viernes, 2 de noviembre de 2012

"CASO BRUGAL"; EL TSJCV SOLICITA AMPLIAR LAS DILIGENCIAS SOBRE EL HERMANO Y UN EMPLEADO DE ENRIQUE ORTIZ

Pide investigar sus movimientos bancarios
El juez Juan Climent acepta de este modo la solicitud de la Fiscalía
Se investigarán movimientos, productos financieros y cajas de seguridad
Cita a un empresario, relacionado con Ortirz, por presunto cohecho
Al parecer pagó parte del viaje a Creta del ex alcalde, Díaz Alperi

Europa Press | Alicante

El instructor del 'caso Brugal' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en torno a los movimientos bancarios de un hermano de Enrique Ortiz y de uno sus trabajadores de confianza, y ha citado para declarar en calidad de imputado a un empresario que supuestamente pagó parte del viaje a Creta del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

Según ha podido saber Europa Press, en una providencia del 29 de octubre, el magistrado de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, Juan Climent, atiende la petición del fiscal y pide nuevas diligencias en torno a las cuentas bancarias del empleado de confianza y del hermano del constructor Enrique Ortiz, uno de los principales imputados en la causa abierta por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así, requiere a varias entidades bancarias que faciliten toda la información existente en sus archivos informáticos sobre los movimientos, productos financieros e incluso cajas de seguridad a nombre de estas dos personas del entorno de Ortiz, y su actividad entre los años 2008 y 2010

De igual modo, Climent cita a declarar, el próximo 19 de noviembre a las 10.00 horas, a un empresario en calidad de imputado por un presunto delito de delito de cohecho, en relación con la transferencia por importe de 36.000 euros realizada por la mercantil de la que es socio único y que supuestamente pagó parte del viaje a Creta del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

"CASO OVER MARKETING"; LA MUJER DE MATAS RECIBIÓ 9.800 € SIN JUSTIFICAR DE UN ALTO CARGO DEL EXMINISTRO

Cuando el matrimonio vivía en EEUU

Europa Press | Palma

Maite Areal, mujer del expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas, recibió en 2009 un pago de 9.800 euros por parte de un exalto cargo de éste en el Ministerio, Antonio Juaneda, un abono que la Fiscalía considera "difícilmente justificable" máxime cuando el matrimonio tenía entonces fijada su residencia en Estados Unidos y Juaneda había anteriormente intervenido en una de las contrataciones presuntamente irregulares de la empresa Over Marketing.

Así lo refleja un escrito presentado por el Ministerio Público en el denominado Caso Over, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que hace hicapié en las circunstancias que rodeaban al pago en el momento en que se produjo, como lo son el hecho de que Juaneda es cónyuge de la que fue secretaria personal de Matas así como de que tanto éste como su esposa vivían entonces en el país norteamericano.

Sin embargo, no son las únicas consideraciones que el fiscal anticorrupción Juan Carrau realiza en su informe en base a datos aportados por la Agencia Tributaria, al aseverar cómo Juaneda -hasta el pasado martes director insular del Gobierno en Menorca- realizó gestiones con altos cargos del Ayuntamiento de Inca para que fuese contratada Over, investigada por su posible utilización para la canalización de comisiones por la adjudicación de obra pública.

Un expediente que, según el fiscal, resultó amañado en el sentido de que se hizo una contratación de forma directa y verbal, vistiéndose posteriormente el correspondiente procedimiento administrativo negociado sin publicidad mediante la presentación de diversos presupuestos simulados.

De hecho, el escrito señala que el precio del servicio estaba "notablemente hinchado" al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros -precisamente la misma cantidad que recibió Areal- cuando del Consistorio de Inca Over Marketing recibió por este servicio un total de 20.300 euros.

La Fiscalía incide además en el hecho de que Over ha realizado pagos a Juaneda entre 2008 y 2008, supuestamente en conceto de prestaciones de servicios, al tiempo que ha recibido pagos del PP.

Así las cosas, el fiscal considera "evidente" la conexión entre todos estos datos al subrayar que por un lado se investigan los pagos de Juaneda -que presuntamente prestó servicios para Over- a Maite Areal, mientras que por otro se indagan las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de Over por parte del Ayuntamiento 'inquer' y otros organismos públicos así como la intervención de Juaneda en dichas contrataciones.

La Contratación de Over por el Ayuntamiento de Inca 'no fue casual'
En esta misma línea, un informe de la Guardia Civil señala que la contratación de Over por parte del Consistorio "no fue casual" como tampoco era "en ese instante relativamente necesaria". Es más, el Instituto Armado afirma que la contratación llegó a la alcaldía "por órdenes directas desde Palma", interviniendo posterior y personalmente Juaneda, todo ello a pesar de que el trabajo finalmente fue realizado por el IBES.

