miércoles, 7 de noviembre de 2012

"CASO COOPERACIÓN"; EL TSJ IMPUTA A OTRAS TRES PERSONAS POR EL DESVÍO DE FONDOS DE COOPERACIÓN



Están acusadas de cobros por trabajos no realizados o facturados por encima de su valor

EFE Valencia

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Caso ayudas cooperación
Corrupción política

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga el supuesto desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional ha imputado a otras tres personas, lo que eleva a 31 el número de supuestos implicados.

Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la juez ha citado para declarar como imputadas el próximo día 29 a María Josefa Cervera y Adela Rodríguez por el cobro de facturas a cargo de subvenciones concedidas a la Fundación Cyes que podrían corresponder a trabajos no realizados o facturados por encima de su valor real.

La tercera, Rosa María Castelo, ha sido citada como imputada para el próximo 3 de diciembre, también por el cobro de facturas a cargo de subvenciones, en esta ocasión emitidas por las empresas Beconsa y APB arquitectura.

Ese mismo día también ha sido llamado a declarar Rafael Joaquín Blasco Segura, que ya estaba imputado por el cobro de facturas a través de la empresa farmacéutica Desfa.

Con las tres nuevas citaciones, el número total de imputados en esta causa, conocida como caso Cooperación, asciende a 31, uno de los cuales se encuentra en prisión, Augusto César Tauroni.

Por otra parte la instructora ha citado a 11 personas para declarar como testigos, que comparecerán en diferentes sesiones programadas entre el 4 y el 13 de diciembre.

La investigación de este supuesto fraude fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 5 de septiembre al afectar a un aforado, el exconsejero de Solidaridad y diputado autonómico del PP, Rafael Blasco.

La acción judicial se centra en el supuesto desvío de las cantidades concedidas a determinadas ONG mediante facturas hinchadas para justificar el dinero recibido.

Entre los afectados por la supuesta malversación se encuentran diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO EMARSA"; EL JUEZ ORDENA EL EMBARGO DE UNA FINCA DEL HERMANO DEL EX GERENTE DE EMARSA


TRIBUNALES | Para cubrir la fianza de 100.000 euros

Efe | Valencia

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ordenado el embargo preventivo de una finca propiedad de José Ramón Cuesta -hermano del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta- para cubrir la fianza de 100.000 euros que el impuso al imputarle en esta causa por un supuesto delito de cohecho pasivo.

El instructor del denominado "caso Emarsa", que investiga en exclusiva el supuesto fraude de fondos públicos en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, imputó a José Ramón Cuesta al detectar indicios su supuesta mediación en las relaciones comerciales entre tres mercantiles y la citada sociedad pública.

En el auto de imputación, le impuso una fianza de 100.000 euros, y en previsión de que no pueda asumir esta cantidad ha ordenado el embargo de una finca que Cuesta -citado para declarar el próximo día 21- posee en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete).

Por otra parte, el juez ha aplazado la declaración como imputado de Carlos Crespo, hermano de el ex presidente de Emarsa y ex alcalde de Manises, Enrique Crespo, prevista para el 28 de noviembre.

Además

"CASO OVER MARKETING"; EL EX GERENTE DEL PP AFIRMA QUE LA DECISIÓN DE CONTRATAR A OVER PARTIÓ DE MATAS


Corrupción
Se investiga la financiación supuestamente irregular del PP balear

Efe | Pama

El ex gerente del PP balear Antonio López ha afirmado al juez José Castro que la decisión de contratar a la empresa de publicidad Over Marketing para la campaña electoral de 2003 partió del expresidente balear Jaume Matas.

López ha declarado como imputado ante el juez del caso Over, que investiga la financiación supuestamente irregular del PP balear con dinero público mediante la concesión de numerosos contratos del Govern de Matas (2003-2007) a la empresa de publicidad, relacionada a su vez con el caso Gürtel.

Según han informado fuentes jurídicas, López, que fue gerente del partido de 2001 a 2003, ha asegurado al juez que Matas decidió contratar a Over para la campaña autonómica de este último año y que el expresidente balear también llevaba todos los temas de comunicación personalmente.

