lunes, 9 de noviembre de 2009

"CASO FACTURAS FALSAS"; CASTAÑO, IMPUTADO POR LAS FACTURAS FALSAS DE LA FEDERACIÓN DE VECINOS UNIDAD

Tendrá que declarar el 4 de diciembre

* También está imputado por la venta irregular de los suelos de Mercasevilla

Sebastián Torres | Sevilla

El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha imputado a Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, en la investigación del caso de las facturas falsas de la Federación de Vecinos Unidad. El 4 de diciembre tendrá que prestar declaración por esta causa, y dos semanas después tendrá que hacerlo, como imputado también, por la venta de los terrenos de Mercasevilla.

El juez Manuel Ignacio Centeno ha pedido, además, al Ayuntamiento de Sevilla que informe "a la mayor brevedad posible sobre los cargos que ha ostentado en dicha corporación o en el grupo municipal socialista don Domingo Enrique Castaño Gallego, desde 2001 hasta la fecha".

Domingo Enrique Castaño fue asesor del grupo socialista, cargo que compatibilizó con la secretaría de la Federación de Vecinos Unidad en la fecha en que se envió desde las dependencias del grupo socialista el fax de las facturas falsas.

En aquel fax se informaba de la emisión de una factura inflada por parte de la empresa Copyur y sedaban instrucciones precisas sobre qué hacer con el dinero: enviar una parte al Ayuntamiento y guardar el resto en una caja fuerte.

La portavoz del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, Maribel Montaño, ha insistido estos días en que Domingo Enrique Castaño nunca ha sido asesor del alcalde, sino del grupo socialista.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL ABOGADO DE MATAS SE QUEJA AL JUEZ POR LAS "FILTRACIONES" SOBRE LOS REGISTROS

En Palma y Madrid

Rafael Perera, abogado de Matas, en el balcón del 'palacete' durante el registro. |Jordi Avellà

* Perera considera que los detalles publicados en prensa son 'intrascendentes'

* Dice que quienes trabajaron allí han vulnerado el 'secreto profesional'

Efe | Palma

Rafael Perera, abogado del ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP), ha dicho que se quejará ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, por la existencia de "filtraciones" sobre dos registros realizados en viviendas vinculadas a Matas.

"Muchos detalles que han salido, totalmente intrascendentes por cierto, reflejan que personas que estaban allá presentes han quebrantado el secreto profesional y han hecho manifestaciones que son las que han aparecido en la prensa", ha asegurado Perera, en declaraciones a los periodistas realizadas a la salida de los Juzgados.

La prensa local de Baleares ha informado de detalles de los objetos hallados en los registros como costosas alfombras, televisores, decenas de obras de arte, unas 500 botellas de vino, medio centenar de pares de zapatos de señora o diversas joyas.

Asimismo se localizaron grabaciones y un manuscrito con anotaciones aluden al presidente de Consell insular de Ibiza, Xico Tarrés y que pueden estar vinculadas al 'caso Eivissa'.

Perera ha anunciado que le expresará a Castro su queja por dichas filtraciones a la prensa sobre lo hallado en los registros judiciales realizados en viviendas de Palma y Madrid, por considerarlas incorrectas.

Los registros realizados el viernes fueron ordenados por el juez del llamado "caso Palma Arena" que investiga irregularidades en la construcción de dicho velódromo y, dentro de él, un supuesto incremento irregular del patrimonio de Matas cuando era presidente de la comunidad en la legislatura pasada.

"Sobre todo a mí me extraña enormemente que haya habido unas filtraciones que considero inaceptables porque estoy seguro de que todas las personas que estaban allá, en las diligencias que duraron 5 horas, están vinculadas por el secreto profesional", ha afirmado Perera, quien ha añadido que dichas filtraciones se han producido "incluso con ciertas tergiversaciones y deformaciones".

El registro realizado en la calle don Ramón de la Cruz de Madrid, fue en una vivienda que la familia Matas tiene al ex presidente del consejo asesor de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus, en la que residen los hijos de Matas.

Perera ha señalado que aún no ha tenido tiempo material de leer el acta de dicho registro y ha insistido en que "las informaciones que vienen de Madrid también son de unas fuentes totalmente ilegítimas" que han quebrantado el secreto profesional al exponer los hallazgos realizados por los investigadores.

