento judicial se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción interpuesta en julio del año 2006, y en él figuran como encausados el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, la ex mujer de Del Nido, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y cerca de una decena de ex concejales del GIL en el Consistorio marbellí.

Según la querella de la Fiscalía, Del Nido habría facturado directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, y 1,6 millones procedentes de las sociedades municipales del Consistorio marbellí. La denuncia se produjo después de que el Tribunal de Cuentas remitiera a la Fiscalía el proyecto de informe de fiscalización del Ayuntamiento y sus sociedades durante 2000 y 2001, tras detectar indicios de responsabilidad penal.

El magistrado instructor imputa ahora en su nuevo auto al presidente del Sevilla F.C. delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, aunque en el caso de los tres últimos delitos sólo como cooperador necesario, y no como autor de los mismos. Además, el juez le atribuye un delito continuado de falsedad en documento privado o en documento mercantil.

A Julián Muñoz el juez le acusa de forma indiciaria de delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, así como un delito societario, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Junto a Muñoz y Del Nido el magistrado ha pedido que se continúe el proceso contra otros 16 imputados, entre los que figura Roca, a quien el juez instructor considera responsable de un delito de malversación de caudales públicos y otro delito de fraude. A la ex mujer de José María del Nido, A.C.S., el juez la considera responsable de malversación, prevaricación y fraude.

En cuanto a los ex concejales Tomás Reñones, Marisa Alcalá, Rafael González, Alberto García Muñoz, Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa, el instructor les responsabiliza de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Según el auto del juez, el ex secretario Leopoldo Barrantes sería responsable por su parte de delitos de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.

El juez ha dado traslado del nuevo auto a las partes, y ha instado a la Fiscalía y a la acusación particular a formular sus escritos de conclusiones en el plazo de 30 días. El instructor ha dictado el sobreseimiento libre y archivo de las acusaciones para otras cuatro personas que habían sido imputadas inicialmente en la causa, entre ellas el ex presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, y el ex concejal Victoriano Rodríguez, así como el sobreseimiento provisional respecto de la ex edil Dolores Zurdo, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

ELMUNDO.ES

LÓPEZ VIEJO QUISO SUSTITUIR A CORREA POR EL DUEÑO DE LA DISCOTECA "GABANA"

El ex consejero, imputado en la operación Gürtel

Tito José Pajares San Román es un empresario vinculado al PP y domina y controla la noche madrileña. / EL MUNDO

* Pidió a unos amigos que montaran sociedades que pudieran cubrir los actos

Antonio Rubio | Madrid

"López Viejo intentó quitar de enmedio a Correa y quedarse con todo el negocio. Para ello, pidió a una serie de amigos que montaran sociedades de servicios que pudieran cubrir los actos y eventos de la Comunidad. Uno de esos amigos era Tito Pajares, el dueño de la discoteca Gabana de Madrid". Quien así se expresa es un ex ejecutivo de Special Events, la empresa matriz de Francisco Correa Sánchez, que conocía y conoce perfectamente todo el entramado que había montado Alberto López Viejo, ex concejal de Limpieza del Ayuntamiento y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, alrededor de los eventos y actos electorales que llevaba a cabo el PP en esta circunscripción.

Tito José Pajares San Roman, amigo y conocido de López Viejo, es uno de los propietarios de la discoteca Gabana de Madrid. Se da la circunstancia de que en esa sala musical se celebró la fiesta de despedida de solteros que organizaron Alejandro Agag y Ana Botella el 3 de septiembre de 2002. Y López Viejo, que en aquella época era concejal de Limpieza del Ayuntamiento, se encargó de que la zona colindante con la sala -situada en la calle Velazquez, una de las principales vías de Madrid- estuviera reluciente y cortada al tráfico.

Las desavenencias entre Correa y López Viejo -los dos están imputados en la operación Gürtel- surgieron a raíz de que el primero reclamara judicialmente en el año 2005 una serie de cantidades que le adeudaba el PP, tanto a nivel nacional como de la Comunidad de Madrid. Finalmente, el tema se resolvió amistosamente a mediados de mayo de 2006, pero Correa quedó tocado y dejo de prestar sus servicios a la Comunidad con la intensidad con la que lo venía haciendo hasta esa fecha.

