lunes, 22 de junio de 2009

EL FISCAL DENUNCIA A UN EDIL DE MIJAS POR NO EJECUTAR UNA ORDEN DE DERRIBO

Por un delito de prevaricación por omisión

Obras ilegales denunciadas por la Fiscalía. | elmundo.es

Marga García | Málaga

La Fiscalía de Delitos contra la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha trasladado al Juzgado Decano de Fuengirola una denuncia contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, Juan Cruz, para que investigue si pudo cometer un delito de prevaricación por omisión al no hacer cumplir la disciplina urbanística en una vivienda ilegal de un empresario amigo suyo, según el escrito que obra en poder de EL MUNDO de Málaga.

La incoación de diligencias se produce a raíz de una denuncia presentada por el PP de Mijas ante el departamento de Urbanismo del Consistorio y el Seprona, donde reseñaron que se estaba construyendo en la carretera Mijas-Coín, en el diseminado 18, junto al cruce de Entrerríos.

Tras esto, el alcalde firmó un decreto instando a su inmediata suspensión y a su legalización en el plazo de un mes si lo permitía la ley, o, en caso contrario, a su demolición.

El expediente se resolvió en mayo de 2007 y se establecieron unas multas coercitivas de 24.006,30 euros al mes, así como la orden de demolición de las obras ejecutadas, que no se llevó a cabo.

Además, la arquitecta del Ayuntamiento emitió un informe negativo sobre un proyecto de actuación en esta zona solicitado por Almacenes Moreno SL.

No obstante, las obras no se pararon, el Ayuntamiento no obligó a demoler la vivienda y tampoco se gestionó el cobro de la multa. Esta inactividad del Consistorio provocó que el representante de Almacenes Moreno presentara un escrito reclamando la suspensión del expediente. Una petición que fue refrendada por decreto de Alcaldía basándose en «la caducidad del expediente».

ELMUNDO.ES

EL PP DENUNCIA A CHAVES POR INCUMPLIR LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES

POLÍTICA | Ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Sevilla

El PP ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno una denuncia que pide iniciar procedimiento sancionador contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al considerar que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por la subvención concedida a la empresa Matsa, donde trabaja su hija.

La denuncia ha sido presentada en la Casa Rosa, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por cinco diputados del PP-A, encabezados por el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, y la portavoz de este partido en el Parlamento autonómico, Esperanza Oña.

El PP ha presentado esta denuncia, de carácter administrativo, como paso previo a la utilización de la vía judicial contra la concesión, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de una subvención de más de 10 millones de euros, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabaja la hija de Manuel Chaves.

El escrito del PP, que ha sido facilitado por Antonio Sanz a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, reclama al Consejo de Gobierno que acuerde la apertura del procedimiento sancionador y, tras la tramitación procedente, acuerde imponer las sanciones que correspondan.

Los populares consideran que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.

Los argumentos esgrimidos por el PP para presentar esta denuncia son que existe una constatación de que Manuel Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades cuando el 20 de enero presidió el Consejo de Gobierno que concedió la ayuda de más de 10 millones de euros a Matsa, ya que su hija, según este partido, era la apoderada.

Según denuncia el PP, la hija de Chaves aparece el 14 de enero como apoderada en el expediente por el que se concede la subvención por parte de la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, ayuda ratificada seis días después por el Consejo de Gobierno, en el que Chaves aún era presidente de la Junta.

Control de la legalidad

Antonio Sanz ha explicado que el Consejo de Gobierno tiene la función del "control de la legalidad", algo que, a su juicio, debió aplicar en la subvención a esta empresa, por lo que Chaves podría haber incurrido en la infracción del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de la Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos, al no inhibirse en la decisión.

El PP reitera que el acuerdo del Consejo de Gobierno "no es una mera ratificación, sino una autorización previa y preceptiva" que lleva implícita la aprobación del gasto, de forma que resulta "requisito esencial" para otorgar la subvención la aprobación del gasto por el órgano competente, según la Ley de Subvenciones.

El Consejo de Gobierno de la Junta es competente para sancionar estos casos en relación con los dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 8 de abril de 2005 de Incompatibilidades, según ha explicado Sanz, quien ha advertido de que este paso administrativo es previo a que el PP utilice también la vía judicial.