López, amigo de Matas, es propietario de una tienda de electrodomésticos en Inca desde la cual se enviaron varios faxes a empresas hoteleras para que pagaran facturas de Over correspondientes a gastos de esa campaña electoral, un aspecto sobre el que le ha preguntado el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

El exgerente ha afirmado que no recuerda el contenido de los faxes ni haberlos enviado y que probablemente alguien del PP se los dio para que los mandara porque la sede estaba cerrada o el fax del partido no funcionaba.

Entonces el fiscal le ha enseñado otro fax enviado por una trabajadora de Over a su tienda y remitido a su nombre, y el juez ha cuestionado su versión de que no supiera nada de estas gestiones afirmando que en el fax el tono en el que se dirigen a él es de confianza.

La declaración de López respecto a la campaña del PP coincide en parte con la del dueño de Over, Daniel Mercado, quien afirmó al juez que Matas le encargó hacer la campaña y que ponía especial interés en los temas de comunicación.

Afirmó además que pactó con el expresidente, ministro de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar, cobrar parte de los gastos de la campaña electoral que hizo para el PP balear con contratos públicos del Govern de las Islas.

Tras esta campaña, el Govern otorgó contratos públicos a Over que sumaron 3,5 millones de euros en los cuatro años de legislatura.

Según la investigación, estos trabajos fueron supuestamente amañados o se justificaron con facturas falsas o infladas, ya que en realidad eran una manera de pagar con dinero público las labores de Over para el PP balear, entre ellas las campañas de 2003 y 2007.

"CASO OVER MARKETING"; JUANEDA DICE QUE MATAS ORDENÓ CAPTAR INVERSORES PARA UN PROYECTO EN MANHATTAN

Foto: Jordi Avellà
El ex director de Menorca
El encausado justifica de esta forma los 9.800 € que pagó en favor de Areal
Se trata de un proyecto de reconversión valorado en 130 millones de euros

Europa Press | Palma

El ex director insular del Estado en Menorca, Antoni Juaneda, ha señalado, durante su declaración como imputado ante el juez instructor de la ramificación de la trama Gürtel en Baleares -conocida como caso Over Marketing-, que el expresidente del Govern Jaume Matas le encargó en 2009 buscar inversores privados para su proyecto de reconvertir unos apartamentos en hoteles en Nueva York, instándole, a cambio de los beneficios que obtendría, contratar a su mujer, Maite Areal.

El encausado ha justificado de este modo el pago que ese mismo año efectuó en favor de Areal por un total de 9.800 euros, un abono que la Fiscalía considera "difícilmente justificable" máxime cuando Matas y su esposa tenían entonces fijada su residencia en Estados Unidos y Juaneda había anteriormente intervenido en la contratación de Over por parte del Ayuntamiento de Inca.

Durante su comparecencia, Juaneda, defendido por el letrado Gaspar Oliver, ha recordado cómo el exministro acudió a él para pedirle que captase inversores en favor del proyecto que Matas quería impulsar en Manhattan y que estaba valorado en un total de 130 millones de dólares. En este contexto, le comentó que, como iba a producirse un amplio beneficio futuro del que Juaneda tomaría parte, debía contratar a su mujer, con quien según ha afirmado se reunió dos veces.

Se trata, sin embargo, de una versión que fuentes presenciales en la comparecencia han considerado poco creíble, mientras que, de forma paralela, el Ministerio Público hace hincapié en que se trataría de un favor personal de Juaneda, al incidir en el hecho de que Juaneda es cónyuge de la que fue secretaria personal de Matas así como de que tanto éste como su esposa vivían entonces en el país norteamericano.

Las mismas fuentes han apuntado que durante la declaración, Juaneda no ha sabido concretar ni de qué apartamentos se trataba ni a qué tipo de hotel pretendía reconvertirlos Matas, citado para el próximo martes en calidad de imputado, sino únicamente que estaban situados en Manhattan.

Al hilo de lo anterior, el inculpado ha indicado que durante esa etapa hacía de comercial para Over, empresa de la que cobró un total de 5.600 euros aproximadamente, tras haber realizado diversos trabajos con diversas administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Inca, el de Ciutadella y el Consell de Menorca.