Fue a partir de ese momento cuando López Viejo, según el ex ejecutivo de Special Events, comenzó a trabajar con Tito José Pajares: "El ejemplo más evidente y directo fue el de la sociedad Ilusiona Comunicación que se creó en esa época y comenzó a realizar actos para la Comunidad de Madrid. Detrás de ella estaba Tito Pajares, el dueño de la discoteca Gabana".

Pero lo más llamativo y significativo de todo el entramado montado por López Viejo para dejar fuera a Francisco Correa y a sus empresas, está en que la sociedad Ilusiona Comunicación -siempre según el relato del ayudante del principal implicado en la operación Gürtel-, tuvo que pedir apoyo a Special Events para poder cumplir los compromisos contraídos con la Comunidad de Madrid: "Ilusiona y las otras empresas que empezaron a trabajar para López Viejo no tenían la infraestructura adecuada para montar los actos que contrataban y tenían que pedir ayuda y asesoramiento a Correa".

Esa versión también ha sido corroborada a este periódico por otro de los ejecutivos que trabajó en el grupo empresarial de Francisco Correa hasta el año 2008, que ha confirmado que "López Viejo imponía a sus empresas amigas, y estas, después, subarrendaban el montaje de los eventos a Special Events y Servimadrid Integral, sociedades de Francisco Correa".

Los dos ex ejecutivos del principal implicado en la trama Gürtel coinciden en que "Special Events facturaba a Ilusiona y ella, a su vez, cargaba los importes a la Comunidad de Madrid a través de las correspondientes consejerías". EL MUNDO ha podido confirmar a través del registro mercantil que, efectivamente, Ilusiona Comunicación se constituyó en enero del año 2006, cuando Francisco Correa todavía tenía pendiente varios pleitos contra el PP de Madrid por una serie de impagos. En aquellas fechas, en la sociedad Ilusiona Comunicación figuraba como administrador único Javier Fernández Verea.

Fernández Verea también fue apoderado de las sociedades Servicios Plenos Hoteleros y Velazquez 2000, en las que durante un tiempo figuró como administrador único y apoderado, respectivamente, Tito José Pajares. La presencia de Fernández Verea se produce, una vez más, en otra sociedad que realizó una serie de eventos para la Comunidad de Madrid, Primalia Consulting. EL MUNDO ha tenido acceso a una serie de facturas libradas por esas sociedades (Ilusiona Comunicación, Servicios Plenos Hoteleros y Primalia Consulting) contra la Comunidad de Madrid y que demuestran que López Viejo, ex consejero de Deportes y organizador de los actos y eventos en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre, fue reemplazando a las empresas de Correa por otras que eran cercanas o controladas por sus amigos.

Las facturas, que están en poder de este periódico, están libradas contra la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, son de enero de 2007 y en ellas constan cantidades inferiores a los 12.000 euros, el tope máximo que marca la Ley de Contratos. Esa era la fomula habitual que utilizaban Correa y otras sociedades para evitar los concursos públicos de adjudicación.

La factura de la sociedad Ilusiona Comunicación es del 31 de enero de 2007 y consta que es en concepto de "la instalación de una tarima [�] mesa para presidencia [�]" y algunos otros detalles. En el apartado "referencias" se hace alusión a "presentación Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma)". El importe es de 11.600 euros.La factura de la sociedad Primalia Consulting asciende a 2.500 euros tieen como número de referencia el 701000004y está girada contra la Academia de Policía Local de la Comunidad.

La tercera de las facturas corresponde a la empresa Servicios Plenos Hoteleros, donde fue administrador único Tito José Pajares San Román, uno de los actuales dueños de la discoteca Gabana de Madrid. Está datada el 31 de enero de 2007, corresponde a un catering para 400 personas, asciende a un total de 11.765,72 euros y también está emitida contra la academia de Policía de la Comunidad de Madrid.