Sanz ha aclarado que tras esta denuncia y una vez "agotada" la vía política y parlamentaria -el jueves se debate la creación de una comisión de investigación-, el PP acudirá también a los tribunales.

En este sentido, ha anunciado que volverá a personarse en la sede de la Agencia IDEA para reclamar el expediente que la semana pasada la Junta se negó a entregar, ya que el pasado viernes el consejero de Innovación, Martín Soler, aseguró que "no hay ningún problema de ningún tipo en darle (al PP) copia del expediente" relativo a la subvención que la Junta otorgó a Matsa.

ELMUNDO.ES

GRAU RETA A ALBORCH A UN DEBATE SOBRE LAS POSIBLES ANOMALÍAS DEL MESTALLA

VALENCIA | La Fiscalía investiga

Obras del nuevo estadio de Mestalla en la avenida de las Cortes | José Cuéllar

* El teniente de alcalde del consistorio dice que 'no tolerará más infundios'

Europa Press | Valencia

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, retó este lunes a la portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio, Carmen Alborch, a debatir con él sobre las presuntas irregularidades en la recalificación del suelo para la construcción del nuevo Mestalla en la Avenida de las Cortes Valencianas. Así, el edil señaló que no va a tolerar "más infundios ni estupideces".

Grau se pronunció en estos términos en una rueda de prensa posterior a la Comisión de Urbanismo, en relación al contenido del informe en el que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia manifiesta que la permuta del solar del nuevo Mestalla podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.

El teniente de alcalde señaló que en los medios de comunicación se "ha dicho que si había habido una o dos recalificaciones", y aclaró que "ha habido una única recalificación, y lo demás, han sido exclusivamente" informes para conocer "si eran compatibles o no determinados usos urbanísticos".

Asimismo, señaló que para la recalificación del solar donde se ubicará el nuevo estadio del Valencia, "se pidieron tres tasaciones a tres entidades diferentes, una de ellas la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y el equipo de gobierno municipal "eligió la más alta, a pesar de que se habían comprometido a elegir la media de las tres".

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, subrayó que las decisiones se toman "en base a informes de tres sociedades de tasación", por lo que, ni aunque quisiera el equipo municipal, se podría valorar el solar en una cantidad mayor a la tasación máxima -45 millones- "porque todas las decisiones que toma esta administración se hacen en base a documentos que lo sustancien", insistió.

Grau agregó que el convenio entre el Valencia y el consistorio "fue ratificado por el pleno el 29 diciembre de 2005 e informado favorablemente por el servicio del informe urbanístico y el titular de la asesoría jurídica, tanto en lo que se refiere a recalificaciones como en la permuta".

Además, apuntó que la legalidad del convenio fue declarada por una sentencia "firme" del juzgado de lo contencioso número 6, que "desestimó el recurso de diversos concejales del grupo socialista", mientras que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) "dice que es legal y que no hay pruebas".

'No hay comunicación oficial'

Preguntado por si tiene intención de "reclamar", se planteó "cómo se va a reclamar algo que nadie ha comunicado oficialmente", ya que, según dijo, se refirió "en todo momento a lo que han publicado los medios" porque él no tiene "ni un sólo papel". No obstante, aseguró que lo que sí se plantea es "presentar una denuncia para que se investigue cómo han sacado determinados medios esas cosas".

Al respecto, señaló que le parece "muy bien" que el fiscal jefe investigue, porque es su "obligación", pero lo que ya no le parece "tan bien" es que, "en una fase de investigación interna se produzcan filtraciones que propician juicios paralelos que, en absoluto garantizan el estado de derecho y que, recientemente, han sufrido otros" de su mismo partido.

Grau lamentó que "el partido socialista y quienes le corean andan enloquecidos para tratar de implicar, como sea, al gobierno municipal y a la alcaldesa, Rita Barberá, en alguna irregularidad", pero han pasado 18 años desde que la primera edil accedió a este cargo "y no lo han conseguido, ni lo van a conseguir", sentenció. Así, censuró que "cuando uno es incapaz de plantear alternativas serias y proyectos trata de incurrir en el juego sucio, en buscar donde no hay, o en calumniar porque algo queda".

