martes, 17 de marzo de 2009

CORREA COMPARECE DE NUEVO ANTE GARZÓN PARA ABRIR SU CORESPONDENCIA

Acude a la Audiencia junto a los otros dos encarcelados
La imagen de Francisco Correa antes, y ahora en la ficha policial. | Veo7

La imagen de Francisco Correa antes, y ahora en la ficha policial. | Veo7

  • El juez pide que se lean sus cartas en presencia de los imputados
  • El líder de la trama llegó esposado y con un aspecto desmejorado

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado había ordenado que se abriera su correo y se leyera en su presencia el contenido de las cartas que les envían a la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresaron el pasado 11 de febrero, para comprobar si tienen relación con la investigación.

Si el juez determina que las misivas recibidas pueden tener algún interés en el 'caso Gürtel' se acordará su incorporación a la causa y, en caso contrario, se entregarán a los receptores, que se encuentran en prisión preventiva acusados de asociación ilícita, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Se trata de un trámite que habitualmente se hace en prisión, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) permite al juez ordenar que haga delante de él.

El primero en comparecer ante Garzón ha sido Correa, que entró a las 13.10 horas en el despacho, esposado, con aspecto desmejorado y vistiendo vaqueros y la misma americana azul con coderas marrones que llevaba el día que declaró por primera vez ante el magistrado.

Correa permaneció 25 minutos en el despacho y salió sosteniendo en sus manos una carta, mientras que su primo Antoine Sánchez salió 10 minutos después de entrar en el juzgado y, al ser preguntado por los periodistas por el motivo de su comparecencia ante Garzón, ha contestado que venía "para saludar al juez".

El juez sigue instruyendo el 'caso Gürtel', al menos, hasta que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia contesten si asumen esta causa tras haberse inhibido en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales de ambas comunidades autónomas.

Así, mañana tiene previsto tomar declaración a partir de las 10.00 horas a otros seis nuevos imputados, entre los que destacan los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y de Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.

El TSJM espera el informe de la Fiscalía para asumir el caso

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado dos días de plazo a la Fiscalía para que le informe de si debe o no asumir la parte de la investigación relacionada con aforados de la Comunidad de Madrid tras recibir el lunes las cinco cajas con documentación procedentes del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Una vez recibido el informe del fiscal, el tribunal tomará una decisión sobre si es o no competente para investigar el caso, que se comunicará mediante un auto que será redactado por el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieria, que ha sido designado ponente, según ha informado este órgano judicial.

La ramificación madrileña de la trama implica a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno regional; Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. En un auto notificado el pasado día 5, el magistrado relata que López Viejo hizo operaciones con la trama presuntamente dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros, Bosch por 250.572 y Martín Vasco por un importe de 437.176, lo que ascendería a 1.250.728 euros.

Garzón considera que los tres aforados podrían haber cometido los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y asociación ilícita.


ELMUNDO.ES

IMPUTAN A UN ALTO CARGO POLICIAL POR ACEPTAR SOBORNOS DE PROSTÍBULOS DE BARCELONA

De los clubes Riviera y Saratoga

La entrada del club Saratoga, cerrado desde el día 7. | Antonio Moreno

La entrada del club Saratoga, cerrado desde el día 7. | Antonio Moreno

  • Entre los implicados está el Director de la Unidad contra Redes de Inmigración
  • El fiscal ha pedido para él prisión eludible con una fianza de 5.000 euros
  • Su antecesor en el cargo también está imputado por alertar de redadas

La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que investiga una supuesta connivencia entre mandos y agentes policiales y los dos prostíbulos más grandes del área de Barcelona -el Riviera y el Saratoga, ambos de Castelldefels-, decidirá el jueves si ordena o no su ingreso su prisión, por los delitos de cohecho y revelación de secretos, entre otros.

Tras meses de investigación, la jueza ordenó la semana pasada el cierre provisional, por seis meses, del Riviera y el Saratoga, y envió a la cárcel a uno de los propietarios del Rivera, Antonio H., y a otro del Saratoga, Raul P., acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución ilegal.

La juez ha dado un paso más y ha centrado su actividad en contra de la actuación supuestamente corrupta de mandos y agentes de la Policía Nacional, que al parecer aprovechaban su cargo y su información para interceder en favor de los prostíbulos a cambio de un beneficio personal.

Esta parte de la investigación sobre supuesta corrupción policial se inició a raíz de una querella que la Fiscalía presentó contra el ex inspector jefe del grupo de Extranjería y Documentación José Javier M.P., tras ser denunciado por el propietario de un club de alterne por un delito de cohecho.