"Se han permitido exponer cosas que yo no sé si se ajustan a la realidad o no se ajustan a la realidad, pero no deberían nunca haber sido divulgadas ni objeto de comentarios y mucho menos enfatizando resultados y dando ya calificaciones y consideraciones que no son del caso", ha afirmado Perera.

Perera ha explicado que Matas no estaba informado de que se iban a realizar dichos registros, aunque ha puntualizado que él, como abogado "presuponía que se iba a hacer", y fue informado dos horas antes.

Según el letrado, realizar un registro "es lógico y correcto cuando se está investigando el patrimonio de una persona, si se habla de una vivienda suntuaria".

Perera ha detallado que "el reconocimiento se hizo en forma normal y con la presencia de un juez", que era el propio magistrado instructor que dirigió la diligencia, y en el caso del registro de Palma también estaba presente el propio abogado de Matas.

El registro de Palma tuvo lugar en una vivienda de 400 metros cuadrados, situada en un palacete de la calle Sant Feliu, que Matas adquirió por 950.000 euros, cuando el valor estimado por la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.

Además
* Se incautan en el 'palacete' grabaciones del PSOE de Ibiza
* Más de dos millones en el interior del 'palacete'
* Vídeo: Los 'tesoros' del palacete
* Archipiélago Gulasch: 50 pares de zapatos
* El chiste de Alfie: Lo que somos

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PSPV PRESENTA LA QUERELLA CONTRA EL PP VALENCIANO POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL

Ante el TSJ

Ángel Luna (derecha) junto a Camps, Rambla y Gerardo Camps en las Cortes | Vicent Bosh.

* La demanda es nominal contra Camps, Costa, Rambla y Serra, entre otros
* También aparecen cuatro constructores presuntamente implicados en la trama
* Luna asegura que cuentan con el apoyo de la Dirección del PSOE en Madrid
* 'En cualquier sociedad puede haber corrupción; lo que importa es la respuesta'
* El asunto de los trajes es 'la punta del iceberg que apuntaba a la trama'

Iván Pérez | Mariano Gasparet | Valencia

El PSPV ha presentado este lunes ante la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ la querella contra el PP valenciano por presunta financiación ilegal, a raíz de la documentación contenida en el informe policial hecho público sobre el 'caso Gürtel'.

El documento está firmado por la Dirección del grupo parlamentario socialista para dotarlo de "mayor legitimidad", según manifestó el portavoz del PSPV en Cortes, Ángel Luna, quien vaticinó que "seguramente aparecerán otros actos delictivos" basados en "informes que no conocemos pero que están ahí".

Los delitos incluidos en el texto son los que recoge el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales, entre los que destacan el de cohecho, malversación de caudales públicos, alteraciones contables y delitos fiscales.

"No importa que la querella nos dé o nos quite votos, es una cuestión de responsabilidad"

La querella presentada por los socialistas valencianos ante el TSJ es nominal contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, cesado tras el levantamiento de parte del secreto de sumario sobre 'Gürtel' y el pulso mantenido con la dirección nacional del partido, pidiendo a Mariano Rajoy que pusiera en valor su honorabilidad.

En la denuncia interpuesta por el PSPV se cita también al ex director de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García, quien dimitió el día después de la remodelación del Consell hecha por Camps, el vicesecretario de Organización y mano derecha de Costa, David Serra, la tesorera del partido, Yolanda García, la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars y la cúpula de Orange Market en Madrid y Valencia, con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' como máximos responsables.

Al mismo tiempo, la querella incluye a cuatro constructoras valencianas que presuntamente pagaban los gastos de campaña de los populares, con el nombre de sus responsables: Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos), Antonio Pons (presidente de PIAF), Vicente Cotino (Sedesa), sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, así como al constructor Luis Batalla (Lubasa).

Contamos con el apoyo de la Dirección de Madrid
Ángel Luna, quien aseguró que "no hemos dado este paso esperando votos sino por responsabilidad", señaló que "no sería serio obviar la presencia de los empresarios cuando según el informe policial son autores" de presuntos hechos delictivos.

En referencia a Camps: "Se ha construido la imagen de un líder que tiene los pies de barro"

Luna matizó que, una vez finalizado el proceso judicial, "aplicaremos los agravantes y atenuantes que correspondan" ya que "puede haber simples colaboradores" o personas que "han participado activamente" en la trama destapada por la Policía.

