domingo, 25 de julio de 2010

"CASO PALMA ARENA"; PIDEN INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS CON EL INSTITUTO PRESIDIDO POR URDANGARÍN

El juez Castro ha abierto una nueva pieza del caso Palma Arena

EFE. PALMA El juez instructor del "caso Palma Arena", José Castro, ha abierto una nueva pieza de esta causa en la que pide información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarín.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez abre la pieza número 25 de esta extensa causa que investiga como asunto principal el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del velódromo Palma Arena, un pabellón que costó unos 100 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado.

En el "caso Palma Arena" se investiga además, entre otras cuestiones, el supuesto incremento irregular del patrimonio del ex presidente autonómico Jaume Matas (PP) durante la pasada legislatura, así como la presunta financiación ilegal del PP con ocasión de la campaña electoral de 2007.

En la providencia que abre la pieza 25, el juez requiere al Instituto Nóos que "acredite haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones".

El pasado mes de junio, el juez decidió dividir la causa en 24 piezas más la principal, y en esta nueva providencia ordena la apertura de otra sobre los citados convenios.

Estos convenios, firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias.

Así lo explicó en una rueda de prensa en octubre de 2005 Jaume Matas, que estuvo acompañado por Iñaki Urdangarín como presidente del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo. Este instituto fue el organizador del evento.

Este foro se celebró por primera vez en noviembre de 2005 en Palma y su segunda y última edición tuvo lugar en 2006 en virtud de los dos convenios que, según han asegurado fuentes jurídicas, no firmó el duque de Palma.

En febrero de 2006, el PSIB-PSOE preguntó al Ejecutivo autonómico del PP en el Parlament balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro, extremo que negó entonces rotundamente el ex portavoz del Govern y ex conseller de Turismo Joan Flaquer.

En concreto, la pregunta del PSIB versaba sobre el destino de 1,2 millones de euros que abonó el Govern al Instituto Nóos para que organizase en noviembre de 2005 este encuentro internacional, ya que consideraba que este gasto era un derroche que planteaba dudas sobre el uso real de estos fondos públicos.

diariodemallorca.es

"CASO PEAJE"; PASCUAL DESCARGA EN LA UTE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN CARRETERA MANACOR

Pascual ha declarado como imputado durante unas dos horas ante la jueza instructor

EFE. PALMA El ex vicepresidente y ex conseller de Obras Públicas del Consell de Mallorca Antoni Pascual ha descargado hoy ante el juez las supuestas irregularidades cometidas durante la construcción de la autovía de Manacor en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que realizó las obras.

Pascual ha declarado como imputado durante unas dos horas ante la jueza instructora del "caso Peaje" de supuesta corrupción, en el que se investiga un supuesto desvío de dinero público a obras privadas facturadas como si fueran parte de los trabajos de desdoblamiento de la carretera de Manacor a Inca (MA-15), llevados a cabo en la pasada legislatura, cuando el Consell estaba gobernado por PP y UM.

Actualmente, Pascual es conseller insular y portavoz de UM en el Consell de Mallorca y figura como uno de los querellados por la Fiscalía Anticorrupción en este caso.

Durante su declaración ante la jueza y el fiscal Anticorrupción Miquel Ángel Subirán, Pascual se ha desvinculado de cualquier irregularidad en estas obras, ya que ha dicho que era la UTE la que se encargaba de ellas, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Pascual ha afirmado a la jueza que el Consell adjudicó las obras de dos tramos de la carretera a la empresa Pamasa, y que luego ésta las otorgó a una UTE, formada por Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN S.A., MAB, Aglonsa, Sacyr, Melchor Mascaró e Itinere Infraestructura S.A.

De esta manera, ha asegurado que la UTE no tenía ninguna relación con el Consell, sino que era Pamasa la que estaba vinculada a esta institución, y que por tanto las supuestas irregularidades son responsabilidad de la unión de empresas.

Pascual también ha respondido a preguntas acerca de las obras privadas que las empresas de la UTE realizaron supuestamente para el ex director insular de Carreteras del Consell Gonzalo Aguiar -imputado en la causa- y el funcionario del Consell Gabriel Mestre -en libertad bajo fianza por este caso-.

En cuanto a Aguiar, le han inquirido acerca de si conocía que una de las empresas de la UTE, Melchor Mascaró, llevó a una finca de su propiedad camiones con arena procedentes de las obras de la carretera, y ha dicho que no lo sabía.

