viernes, 12 de febrero de 2010

"CASO MERCASEVILLA"; EL PP DICE QUE LA DECLARACIÓN DE PARDAL PONE A MONTESEIRÍN Y MARCHENA "EN EL CENTRO DE LA CORRUPCIÓN"

Nuevas revelaciones

Benito Fernández y Agencias/Andalucía Crítica

El consejero de Mercasevilla y concejal del PP Beltrán Pérez advirtió hoy de que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), Manuel Marchena, están "en el centro de la corrupción" del caso Mercasevilla, toda vez que la juez ha ordenado investigar un supuesto ofrecimiento de Marchena a la empresa Larena 98 para la adjudicación de proyectos municipales a cambio de rescindir el contrato de superficie firmado con Mercasevilla.

La orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se produjo después de que el socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal Reyes, declarase ante la Policía Judicial que el propio Marchena le ofreció, supuestamente, la adjudicación de varios proyectos de vivienda protegida, así como la concesión de una estación de ITV por mediación de la Junta, a cambio de la rescisión de tal contrato.

Al respecto, Beltrán Pérez, acompañado de los concejales populares Gregorio Serrano y Francisco Pérez, manifestó en rueda de prensa que las declaraciones de Pardal dan "un giro espectacular en la corrupción" en el caso Mercasevilla y abren "nuevos escenarios corruptos" en la gestión del Gobierno tanto municipal en la ciudad hispalense como de la Junta de Andalucía.

Así, este pronunciamiento "profundiza" en los hechos acontecidos en cuanto a la venta "ilegal" de terrenos de Mercasevilla, de modo que, a su juicio, es "una obviedad" que Monteseirín y Marchena "no eran ajenos a los entresijos de la mayor operación urbanística de la historia de Sevilla", por lo que, "técnica y políticamente, es imposible que el alcalde y el ex gerente de Urbanismo no controlaran esta operación", recriminó Pérez.

Ante ello, preguntó retóricamente "¿cómo se han adjudicado los contratos de viviendas oficiales y contratos de mantenimiento de la vía publica en los últimos años en Sevilla?" y "¿cuál va a ser la reacción de Monteseirín y Marchena ante el señalamiento por parte de un testigo que hace acusaciones contra ellos que pueden ser constitutivas de delito?", porque "ofrecer contratos que tiene que ser sometidos a concurso público es delito".

Asimismo, esta declaración "vuelve a abrir el escenario de corrupción y entre los actores principales también están miembros de la Junta de Andalucía", pronunció Pérez, quien calificó de "gravísimo" que "a un testigo se le ofrezca la concesión de una ITV a cambio de las determinadas actitudes que beneficiaban al Gobierno municipal", al tiempo que preguntó por "¿cómo se adjudican las ITV en Andalucía?" y "¿qué piensa hacer la Junta para desacreditar la declaración del testigo, si es que puede hacerlo?".

CONEXIÓN DE CASOS

Para Pérez, el Gobierno municipal de Monteseirín "se ríe de los ciudadanos con su actitud de encubrimiento, y el PSOE y la Junta han intentado que sólo estuvieran implicados Fernando Mellet y Daniel Ponce". Además, "se produce una conexión entre el caso de corrupción de Mercasevilla con el asunto de las facturas falsas de Macarena y también de Unidad, porque Mellet y Domingo Enrique Castaño han pasado de un escándalo a otro".

"Desde el PP no se acusa por señalar", porque, según recordó Beltrán Pérez, la primera querella ya incluía a Castaño, Marchena y Monteseirín, entre otros, por lo que "hay mucha gente implicada en este caso, así como muchos intereses que trascienden del ámbito municipal y llegan hasta la Junta y nadie quiere abandonar sus cargos porque pueden producirse muchas consecuencias", criticó.