En este sentido, preguntado por los pagos que recibió de Over y del PP así como sobre las gestiones llevadas a cabo ante exaltos cargos del Ayuntamiento de Inca y de otras Instituciones públicas para favorecer la contratación de Over, Juaneda ha precisado que trabajó tanto para el Ayuntamiento de Inca -que de forma presuntamente ilegal adjudicó a la mercantil un trabajo sobre 'la calidad de vida' en el municipio-, para Ciutadella -en una campaña para una fundación cultural- y el Consell de Menorca -en relación a la difusión de una web turística-.

Reunión con Rotger y Torres
Al respecto, el exalto cargo del PP ha apuntado que, en relación con el proyecto de Inca, se reunió con el entonces alcalde y actual presidente del Parlament, Pere Rotger, en un encuentro al que posteriormente se unió el actual primer edil Rafael Torres. Mientras tanto, en el caso del Consell de Menorca, que entonces estaba presidido por la socialista Joana Barceló, contactó con el responsable turístico de la Institución para abordar el proyecto previsto.

No obstante, las pesquisas apuntan a que Juaneda realizó gestiones con altos cargos del Consistorio 'inquer' a fin de que Over resultase beneficiada, más en concreto respecto a un expediente que habría resultado amañado en el sentido de que se hizo una contratación de forma directa y verbal, vistiéndose posteriormente el correspondiente procedimiento administrativo negociado sin publicidad mediante la presentación de diversos presupuestos simulados.

De hecho, un escrito de la Fiscalía incluido en el sumario del caso señala que el precio del servicio estaba "notablemente hinchado" al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros cuando del Consistorio de Inca Over Marketing recibió por este trabajo, la realización de encuestas sobre la calidad de vida en Inca, un total de 20.300 euros.

La contratación de Over en Inca 'no fue casual'
En esta misma línea, un informe de la Guardia Civil señala que la contratación de Over por parte del Consistorio "no fue casual" como tampoco era "en ese instante relativamente necesaria". Es más, el Instituto Armado afirma que la contratación llegó a la alcaldía "por órdenes directas desde Palma", interviniendo posterior y personalmente Juaneda, todo ello a pesar de que el trabajo finalmente fue realizado por el IBES.

La Guardia Civil alude a la "estrecha relación" de Matas con Juaneda, toda vez que señala que éste "trabajaba con claros intereses" en Over. En su informe apunta a una "llamativa imputación de 9.000 euros" a Areal.

Además

EL VÍA CRUCIS JUDICIAL DE MATAS

Foto: Pep Vicens

CORRUPCIÓN | Casos pendientes


Anatol Rohé | Palma

Cuando la Fiscalía puso bajo la lupa judicial el sobrecoste del Palma Arena, comenzó el ocaso de Jaume Matas. Su decadencia a golpe de imputación. El que fuera ex ministro de Aznar y presidente del Govern balear, tras sus famosos 'hágases', se ha visto implicado en numerosas causas que le podrían mantener anclado al banquillo durante un tiempo... Falsedad documental, malversación, cohecho, fraude a la administración y tráfico de influencias, son algunas de las acusaciones a las que se enfrenta.

Todo surgió a raíz de una denuncia acerca del sobrecoste del ya afamado velódromo Palma Arena. Ese que pasó de costar 27 millones inicialmente calculados por el arquitecto alemán experto en velódromos Ralph Shürmann, a los más de 110 que acabó costando bajo la dirección técnica del despacho de arquitectos García-Ruiz. Una construcción megalómana que se ha convertido en símbolo de las corruptelas y da nombre a la macro causa Palma Arena . Todo un abecedario de la corrupción formado por 27 piezas que conciernen a personajes de todo tipo. Entre ellas, despuntan las dos últimas referentes al 'Caso Urdangarin' y Over Marketing.

El calvario judicial que se cierne sobre Matas ni mucho menos parece tocar a su fin. Tras su primera condena (recurrida) a seis años de cárcel por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos, le esperan más juicios. A continuación, los más inminentes e importantes:

Over Marketing
Este caso indaga la presunta financiación ilegal del PP balear mediante el amaño de contratos en favor de la empresa Over durante la última legislatura de Matas (2003-2007). De las declaraciones del presidente de Over se desprende que Matas estaba en la cúpula de la financiación ilegal. "Existía un acuerdo con Jaume Matas de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en negro y no se cobraron quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se me prometieron, y de hecho así sucedió. Otros gastos electorales distintos sí se cobraron en negro", aseguró Daniel Mercado al juez José Castro en Madrid.