La Guardia Civil alude a la "estrecha relación" de Matas con Juaneda, toda vez que señala que éste "trabajaba con claros intereses" en Over. En su informe apunta a una "llamativa imputación de 9.000 euros" a Areal.

"CASO OVER MARKETING"; MERCADO DICE QUE SE BENEFICIÓ DE CONTRATOS DE CINCO CONSELLERÍAS


CORRUPCIÓN

Efe | Palma

El presidente de Over Marketing, Daniel Mercado, admitió ante el juez que investiga la presunta financiación irregular del PP balear haberse beneficiado de contratos amañados que le fueron adjudicados a su empresa por parte de cinco conselleries del Govern balear que presidía Jaume Matas.

En su declaración ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach el pasado 27 de octubre, Mercado admitió haberse beneficiado de adjudicaciones de contratos del Govern balear en la legislatura 2003-2007, amañados para "compensar" parte de los gastos de la empresa en la campaña electoral del PP en 2003.

La forma de conseguir los contratos era o bien mediante negociados sin publicidad a los que se invitaba a tres empresas del entorno de Over, o fraccionando el importe de las facturas a cantidades inferiores a 12.000 euros para evitar la necesidad de acudir a un concurso, según figura en la declaración incluida en el sumario cuyo secreto se levantó este martes y al que ha tenido acceso Efe.

El dueño de Over dijo al juez que los concursos de la Conselleria de Salud y Consumo que se adjudicaron a Over los amañaron la entonces consellera de Salud y Consumo, Aina Castillo, y a la jefa de prensa del departamento autonómico María Luisa Durán.

Sobre el contrato de una campaña de hábitos saludables por más de 62.000 euros, afirma que la consellera Castillo le anunció que se le adjudicaría antes de que fuera convocado.

Del plan sociosanitario de Baleares, Mercado dice que fue un encargo verbal de Matas al que posteriormente se le dio "el ropaje" de un concurso y admite que un año antes de que le fuera adjudicado ya estaba trabajando en ello y facturó una parte como un contrato menor.

Para Salud realizó además el plan de comunicación del Hospital Son Espases por 673.000 euros que cobró de la UTE constructora del centro, y además contrató a la jefa de prensa de la Conselleria de Salud como empleada de Over, aunque su salario de 24.000 euros lo facturó también a la UTE en concepto de promoción.

De la Conselleria de Interior percibió 1.000 euros por el proyecto de la creatividad de la imagen de la Policía Turística de Baleares, cantidad que considera totalmente fuera de mercado.

Según Mercado, el conseller José María Rodríguez le encargó esta creatividad y pactó verbalmente un precio de unos 20.000 euros que debían cobrarse mediante dos facturas que no superarían cada una los 12.000 euros para eludir el procedimiento negociado sin publicidad, si bien este encargo no llegó a llevarse a cabo.

En relación a la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, cuya titular era Mabel Cabrer, mercado explicó al juez que a principios de 2004 se reunió con la consellera y dos representantes de otras dos empresas de publicidad y, siguiendo órdenes de Matas, la consellera distribuyó entre las tres las campañas de publicidad de las distintas obras públicas de la autovía de Manacor, el metro de Palma y la estación intermodal.

Mercado aseguró que todo lo relacionado con el sector de comunicación lo controlaba Matas, tal como le trasladaron las entonces conselleras Castillo y Cabrer.

También dijo al juez que el exconseller de Interior le prometió que Over sería adjudicataria del concurso de construcción del expositor de Baleares en Fitur, pero finalmente se adjudicó a Feria Service porque Rodríguez alegó que se le debía dinero a dicha compañía.

Explicó que finalmente Over diseñó el stand y se ocupó de la dinamización del mismo, por imposición del conseller de Turismo, Joan Flaquer, a la empresa Feria Service. Dicha dinamización se facturó en 90.000 euros, coste que reconoce que fue "hinchado".

Mercado afirmó que Matas y Rodríguez tenían "todo el poder" para decidir a quién se adjudicaba dicho concurso.

También se le adjudicó a Over la campaña de promoción de las ayudas que el Govern daba a las ONG que trabajaban en el tercer mundo a través de la Conselleria de Presidencia y Deportes, por un importe de 400.000 euros, que en realidad hizo la empresa Espiral Producciones pero no tenía la clasificación empresarial correcta para presentarse al concurso.