PALABRAS TESTIFICALES

En la declaración de Pardal Reyes ante la Policía Judicial, el testigo relata que a finales de 2002 recibió una llamada por parte del imputado Daniel Ponce en el transcurso de la cual éste le ofreció la posibilidad de construir unas naves comerciales en los terrenos del merca, para lo que se constituiría un derecho de superficie sobre parte de los mismos, añadiendo que, en un principio, este negocio "le pareció rentable", por lo que concertaron una primera reunión en los locales de Mercasevilla.

Asimismo, indica que en la reunión estaban presentes el propio Ponce, Fernando Mellet y el letrado de Mercasevilla, y durante la misma acordaron elaborar un contrato de superficie sobre una parcela de 48.000 metros cuadrados, por el cual Larena 98 se vería obligada a abonar un canon mensual de unos 59.000 euros, además de una fianza inicial de más de 400.000 euros, una cantidad esta última que, según dijo, "nunca fue depositada por parte de Mercasevilla en la cuenta correspondiente" de la Consejería de Economía y Hacienda, "quedándose a disposición del merca".

En este sentido, y tras indicar que a partir de ese momento se celebraron "muchas reuniones" de carácter técnico, pone de manifiesto que Larena comenzó a pagar la cuantía correspondiente al canon superficiario --en total "unas cuatro o cinco cuotas"--, y añade que, desde el mismo momento de la firma del contrato, "surgen los problemas técnicos, pues Mercasevilla no había realizado los trámites jurídicos necesarios para segregar estas parcelas; no estaba lista para ser urbanísticamente construida, y no tenía los centros de transformación ni el soterramiento de los cables de alta tensión".

Según afirma, "recibió todo tipo de presiones" por parte de Mellet, que le decía "que no dejase de pagar el canon, pues le resultaba vital para mantener la actividad del merca", añadiendo que se produjeron "varias" reuniones "donde le prometían todo tipo de cosas, entre ellas un director general de la Junta que le prometió, a cambio de seguir pagando el canon, la concesión de una estación para pasar la ITV", mientras que en otra reunión, a la que asistieron Mellet, Ponce y "una persona joven que decía ser la mano derecha del alcalde", se le ofreció a cambio de resolver el contrato de superficie "la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de la ciudad".

MARCHENA, INVESTIGADO

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso Mercasevilla ha ordenado a la Policía Judicial que investigue al ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchena, por un supuesto ofrecimiento a la empresa Larena 98 para la adjudicación de varios proyectos de futuras VPO a cambio de que rescindir un contrato que tenía firmado con Mercasevilla para construir unas naves, cuya fianza había abonado y cuyo canon dejó de pagar la promotora al comprobar que los terrenos no reunían las garantías necesarias.

Pardal también afirma en su declaración ante la Policía, que se había reunido en varias ocasiones con el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce, en las que se "le prometían todo tipo de cosas". En otra ocasión, señala que también asistió a la reunión un director general de la Junta que supuestamente le prometió "la concesión de una estación de ITV". La magistrada también ordena a la Policía que identifique a esta persona. Por último, en la declaración también aparece el nombre del ex secretario del Distrito Macarena, José Marín, condenado a cinco años de prisión por el caso de las facturas falsas, quien le ofreció patrocinar el equipo de hockey Patín Macarena. Otro de los presuntos implicados en la trama es "un hombre joven que decía ser la mano derecha del alcalde" que le prometió "la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla", con quien también afirma que mantuvo una reunión.

diariocrítico.com

INVESTIGAN SI CULTURA TAMBIÉN DESVIÓ FONDOS A LA FUNDACIÓN DE GABRIEL CAÑELLAS

Tribunales. Anticorrupción teme que caudales públicos hayan acabado en manos privadas

La acusación particular reclama que se aporten las cuentas de la Fundació Illes Balears

El abogado Josep Perelló y Gabriel Cañellas, el miércoles en los juzgados penales. Foto: Miquel massuti.