En una maratoniana jornada, la juez ha tomado declaración como imputados al ex jefe de la Ucrif Andrés O., para quien el fiscal ha pedido prisión sin fianza, y para su sucesor y actual director jefe de la Ucrif en Barcelona, A.N., para quien el fiscal ha reclamado prisión con una fianza de 5.000 euros, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

Ambos están acusados entre otros de los delitos de cohecho y revelación de secretos y conocerán mañana la decisión de la jueza sobre si acepta o no la petición de la fiscalía para mandarles a la cárcel.

Durante su declaración, A.N., a quien se le han reproducido conversaciones telefónicas suyas que habían sido intervenidas, ha negado haber aceptado cualquier soborno por parte de los prostíbulos y ha asegurado que estaba muy tranquilo porque no tenía nada que esconder.

Dos agentes en libertad con cargos

También han declarado como imputados un agente actualmente destinado a la Ucrif de Alicante, José María M., y un ex subinspector de la Ucrif de Barcelona, Ignacio L., que han quedado en libertad con cargos.

Se da el caso de que actualmente Andrés O. es el jefe de seguridad de una importante empresa de relojes y que Ignacio L. también trabaja como vigilante para la misma compañía.

En su declaración ante la juez, José María M., a quien también le han reproducido conversaciones telefónicas suyas, ha asegurado que su relación con los dos prostíbulos es "estrictamente profesional" y ha remarcado que no tiene nada que ver con los sobornos.

La investigación del caso sigue abierta, por lo que no se descarta que en los próximos días la juez cite a declarar como imputados a otros mandos o agentes de la Policía Nacional por su supuesta vinculación con este caso.

En la causa, que está bajo secreto de sumario, también han quedado en libertad con cargos en los últimos días otros dueños del Saratoga, José Carlos H., y del Riviera, José V.

Los dos macro-burdeles, los mayores de Barcelona, han sido objeto en varias ocasiones, a lo largo de los últimos años, de diversas redadas policiales, en la mayoría de los casos porque las mujeres que ejercían la prostitución en estos locales carecían de permiso de residencia.


EL MUNDO.ES

EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS PÚBLICOS

En una reunión con Ignacio González, le prometieron una cita con Jesús Sepúlveda para la adjudicación de un polideportivo en Pozuelo. Le dieron la información siete meses antes de que saliera el concurso


Carlos Martín, administrador único de Preston & Child y monitor de pádel de Ignacio González, en una imagen tomada ayer. - DANI POZO / ÁNGEL NAVARRETE
MANUEL RICO - MADRID

Carlos Martín, profesor de pádel del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aprovecha sus contactos políticos para actuar como intermediario en la adjudicación de contratos públicos. El año pasado medió ante el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para la concesión de un polideportivo. Carlos Martín consiguió la primera cita con el regidor de Pozuelo tras una reunión con Ignacio González, la persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre, y con el viceconsejero de Medio Ambiente.

Carlos Martín actuaba en este caso como intermediario de Ingesport. En un escrito que le envió al presidente de esta sociedad, Gabriel Sáez, le culpó de que no se cerrase el trato: "Quizá no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar". Todos estos datos constan en los correos electrónicos que intercambiaron ambos, a los que ha tenido acceso Público.

Jesús Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo el pasado 6 de marzo, tras ser imputado por Baltasar Garzón en el caso Gürtel. El juez lo acusa de embolsarse 422.992 euros de la trama que dirigía Francisco Correa a cambio de favorecer a sus empresas. El ex regidor, que niega cualquier actuación ilegal, sigue siendo concejal del PP en Pozuelo.

Dinero de la Comunidad

Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos, fue primero profesor de pádel en el exclusivo spa del hotel NH Eurobuilding y después director comercial de Ingesport. En febrero de 2007 decidió volar más alto y convertirse en empresario. Compró la sociedad Preston & Child y firmó un contrato mercantil con Ingesport, aunque sin establecer una relación de exclusividad. Es decir, Carlos Martín podía hacer otros negocios por su cuenta.

Martín se reunió con el alcalde y el concejal de Deportes de Pozuelo

En dicho contrato se establece que Preston & Child recibirá 75.000 euros, IVA no incluido, por cada "concesión administrativa" que consiga para Ingesport.

El 19 de diciembre de 2007, Martín le escribió un largo correo electrónico a Sáez, en el que repasa "los asuntos comerciales pendientes".

"Tenemos buenos padrinos"

Uno de esos temas implica al vicepresidente González y al viceconsejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. El contenido es el siguiente: "Me ha prometido el vice-consejero de Medio Ambiente delante de I. González que nos ponen cita para hablar sobre el polideportivo que se va a hacer en Pozuelo con el alcalde. Según me han dicho va a ser impresionante y a día de hoy no tienen ningún compromiso y creo que tenemos buenos padrinos".

