martes, 14 de diciembre de 2010

"CASO VOLTOR"; UN TESTIGO AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE PUDO HABER AMAÑOS EN LA ADJUDICACIÓN DE UN CONCURSO

Declara una asesora jurídica del Inestur

Efe | Palma

Una asesora jurídica del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) ha criticado ante el juez que se cambió en el último momento el ganador de un concurso de un estudio de marketing comparado ("benchmarking") concedido por 360.000 euros a una unión de empresas vinculada al empresario Jacinto Farrús.

Así lo ha dicho hoy en su declaración como testigo ante la jueza Carmen Abrines, que investiga en el "caso Voltor" supuestos desvíos de fondos irregulares durante la actual y pasada legislaturas desde el Inestur, gestionado por miembros UM y dependiente de la Conselleria de Turismo del ejecutivo autonómico.

La testigo, que ha declarado sobre la pieza de la causa relacionada con Farrús, ha asegurado que mostró su "malestar" por el supuesto amaño de este concurso, que un viernes se otorgó a la empresa Cubic y el lunes siguiente se cambió a la UTE THR-Provista, que ocupaba antes el sexto lugar en las valoraciones.

"Se lo dije a todo el mundo, era la primera vez que pasaba esto", ha explicado a la jueza, y ha añadido que no denunció la supuesta manipulación porque el tema la "superó" e intentó "apartarse" de él.

Un sobrino de Munar tomó la decisión
Según la testigo, fue Luisa Tortella, que trabajaba en Inestur y es la mujer de un sobrino de la ex presidenta de UM y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, la que cambió la adjudicación del concurso, al llevarse un viernes el expediente técnico que valoraba a Cubic como la mejor empresa y traer al lunes siguiente otro informe que destacaba las empresas de Farrús (imputado en el caso).

También ha declarado hoy, como imputado, José Bongiovanni, que administró la empresa Torum Consulting, dependiente de Marxant Balear, empresa esta última propiedad de Farrús.

Ha relatado que intentó, con el apoyo del ex conseller de Turismo de UM Francesc Buils, presentarse a varios concursos de "benchmarking", pero que finalmente quedaron desiertos porque las sociedades que presentaba no reunían los requisitos legales.

Según ha indicado, en su momento se marchó de Torum porque "todos los contratos estaban otorgados de antemano" y él "no podía gestionar contratos que ya estaban dados y que tuvieran que adjudicar a una de las empresas del grupo (de Farrús)".

"Una empresa de Marxant también tuvo un proyecto en la Conselleria de Trabajo de más de un millón de euros que tampoco conseguí obtener", ha dicho.

Estas dos personas han prestado declaración dentro de una tanda de comparecencias de un total de 22 personas, entre imputados y testigos, en relación con la pieza que gira en torno a Farrús, cuyas declaraciones se extenderán en diferentes días hasta el 7 de marzo.

Mañana estaba previsto que declararan el ex contable de UM Àlvaro Llompart y la administradora de la empresa Cubic, Margarita Munar, pero sus comparecencias han sido suspendidas.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROMÁN SÓLO PAGÓ EL 16 % DE LO RECLAMADO POR EL CONSISTORIO EN CRUCERO BANÚS

Declaración en el juicio

José Carlos Villanueva | Málaga

El ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, el ex gilista Pedro Román, ha reconocido este martes durante su declaración como acusado en el juicio del 'caso Malaya' que la sociedad Yambali S.L. -de la que él tenía el 62% de acciones- sólo pagó el 16% de la cantidad total que le reclamaba el Consistorio a la hora de abonar los aprovechamientos urbanísticos en el convenio Crucero Banús.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, el que fuera brazo derecho de Jesús Gil entre 1991 y 1998 ha asegurado que �pagamos 40 millones de pesetas al Ayuntamiento de Marbella�. Lo ha hecho después de confirmar que la cantidad requerida por el equipo de gobierno de Jesús Gil, con Julián Muñoz como firmante del convenio, era de �240 millones de pesetas�.

Según el que fuera conocido como �la sonrisa del régimen� gilista, por el papel que representaba en contraposición a Jesús Gil, �a los anteriores propietarios de la parcela les pedían 60 millones de pesetas, pero a mí para que no se viera trato de favor me dijo Roca que eran 240 millones de pesetas�, ha recalcado Román.

Dicho testimonio viene a corroborar una práctica habitual en el urbanismo del GIL, puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción en numerosos informes: los gobiernos gilistas solíanenajenar suelos municipales a precios muy inferiores a lo estipulado en el mercado, con la consiguiente pérdida y perjuicio patrimonial para las arcas públicas marbellíes.

Durante el interrogatorio sobre la operación urbanística que en 2001 posibilitó a Román, Juan Antonio Roca, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario de Policía y Florencio San Agapito un pelotazo urbanístico de 6,3 millones de euros, el ex primer edil ha recordado que �Roca me dijo, tras hablarlo con Jesús Gil, o lo tomas o lo dejas�, en alusión a los �240 millones de pesetas�(1,44 millones de euros) que les obligaban a pagar. Sin embargo, sólo pagaron 40 (239.000 euros).

Lo más sorprendente de la declaración de Román ha sido el hecho de que afirmara que conoció que Roca era socio suyo en la sociedad Yambali S.L. -adquirida para hacerse con el inmueble- una vez compradas las participaciones de la misma. Todo a través de la empresa suiza Lispag A.G.