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. El juzgado de instrucción 7 de Palma está investigando, tras las denuncias del Ayuntamiento de Andratx y de la fiscalía anticorrupción, si la Fundació Illes Balears, presidida desde 1987 por el ex president del Govern Gabriel Cañellas, también pudo desviar a fines particulares fondos de la conselleria de Cultura, del citado consistorio y del Instituto de Estudios Turísticos de Balears (Inestur). El abogado Pablo Alonso de Caso, acusador en nombre del Ayuntamiento, ha solicitado que se aporten al sumario las cuentas de la Fundació Illes Balears de los años 2005 a 2007.

Las denuncias de la fiscalía anticorrupción y la acusación particular apuntan a que la fundación vinculada a Cañellas pudo conseguir aportaciones importantes de varias instituciones, entre ellas el consistorio de Andratx, sin que ese dinero "supusiera beneficio o utilidad social pública para el municipio o sus habitantes".

La acusación privada ha calculado que la entidad recibió entre 2005 y 2007 unos 45.000 euros del Ayuntamiento, más otros aproximadamente 30.000 del Inestur, dinero que teóricamente iba destinado a dinamizar con actividades ciudadanas el castillo o Torre de Sant Elm, propiedad desde 1995 de la entidad investigada. En ese periodo apenas se hicieron tres actos en el rehabilitado recinto, entre ellos el tradicional pancaritat (romería) anual que siempre se había hecho en la Torre y nunca había costado suma alguna a las arcas municipales.

Cañellas, defendido por Josep Perelló, rechazó anteayer que se hubieran cometido irregularidades con los fondos entregados a su fundación. Cañellas distinguió entre las aportaciones, que van a una especie de caja común para el funcionamiento de la entidad, y las subvenciones, cuyo destino ha de justificarse.

Los convenios firmados entre consistorios del PP y la Fundació Illes Balears preveían el traspaso de más dinero, pero el Ayuntamiento salido de las urnas en mayo del 2007 decidió no dar más dinero. De hecho, la fundación reclama por vía civil al Ayuntamiento alrededor de 50.000 euros.

Cañellas explicó que cedieron el uso al consistorio de un lugar emblemático para que organizara actividades culturales y lúdicas.

El ex president del Govern manifestó que las aportaciones que recibe su fundación están destinadas a pagar las deudas bancarias contraídas para comprar y rehabilitar su patrimonio, consistente en edificios emblemáticos y de alto valor histórico y cultural. Las acusaciones piden que se aporte documentación sobre esos préstamos.

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diariodemallorca.es

"CASO PALMA ARENA"; LOS TELEVISORES DEL "PALACETE" SE PAGARON CON BILLETES DE 500 EUROS

La compra fue gestionada por el aparejador de la empresa de decoración denario

Un empresario de Inca realizó un ingreso en efectivo en un banco en julio de 2005 para abonar las televisiones

J.F.MESTRE/FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. Las lujosas televisiones de la marca Bang-Olufesen que fueron instaladas en el "palacete" que adquirió el matrimonio Matas-Areal, que costaron más de 40.000 euros, fueron abonadas con billetes de 500 euros. Así se afirma en un informe que ha realizado la Guardia Civil y que ha sido entregado al juez Castro, que investiga el dudoso enriquecimiento patrimonial del ex president del Govern.

En la causa del denominado caso Palma Arena figura como imputada la propietaria de una tienda de electrodomésticos de Inca. Esta mujer, Josefa Lorca, actuó como intermediaria de Matas. A través de su empresa se compraron los lujosos aparatos de televisión que fueron instalados en la vivienda de la calle San Felio. La propietaria de la empresa Diel Electrodomésticos, declaró que fue Fernando Areal, cuñado de Matas y ex gerente del Partido Popular, quien le pidió que gestionara la adquisición de estos televisores. Según su testimonio, la factura la pagó ella porque mantenía desde hacía años una deuda económica con la familia de Matas y para solventarla realizó esta compra. Negó que el dinero se lo entregara Matas o su cuñado para que el nombre de ninguno de los dos apareciera, aunque los investigadores mantienen que ha mentido y que lo hace para proteger al ex president.