'Caso Urdangarin'
El 22 de julio de 2010 el juez Castro abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre organismos dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. En concreto, la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur). El juez requería al Instituto Nóos que "acredite haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones". Se sospecha que se desviaron 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo de Jaume Matas al Instituto Nóos . La pieza ha sido bautizada como Operación Babel.

Contrataciones irregulares de su mujer
Versa sobre las contrataciones supuestamente irregulares de la mujer de Matas, Maite Areal, por parte de una consultora y un hotel, y será juzgada por un jurado popular. Investiga el pago de casi 100.000 euros a Areal entre los años 2005 y 2007 en base a contratos que, según el juez, no comportaban "contraprestación de servicio alguna". El juez del caso Palma Arena, José Castro, ya ha pedido al fiscal anticorrupción que fije la petición de pena por cohecho contra el ex president.

Ópera de calatrava
En esta pieza se investiga el anteproyecto de palacio de la ópera y de reforma de la bahía de Palma que elaboró el arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones a raíz de un encargo del Govern de Matas, que finalmente no se llegó a presentar por prohibición de la Junta Electoral, dado que se pretendía exponer un mes antes de las elecciones autonómicas de 2007.

El velódromo
Se trata de sospechas sobre posibles desvíos millonarios de fondos públicos en las obras del velódromo Palma Arena. Una estructura cuyo presupuesto inicial fue 'engordado' tres veces en apenas dos años. También se ponen bajo la lupa judicial algunos eventos organizados allí por el Govern popular entre 2004 y 2007. Se busca, con ello, dirimir la responsabilidad de Matas en relación a piezas que se refieren a diversos aspectos como la contratación de los arquitectos, la compra de determinados elementos del velódromo o campañas publicitarias millonarias.

El palacete de San Feliu
En este asunto se investiga el pago en negro de los 400.000 euros que gastó en la reforma de su vivienda de Palma, conocida como el Palacete. Matas justificó el gasto detallando que 100.000 euros los abonó a través del traspaso de un local, propiedad de su madre, mientras que el resto los fue pagando, gracias a los 3.000 euros mensuales que cobraba de alquiler de otro local, ubicado en la calle Sant Miquel de Palma, propiedad de su esposa, Maite Areal. No obstante, Matas reconoció que sólo declaraba 1.500 de los 3.000 euros que percibía cada mes a través del alquiler del citado local, de forma que el resto lo cobraba en negro y, por tanto, sin declarar a Hacienda.

"CASO CAMAS"; EL DENUNCIANTE DEL CASO INSISTE EN QUE LE OFRECIERON MIL MILLONES DE PESETAS

Declaración del denunciante
Francisco Javier Gordo dice que él y Carmen Lobo siguieron el 'juego'
Identifica a los cuatro imputados en las grabaciones de la reunión

Chema Rodríguez | Sevilla

Francisco Javier Gordo, ex militante de IU y denunciante del caso Camas junto a la ex edil Carmen Lobo, ha reiterado hoy sus acusaciones contra los cuatro imputados de ofrecer un soborno a la ex concejal para que votase a favor de determinados proyectos urbanísticos en Camas. En alguna de las reuniones que mantuvo con los acusados le llegaron a ofrecer "hasta 1.000 millones" a cambio del apoyo de Lobo en los plenos.

Todos los acusados, desde el ex alcalde, Agustín Pavón, hasta los ex ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, pasando por el empresario Eusebio Gaviño, "estaban en el juego", que él y Carmen Lobo siguieron para denunciarlo ante la Policía. Según la versión de Gordo, fue Gaviño el que llevó el peso de las negociaciones y el que contactó con él y le propuso participar en una serie de negocios con los que podrían ganar "mucho dinero".

En todo momento, ha señalado, él les dijo que no podía influir en Lobo porque ella tenía "mucho carácter", pero Gaviño insistió y le repitió en varias ocasiones que tenía el control del Ayuntamiento de Camas, que "estaba en sus manos". Lo único que debía hacer Lobo, asegura que le comentó el empresario, era "votar lo que ellos querían".

Tras varios encuentros, acudió a una cita en el domicilio de Gaviño que grabó en un mp3 y en la que, ha insistido, "todos" los imputados participaron más o menos activamente y en la que los políticos allí presentes se comprometieron a "mirar hacia otro lado". Del contenido de las grabaciones, Gordo identificó a todos los acusados que, en contra de lo que éstos mantienen, no se ausentaron de la reunión en ningún momento ni le pidieron sentencia alguna.