Respecto a Mestre, se investiga si la UTE pagó una pista de futbito y su iluminación en una casa de su propiedad en Manacor, y a Pascual le han preguntado acerca de si asistió a una fiesta de comunión que se celebró allí.

Pascual ha afirmado que sí fue e, inquirido acerca de si la comida que se sirvió era cara, ha respondido que no se fijó.

Esta operación se inició en marzo de 2009 con el registro de algunas de las empresas de la UTE que llevaron a cabo en la pasada legislatura el desdoblamiento de la carretera de Manacor, cuyo coste ascendió a 121,6 millones de euros.

Esta carretera se hizo en tres tramos (uno lo adjudicó el Govern y el resto el Consell) y la vía se inauguró también en tres ocasiones.

En su momento, la "operación Peaje" dio lugar a la detención de 18 personas, entre ellos Aguiar, que por entonces era director del Consell por Unió Mallorquina.

diariodemallorca.es

"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR, NADAL, FLAQUER Y VICENS DECLARAN ESTA SEMANA

Se investiga un presunto cobro de comisiones por parte de miembros de UM en la legislatura pasada en la venta de Can Domenge

EFE. PALMA Los ex presidentes de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar -ex presidenta del Parlament-, Miquel Nadal -ex conseller de Turismo- y Miquel Ángel Flaquer -ex conseller insular de Economía-, así como el ex diputado de este partido Bartomeu Vicens declaran esta semana ante el juez por el "caso Can Domenge".

Todos ellos están citados el jueves y el viernes por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que investiga esta causa de supuesta corrupción durante después de que el caso haya sido devuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al juzgado de instrucción al no figurar ya ningún aforado imputado.

En esta causa se investiga un presunto cobro de comisiones por parte de miembros de Unió Mallorquina en la legislatura pasada en la venta por el Consell de Mallorca del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

El jueves tendrán que declarar como imputados Bartomeu Vicens y Miquel Ángel Flaquer a las 9.30 y a las 12.00 horas, respectivamente, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Vicens, ex conseller insular de Territorio, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena por otro caso de corrupción, "Son Oms", y está también imputado en los casos "Plan Territorial de Mallorca" y "Maquillaje".

Respecto a Flaquer, ex conseller insular de Economía, ya declaró ante el juez por el "caso Can Domenge", y negó cualquier irregularidad en el concurso público aprobado por el anterior equipo de gobierno del Consell (del PP y UM) en el proyecto para construir 600 viviendas en esa zona de Palma.

Flaquer figura también como imputado en el "caso Voltor" de supuesta corrupción, por el que está en libertad bajo una fianza de 100.000 euros.

El viernes le tocará el turno a Miquel Nadal y a Maria Antònia Munar, que están citados por el juez y como imputados a las 9.30 y a las 12.00 horas, respectivamente.

Munar, que fue presidenta del Consell de Mallorca durante la anterior legislatura, ya declaró por "Can Domenge" el pasado mes de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que por entonces instruía la causa al ser Munar entonces presidenta del Parlament balear.

La ex presidenta de UM afirmó tras declarar ante el juez, en una comparecencia en la sede del Parlament, que aunque el asunto de supuesta corrupción en el que está imputada "se solucione", los políticos ya tienen "la pena del telediario".

Unos meses más tarde, en febrero, Munar presentó su dimisión como presidenta del Parlament y anunció su retirada de la vida política, tras ser acusada de corrupción por el que fuera su "delfín" político en Unió Mallorquina Miquel Nadal.

La dimisión de Munar se produjo horas después de que Nadal, que fue vicepresidente del Consell de Mallorca en la pasada legislatura y conseller de Turismo en la actual, afirmara ante el juez del "caso Maquillaje" que Munar le dio 300.000 euros de UM para comprar la productora que recibió contratos millonarios de la corporación insular.

El juez de esta caso impuso posteriormente a Munar una fianza penal de 350.000 euros para evitar la cárcel.

Nadal, por su parte, está en libertad bajo una fianza de 100.00 euros por el "caso Voltor" de supuesta corrupción, además de encontrarse encausado en "Maquillaje" y "Can Domenge".