Aparejador
Las televisiones se compraron a través de un establecimiento comercial de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. La persona que gestionó la compra, según consta en el informe de la Guardia Civil, fue el aparejador Miguel García Inés, que trabajaba para Denario, la empresa que se encargó de la decoración del palacete de Matas.

La Guardia Civil ha encontrado el ingreso bancario que se realizó para abonar la factura de las televisiones. El dinero se deposita en efectivo en una oficina de la entidad BBVA de Inca. El abono lo realiza Antonio López Robles, marido de Josefa Lorca, quien fue gerente del Partido Popular de Balears hace años. López Robles ingresó 80 billetes de 500 euros y otros 17 de cien euros. En total, 41.700 euros.

La primera compra se realiza en el mes de julio de 2005, cuando todavía Matas no ha adquirido oficialmente la lujosa vivienda de la calle San Felio, ni había vendido su antigua casa de Cas Català. Después, en octubre de 2006, se realiza otra compra a través del comercio de Inca a la misma empresa de Madrid por valor de 4.061 euros. Se pagaron otros aparatos, entre ellos un teléfono móvil.

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diariodemallorca.es

LA CONDENA FIRME DEL "CASO SAQUEO" IMPEDIRÁ A ROCA SALIR DE PRISIÓN

El ex asesor marbellí cumple el 30 de marzo el plazo máximo de cárcel provisional

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

La última esperanza de Juan Antonio Roca de recobrar la libertad a corto plazo se esfuma. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y 10 meses de prisión que impuso la Audiencia Nacional al ex asesor urbanístico de Marbella por el llamado caso Saqueo I, el desvío de 22,9 millones de euros de las arcas municipales a cuentas particulares de los hombres fuertes del gilismo entre 1991 y 1995. Esta sentencia supone, en la práctica, que Roca no podrá salir de la cárcel el próximo 30 de marzo, cuando cumpliría el plazo máximo de cuatro años en prisión provisional por el caso Malaya, la principal trama corrupta de Marbella, de la que Roca es el principal imputado.

La Sala de lo Penal del alto tribunal, en una sentencia del pasado 25 de enero, ha desestimado íntegramente los recursos de Roca y de los otros dos condenados en primera instancia por la Audiencia Nacional: el abogado José Luis Sierra, antigua mano derecha del ex alcalde Jesús Gil, y el contable Manuel Jorge Castel. Entre los tres condenados suman penas de 23 años y 10 meses de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

El Supremo ratifica asimismo la condena a los tres acusados a devolver solidariamente al Ayuntamiento de Marbella la cantidad detraída más los intereses generados: un total de 24,38 millones de euros. La sentencia ha sido acogida con alborozo por el consistorio. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, del PP, afirmó: "Dirigiremos todos nuestros esfuerzos a rastrear las propiedades de los condenados y que regrese a las arcas municipales hasta el último céntimo de euro".

Se trata de la primera condena firme con pena de cárcel que sufre el antaño todopoderoso asesor urbanístico de Marbella. En marzo de 2009, Roca ya fue condenado a pagar una multa de 39.600 euros por haber pagado el doble de esa cantidad al juez Francisco de Urquía a cambio de que éste prohibiera la emisión de un programa de televisión que investigaba su patrimonio y sus sociedades.

Los casi cuatro años que Roca ha pasado en la cárcel como preso provisional del caso Malaya no le servirán para abonar la pena firme del caso Saqueo. En el caso de que fuera absuelto o la hipotética condena en Malaya fuera inferior al tiempo transcurrido en prisión provisional, el tiempo pasado de más en la cárcel podría servirle para recortar pena en el caso Saqueo.