Aseguró que el trato no se había cerrado por "no soltar lo que había que soltar"

Hay que tener en cuenta que el concurso para la gestión del polideportivo del Valle de las Cañas no se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 1 de agosto de 2008. Por tanto, González y Beltrán estaban informando a Martín con siete meses de antelación.

Las puertas de la Alcaldía de Pozuelo se abrieron pronto para Martín. Y las conversaciones se iniciaron de forma fructífera. Tanto que, el 25 de febrero de 2008, el dueño de Preston & Child dio por cerrado el asunto. Ese día, a las 20.42, escribió un mensaje a Sáez comunicándole las buenas noticias: "Gabri, ya he vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo (quedó en que nos llamaba el concejal de deportes, según el alcalde)". El concejal de Deportes es Ignacio Costa.

Pero las cosas terminan torciéndose. A finales de marzo, en el mismo correo en el que Martín le envía a Ingesport su factura de ese mes (tenía un fijo de 5.800 euros con independencia de las comisiones), el profesor de pádel reconvertido en conseguidor escribe un breve texto: "Os envío la factura correspondiente, con respecto a las demás entregas lo que más urge es Pozuelo".

"Yo tengo mis contactos"

En las semanas siguientes, Sáez y Martín tienen varias discusiones. El presidente de Ingesport se queja de que Martín no cumple con su trabajo y que su contrato es muy "costoso" para la compañía. El dueño de Preston & Child responde indignado defendiendo su trabajo: "Yo no firmé para objetivos a corto plazo ni para hacer venta por puertas, yo tengo mis contactos y de ellos a medio plazo saldrán sus frutos".

Pero Martín no se queda ahí. También aprovecha para culpar a Sáez del fracaso de algunas gestiones: "Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar".

PÚBLICO.ES

LA FISCALÍA DE MÁLAGA PRESENTA 5 DENUNCIAS CONTRA EL ALCALDE DE VIÑUELA POR LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE


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MÁLAGA, (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha presentado cinco denuncias contra el alcalde de Viñuela (Málaga), Juan Millán (PSOE), por conceder por decreto varias licencias presuntamente irregulares para la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, lo que para el fiscal podría constituir cinco delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos continuado.

Según las denuncias del ministerio público, a las que tuvo acceso Europa Press, presuntamente, el regidor concedió estos permisos en 2003 y 2004 para viviendas unifamiliares, "a sabiendas de que no podían concederse" y, por tanto, que los decretos dictados resultaban ser "una decisión totalmente arbitraria e injusta". En tres casos, la concesión fue a empresas.

En tres de los escritos, el fiscal señala que existe informe jurídico en el que se especificaba el procedimiento a seguir para conceder las licencias, aunque no se siguió dicha tramitación. En estos casos, no se realizó informe técnico sobre la adecuación de la licencia a las normas urbanísticas, aunque en el proyecto técnico se hacía constar que se trataba de suelo no urbanizable.

La acusación pública determina en sus denuncias que en ese momento la normativa aplicable era la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que las normas subsidiarias de planeamiento de Viñuela, aunque, aprobadas por la comisión provincial en octubre de 1996, no han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Por otro lado, en otros dos casos no existen informes jurídicos concretos, sino sólo un documento de la Secretaría del Ayuntamiento "genérico respecto de la normativa aplicable, pero no específico sobre la solicitud concreta". Tampoco existe en estas licencias informe técnico sobre adecuación.

Una de estas denuncias imputa al alcalde un delito urbanístico de carácter continuado, por conceder licencias de obra para dos viviendas unifamiliares. La Fiscalía abrió varias diligencias de investigación a raíz de un único atestado realizado por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

El fiscal solicita al Consistorio un informe técnico sobre la calificación y clasificación del suelo y que los técnicos de la Delegación de Obras Públicas realicen una inspección del terreno y un documento sobre la posibilidad o no de legalizar las obras.

Millán está pendiente de ser juzgado también por la concesión de licencias para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes, hechos por los que la Fiscalía malagueña solicita un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado, como alcalde de dicho municipio, concedió mediante dos decretos de agosto de 2001 y otro de octubre de 2003 sendas licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en Pago Guerrero, actuando "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela".

EUROPAPRESS.ES

JUZGADO ABRE DILIGENCIAS POR UN PRESUNTO DELITO DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO CEUTÍ CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO


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CEUTA, (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha decidido abrir diligencias previas por un presunto delito penal contra la Ordenación del Territorio contra el consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, Juan Manuel Doncel, por conceder en julio de 2007 una licencia de obras para una promoción de viviendas en la calle Martín Cebollino, en pleno centro de Ceuta, a pesar de que dos años antes, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había anulado el estudio de detalle de la zona al ender que era imprescindible una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollarlo.