De este modo, instó a Alborch a "sentarse a debatir" con él, para hablar del Mestalla, de las obras de la conexión de la V-21 con la ronda norte, del agua, del aeropuerto, de la "corrupción en los Ayuntamientos, en los suyos y en los nuestros" o de las "irregularidades que ella dice que hay", pero que las "puntualice", reclamó.

Grau señaló que la permuta con el club de fútbol "no se ha sustanciado todavía, porque el Valencia, a pesar de los favores que supuestamente le hemos hecho, está en la ruina y no puede ni siquiera terminar el estadio".

Noticia relacionada:

El PSPV pide a Barberá que aclare la permuta del Mestalla

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LAS VENTAS SOSPECHOSAS DEL EX ALCALDE DE PINTO


TRIBUNALES | Acusado de fraude en la cooperación internacional

Pedro Blasco | Madrid

De alcalde a acusado. De hombre todopoderoso del PSOE en la Comunidad a estar próximo a la expulsión. De controlar la organización local de Pinto, a tener dificultades con los dirigentes de la localidad. Antonio Fernández, ex alcalde de Pinto es también conocido como Willy Fog por las vacaciones que tomaba mientras estuvo de alcalde, para mantener contactos con los pueblos con los que había hermanado a la localidad de Pinto.

Ahora, Antonio Fernández tiene problemas con la Justicia. Se enfrenta a una denuncia en Madrid y a otra en Pinto (Argentina).

Un abogado madrileño ha presentado una demanda penal en la que le acusa de fraude en la cooperación internacional cuando era alcalde. Para cometer estos actos, que considera delictivos, utilizó la Fundación Pinares.

Cuando era el primer edil del municipio madrileño suscribió un convenio de hermanamiento con el Ayuntamiento de Pinto (Argentina), representado en ese momento por Emilio A. Rached, hoy senador de la República Argentina, con el que Antonio entabló una fluida relación tras los viajes a aquella localidad.

El Ayuntamiento destinó a ese convenio 498.759,43 euros para la construcción de 18 viviendas para personas necesitadas. También se acordó que se destinarían otros 149.478,54 euros para la urbanización de la zona donde se iban a construir las viviendas para estas personas.

Pero Antonio Fernández tuvo que dejar la Alcaldía de Pinto a finales de Junio del 2005, tras conocerse los viajes que hicieron que se le llegara a llamar Willy Fog.

Antes de irse constituyó, ante un notario, la Fundación Pinares para dedicarse a la cooperación internacional con poblaciones de Hispanoamérica. En mayo de 2006 su fundación suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Pinto (Argentina) para que fuera esta fundación la que eligiera a los adjudicatarios de las casas para «los más necesitados», según se puede leer en el convenio.

¿Y quienes fueron los elegidos? La Fundación, según esta denuncia, eligió, entre otros, a un productor de soja, Lucas Fiori; un abogado, Juan Manuel Sguario, el apoderado de una de las sociedades de Antonio Fernández, Optima Global Business y la propia hija del anterior intendente y hoy senador de la República Argentina, Laura Rached.

Pero no fue una adjudicación gratuita. Se vendieron en un precio de 50.000 pesos argentinos (equivalentes en aquella época a unos 12.500 ó 12.000 euros).

El 3 de mayo de 2006 la Fundación Pinares, que preside Antonio Fernández, suscribió otro convenio con Pinto (Argentina) para que fuera la fundación la que cobrara el importe de las casas. El dinero que se ingresara debería ser destinado al equipamiento y mantenimiento de la sede en Argentina de la Fundación, que es un chalé que utiliza Fernández cada vez acude a la localidad y que recibe el nombre de Casa España. Ese dinero también debería ser utilizado en otras acciones filantrópicas en la provincia.

Pero en Pinto (Argentina) ya están hartos. Un ciudadano ha interpuesto una demanda Contra Antonio Fernández para que justifique el importe de la venta y para que no pueda vender Casa España, uno de sus actuales objetivos.