EL MUNDO intentó ayer ponerse en contacto con Tito José Pajares y con Javier Fernández, pero ninguno de los dos empresarios respondieron a las llamadas de este periódico.

En el momento de la emisión de las facturas por esas sociedades próximas a López Viejo contra la academia de Policía, ese organismo dependía de la consejería de Justicia e Interior, cuyo titular era Alfredo Prada. Un ex alto cargo de la consejería de Interior y Justicia ha reconocido a este periódico que "López Viejo imponía a todas las consejerías de la Comunidad la empresa que tenía que organizar los eventos donde participaba la presidenta, Esperanza Aguirre".

En la actualidad, Alberto López Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid, y Francisco Correa se encuentran imputados por el Tribunal Superior de Madrid en la operación Gürtel. Uno está en libertad provisional y el otro se encuentra en prisión.

ELMUNDO.ES

UN INFORME INTERNO DE LA JUNTA PRUEBA QUE CHAVES INCUMPLIÓ LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES



CORRUPCIÓN | Se formuló en 2006 para exonerar a su hermano Leonardo


Manuel Chaves, con las banderas de Andalucía y España detrás en un acto en Sevilla el sábado. | Jesús Morón





* La interpretación de la Ley de Incompatibilidades desarma la justificación
* La figura del apoderamiento, clave en la interpretación que se hizo entonces
* Leonardo Chaves no tenía que abstenerse porque otro hermano ya no era apoderado
* La hija de Chaves rubricó la aceptación del incentivo aprobado por su padre

Manuel María Becerro | Sevilla

Un informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta de Andalucía para eximir a un hermano del actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, de haber incumplido la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos, permitiría demostrar que el ex presidente autonómico violó esa normativa de "impulso democrático" al aprobar y firmar el pasado 20 de enero un incentivo de más de diez millones de euros a favor de la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que figura como apoderada su hija.

Por un efecto bumerán, los argumentos esgrimidos hace menos de tres años para mantener en el cargo de director general de la Junta a Leonardo Chaves �tras haber adjudicado a dedo una obra a una empresa en la que, por una argucia legal, no figuraba ya como apoderado otro hermano del ministro de Política Territorial� obligan a concluir que el ex presidente andaluz cometió una infracción "grave" o "muy grave", que se sanciona con su publicación en el Boletín Oficial regional y la imposibilidad de participar en instituciones de la autonomía por un plazo mínimo de tres años.

El 11 de septiembre de 2006, Pedro Rodríguez Bueno, funcionario vinculado a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta de Andalucía, finalizó el informe encargado siete días antes por la antigua titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública María José López, para comprobar si el hasta hace un par de semanas director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves, había incumplido la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos al firmar la adjudicación sin concurso de una obra a favor de la sociedad anónima Climo Cubierta, en la que figuraba como asesor Antonio José Chaves, el mayor de los hermanos del ex presidente andaluz.

El inspector concluyó que en aquel caso no se había producido incumplimiento alguno de la ley, fundamentando su informe en dos aspectos. En primer lugar, destacaba que "en la fecha del contrato referido" el asesor Antonio José Chaves no asumía funciones directivas en Climo Cubierta, resaltándose en este sentido que, como trabajador autónomo, no mantenía "ninguna relación laboral" con la empresa y que había dejado de ser formalmente "apoderado" de dicha firma con año y medio de antelación al día de la adjudicación.

Conviene recordar en este punto que Antonio José Chaves fue accionista y apoderado de Climo Cubierta hasta sólo 11 días antes de publicarse en el BOJA el nombramiento de Leonardo Chaves como director general de la Junta. Ante un juez, el mayor de los hermanos no tuvo el menor reparo en atribuir esa secuencia de hechos a la pura coincidencia, ya que aseguró que se desprendió de todos sus títulos y cargos sin saber que iba a tener a otro hermano en un despacho de la Junta ante el que su empresa iba a pedir contratos y subvenciones.