El portavoz socialista en el Parlamento valenciano destacó que "contamos con el apoyo de la Dirección del partido en Madrid" y, preguntado por si esta investigación puede salpicar a determinados responsables de su partido, afirmó que "en cualquier sociedad puede haber corrupción, pero lo que importa es la respuesta", en referencia al episodio reciente vivido en el consistorio de la localidad barcelonesa de Santa Coloma.

En último término, y en alusión a la posible fusión de las cajas de ahorros valencianas y su relación con la maniobra judicial socialista, Luna sentenció que "plantear esto pone de manifiesto el grado de degradación moral y política que hay en la Comunidad Valenciana". El portavoz socialista insistió en la intención de destapar toda esta trama que ha llegado a "construir la imagen de un líder que tiene los pies de barro".

Además
* Pajín: 'La diferencia entre el PSOE y el PP es que actuamos'
* Documento: Consulte la denuncia íntegra
* 'El PPCV es el partido más honrado que haya existido nunca'
* 'Los votantes socialistas no merecen dirigentes tan canallas'

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL CONSELL ADJUDICÓ 1.000 MILLONES A 5 CONSTRUCTORAS QUE SUFRAGARON ACTOS DEL PP

Según la querella del PSPV

* Los socialistas creen que los contratos 'compensan los favores realizados'
* Se basan en el informe policial que alerta de una doble contabilidad en el PP
* Aseguran que Rambla era el encargado de controlar las adjudicaciones

Europa Press | Valencia

El Gobierno valenciano ha adjudicado en varios años un total de 1.036.562.057 euros en contratos a cinco constructoras que supuestamente sufragaron actos del PPCV, "en compensación a los favores realizados".

El grupo Sedesa, cuyo presidente es sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue la que más contratos públicos obtuvo, por un importe de 539.016.098 euros, según consta en la querella presentada por el PSPV ante el TSJCV, basada en dos informes policiales.

A Sedesa le sigue la empresa Enrique Ortiz e Hijos, contratista de Obras S.A., que recibió desde el año 2005 al 2008 adjudicaciones por 205.249.738 euros. Una cifra similar obtuvo el grupo Piaf S.L, adjudicataria de contratos por 201.082.692 euros.

De menor cantidad, se encuentra al grupo Lubasa, que recibió 77.337.451 euros; y la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (Facsa), que se benefició, desde 2005 a mayo de 2009, de adjudaciones de la administración valenciana por 13.876.078 euros. El PSPV no descarta la posibilidad de que existan otros contratos que no han sido recogidos en los informes.

Doble contabilidad
Así, el PSPV explica, en los fundamentos jurídicos de la querella, que existía una doble contabilidad A y B por Orange Market en la relación a las cuentas sobre actos y campañas del PPCV, y que "es fácil deducir" que los pagos realizados por el partido en dinero B, al no desarrollar actividad mercantil alguna, provienen de aportaciones ocultas de terceros".

En este punto, agrega que "dada la participación de empresarios que abonaban actos del PPCV, a través de la modificación del cliente y del concepto, y aportaciones finales mediante facturas falsas, estas aportaciones no pueden ser de otra naturaleza que las comisiones derivadas de las adjudicaciones de contratos públicos recibidos por éstas".

En concreto, la querella recoge una parte del informe policial que indica que la financiación de la deuda B se sufragaba de diversa forma: con "aportaciones directas" de empresarios de la Comunidad, en concreto Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente de Piaf; Vicente Cotino, del grupo Sedesa; y Luis Batalla, del grupo Lubasa.

Estos empresarios "enmascaraban" sus aportaciones mediante la emisión de facturas por Orange Market S.L. para justificar el pago realizado, algunas de las cuales sufrían alternaciones, tanto en la base imponible como en el cliente; y con entregas directas de dinero anotado en la Caja B de Orange Market como procedente del PPCV o del PP, que engrosaban los fondos B de la sociedad y se destinaban a minorar la deuda.

Una querella con 17 nombres propios
Por este motivo, entre las 17 personas contra las que se dirige la querella, se encuentra el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, puesto que, según los socialistas, tenía como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que se encontraba Orange Market, así como la financiación de empresarios.

Junto a Rambla, y como una de las novedades, el PSPV también se querella contra el ex director general de RTVV, Pedro García Gimeno, por aparecer como un "interlocutor frecuente" con el grupo Correa con respecto a diversos proyectos empresariales, y adjudicó el contrato formalizado el 10 de mayo de 2006 a la empresa Teconsa -utilizada como pantalla del grupo Correa-, cuyo objeto social era ajeno a la naturaleza del contrato, y por el que se derivaron comisiones.