La denuncia que ha sido interpuesta en Argentina señala que la Fundación es «una institución manejada pura y exclusivamente al arbitrio de su presidente (Antonio Fernández» y añade que la casa, que en realidad es un chalé, es utilizada sólo por su presidente y no se permite la entrada de nadie.

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LOS AMIGOS DE AGAG IMPUTADOS EN GÜRTEL SIGUEN HACIENDO NEGOCIOS

Jacobo Gordon, ex socio y testigo de su boda, vende viviendas de lujo en Majadahonda

No hay imputación en Gürtel que impida a Jacobo Gordon, amigo íntimo del yernísimo de José María Aznar, Alejandro Agag, seguir haciendo negocios o, al menos, intentarlo. Y es que Proyecto Twain Jones, promotora presidida por Gordon que comparte sede registral con empresas vinculadas a la red corrupta, no ha sido intervenida judicialmente es intenta vender el excedente de Residencial Adriático, una promoción de 16 viviendas de lujo levantada en Monte Pilar (Majadahonda). La citada entidad aún tiene en el mercado cuatro de estas viviendas con costes que van desde 500.000 a 1.100.000 euros. Precisamente, en una de las grabaciones interceptadas por la policía anticorrupción, Correa daba cuenta de una promoción en Majadahonda impulsada por Gordon con un precio “desorbitado”, informa hoy el diario Público.

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Salones de cinco metros de altura, bajos con jardín, terrazas con jacuzzi y pisos de 180 metros cuadrados. Son algunas de las características de las viviendas que, hoy por hoy, sigue ofertando Proyecto Twain Jones, promotora presidida por Gordon y participada en un 75% por Real Estate Equity Portfolio, también presidida por el que fuera uno de los amigos más cercanos de Agag.

Misma sede
Esta última entidad, cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la participación en otras sociedades, ostenta la paternidad de cinco empresas más. Estas seis compañías -incluida Twain Jones-, al igual que su madre, tienen sede registral en la madrileña calle Príncipe de Vergara número 128. Ello significa que comparten domicilio legal con Castaño Corporate SL, sociedad a la que el juez Baltasar Garzón enmarcó en la constelación Gürtel.

Conversaciones vinculantes
Si hasta aquí los vínculos con la trama empiezan a dibujarse, las conversaciones grabadas por la policía toman el relevo. En una de ellas, el mismo Correa se refiere a una promoción propulsada por Gordon en Majadahonda con un coste “desorbitado”, apunta Público. Además de las cintas recogidas en el sumario judicial, las grabaciones realizadas por un ex concejal de Majadahonda consultadas por el rotativo desvelarían que el amigo y testigo de boda de Agag también había llevado en Valencia distintos temas urbanísticos de Correa.

Imágenes promocionales de Residencial Adriático colgadas en el portal idealista.com

Amistad Gordon - Agag
Los vínculos de Gordon y Agag son difíciles de negar. Ambos compartieron negocios en Natko, una sociedad dedicada al paintball, y en Columela Gestion, una asesoría inmobiliaria. El grado de intimidad de su relación quedó patente en la boda de Agag y Ana Aznar en El Escorial, en la que el ex socio fue testigo. Además de Gordon, una persona muy cercana al ex presidente Aznar ha sido imputado en Gürtel: José Ramón Blanco Balín quien, precisamente, ha sido consejero de Real Estate. Este cargo también lo ha ostentado José Luis Martínez Parra, vicepresidente e hijo del propietario de Teconsa, también implicada en la trama Gürtel.

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De Teconsa al tesorero y el bodorrio
Según Garzón, la Junta de Castilla y León adjudicó a Teconsa la construcción de una carretera a través de un concurso “amañado” y previo pago de la constructora a Correa, quien posteriormente “repartió a otras personas, entre las que se encontraría, según la investigación policial, Luis Bárcenas”, tesorero del PP que podría ser imputado en breve por el Supremo. Este círculo corrupto-empresarial acabaría en Boadilla, donde Teconsa ha sido la principal beneficiaria de la EMSV. Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, directivos de la citada empresa municipal de suelo, también han sido imputados en Gürtel. Curiosamente Bosch, diputado regional de Madrid, fue quien organizó el bodorrio de El Escorial en 2002, cuando era concejal de aquella localidad.

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