miércoles, 9 de febrero de 2011

EL TSJ SIGUE EL CASO DE LOS TRAJES CONTRA CAMPS SIN ACUMULAR OTROS DELITOS

El tribunal valenciano asegura que añadir la supuesta financiación ilegal es imposible en este momento por impedimentos procesales.-La decisión sobre un recurso del presidente se conocerá la semana próxima

EL PAÍS - Valencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana proseguirá el procedimiento contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres destacados miembros del PP regional por un supuesto cohecho pasivo impropio (haber recibido trajes y otros regalos valorados en miles de euros a lo largo de varios años), sin incorporar otros delitos. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado acumular la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, pero ello no es posible desde un punto de vista procesal en estos momentos, según explica el tribunal.

El TSJ Valenciano no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, añade su portavoz, sino que se ha limitado a decir que no se puede pronunciar en tanto no se resuelvan varios trámites. El primero: el recurso presentado por Álvaro Pérez ante el TSJ madrileño (donde se instruye el grueso del caso Gürtel) contra la inhibición decidida por el magistrado instructor, Antonio Pedreira, que resolvió antes del verano enviar a Valencia la investigación de los supuestos delitos electorales, de financiación ilegal, cohecho y contra la Hacienda pública que parecían afectar a aforados de la Comunidad Valenciana (en total, los indicios apuntan a 15 altos cargos).

Contra la decisión del instructor del grueso del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de inhibirse de la parte valenciana se presentaron recursos. Uno de ellos (y según el TSJ valenciano el que está dilatando la marcha del caso) fue de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia. Pérez cuestionaba los límites de la inhibición de Pedreira. Solicitaba que parte de la documentación que iba a ser remitida a Valencia se quedara en Madrid y a la inversa.

En paralelo a esos recursos, la inhibición de Pedreira (y, yendo al fondo del problema, la fragmentación del caso en dos tribunales) dio lugar a otro tipo de problemas. Al conocer la decisión del magistrado del tribunal madrileño, el TSJ valenciano entendió que Pedreira había actuado incorrectamente al no concretar qué documentación debía ser remitida a Valencia. La discusión entre ambos tribunales duró meses.

El TSJ valenciano recibió finalmente la documentación y la Sala Civil y Penal dio cinco días a las partes para que se pronunciaran sobre la inhibición. Algunas de las partes contestaron, sin embargo, que no podían hacerlo en tanto no estuvieran claros los límites de la inhibición. Esto es, hasta que el TSJ madrileño no resolviera el recurso presentado por Álvaro Pérez y esa decisión fuera firme. A la vista de ese problema, la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano decidió paralizar el plazo de cinco días dado a las partes, y en ese punto continúa.

Una vez que se resuelva esa cuestión, añade el TSJ valenciano, se retomará el trámite de aceptar o no la inhibición de Pedreira. Y mientras eso no ocurra, el tribunal no puede pronunciarse sobre la posible acumulación de más delitos a la causa de los trajes que sigue adelante en Valencia.

Recurso
El TSJ resolverá la próxima semana el recurso de la defensa del presidente de la Generalitat que pide incorporar a la causa de los trajes una conversación grabada que se considera que beneficia a Francisco Camps. La vista sobre este recurso se ha celebrado esta mañana en la Sala de lo Civil y Penal a puerta cerrada. El abogado de Camps pide incluir en la causa una conversación grabada en prisión entre uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y su abogado. Una conversación en la que Crespo afirma que Camps se pagó los trajes de su bolsillo y que fue declarada nula por el TSJ madrileño.

Durante la comparecencia, presidida por la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, la defensa de Camps ha insistido en que se admitan en la causa esas escuchas, mientras que la acusación se ha opuesto debido a que ya fueron rechazadas en su día por el juez José Flors. La decisión de la Sala de lo Civil y Penal sobre este recurso de apelación no se conocerá hasta la semana que viene.

Más información:
    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Tema: Caso Gürtel
    * Pedreira reitera al PP su inhibición de Gürtel a favor de Valencia
    * El juez Flors corta el intento de Camps de ganar tiempo
    * Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ


elpaís.com

"CASO VOLTOR"; UN TESTIGO DECLARA QUE FARRÚS ORDENÓ CONTRATAR A UNA MUJER A PETICIÓN DEL INESTUR

'Me dijo que eran órdenes de arriba'

Efe | Palma

Una testigo que trabajó para una empresa de Jacinto Farrús ha declarado ante la jueza del 'caso Voltor' que se contrató a una mujer a petición del exjefe del área económica de Inestur Álvaro Llompart, supuestamente como "condición" para que una empresa Farrús obtuviera un concurso del instituto público.

Así lo ha dicho en su comparecencia dentro de la pieza separada de este caso de supuesta corrupción que investiga desvíos de fondos en la actual y pasada legislaturas del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlada por Unió Mallorquina (UM).

La testigo, C.S., trabajó entre 2007 y 2010 en el Grupo Marxant y se encargó de preparar la documentación administrativa para que una unión de empresas (UTE) vinculada a Farrús concurriera a un concurso de marketing comparado ("benchmarking") por 360.000 euros convocado por Inestur y que fue supuestamente amañado para concederlo a estas empresas de Farrús.

La mujer ha explicado que Marxant contrató en el verano de 2008 a una mujer marroquí con nacionalidad francesa y que ella misma le confesó que había conseguido el puesto después de pedírselo a Llompart, excontable de UM, en una fiesta.

"Había conocido a Llompart en una fiesta, le pidió trabajo y la contrataron, pensando que era una compensación por la concesión a Torum (una de las empresas de la UTE, de Farrús) de Arte y Cultura (el concurso de marketing)", ha afirmado la testigo sobre su conversación con la mujer contratada.

A esto ha añadido que la mujer "tenía formación" y no era "un florero", así como que nadie le comentó que Llompart le hubiera dicho al entonces gestor de Marxant, José Bongiovanni, que si no contrataba a la mujer no le daría el concurso, sino que fue una deducción suya a partir de la conversación con ella.

Asimismo, la testigo ha narrado cómo en febrero de 2008 Bongiovanni le pidió que hiciera un cheque al portador por 7.000 euros, cosa que a ella le extrañó porque no lo podía justificar en las cuentas de la empresa.

"Bongiovanni me dijo que eran órdenes de arriba", ha apuntado la testigo, que ha añadido que ella abrió luego una cuenta de caja para intentar justificar el gasto.

Esta cuenta, ha explicado, se iba completando con recibos de restaurantes y otros conceptos que traía el propio Bongiovanni para justificar el dinero del cheque.

Después de la declaración de hoy, la jueza del "caso Voltor" tomará declaración el próximo jueves al expresidente de Unió Mallorquina Miquel Ángel Flaquer en relación a la pieza que investiga una cuenta que Inestur abrió en Banif con 1,2 millones de euros.


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