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elpaís.com

"CASO SAQUEO"; EL AYUNTAMIENTO CREA LA UNIDAD JURÍDICA PARA RECUPERAR BIENES

MARBELLA | Dispersos en diferentes sociedades

Europa Press | Málaga

El Ayuntamiento de Marbella ha creado una unidad jurídica de recuperación del patrimonio para localizar "posibles bienes dispersos" en otras sociedades del ex alcalde del municipio Jesús Gil en el caso 'Saqueo', después de que el Tribunal Supremo confirmara este jueves la condena a seis años y diez meses de cárcel impuesta en enero de 2009 por la Audiencia Nacional al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

La unidad está compuesta por un letrado, un investigador registral y un administrativo que desde este jueves "están dedicados exclusivamente a las acciones de ejecución de sentencia para empezar a ejecutar los embargos trabados" sobre los bienes de los condenados -"unos sobre el caso 'Saqueo I' y otros sobre 'Malaya'"-, manifestó la primera teniente de Alcalde, Francisca Caracuel, quien insistió en que esta actuación permitirá "seguir rastreando, porque estamos convencidos de que puede haber más bienes dispersos en otras sociedades".

Así, se refirió a los bienes de Roca, "como persona física y a través de sus múltiples sociedades", los del que fuera asesor jurídico de Jesús Gil, José Luis Sierra, y a los del contable Manuel Jorge Castel, que son "responsables solidarios por importe de 24,3 millones de euros", al tiempo que añadió que "existe una responsabilidad en una pieza separada de los sociedades 'Promociones Futbolísticas' y 'Rancho Valdeolivas', propiedad de Jesús Gil, que han sido condenadas vía responsabilidad civil a pagar casi tres millones de euros", a las que se les reclaman también acciones del Atlético de Madrid.

"Tenemos bienes tan dispares como algún hotel de Roca, fincas en Cartagena, en San Roque, en Murcia, en Sevilla, etcétera", aseguró Caracuel en rueda de prensa, quien precisó que la sentencia "pone un broche de oro a estos nueve años y una esperanza para poder recuperar los 24,3 millones de euros de responsabilidad patrimonial que salieron del Consistorio".

Respecto al 'caso Saqueo dos', señaló que el Ayuntamiento "ha conseguido adelantar un año la celebración del juicio, a través de la digitalización de la causa -de 100.000 folios y 33 partes personadas en el procedimiento-, por lo que el traslado de la misma será "más rápido".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, destacó "la apuesta clarísima", desde el inicio de la legislatura, por potenciar la asesoría jurídica y el departamento de asuntos judiciales, al tiempo que afirmó que, con independencia de los procedimientos legales existentes, "se han obtenido condenas por más de 80 millones de euros en el Tribunal de Cuentas por alcances contables", unas cantidades que, según informó, el Ayuntamiento "ya está cobrando mediante la ejecución de los bienes sobre los que se trabó embargo en su día y que se incrementarán porque hay muchos procedimientos abiertos".
Comisión municipal

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso, señaló que esta sentencia "abre el horizonte para formalizar una declaración institucional por parte de todos los grupos de la Corporación" con el propósito de "unir voluntades y esfuerzos" en la recuperación de los fondos y el patrimonio "saqueado" a los ciudadanos de Marbella.

Además, pidió la creación de una comisión municipal "para impulsar el trabajo del Ayuntamiento en la vía de la recuperación del saqueo económico y patrimonial", al tiempo que consideró necesario abordar la recuperación de Marbella con "seriedad y amplitud de miras".

"No basta con exigir los robado por el caso Saqueo, sino que es preciso acometer otras medidas como la revisión de las concesiones desfavorables para el Ayuntamiento, la revisión de las licencias urbanísticas y poner punto y final a las decisiones que benefician a imputados en la operación Malaya o el saqueo de Marbella", concluyó.