Según explicaron fuentes judiciales a Europa Press, la primera decisión del juzgado, al que la Fiscalía remitió la denuncia presentada en noviembre pasado por el principal grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU, ha sido librar un oficio al Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (Coace) para que este aporte todas las certificaciones que sobre el asunto obren en su poder y exponga su visión del caso.

El Código Penal prevé penas por este delito de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años y de entre seis meses y dos años de cárcel para las autoridades o funcionarios públicos que, "a sabiendas de su injusticia", hayan informado favorablemente proyectos de edificación "o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes".

El consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, Juan Manuel Doncel (PP), aseguró tras conocer la denuncia del portavoz de UDCE-IU, Mohamed Ali, que su departamento no había concedido "ninguna" licencia en base al estudio de detalle anulado por el TSJA, sino ateniéndose al planeamiento urbanístico vigente para esa zona. Además, el consejero acusó al líder de la oposición de perseguir únicamente "crispar" la vida política local y de formular acusaciones "precipitadas y carentes de fundamento".

EUROPAPRESS.ES

EL JUZGADO ABRE DILIGENCIAS CONTRA EL CONSEJERO DE FOMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA POR UN PRESUNTO DELITO PENAL POR EL CASO MARTÍN CEBOLLINO


Escrito por CAD
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha decidido abrir diligencias previas por un presunto delito penal contra la Ordenación del Territorio contra el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, por conceder en julio de 2007 una licencia de obras para una promoción de viviendas en la calle Martín Cebollino, a pesar de que dos años antes, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había anulado el estudio de detalle de la zona al entender que era imprescindible una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollarlo, según informa Europa Press.

La primera decisión del juzgado, al que la Fiscalía remitió la denuncia presentada por UDCE-IU , ha sido librar un oficio al Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta para que este aporte todas las certificaciones que sobre el asunto obren en su poder y exponga su visión del caso. El Código Penal prevé penas por este delito de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años y de entre seis meses y dos años de cárcel para las autoridades o funcionarios públicos que, "a sabiendas de su injusticia", hayan informado favorablemente proyectos de edificación "o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes".


Doncel aseguró tras conocer la denuncia de Mohamed Ali que su departamento no había concedido "ninguna" licencia en base al estudio de detalle anulado por el TSJA, sino ateniéndose al planeamiento urbanístico vigente para esa zona. Además, el consejero acusó al líder de la oposición de perseguir únicamente "crispar" la vida política local y de formular acusaciones "precipitadas y carentes de fundamento".

CEUTA AL DÍA.COM


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NADAL SE ENFRENTA A DELITOS DE MALVERSACIÓN, REVELACIÓN DE SECRETOS, Y PREVARICACIÓN


Declarará el 30 de abril

El presidente de UM, Miquel Nadal, que ayer fue citado a declarar el próximo 30 de abril como imputado dentro del caso Can Domenge, deberá comparecer por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos oficiales y prevaricación, que figuran en la querella interpuesta por la empresa Núñez y Navarro a principios de 2007 contra una veintena de cargos de UM y PP que en la pasada legislatura votaron a favor de la adjudicación de estos solares. No obstante, ninguno de estos delitos figura en la imputación de Miquel Nadal.

Fuentes judiciales señalan que Nadal, quien será asistido por el abogado Eduardo Valdivia, declarará así ante la magistrada del juzgado de instrucción número 12, Mari Carmen González, para ofrecer explicaciones sobre su supuesta implicación en torno al concurso convocado en 2006 por el Consell de Mallorca para enajenar los terrenos de Can Domenge, del que resultó ganadora la UTE formada por Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur por un precio muy inferior a su valor de mercado.

Pese a que Núñez y Navarro participó en la convocatoria ofreciendo 60 millones de euros, el solar fue adjudicado finalmente a Sacresa-Ferrà-Tur por la mitad (30 millones). Es por ello que el empresario Josep Lluís Núñez, propietario de la empresa y personado en la causa como acusación popular, presentó una querella contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.

Respecto a la comparecencia del próximo 30 de abril, Nadal se ha mostrado convencido de su "inocencia" en este caso, y ha expresado su "máximo interés" en resolver este asunto "cuanto antes". Asimismo, añadió que no tiene "ningún impedimento" en prestar declaración y lo hará "las veces que sea necesario", al tiempo que mostró su total disposición a colaborar con la justicia. Junto a Nadal, otros cargos que también se encuentran imputados, entre otros políticos, el diputado del Grupo Mixto en el Parlament y ex vicepresidente del Consell, Bartomeu Vicens, y el portavoz de UM en la Institución Insular, Miquel Àngel Flaquer.