"CASO OVER MARKETING"; MERCADO: "QUIEN REALMENTE TOMABA LAS DECISIONES EN EL PP ERA RODRÍGUEZ"


La rama balear de 'Gürtel'


Europa Press | Palma

Daniel Mercado, dueño de la empresa que está siendo investigada por una presunta financiación ilegal del PP balear y quien se ha prestado a colaborar en el marco de las pesquisas conocidas como caso Over Marketing -en alusión a su sociedad-, aseveró ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que "quien realmente tomaba las decisiones en el PP" era José María Rodríguez, exdelegado del Gobierno y conseller de Interior en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Así de tajante se mostró en la extensa declaración que la pasada semana prestó en dependencias de la Guardia Civil en Madrid al ser inquirido en torno a la campaña electoral de 2003 y más en concretó sobre el papel que en ella jugó quien fuese mano derecha de Matas, Rodríguez, quien dimitió tras ordenar investigar a quienes le investigan. Ahora se encuentra en el punto de mira de estas pesquisas después de que ya estuviese a punto de ser imputado en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Andratx.

Mercado llegó a aseverar que pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos "en B" -dinero opaco al fisco- y que el propio Rodríguez llegó a hacerle uno de estos pagos en las antiguas oficinas del PP. Es más, recordó que los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".

Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores le exhibieron un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.

Rodríguez, exsenador por Baleares y exsecretario genera del PP en las islas, ya se vio las caras con la justicia cuando en junio de 2010 el juez Francisco José Pérez le citó como testigo en la causa de corrupción urbanística conocida como caso Andratx, para ser interrogado sobre si fue él quien alertó al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo -quien cumple condena por este proceso- de que iba a ser detenido, todo ello la misma mañana de los hechos.

Reunión entre Rodríguez, Matas e Hidalgo
De hecho, tan sólo dos días antes -sábado por la mañana-, Rodríguez e Hidalgo mantuvieron varias llamadas para concretar la reunión que, por la tarde, mantendrían con Matas en la sede de la Presidencia del Govern balear, donde el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su Ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir.

Al día siguiente, domingo, Hidalgo acudió al Consistorio para destruir documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en la basura. Durante la declaración de Rodríguez, el magistrado le advirtió en varias ocasiones de que podía ser imputado por un delito de falso testimonio ante las contradicciones en las que el exconseller estaba incurriendo durante el interrogatorio.

Además

"CASO CAMAS"; LOS IMPUTADOS CUESTIONAN LAS GRABACIONES, QUE ESTÁN CORTADAS

Informes de la Guardia Civil y la Junta
Insisten en que hay 'varios' cortes en las cintas
Dicen que falta el final, que demostraría su inocencia
La prolongación del juicio, se lamentan, es 'insufrible'

Chema Rodríguez | Sevilla

Los acusados del presunto intento de soborno a una ex concejal de Camas han denunciado que las grabaciones que constituyen una de las principales pruebas de cargo están manipuladas y que se pueden apreciar varios "cortes", entre los que destaca el que se produce al final de las conversaciones grabadas por el denunciado del caso, el ex militante de IU Francisco Javier Gordo.

Los imputados -el ex alcalde Agustín Pavón, los ex concejales Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño- aseguran que si se pudiese escuchar esa parte de la reunión celebrada en casa del empresario Gaviño quedaría "manifiestamente claro" que no hubo acuerdo alguna para comprar el voto de la concejala. Y, además, permitiría saber "con absoluta certeza" hasta qué punto terminaron enfrentados el ex alcalde y Gordo.

Pero no sólo estos "cortes" cuestionan las grabaciones a juicio de los acusados. Además, recuerdan, hay dos informes oficiales, elaborados por expertos de la Guardia Civil y de la Junta de Andalucía, que ya en su momento pusieron en entredicho las cintas que aportó en el juzgado, junto con su denuncia, el ex militante de IU.

El informe de la Guardia Civil, fechado el 31 de marzo de 2009, señala que las grabaciones no cumplen los mínimos requisitos técnicos para permitir el cotejo de las voces con las de los acusados, mientras que el dictamen de la Junta señala que es "imposible reconocer el sonido del citado fichero".

Este segundo análisis, llevado a cabo por un perito de la Consejería de Justicia y fechado el 5 de octubre de 2006, destaca que los ficheros de sonido no fueron generados por el soporte aportado, un dispositivo MP3, lo que abundaría en la tesis de la manipulación que defienden los acusados. "Ante la imposibilidad de poder escuchar la conversación contenida en este fichero, si es que se trataba de un fichero de audio, se cierra esta incidencia", concluye el perito de la Administración andaluza.

Por otro lado, los acusados se lamentan de la "excesiva" prolongación del juicio, que ha tardado más de siete años en celebrarse y que ha sufrido continuas interrupciones desde su inicio. Todo esto provoca una situación, añaden, "insufrible" para todos, "incluidos los miembros del jurado popular".

La vista oral, que se reanudó ayer precisamente con la audición de las grabaciones se reanudará el lunes con la declaración de los acusados.