En el caso del incentivo a Matsa firmado por Chaves, en la fecha en la que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó los casi 10,1 millones de euros a favor de la empresa minera �20 de enero de este año� la abogada Paula Chaves Iborra no sólo mantenía una relación laboral con Aguas Teñidas (que arranca el 2 de julio de 2007, según difundió la propia sociedad minera), sino que además contaba con un apoderamiento que, conforme al Registro Mercantil, le permitía "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes".

Otro elemento que se subraya en el informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta para eximir al hermano de Chaves es que el contrato adjudicado a Climo Cubierta fue "suscrito" el 2 de diciembre de 2005 por otro "apoderado" de dicha sociedad, en concreto José María Gómez Márquez. En el caso de Matsa, fue la hija de Chaves la que suscribió la aceptación del incentivo el 23 de febrero de este año en su condición de apoderada para "dirigir, recibir y contestar notificaciones" como la de la concesión de una ayuda del Gobierno andaluz.

'Relación directa'

El segundo aspecto en el que se basó hace tres años la Inspección para exculpar a Leonardo Chaves es que no estaba "acreditado" que su otro hermano �el asesor Antonio José� hubiera tenido una "relación directa en la adjudicación del contrato de suministro" en cuestión. En el caso de la hija de Chaves, no es ya que su firma figure en el expediente de la ayuda, sino que la propia Matsa reconoció que, como "responsable del departamento jurídico" durante los dos últimos años, sus funciones incluían la "gestión y tramitación de incentivos y ayudas" y "la representación de la sociedad ante cualquier registro o Administración Pública".

Teniendo en cuenta que la solicitud del incentivo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA está fechada en octubre de 2007, esto es, tres meses después de la contratación de Paula Chaves, necesariamente hay que concluir que la hija del ex presidente de la Junta tuvo desde el primer momento la "relación directa" con el expediente que se exige para aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

En su comparecencia del pasado miércoles ante el pleno del Parlamento, el consejero de Innovación, Cienca y Empresa, Martín Soler, excusó a Manuel Chaves de no haberse inhibido en la aprobación de la ayuda porque Matsa no había comunicado que su hija estuviera apoderada para su tramitación. Dejando al margen que, conforme a la versión ofrecida por Aguas Teñidas, era la propia Paula Chaves quien en todo caso tendría que haberse encargado de comunicar su apoderamiento a la Junta con carácter previo a la aprobación del incentivo por su padre, hay que reseñar que el informe sobre Climo Cubierta demuestra que ese dato en realidad no es determinante para exculpar a ningún alto cargo.

La clave es si el familiar del cargo político autonómico está apoderado o no cuando se firma la ayuda, y en este caso nadie puede desmentir que existía un amplísimo poder a favor de Paula Chaves Iborra, ya que se le puede seguir la pista registralmente.

De ahí pueden derivar las reticencias del Gobierno andaluz a volver a reclamar un informe a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta. Preguntado el pasado martes al respecto, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Manuel Pérez Yruela, remitió a lo que dijera al día siguiente el consejero Soler en su comparecencia parlamentaria. Sin embargo, el titular de Innovación guardó silencio en relación a la posibilidad de que los inspectores aclaren si Manuel Chaves se incorporó al Gobierno de la Nación justo después de saltarse a la torera la Ley de Incompatibilidades.

Además

* EL MUNDO en 2' por Pedro J. Ramírez
* Encuentro digital con el director de EL MUNDO de Andalucía
* De Cospedal: 'Si cambió para favorecer a su hija, debe dimitir'
* El parentesco benefició a los allegados al ex presidente andaluz
* Del despacho a la cancha
* Chaves: 'Ni mi hija ni yo tenemos nada que ocultar'

ELMUNDO.ES

LOS COMPAÑEROS DEL SASTRE JOSÉ TOMÁS DECLARAN EN EL TSJ DE VALENCIA

CASO GÜRTEL | Están citados en calidad de testigos

* Los trabajadores de Milano y Forever Young tratarán de aclarar los pedidos
* El primero de ellos declara durante más de dos horas ante el juez Orts

Gema Peñalosa | Francisco Álvarez | Valencia

El 'caso Gürtel' estrena mes, semana y comparecencias. La investigación de la rama valenciana de esta presunta trama corrupta ha llevado este lunes a varios empleados de las tiendas Forever Young y Milano ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El juez que instruye el caso, José Orts, ha citado a declarar como testigos a tres trabajadores de ambas tiendas con el fin de arrojar luz sobre algunos de los capítulos más oscuros de las pesquisas.