El pasado mes de enero la presidenta del Consell, Francina Armengol, firmó el decreto de resolución del contrato firmado en 2006 entre la Institución Insular, presidida entonces por Munar, y la UTE adjudicataria del concurso de enajenación, que contemplaba la construcción de 600 viviendas de alto estanding. La máxima responsable del Consell adoptó esta decisión tras tener conocimiento del contenido del informe externo que encargó el Consell al letrado Miguel Coca, que en un documento de 34 páginas concluía que lo más oportuno era rescindir el contrato a la UTE tras el incumplimiento flagrante de los plazos en la ejecución de las obras de construcción de las viviendas previstas en dicho solar.

ELMUNDO.ES

EL "SASTRE" FUE DESPEDIDO POR FALSIFICAR FACTURAS Y DEJAR UN AGUJERO DE 506.969 EUROS


«Forever Young» le ha denunciado por emitir facturas falsas en un sótano y desmonta el grueso de las acusaciones de José Tomás contra Camps y Costa

N.C / N.V /I.R | MADRID / VALENCIA
«La desvergüenza del sastre no tiene límites (...) José Tomás no es sastre, no tiene conocimientos de corte ni de confección, no sabe hacer un patrón, no sabe coser... es un vendedor». Es sólo una de las cuestiones que precisa el administrador único de la tienda de ropa «Forever Young», Eduardo Hinojosa, en la ampliación de la denuncia presentada contra el «falso» sastre, recientemente imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el «caso Gürtel». Ni el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ni el secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa, encargaron nunca trajes a medida en este establecimiento; si alguna vez compraron ropa allí, se la llevaron y la pagaron en el momento, razón ésta por la que ninguno de los dos figura en la base de datos de la empresa, que José Tomás «tomó como si fuera su cortijo».
En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, Hinojosa deja claro que era Tomás el que falseaba las facturas escondiéndose en el sótano de la tienda de la calle Serrano de Madrid y utilizando un programa informático diferente al de la contabilidad del establecimiento. «Forever Young» se enteró de la existencia de estas facturas falsas cuando el falso sastre «las pide porque le falta una y la necesita para presentarla ante Garzón». El administrador de la empresa niega, como ha dicho Tomás, que su despido —el pasado 11 de febrero— se haya producido por su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional en el «caso Gürtel». Por el contrario, además de dejar un agujero de 506.969 euros, prescindieron de sus servicios por su «desidia, apatía y falta de control».

A continuación, reproducimos extractado el contenido de la ampliación de la denuncia de «Forever Young» contra el falso sastre.

DESPIDO

No fue por declarar ante el juez


«A don José Tomás se le despide por ordenar la confección de facturas falsas, no por tener que declarar ante nadie como testigo, que, además de una obligación legal, es una obligación moral». Tomás se ha reconocido autor de esas facturas falsas, motivo por el que el juez, sostiene el escrito, ha cambiado su condición a la de imputado.
«Lo cierto del despido de don José Tomás es que fue contratado para vender; que él impulsó en la compañía la venta de trajes de confección (que antes no se hacían); que él impulsó la implantación del negocio en la tienda de Serrano, 25 de Madrid», cuyo contrato negoció él mismo, «y que después de todo ello no se han cumplido ni por aproximación los presupuestos indicados por el propio José Tomás: todo humo».

SECRETO DE SUMARIO


Perjuicio a la imagen de la tienda


«Es sorprendente que estando decretado el secreto del sumario y habiendo recibido todos los declarantes las oportunas advertencias, José Tomás conceda una entrevista» el domingo a un medio de comunicación. Igual de sorprendente resulta, según la denuncia, que «siendo pública y notoria la declaración de secreto sumarial», haya un periodista que entreviste a un imputado y que la publicación «lo publicite y en primera página. ¿Acaso no sabe ni el periodista ni el director del periódico que no se pueden divulgar los contenidos del sumario que está declarado secreto? ¿O es que acaso sí lo saben pero dejan que el sastre cometa la irregularidad penal pensando que a ellos no les afecta?». La imagen del denunciante y de su empresa que queda entre el público «es deleznable, falsa, torticera y vergonzosa». La entrevista, asegura la denuncia, fue anunciada a «bombo y platillo» por el propio Tomás en las puertas de la tienda de la Calle Serrano, donde el sastre acudió el pasado 13 de marzo. Al día siguiente, Hinojosa le remitió una carta por burofax para recordarle que «tiene prohibido ir a las tiendas» porque «incordia» a los trabajadores.