"Nunca provoqué nada" ha manifestado Gordo durante el juicio en el que, además, ha criticado las "fanfarronadas" de Eusebio Gaviño por alardear de tener un cheque de cien millones de pesetas "para repartir".

"CASO MERCASEVILLA"; 21 MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL ALTO CARGO DE LA JUNTA POR PEDIR UNA COMISIÓN ILEGAL

Antonio Rivas, tras conocer el veredicto del jurado. | C. Márquez
Primeras condenas

El fallo condena a dos ex directivos de la empresa y al ex delegado de Empleo
Deberán pagar una multa de 600.000 euros por el intento de extorsión

María Rionegro | Sevilla

La primera sentencia del 'caso Mercasevilla' tiene nombre propio: Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juez lo ha condenado al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por haber cometido un delito de corrupción.

La sentencia, que se ha notificado esta mañana a las partes, se extiende también a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, condenados a la misma pena. Todos ellos han sido declarados culpables por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a dos empresarios.

Después de que el jurado popular los declarara culpables de un delito de cohecho -la cuarta procesada, Regla Pereira, fue absuelta-, el juez Ángel Márquez los ha condenado a una multa de 600.000 euros, rebajando así la petición de la Fiscalía de Sevilla, que solicitaba a cada uno de ellos 900.000 euros de multa.

Además, el magistrado de la Audiencia Provincial precisa que en caso de impago, los condenados serán castigados con una pena de cárcel de doce meses. Igualmente, los tres son condenados a 21 meses de inhabilitación como cargo público.

Uno de los datos llamativos de la sentencia es que el juez ha ordenado deducir testimonio contra Consuelo Velázquez, ex secretaria de Rivas y testigo en el juicio, para esclarecer si ha incurrido en un presunto delito de falso testimonio.

El ex delegado de Empleo dimitió de este cargo tras llevar nueve meses imputado en el 'caso Mercasevilla', un proceso judicial que le ha supuesto ser el primer alto cargo de la Junta de Andalucía en ser condenado por un delito de corrupción.

El 'caso Mercasevilla' se destapó a raíz de que los dueños del grupo La Raza denunciaran que los directivos del mercado central le habían solicitado una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de explotar una escuela de hostelería, un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo con 900.000 euros.

Además

"CASO OVER MARKENTING"; MATAS, IMPUTADO POR FINANCIACIÓN ILEGAL


El juez relaciona al expresidente y a otros dos ex altos cargos del PP balear con la adjudicación irregular de contratos del Gobierno autonómico a la empresa de publicidad Over MC

Madrid 

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Financiación ilegal
Financiación partidos
Corrupción

El juez José Castro, que instruye entre otros el caso Urdangarin, ha imputado este martes al ex presidente balear, Jaume Matas; al ex secretario general del mismo partido, José María Rodríguez (ex delegado del Gobierno en las islas hasta el pasado verano) y al ex gerente y ex tesorero del PP balear, Luis Fernando Areal, cuñado de Matas. La imputación está relacionada con la investigación abierta por financiación ilegal del PP balear entre los años 2003 y 2007.

La empresa de publicidad Over MC, propiedad de Daniel Mercado, trabajó para Jaume Matas desde que volvió a Baleares tras su paso por el Ministerio de Medio Ambiente y tras ganar las elecciones autonómicas de 2003. Tras aquella victoria, según el testimonio de Mercado al juez, el Gobierno que presidía Matas adjudicó decenas de contratos a Over MC, muchos de ellos de manera irregular. Mercado detalló al juez como se amañaban los contratos a su favor e incluso llegó a confesar que cinco grupos hoteleros contribuyeron a la financiación ilegal de las campañas electorales del PP mediante pagos de dinero a OVER MC por mercancías que no les había suministrado.

La investigación judicial ha acreditado que la cúpula del PP balear en 2003 estaba al tanto de estas prácticas corruptas, lo que ha motivado ahora la imputación de quienes eran entonces los principales dirigentes del partido en las islas: su presidente, Jaume Matas; su secretario general, José María Rodríguez; y su gerente y tesorero, Luis Fernando Areal.

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