Y es que el entonces gerente de Urbanismo se hizo con un 15% de Yambali, mientras Román poseía el 62%. El resto San Agapito y Hoffman. Todos ellos compraron la parcela de Puerto Banús por 4,3 millones de euros y se la vendieron al empresario José Avila Rojas -también acusado- por 10,3 millones.

�Yo a Roca le pregunté si sabía de alguien que pudiera participar con un 15%, me dijo que tomaba nota y luego ya supe que era él�. Este relato resulta difícil de creer, por no decir rocambolesco.
 
Negociaciones
Sobre quién negocio el convenio, por parte del Ayuntamiento de Marbella, para poder edificar siete plantas (114 apartamentos trasteros y garajes) con 11.000 metros de edificabilidad, en una parcela que tenía tan sólo 500 metros de rasante, Román ha eludido en todo momento situar a Roca en dicho papel: �lo harían técnicos o funcionarios de Pleaneamiento 2000�. Todo ello en alusión a la empresa municipal encargada de elaborar el PGOU.

Román obtuvo para su propio beneficio personal, como socio mayoritario de Yambali, 3,4 millones de euros libres de impuestos del total de 5,6 de ganancias entre todos los socios, tras la venta de la parcela por 10,3 millones de euros. Fue un año después de comprarla por 4,3 millones.

Anticorrupción aprecia en esta operación, autorizada por Julián Muñoz, delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales y delitos fiscales. Román Se enfrenta a 21 años de cárcel y a 14 millones de multa

Antes de entrar en el modus operandi del convenio, el Ministerio Público ha preguntado a Román sobre su actividad previa a ser concejal. El ex edil ha asegurado que era promotor inmobiliario y que adquirió la urbanización Marbella Sierra Blanca con un préstamo de �100 millones de pesetas que me dejó Gil y luego le devolví�. Pero lo anterior supuso un gran escándalo en su gestión, porque compaginó su actividad de edil con la de promotor, a través de una sociedad gibraltareña.

Ha negado también que en 1998 se marchara de la política tras una sentencia por inhabilitación. Es cierto, pero la Justicia ya le cercaba. Se trataba de una denuncia de la entonces portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, por ocultar información a la oposición. Poco después de dimitir, Román sería condenado a un año de inhabilitación.

BÁRCENAS Y MERINO PIDEN SER EXCLUIDOS DE LA RAMA DE CASTILLA Y LEÓN DE "GÜRTEL"

CORRUPCIÓN  | También lo reclama Gerardo Galeote

    * El juez encuentra la relación en las iniciales de un manuscrito incautado
    * El magistrado considera que han ganado entre 17.000 y 26.000 euros

Efe | Madrid

Los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote han pedido al instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, que deje sin efecto el auto por el que pidió que se les investigara por la adjudicación en 2002 de una variante en la localidad leonesa de Olleros de Alba.

En sendos recursos, cada uno de los tres ex parlamentarios del PP asegura que no existen elementos "que justifiquen cualquier imputación en su contra" y solicita a Pedreira que excluya su nombre del auto. El pasado 29 de noviembre, el auto pidió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que investigue si recibieron una comisión a cambio de la adjudicación de las obras.

En su escrito, la defensa del ex senador Bárcenas afirma que los únicos indicios contra él "se limitarían a meras coincidencias entre iniciales y abreviaturas no contrastadas que, además, (...) se reducen a la aparición de una única inicial, la 'L', en un apunte manuscrito, que se pretende atribuir a mi representado de manera puramente intuitiva y arbitraria".

El abogado de Bárcenas asegura también que éste "jamás ha tenido vinculación alguna" con la sociedad Spinaker 2000 S.L., de la que según Pedreira fue socio entre 2001 y 2004 junto a Merino y Galeote.

Consideran que no existe ninguna conexión
Por su parte, la representación legal del ex diputado Merino dice que el magistrado pidió que sea investigado por haber influido supuestamente en la adjudicación de las obras "sin concretar conexión con personas ni especificar las razones de esa supuesta e irresistible influencia en los concursos y contrataciones" de Castilla y León.

Al igual que Bárcenas, Merino niega asimismo haber sido nunca "socio, administrador o apoderado" de Spinaker 2000 S.L. Lo mismo afirma en su escrito el ex eurodiputado Galeote, que niega que la inicial "G" que aparece en los documentos intervenidos se corresponda con él.
 
El magistrado cree que Galeote se llevó 26.400 euros
En el auto en el que se inhibió en favor del Tribunal Superior castellano-leonés, Pedreira señalaba que las obras fueron adjudicadas por un importe de 2.847.959 euros a la empresa Teconsa, que a cambio habría pagado una comisión al considerado máximo responsable de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, quien a su vez la repartió con otras cuatro personas.

Éstas aparecían identificadas en distintos documentos intervenidos en la investigación como TO, G, L, J y PC, que según los informes policiales son respectivamente el entonces consejero de Fomento castellano-leonés y actual presidente del Parlamento regional, José Manuel Fernández Santiago (conocido como 'Toti'), Galeote, Bárcenas, Merino y el propio Correa.

Según el magistrado, a Fernández Santiago le correspondieron 39.000 euros, mientras que Galeote se llevó 26.400 euros, Bárcenas y Merino 18.600 euros cada uno y Correa 17.500 euros. En su resolución, Pedreira resaltó la importancia de la relación entre todos ellos y la mercantil Spinaker 2000 S.L., de la que, según la Policía, "serían socios entre 2001 y 2004".

Además
    * Pedreira urge a colaborar a paraísos fiscales
    * Las claves del caso | En Madrid | Y Valencia

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