FALSO OFICIO


Ni es sastre ni sabe corte y confección


«José Tomás en realidad es un vendedor. No es sastre, no tiene conocimientos de corte ni de confección, no sabe hacer un patrón, no sabe aplomar un traje, no sabe coser, no sabe hilvanar, no sabe cortar». «Sí sabe marcar para que se acorte el largo de unos pantalones o para que se estreche o ensanche una chaqueta y poco más», pero eso no significa que sea sastre. La denuncia niega que José Tomás «confeccionara los trajes a nadie». En «Forever Young» quien los confecciona son «empresas de taller de medida industrial o semitradicional». También es falso, prosigue el relato de Hinojosa al titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, que esta firma «sea una continuación de “Milano”» (para la que también trabajó Tomás y elaboró facturas falsas). El presidente de «Forever Young» asegura que «dimitió de todos sus cargos en la empresa familiar de Cortefiel (que incluye Milano) en 1998. Desde entonces no ha tenido nada que ver con esa compañía». El único que ha tenido una trayectoria «rectilínea» es el falso sastre, «que cuando estaba en “Milano” hacía-ordenaba facturas falsas y cuando después pasó a “Forever Young” siguió haciendo-ordenando facturas falsas». En una y otra firma, José Tomás tuvo como «cliente y amigo» al conocido por «El bigotes», Álvaro Pérez, imputado también por Garzón y quien habría sido intermediario en la adquisición de trajes para Camps y para Costa.

FORMA DE PAGO


Sin constancia de los «fajos» de 500 euros


José Tomás aseguró que Pablo Crespo (mano derecha del presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa), iba a «Forever Young» cada seis meses con un «fajo» de billetes de 500 euros. «En la compañía, nadie conoce esta “curiosa” circunstancia en el pago; es más, constan aportados con nuestro anterior escrito de denuncia los justificantes de las transferencias bancarias mediante las que se han ido pagando los trajes encargados. Estamos seguros de que esa forma de pago es inventada, falsa e irreal, ya que de haberse producido, se habría reflejado así en la contabilidad y, desde luego, se habría dado comunicación al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales)».

PRENDAS INEXISTENTES


Ni esmoquin ni chaleco ni frac para Camps


Es «materialmente imposible» que Camps adquiriera unos zapatos «Crockett&Jones» en «Forever Young» en agosto de 2008. La firma de ropa dejó de venderlos «hace tiempo». Algo similar ocurrió con todas las prendas que José Tomás dijo haber confeccionado para el presidente de la Generalitat valenciana. Respecto al esmoquin, que habría encargado para una recepción en Nueva York, «no existe en la compañía referencia alguna» a esta prenda. «O bien el señor Camps lo pagó en el momento de encargarlo (en cuyo caso no estaría pagado por “El bigotes”) o bien el sastre se quedó con el dinero del esmoquin en lugar de ingresarlo a favor de “Forever Young”». Si Camps hubiera encargado un esmoquin, prosigue, habría un documento de encargo, un documento de envío a la fábrica de confección, un documento de vuelta de la fábrica, un documento de envío a Valencia con su resguardo y un documento de pago. «A pesar de todo ello, no hay nada». Lo mismo pasa con el frac. «Nunca hemos confeccionado un frac, ni siquiera tenemos tasado el precio que pediríamos por vender un frac». Respecto al chaleco blanco (que Camps habría utilizado para ir al Vaticano y que según consta en un auto de Garzón es negro), «nunca se ha vendido un chaleco blanco en “Forever Young”. No tenemos constancia —señala— de que hayamos vendido nunca un chaleco por 300 euros, ya que nuestro PVP ronda los 60 euros». El propio Camps ha reconocido que compró trajes en «Forever Young», si bien mientras que el importe de esas compras asciende a 2.880 euros según «la realidad de las facturas» de la tienda, Tomás engordó ese importe hasta 5.393 euros mediante facturas falsas, según consta en la denuncia. Frente a las afirmaciones de que el presidente de la Generalitat tenía un trato personal con Tomás (insinuando que era el único que podía atenderle), el escrito de Hinojosa considera «una osadía propia de alguien enfermo que se pueda afirmar con tal rotundidad que “Camps y los demás nunca han pagado un euro en la tienda” cuando consta en la documental aportada en nuestro escrito de demanda que los afectados no siempre eran atendidos por el propio “sastre”».


Sobre el segundo de los aforados valencianos, Ricardo Costa, Hinojosa sostiene que «no ha dejado jamás encargo alguno. Salvo que haya comprado y pagado en el momento, podemos afirmar que nunca ha encargado nada». Asimismo, «nunca ha sido cliente nuestro la Comunidad Valenciana».


VENTAS Y FACTURACIÓN


Orange Market nunca pagó en efectivo


Es falso que una persona de Orange Market (una de las empresas de la trama de Correa) se pusiera en contacto «periódicamente» con el responsable de facturación de «Forever Young», que no es Javier García Fernández, como sostiene Tomás, sino él mismo. Tomás, aclara la denuncia, es «el director de ventas de todas las tiendas de la compañía, nada de sastre». García, encargado responsable de arreglo y almacén, «ni siquiera estaba contratado en la compañía cuando Camps supuestamente compró en “Forever Young”, por lo que difícilmente pudo conocer y/o facturar sus compras». Por último, también es falso, dice la denuncia, que Crespo pagara en metálico las deudas de «Orange Market».