Este contrato se hizo como consecuencia de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en 2006, con el objeto controlar el suministro e instalación de equipamientos de sonorización del evento. Canal 9 abonó 6.400.000 euros, de los que el Grupo Correa recibió una comisión de 957.300 euros.

Congresos y otros actos
Asimismo, el informe policial, recogido en la querella, incluye una serie de congresos y actos organizados por Orange Market a petición del PPCV. Así, incluye un archivo 'Congreso Regional de Valencia.xls', cuyo valor ascendía a 240.582,77 euros sin IVA, pero la facturación correspondía a 90.151,82 euros en A, y a 150.430,95 euros en B.

También incorpora, entre otros, los actos celebrados el 20 y 21 de noviembre, y 17 y 18 de diciembre de 2004, correspondientes al diseño, organización, montaje y ejecución de varios congresos provinciales y regionales celebrados en Castellón, Peñíscola y Valencia, organizados por el PPCV: facturación A, por importe de 152.000 euros más IVA, y por concepto en B, 76.000 euros.

Esta práctica se realizaba en periodo electoral de las elecciones europeas de 2005 -en actos celebrados en Castellón, Alicante, Valencia- y parte del dinero procedente de los pagos en B, por los actos celebrados para el PPCV, se enviaban a Special Events, y el resto se integraba en la Caja B de Orange Market.

Además
* El Consell defenderá sus actuaciones 'con contundencia'
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* COEPA pide que 'respeto' a la actividad empresarial
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elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PSPV PRESENTA UNA QUERELLA CONTRA CAMPS POR COHECHO Y FINANCIACIÓN IRREGULAR

La denuncia también se dirige contra Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García Vicente Rambla o dirigentes de la trama como Correa

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps. EFE/Archivo - EFE
EFE - Valencia

El PSPV-PSOE ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una querella por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra el president de la Generalitat, Francisco Camps.

Según ha anunciado el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, la querella también se dirige contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, miembros del Consell como el vicepresidente Vicente Rambla, dirigentes de la trama Gürtel como Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como FACSA, Enrique Ortiz, Sedesa y Lubasa.

Luna ha explicado en una rueda de prensa que la querella, firmada por cuatro diputados de la dirección del grupo parlamentario socialista, cuenta con el respaldo de la dirección del PSOE y se presenta después de no poder realizar "un control político" de los hechos denunciados en diferentes informes de la Policía Judicial sobre una supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano.

La querella también va dirigida contra la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Salvadora Ibars, el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y otros dirigentes de firmas relacionadas con la trama, como Cándido Herrero, Pablo Crespo o José Luis Izquierdos.

Asimismo se dirige al grupo empresarial PIAF, que como el resto de compañías mencionadas anteriormente tenía contratos públicos con la Generalitat y contribuía a "sufragar la financiación ilegal de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunitat Valenciana", según ha indicado Luna.

Blasco (PPCV): "La querella es una falsedad"
La respuesta de los conservadores no se ha hecho esperar. El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha afirmado que la querella"es una falsedad que sólo busca insistir en el ataque contra el PPCV y ahora también contra los empresarios".

Blasco, en un comunicado, ha señalado que los socialistas "no pueden demostrar la veracidad de las acusaciones que están realizando porque no hay un solo argumento de peso que derive en ningún tipo de irregularidad" y ha indicado que la querella "no solo es una falsedad sino que es imposible en sus propios términos".

Blasco calificó de "indigno" que los socialistas "hayan presentado una querella basándose en un informe policial sin relevancia judicial que ya ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana". Asmismo, apuntó con esta querella el PSPV "muestra su falta absoluta de respeto hacia los tribunales y hacia las instituciones democráticas de nuestra comunidad".

Para Blasco, la querella interpuesta por el PSPV "solo tiene una finalidad mediática, tendenciosa y política. No les importa la falsedad en que se apoya, sino atacar sin fundamento al PPCV, y algo más de extrema gravedad, como es criminalizar y desprestigiar al empresariado valenciano, en un momento de aguda crisis económica como la que sufrimos como consecuencia de las políticas del presidente José Luis Rodríguez Zapatero".

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