Además
* El TS condena a Roca por apoderarse de 24 millones

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZ ORDENA INVESTIGAR AL EX GERENTE DE URBANISMO POR LA VENTA DE SUELOS

Tras la declaración del socio mayoritario de Larena 98

Europa Press | Sevilla

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dado traslado a la Policía Judicial para que investigue "todo lo relacionado" con el presunto ofrecimiento realizado a la empresa Larena 98 por parte del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) y consejero delegado de Emasesa, Manuel Marchena, quien habría ofrecido a Larena 98 adjudicarle varios proyectos de VPO a cambio de rescindir el contrato de superficie que había firmado con Mercasevilla.

La orden de la juez Mercedes Alaya se produce después de que el socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal Reyes, haya declarado ante la Policía Judicial que el propio Manuel Marchena lo llamó personalmente, reuniéndose posteriormente en las instalaciones de Urbanismo, "donde le dijo que, a cambio de abandonar Mercasevilla, le ofrece poder concursar en varios proyectos de VPO que le serían otorgados en su día".

Declaración de Larena 98
En su declaración ante la Policía Judicial, Pardal Reyes relata que a finales de 2002 recibió una llamada por parte del imputado Daniel Ponce en el transcurso de la cual éste le ofreció la posibilidad de construir unas naves comerciales en los terrenos del mercado, para lo que se constituiría un derecho de superficie sobre parte de los mismos, añadiendo que, en un principio, este negocio "le pareció rentable", por lo que concertaron una primera reunión en los locales de Mercasevilla.

De este modo, indica que en la reunión estaban presentes el propio Ponce, Fernando Mellet y el letrado de Mercasevilla, y durante la misma acordaron elaborar un contrato de superficie sobre una parcela de 48.000 metros cuadrados, por el cual Larena 98 se vería obligada a abonar un canon mensual de unos 59.000 euros, además de una fianza inicial de más de 400.000 euros, una cantidad esta última que, según dijo, "nunca fue depositada por parte de Mercasevilla en la cuenta correspondiente" de la Consejería de Economía y Hacienda, "quedándose a disposición del merca".

Inviable urbanísticamente
En este sentido, y tras indicar que a partir de ese momento se celebraron "muchas reuniones" de carácter técnico, pone de manifiesto que Larena comenzó a pagar la cuantía correspondiente al canon superficiario -en total "unas cuatro o cinco cuotas"-, y añade que, desde el mismo momento de la firma del contrato, "surgen los problemas técnicos, pues Mercasevilla no había realizado los trámites jurídicos necesarios para segregar estas parcelas; no estaba lista para ser urbanísticamente construida, y no tenía los centros de transformación ni el soterramiento de los cables de alta tensión".

Así, Pardal Reyes indica que "esto suponía que, con estas carencias, era imposible la inscripción registral, obtener la licencia de obra, la licencia de ocupación y poder contratar los suministros de luz, agua y gas necesarios para las naves, es decir, las parcelas eran desde el punto de vista urbanístico inviables", por lo que, en vista de esto, Larena 98 "decidió dejar de abonar el canon mensual a Mercasevilla".

Reuniones con Monteseirín
Según afirma, a partir de aquí "comienza a recibir todo tipo de presiones" por parte de Mellet, que le decía "que no dejase de pagar el canon, pues le resultaba vital para mantener la actividad del merca", añadiendo que se produjeron "varias" reuniones "donde le prometían todo tipo de cosas, entre ellas un director general de la Junta que le prometió, a cambio de seguir pagando el canon, la concesión de una estación para pasar la ITV", mientras que en otra reunión, a la que asistieron Mellet, Ponce y "una persona joven que decía ser la mano derecha del alcalde", se le ofreció a cambio de resolver el contrato de superficie "la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de la ciudad".

También indica que mantuvo cuatro reuniones con el primer edil -en su propio despacho-, Alfredo Sánchez Monteseirín, "en las que se trata el asunto de las anomalías en Mercasevilla", manifestando el alcalde "su total desconocimiento acerca de estas anomalías, por lo que quedó en hablar con Marchena para aclarar esta situación".

elmundo.es