sábado, 23 de enero de 2010

"CASO ARCOS"; EL ALCALDE DE ALCAUCÍN ALERTÓ A LOS PROMOTORES DE QUE ERAN INVESTIGADOS

* 'Posiblemente tengamos que abrirte expediente para que ellos no actúen', le dijo a un promotor

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La connivencia que según la Guardia Civil sostiene en sus informes existía entre el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, y varios promotores con intereses en el municipio queda patente en varias de las conversaciones telefónicas intervenidas en el marco de la 'operación Arcos', y que constan en el sumario.

En ellas se observa cómo el regidor alerta a varios promotores de que un juzgado ha requerido al Ayuntamiento documentación sobre sus obras, o cómo les ayuda a obtener financiación bancaria pidiendo al arquitecto imputado informes ficticios sobre la calificación de sus terrenos.

En una conversación intervenida el 11 de noviembre de 2008, por ejemplo, el alcalde avisa a Luis Crooke, uno de los promotores imputados junto a su suegro, Francisco Llamas, de que un juzgado ha pedido al Ayuntamiento informes sobre la construcción del residencial Arco Iris, promovido por la mercantil Crocasa, e incluso les cita para hacerles entrega de lo solicitado por el juez.

El complejo, según los investigadores, vulneraría «todos y cada uno de los puntos» sobre los que el juez solicitaba informes. «Yo de la mejor manera lógicamente, no te quepa la menor duda, que ya lo mandaremos y además te daremos más o menos copia de lo que hemos mandado», se llega a comprometer el alcalde con Crooke.

En otra de las conversaciones, el alcalde avisa a otro promotor, en este caso un particular que había ejecutado una construcción ilegal, de que el Ayuntamiento no ha tenido otro remedio que enviar a un policía local a hacer fotografías, dado que se ha recibido un requerimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. «Posiblemente tengamos hasta que abrirte expediente, ¿entiendes?», le indica el alcalde, que tras varias explicaciones más le comenta que la actuación municipal se realizará «pa que ellos no actúen», en referencia al Seprona y a la Junta de Andalucía.

El alcalde además facilitó a los promotores antes citados informes para hacerlos valer ante determinadas entidades bancarias, y, al resultar estos insuficientes, instó al arquitecto de Diputación, José Mora, a elaborar otro informe que afirmase que los terrenos eran urbanizables, de forma que, bajo el paraguas de la Diputación, este documento sirviera a los empresarios para lograr la ansiada financiación a sus proyectos, levantados en suelos no urbanizables del municipio.

Además, ante la denuncia de un particular contra la construcción del complejo Arco Iris por parte de Crocasa, y la consiguiente causa judicial, el alcalde se compromete a proteger los intereses de los promotores, y acuerda con los denunciados que solicitará un nuevo informe a José Mora para facilitarles que puedan eludir la acción de la Justicia.

Complicidad
La complicidad entre el alcalde y el arquitecto de la Diputación encargado de la comarca de la Axarquía se concretó además en el inteto de ambos por obtener cobertura legal para las irregularidades urbanísticas cometidas durante años en el municipio, mediante un documento denominado ‘Innovación de las Normas Subsidiarias de Alcaucín en suelos anejos al núcleo’, que elaboró José Mora, el Consistorio aprobó en pleno el 21 de diciembre de 2006 y que la Comisión Provincial de Urbanismo desestimó en 2008, señalando que la memoria del documento carecía «del mínimo rigor necesario incumpliendo de forma flagrante y directa distintos preceptos de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y del Reglamento de Planeamiento».

Un completo informe del Seprona incluido en el sumario alude a 14 áreas del municipio que el documento pretendía convertir en suelo urbanizable, en muchas de las cuales ya existen edificaciones u obras en ejecución. El documento detalla dos operaciones presuntamente irregulares, varias actuaciones del regidor para obstaculizar investigaciones judiciales abiertas, y varios supuestos colaboradores del regidor.

Además
* El PP pide una comisión de investigación en el Parlamento
* El PSOE desoyó al militante que denunció la trama
* 'Cuanto más grande es la mentira, más caro es el informe'
* La concejal de Urbanismo que no sabe nada de urbanismo

elmundo.es

"CASO ARCOS"; ARENAS ACUSA AL PSOE DE "SER EL PARTIDO DE LA CORRUPCIÓN" POR ALCAUCÍN

Europa Press | Málaga

El presidente del PP andaluz (PP-A), Javier Arenas, ha indicado que el PSOE es "el partido de la corrupción", por lo que destacó que pasarán "muchos años para que pueda dar lecciones de ética y de buen hacer en la política", en relación con lo ocurrido en el municipio de Alcaucín (Málaga), donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística.

Arenas, que ha presidido en San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), la reunión de la Intermunicipal del PP malagueño, ha incidido en que el PSOE es el partido que "no ataca la corrupción en Andalucía", a pesar de tener "decenas de imputados como presuntos culpables", al tiempo que ha recordado que los populares pedirán que se reabra la comisión en la Diputación Provincial y que se investigue también lo ocurrido en el Parlamento andaluz.