Los tres han accedido al juzgado minutos antes de las 11.00 horas, aunque todo indica que las declaraciones pueden prolongarse a lo largo del día. De hecho, sólo el primero ha permanecido más de dos horas ante el juez. Ha abandonado la sede del TSJ pasadas las 13 horas.

Orts incidirá con sus preguntas en las contradicciones del sastre José Tomás y sus continuos cambios en la versión de los hechos. No en vano, ha pasado de exculpar al presidente valenciano, Francisco Camps, en un primer momento, afirmando públicamente que pagó sus trajes, a desmentirlo ante Baltasar Garzón.

El modisto atribuye estas diferencias sustanciales en la declaración a las presiones a las que era sometido por su empresa, que incluso ha llegado a calificarlas de mobbing. Tomás fue despedido días después de estallar el caso 'Gürtel' acusado de realizar una doble contabilidad en su beneficio.

Con la declaración de los compañeros de trabajo de Tomás se inaugura la tecera semana de comparecencias desde que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumiera la causa. Por el momento el magistrado no tiene previsto citar a nuevos testigos.

Orts cuenta ya con las versiones de todos los relacionados con la trama. Han declarado la totalidad de imputados, con el presidente de la Generalitat y el 'número dos' del PP valenciano, Ricardo Costa, a la cabeza.

Todos ellos, excepto Camps, mantienen que pagaron su ropa a través de Álvaro Pérez, al que entregaron el importe en metálico para que saldara la deuda. El líder del PP valenciano asegura, en cambio, que abonó él mismo las prendas al contado porque nunca utiliza trajeta de crédito.

En las últimas semana han comparecido, además, un importante número de testigos. Desde el sastre José Tomás a los 35 altos cargos del Consell responsables de la adjudicación de contratos menores a Orange Market. Pasando por los contables de Forever Young y Milano.

Con toda esta información, el juez instructor deberá determinar si Camps y varios líderes del PP valenciano recibieron regalos de Orange Market a cambio de una adjudicación, como apunta la Fiscalía. De ser así, se mantendrían las acusaciones de cohecho en un futuro juicio. De lo contrario, el caso será archivado.

Además

* Admite que Forever Young 'fabricó' facturas para Orange Market
* Los funcionarios niegan presiones para contratar a 'El Bigotes'
* Declaración: Camps | Costa | Campos | El Bigotes | J. Tomás
* La rama valenciana del caso 'Gürtel', paso a paso

ELMUNDO.ES

EL JUEZ ENVÍA A PRISIÓN POR COHECHO A OTRO CONSTRUCTOR DE LANZAROTE

'OPERACIÓN UNIÓN' | Trama de corrupción

* El constructor Lluis Lleó fue arrestado el pasado jueves en Reus (Tarragona)
* Es el sexto imputado en esta trama que el juez envía a la cárcel

Efe | Lanzarote

El juez del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha enviado esta madrugada a prisión a otro constructor detenido por la trama de corrupción de Lanzarote, Lluis Lleó Khunel, quien fue arrestado el pasado jueves en Reus (Tarragona).

Lluis Lleó ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por dos delitos de cohecho, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Este es el sexto imputado en la 'operación Unión' que ingresa en prisión acusado de participar en esta red que cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias.

Los otros imputados que han sido enviados a prisión por este caso son Dimas Martín, líder del PIL que ya cumplía condena por otros delitos, quien ha sido imputado por cohecho y tráfico de influencias; Ubaldo Becerra, ex teniente de alcalde de Arrecife y encargado del Plan General, por cohecho; José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda y Urbanismo, por cohecho; Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, por cohecho; y Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo de la isla, por cohecho.