FACTURAS FALSAS


Tomás las hacía en el sótano de la tienda


El sastre ordenaba que se hicieran en otro ordenador diferente al que utiliza la compañía para llevar la contabilidad. Nunca facilitó esas facturas falsas «a la empresa que lleva externamente la contabilidad de “Forever Young”. José Tomás se las ocultó a la dirección y a la empresa de contabilidad», y cuando las hacía él bajaba al sótano de la tienda y utilizaba un programa informático distinto. La denuncia recuerda que cuando Tomás trabajaba en «Milano» ya hacía facturas falsas. «Es igualmente falso que Hinojosa supiera de la existencia de las facturas. De ser cierto, el “sastre” lo tendría muy fácil para acreditarlo, ya que, como él ha declarado, sólo se comunicaba con su jefe por fax». Y, por el contrario, no ha aportado ninguna prueba en este sentido. En definitiva, Tomás «ha involucrado en compras a quien no ha hecho ninguna y ha aumentado las de los que no compraron tanto».

LA EMPRESA NO LO SABÍA


«Forever Young», el cortijo del «sastre»


«Con respecto a que nadie ha querido aclarar las facturas falsas, debemos indicar que si no las conocíamos era imposible que nadie pretendiera aclararlas». La empresa insiste en que conoce la existencia de las facturas falsas «el día que el propio José Tomás las pide porque “le falta una y la necesita para presentarlas ante Garzón”, y que si no las presentábamos, “entraría como en una cacharrería”». Las facturas de las que el «sastre» se queja que nadie quiere aclarar contienen «textos falsos, el IVA está mal, no tiene firma, no tiene sello, ni tiene logotipo de la compañía, la numeración no es correlativa, la numeración de las facturas está repetida, la numeración no tiene sentido, algunos números de facturas están repetidos, las facturas de junio están numeradas antes que las de mayo; ¿y se pretende que se aclare esto?», se pregunta Hinojosa en el escrito. El que tiene que aclarar varias cuestiones, según «Forever Young», es el propio Tomás. Entre ellas, las devoluciones de prendas tal y como se le pidió el pasado 30 de diciembre y las facturas pendientes de cobro. Nunca contestó. Por el contrario, lo que ha hecho han sido «enjuagues de cambios de prendas, de clientes, etcétera, alterando el stock real de las mercancías. Utilizando términos valencianos, esto era la “mascletá”, la traca final». Según la carta de despido de Tomás (uno de los documentos adjuntos a la ampliación de la denuncia), el importe de las devoluciones no justificadas entre junio de 2006 y noviembre de 2008 asciende a 446.660 euros; el importe de la venta a crédito pendiente de cobro (situación a la que se ha llegado por «su desidia, apatía y falta de control»), asciende a 60.309 euros. En total, el sastre ha dejado un agujero de 506.969 euros a «Forever Young».

ABC.ES

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La dirección de Rajoy evita reclamar papeles al presidente valenciano y ataca al sastre

CARLOS E. CUÉ / J. M. LÁZARO - Madrid

Los trajes de Francisco Camps se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la dirección del PP. Mientras el presidente valenciano, que apenas atiende a los medios de comunicación, se libra fácilmente de preguntas incómodas, los dirigentes populares tienen que hablar casi cada día sobre este asunto. Y en el relato oficial hay un hueco muy claro: si Camps pagó sus trajes, como dice, ¿por qué no tiene las facturas, ni siquiera el registro de la tarjeta de crédito con la que, por lógica, debería haber pagado varias cuentas que suman en total casi 12.000 euros? El PP ha buscado una respuesta a esta pregunta y ayer creyó haberla encontrado Federico Trillo, portavoz de Justicia de los populares.

Trillo insinuó en Onda Cero que Camps no tiene las facturas, y exigió públicamente a la tienda de ropa que hizo los trajes, Forever Young, que sea ella la que las enseñe. Trillo aprovechó además para atacar con dureza al sastre, José Tomás, quien en una entrevista en EL PAÍS el domingo aseguraba que la trama de Francisco Correa pagó todos los trajes de Camps con billetes de 500 euros.

El juez Baltasar Garzón, en su auto de inhibición ante el Tribunal Superior valenciano, aportó facturas y anotaciones en la contabilidad de las empresas de Correa y Álvaro Pérez, su socio y amigo de Camps, que probaban que éstos le regalaron los trajes, lo que para el juez es un soborno. Camps, por el contrario, no ha ofrecido hasta ahora ninguna evidencia para contrarrestar la documentación presentada por Garzón. Simplemente insiste en su inocencia -"yo me pago mis trajes", repite- sin aportar datos.