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA INVESTIGA SI MELLET Y PONCE SE APROPIARON DE 24.000 € DEL PATROCINIO DE UN CLUB DE HOCKEY

MERCASEVILLA | Ponce se niega a declarar ante la juez por la venta de suelos

* Era el dinero que el empresario Antonio Pardal dio al club al Patín Macarena

María Rionegro | Sevilla

La declaración de Antonio Pardal, el propietario de Larena 98, la empresa que era dueña de parte de los terrenos del mercado, como testigo en el 'caso Mercasevilla' ha dado un giro al proceso judicial que instruye la venta "ilegal" a la constructora Sando de estos suelos y ha abierto nuevas vías de investigación.

La declaración de Pardal ha vuelto a poner en entredicho la gestión de los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, principales imputados en la causa. La juez está investigando ahora si ambos "se apropiaron" de 24.000 euros que Pardal entregó al club de hockey Patín Macarena para, presuntamente, agilizar las licencias urbanísticas que Larena 98 estaba esperando para levantar unas naves en los terrenos de Mercasevilla.

El propio Pardal admitió ante la magistrada que patrocinó al club Patín Macarena mientras estuvo vinculado a Mercasevilla a petición del ex director, Fernando Mellet, quien le dijo que eso le "ayudaría a que las licencias que se estaban tramitando se pudieran obtener más rápido" y que, además, "era la costumbre".

Mellet plantearía este asunto, supuestamente, en el transcurso de una reunión en la que, según Pardal, también participó José Marín, el ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y tres meses de prisión por las facturas falsas del distrito Macarena.

En base a esta declaración, la juez instructora, Mercedes Alaya, ha asegurado que Ponce, "en connivencia con Mellet, se apropiaron indiciariamente de 24.000 euros que entregó Pardal en concepto de patrocinio al club Patín Macarena, ya para ellos directamente o para Mercasevilla".

La magistrada ha imputado estos hechos al ex subdirector del mercado, después de que éste se negara a declarar por la investigación sobre la venta "ilegal" de los suelos de la compañía y su abogado, Simón Fernández, requiriera la especificación de los hechos imputados a su cliente.

Además
* El PP eleva al Defensor del Pueblo su expulsión de Mercasevilla
* Mellet acusa a la juez de querer incriminarlo 'como sea'

elmundo.es

CONDENADO A 9 MESES DE CÁRCEL EL EX ALCALDE DE ISLA MAYOR POR DESVIAR DINERO

TRIBUNALES | Justo el día antes de cesar ordenó un pago de 5.701 €

Europa Press | Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a nueves meses de cárcel y a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo al ex alcalde de la localidad de Isla Mayor Manuel Aviñó Navarro por ordenar el día previo a su cese el pago de 5.701,49 euros a pesar de los informes en contra del tesorero y del interventor.

Según relata la sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 13 de junio de 2003 el entonces alcalde del municipio -al día siguiente tomaba posesión la nueva corporación municipal- ordenó el abono a la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa), de cuyo consejo de administración era presidente, la cantidad de 5.701,49 euros.

En este sentido, el fallo asevera que el entonces primer edil actuó de esta manera "sin que existieran fondos disponibles" para hacer frente al pago y existiendo además un embargo sobre los créditos de dicha empresa por parte de la Agencia Estatal Tributaria, notificado el 10 de junio de 2003, "encontrándose la empresa en bancarrota y prácticamente liquidada en esa fecha".

Al hilo de ello, pone de manifiesto que el referido cheque "no figuraba dentro de la contabilidad de la mencionada sociedad como ingreso recibido, cuyo destino debería haber sido el pago de los salarios debidos a algunos de los trabajadores", siendo un arquitecto "el único que cobró", concretamente la cantidad de 700 euros, "con cargo a dicho cheque", todo ello "sin que el destino de la cantidad restante se justificara en ningún momento".

La sentencia precisa que el cheque fue cobrado en el banco por la empleada encargada de la contabilidad de la empresa previa autorización de Manuel Aviñó al entonces concejal Manuel Paredes Garrido, a quien la Audiencia Provincial ha condenado a nueve meses de cárcel e inhabilitación absoluta de tres años y seis meses por un delito de malversación de caudales públicos.

Por todo ello, la Audiencia Provincial condena al ex alcalde de Isla Mayor a nueve meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, así como a tres años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público municipal de carácter electivo por un delito de prevaricación.

elmundo.es