El juez también ha decidido poner en libertad sin fianza, con cargo de cohecho, al empresario Eugenio Romero Betancort, que es vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote.

En las últimas horas se han practicado dos entradas y registros más, según el juzgado.

El instructor del caso dejó el domingo en libertad con cargos de cohecho a los empresarios Manuel Gregorio Reina Fabre, Antonio Gómez Ruiz y Fermín Curbelo, quienes fueron arrestados el pasado jueves, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mantiene abierta la 'operación Unión', en la que ha detenido a veinte personas por corrupción municipal y urbanística en Lanzarote, y no descarta nuevos implicados en los próximos días, han informado fuentes de la investigación.

Hasta el momento, desde el pasado lunes, día 25, han sido detenidos en la 'operación Unión' 20 personas, entre cargos públicos, funcionarios, intermediarios y empresarios.

ELMUNDO.ES

ADMITEN LA PERSONACIÓN DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS EN EL "CASO GÜRTEL"

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite la "personación con querella" presentada por el PSPV-PSOE por un delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de imputados valencianos en la investigación judicial del "caso Gürtel".

Así lo han asegurado fuentes del partido, que han indicado además que el juez no ha fijado una fianza para la personación en este caso que instruye el TSJCV.

La querella, que fue formalizada el pasado martes por el PSPV-PSOE, va dirigida contra Camps, el portavoz parlamentario del PP en Les Corts, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consejo de Gobierno, Víctor Campos, y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

El día en que se presentó, el portavoz del grupo socialista en Las Cortes, Ángel Luna, puntualizó que no descartan que esta querella pueda ampliarse en función de cómo avancen las investigaciones del TSJCV "y a que las actuaciones que se lleven a efecto puedan determinar que hay otros posibles delitos".

El portavoz socialista garantizó entonces que desde el PSPV no se hará "ningún espectáculo de este asunto", ya que no quieren "presionar a los jueces y tribunales de ninguna de las maneras".

Luna justificó la personación en que el PSPV entiende que debe defender "los intereses de los valencianos" y "el funcionamiento imparcial y objetivo de una Administración", aunque ha aclarado que los debates políticos seguirán planteándolos en Las Cortes.

La querella, de la que el grupo socialista no quiso distribuir copias entre los medios de comunicación, garantiza la personación del partido en la causa y el acceso al sumario cuando éste se levante.

ABC.ES

EL EX ALCALDE DE ALMONASTER ES AHORA DIRECTOR TÉCNICO DE MATSA

El que fuera alcalde de Almonaster La Real de 2000 a 2007, el socialista Francisco García Ruiz, fue nombrado director de Relaciones Públicas de Minas de Aguas Teñidas.

Su cometido era y es velar por las buenas relaciones de la empresa con la sociedad y con las diferentes administraciones.

* Un dictamen probaría la actuación irregular de Chaves
* "El hombre más honesto de Andalucía"
* Tela de araña: Chaves & asociados

LD (Pedro de Tena) Asimismo, desde su nuevo puesto se ocupa de mantener un buen ambiente de trabajo entre los empleados de la compañía. Naturalmente, cuando era alcalde ayudó a la empresa canadiense de la que es apoderada Paula Chaves en todo lo que pudo.

La empresa le ha pagado con generosidad. Según La Razón, "el ex alcalde socialista de Almonaster, que concedió la primera licencia a Minas de Aguas Teñidas, fue fichado posteriormente por la multinacional canadiense como relaciones públicas de la empresa en Almonaster con un sueldo que rondaría los 6.000 euros mensuales, más coche y dietas". Lo firma el periodista Pepe Fernández.