La dirección que encabeza Mariano Rajoy, agradecida por el apoyo que el valenciano le brindó en los momentos difíciles, tras la derrota electoral de 2008, ha decidido confiar en la palabra de Camps sin pedirle pruebas. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que el líder no ha reclamado las facturas al presidente valenciano.

Pero Trillo necesitaba ayer construir algo más que un acto de fe, y por eso redondeó el argumento sobre las facturas. Los periodistas le preguntaron por qué no conserva Camps, si no las facturas, al menos el registro en el banco del gasto de la tarjeta de crédito. "Conozco a Paco Camps hace muchos años y desde luego si él tiene que pagar algo, por ejemplo, al tomar algo en alguna gasolinera, paga en cash, es decir, este hombre no utiliza normalmente tarjetas de crédito", contestó Trillo.

Los dirigentes del PP preguntados estos días sobre las facturas de Camps siempre esquivan la cuestión con la idea de que "nadie guarda las facturas de los trajes que ha comprado". Claro que cuando se les recuerda que el banco sí guarda los movimientos de la tarjeta de crédito, aseguran sin más detalles que ellos creen a Camps. Sólo algunos, en privado, admiten que, a pesar de que ellos no ven el soborno por ninguna parte, sí es cierto que Camps ha mentido, porque dijo que Álvaro Pérez "nunca" le ha pagado un traje y Garzón ha demostrado con documentos lo contrario.

El PP, según fuentes de la dirección, está buscando la salida al embrollo en la tienda Forever Young. En su intento por exculpar al presidente valenciano, Trillo hizo un regate: si fue en cash, ¿cómo se demuestra que los ha pagado?, le preguntaron. Trillo dio muestras de haber hablado con la tienda. "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es la que vigilaba especialmente ese sastre, el señor Tomás, y otra la oficial".

Trillo utilizó sesgadamente las declaraciones de Tomás a EL PAÍS para tratar de desacreditarle. "Dice que sus relaciones con Camps eran de año y medio y de 2005 a 2008, que yo sepa, van tres años, exactamente el doble". Tomás aclaró a EL PAÍS que, efectivamente, en 2005 a Camps ni le conocía; que en 2006 se encargó los trajes de Milano que Camps devolvió por estar mal hechos, y que es entre 2007 y 2008 cuando, desde Forever Young, se relaciona durante año y pico con Camps.

Otra de las supuestas contradicciones se refieren a que Forever Young se constituyó en septiembre de 2006, "y el sastre ha dicho que hay una facturación de 2005 de la trama corrupta ente 60.000 y 70.000 euros". Tomás aclaró que la facturación de 2005 no correspondía a Forever Young, sino que se refiere a pagos que hizo Pablo Crespo por trajes comprados tanto por otros políticos valencianos -Costa, Campos, Betoret- como por Álvaro Pérez y el propio Crespo.

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El también consejero de turismo, Miquel Nadal, está imputado en un caso de adjudicaciones irregulares

EFE - Palma de Mallorca

El máximo dirigente del partido nacionalista mallorquín Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, que ha sido imputado por el proyecto urbanístico de Can Domenge, puso anoche su cargo de conseller de Turismo a disposición del presidente del Gobierno balear, el socialista Francesc Antich, quien no le ha pedido la dimisión.

Nadal, cuyo partido es socio del PSIB en el Ejecutivo autonómico, ha desvelado ese hecho hoy en el Parlament, donde ha asegurado que su partido no tiene intención de romper el actual pacto de gobierno en Baleares. En cualquier caso, Nadal ha defendido la legalidad de las actuaciones de los consellers de UM en el Consell de Mallorca en la pasada legislatura en la adjudicación de las obras del proyecto de urbanístico de Can Domenge, en Palma.

Por otro lado, Nadal ha dicho desconocer si miembros de su partido han sido imputados por la Operación Peaje, abierta ayer por la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos en las obras, también en la pasada legislatura cuando gobernaba junto al Partido Popular, del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, caso por el que han sido detenidas hasta el momento once personas, dos de ellas funcionarios del Consell.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que han puntualizado que los dos detenidos que permanecen en las dependencias policiales son dos funcionarios del Consell de Mallorca: Francisco Orejudo M., director de las obras de desdoblamiento, y Gabriel Mestre F., vigilante de las mismas.

Los otros nueve, responsables de empresas vinculadas a la UTE que llevó a cabo las obras en la pasada legislatura -cuando la institución insular estaba presidida por Unió Mallorquina (UM) con el apoyo del PP-, fueron puestos ayer en libertad con cargos tras declarar ante el fiscal.

Las detenciones se llevaron a cabo ayer por la mañana y se realizaron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, como parte de la investigación que dirige el fiscal Pedro Horrach, quien se encuentra esta mañana de nuevo en la Jefatura Superior de Policía.

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