"Las personas que lo sabían y no denunciaron tendrán que asumir sus responsabilidades", ha afirmado el presidente de los populares andaluces, quien aclaró que, aunque serán los jueces quienes vean si tenían o no responsabilidades jurídicas, responsabilidades políticas tienen como una catedral".

Respecto a la presencia este sábado en Málaga del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha apuntado que "le gustaría que hubiera aprovechado para anunciar que en el próximo Consejo de Gobierno se empieza el tren litoral, el tercer hospital y que habrá un plan de saneamiento, cumpliendo así con los compromisos con Málaga".

"Que se dejen de reír de una vez por todas de esta provincia, que es la gran olvidada en relación con el protagonismo político y administrativo que debería haber tenido", ha asegurado Arenas, quien ha exigido al PSOE que "luche contra las presuntas irregularidades".

Marbella
Por otra parte, Arenas ha destaco que Marbella "ya no está en las páginas de sucesos, sino en las de la buena gestión y el buen gobierno", mientras que el municipio de Estepona (Málaga), liderado por David Valadez (PSOE), "no tendrá arreglo hasta que no haya elecciones".

"No hay que preocuparse de la soledad cuando uno lleva razón y está actuando conforme a sus principios y convicciones, sobre todo cuando los otros partidos están en el error", ha apostillado.

Por su parte, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha señalado que Málaga es "la que tira del cambio", al tiempo que ha comentado que el trabajo del partido en los próximos meses se centrará en la economía, el empleo, la educación y, principalmente, fomentar el municipalismo.

Por último, la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha criticado el "partidismo" de la Junta de Andalucía, que ha dejado de invertir en Marbella, la quinta ciudad de la Comunidad, desde hace 15 años y, sin embargo, "mienten cuando dicen que el Gobierno andaluz es el que está levantando Marbella".

Además
El Alcalde alertó a los promotores de que eran investigados
El PSOE desoyó al militante que denunció la trama
"Cuanto más grande es la mentira, más caro es el informe"

elmundo.es

"CASO BAENA"; EL FISCAL PIDE 6 AÑOS POR LAS FACTURAS FALSAS PARA EL SECRETARIO DEL ALCALDE

Presunta trama de facturas falsas para pagar clubs de alterne

* Pide también 6 años para el otro funcionario de confianza de Moreno y el empresario que los denunció

T. Caravaca | M. M. Becerro | Córdoba | Sevilla

La Fiscalía solicitó ayer seis años de cárcel para Rafael Santano, secretario del alcalde de Baena y senador del PSOE, Luis Moreno, y supuesto 'cerebro' de una trama de facturas falsas montada desde el Ayuntamiento baenense y que servía presuntamente para sufragar las visitas al club de alterne de Marbella Milady Palace de personal de confianza del regidor.

En su calificación, el Ministerio Público identifica a Santano como funcionario administrativo pero resalta –en negrita– que «ejercía funciones de secretario personal del alcalde» cuando se investigó la red de corrupción municipal, un hecho que negaron taxativamente Luis Moreno y los concejales socialistas de Baena en el escrito de rectificación que enviaron en febrero de 2009 a EL MUNDO de Andalucía al destapar este diario el escándalo.

Al igual que hiciera el juez instructor, el fiscal ratifica en su escrito la estrecha relación existente entre Santano y Luis Moreno durante los años en que se han investigado las presuntas facturas falsas, en concreto entre 2005 y 2007. Asimismo, para el otro trabajador de confianza del alcalde, Juan Díaz Pérez (el mismo que fue grabado por la Policía Judicial asegurando que había ido al despacho de Moreno a ofrecerle informes urbanísticos «contundentes» para ocultar irregularidades), el Ministerio Público solicita la misma pena de prisión que a Santano y por los mismos motivos, como presuntos autores de un delito continuado de estafa y como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial.

El senador Luis Moreno acusó a IU del «montaje» y desmintió que Santano fuera su secretario

También se pide cárcel para el empresario que denunció en el verano de 2007 que estaba facturando en falso al Ayuntamiento de Baena, Antonio Jesús Gómez de la Rosa, al que el fiscal acusa de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial y de actuar también como cooperador necesario del delito continuado de estafa del secretario del alcalde y Díaz Pérez.

La Fiscalía propone que los tres acusados afronten «conjunta y solidariamente» una indemnización al Ayuntamiento de Baena de 37.434 euros, que son los que habrían estafado mediante el cobro de 11 facturas por trabajos no realizados.

Podría darse, por tanto, la paradoja de que el Consistorio se acabe beneficiando de un proceso cuya celebración ha intentado impedir a toda costa, remitiendo informes al juzgado que acreditarían que las facturas no eran falsas y que la Administración local no habría sufrido perjuicio económico alguno.

elmundo.es