Una de las pruebas documentales de este hecho es el siguiente perfil que aparecía en el número de febrero del 2008 de la revista Heconomía:


Asimismo, que el ex alcalde ayudó a la empresa es innegable. Por ejemplo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva aparece lo siguiente:

LIBERTADDIGITAL.COM

AGUIRRE ADJUDICÓ MÁS DE 200 CONTRATOS A LOS DONANTES DE FUNDESCAM


Seis de las empresas que financiaron esta fundación del PP durante las campañas de Esperanza Aguirre consiguieron después más de 300 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de Madrid





Esperanza Aguirre, en una imagen de la semana pasada. EDU BAYER

I. ESCOLAR / A. GUTIÉRREZ - MADRID

Entre los donantes que aportaron fondos a Fundescam no sólo había empresas que en aquel momento, en el año 2003, ya cobraban del Estado a través de numerosos contratos con administraciones gobernadas por el PP. Después de las elecciones, varias de ellas lograron buenos negocios con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Varios de estos contratos han sido denunciados ante los tribunales

Según los datos del Registro de Contratos, seis de las empresas o empresarios que aportaron donativos a esta desconocida fundación del PP de Madrid justo durante la campaña electoral de Esperanza Aguirre consiguieron después, a través de varios organismos que dependen de la Comunidad de Madrid, más de 300 millones de euros en adjudicaciones por medio de más de 200 contratos distintos. En cualquier caso, esa cifra es sólo orientativa y a la baja, dado que en el Registro de Contratos no figuran todos los adjudicados por el Gobierno de Madrid. Y los que figuran se incorporan muchas veces a la base de datos con años de retraso.

De hecho, sólo 24 de 205 contratos analizados se adjudicaron en 2008 y no aparece ninguno de 2009. De este total, 84 se otorgaron mediante procedimiento negociado y sólo 11 previa subasta. Varias de estas adjudicaciones han sido objeto de polémica y alguna, como es el caso de una adjudicación a Siemens, ha acabado en los tribunales.
El PSM llevará el caso ante la Fiscalía Anticorrupción este jueves

Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, anunció el pasado 23 de mayo su intención de llevar el caso Fundescam hasta los tribunales: "Hay sospechas para relacionar la financiación irregular del PP de Madrid con la concesión de contratos a las empresas que han beneficiado económicamente los procesos electorales del PP y Aguirre".

Special Events facturó a Fundescam gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en las mismas fechas mayo de 2003, octubre de 2003 y marzo de 2004 en las que se recibieron los donativos de estas empresas. La semana pasada, el Partido Socialista de Madrid denunció este escándalo ante la Inspección de Hacienda y la Junta electoral. Mañana los socialistas tienen previsto presentar una tercera querella ante el Tribunal de Cuentas y el jueves han anunciado que elevarán el caso Fundescam a la Fiscalía Anticorrupción.
Las pruebas

Quiénes dieron los donativos

Los ingresos. Casi 800.000 euros en donativos antes de las elecciones
Una veintena de empresas y empresarios donaron a esta fundación del PP de Madrid cerca de 800.000 euros. Según los documentos de la contabilidad de Fundescam a los que ha tenido acceso ‘Público’, todos los pagos llegaban en los meses de 2003 y 2004 en los que se produjeron campañas electorales: en la víspera de las dos autonómicas del ‘tamayazo’ y también los días antes de las generales de 2004. La mayoría de los donantes firmaron los justificantes de los donativos y muchos de ellos ya tenían contratos públicos.

En qué se gastó el dinero

Los pagos. Correa facturó a Fundescam y también a FAES
Dos documentos difundidos por ‘Público’ demuestran que Special Events facturó gastos de la campaña de Aguirre tanto a Fundescam como a FAES. El primero, con el membrete de la Tesorería del PP de Madrid, detalla los pagos que realizó el partido y FAES a esta empresa de la ‘trama Gürtel’, los números de los cheques y las facturas pendientes. El tercero es un listado de Special Events donde aparecen los “conceptos reales” de varias facturas endosadas al PP de Madrid y Fundescam. Special Events demandó en 2005 al PP por los pagos pendientes. El PP de Aguirre accedió a pagar.

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PÚBLICO.ES